jueves, 24 de mayo de 2012

Sin estrategias para la inserción de los jóvenes.

En los 60 y 70 la juventud aparecía en la agenda pública por su rebeldía y/o por su fervor revolucionario.
En la agenda actual, básicamente por el fenómeno de la delincuencia . Aquella era una juventud nacida bajo el ala protectora del Estado de Bienestar, con necesidades materiales básicas cubiertas y con perspectivas laborales promisorias: un título universitario era garantía de un buen trabajo y los que no lo poseían podían al menos confiar en acceder a un trabajo estable. Desde allí era posible sostener proyectos vitales como independizarse de sus progenitores. Pero aun cuando el presente y el futuro le sonreía, aspiraba a transformar radicalmente la sociedad aun a costa de perder la vida. Luchaba también para alcanzar reivindicaciones como una mayor libertad sexual.
La juventud actual es hija del neoliberalismo donde el futuro es incierto y por lo tanto le resulta difícil sostener proyectos de largo plazo; está afectada por altas tasas de desempleo y precarización: el desempleo juvenil duplica en América latina y en Europa a la tasa general y en España y Grecia alcanza al 50% ; también en América latina la OIT nos dice que 60% de los jóvenes terminan en trabajos informales y 20 millones ni estudian ni trabajan (800.000 en nuestro país). El título universitario no es ya más un propulsor al éxito sino un paracaídas que amortigua el choque contra el mercado de trabajo. Finalmente, vive bombardeada por invitaciones a consumir y señalada con el dedo por el incremento de la delincuencia.
Los jóvenes de aquellos tiempos idos eran por lo tanto un actor colectivo con un proyecto para la sociedad y para ellos mismos. Los actuales no tienen ni lo uno ni lo otro . Por otro lado, los dirigentes sociales y políticos de la sociedad actual parecen no entender suficientemente bien la gravedad de la situación juvenil y prefieren mirar al costado o engañarse con pensamientos del tipo “esto se arregla con mayor crecimiento económico” o “se resuelve con mejores policías”.
Aquí yacen a mi juicio las causas principales que explican por qué la problemática juvenil no está en la agenda más allá de su relación con el mundo del delito. Y en consecuencia, la inexistencia de una política hacia la juventud con la envergadura necesaria para dar respuesta a este serio problema de la sociedad actual. Miles de millones de pesos son gastados en el sistema previsional para los mayores, el sistema educativo para los niños o en el salud para los más pobres, pero sigue ausente una política de relevancia para este sector especialmente castigado de la población.
En nuestro país, sectores juveniles alentados por el calor oficial (otra diferencia con la generación anterior) han comenzado nuevamente a abrazar la política luego del letargo de los ‘90, algo que debe ser bienvenido. Pero se trata de una politización que no alcanza a expresar ideas del tipo de sociedad que quiere alcanzarse ni cómo responder a los nuevos desafíos que tiene el mundo juvenil.
Participar en política se reduce básicamente a lograr posiciones de poder . En definitiva, no hay indicios de que quieran para sus hijos una sociedad diferente de esta desigual y excluyente que mi generación forjó para ellos.
¿Volverán a ser actores con un proyecto nuevo de sociedad? ¿O seguirán condenados a ingresar en la agenda pública sólo como delincuentes?

Aldo Isuani. Sociólogo.

El déficit fiscal genera crisis política.

Hay una crisis fiscal en la Argentina, y éste es el indicador decisivo de la situación del país en términos políticos.
El déficit fiscal en 2011 fue -1.7% del PBI y este año sería 50% superior (-2.5% anual), que equivale a $ 45.000 millones.
Es el resultado de la desaceleración de la economía , que hoy crece 2% anual, con una situación de contracción en la producción industrial, lo que representa la tercera parte de la expansión de 2011, en que aumentó 5.8%.
La desaceleración de la economía argentina en el segundo semestre de 2011, y en los primeros cuatro meses de este año, fue el resultado directo de la crisis del sector externo (cuenta capital), que se produjo en octubre de 2011. Ese mes, al acelerarse la fuga de capitales, que ascendió a US$ 3.400 millones, y profundizarse la pérdida de reservas, que entre julio y octubre alcanzó a US$ 7.400 millones, se produjo un déficit en la cuenta capital de más de US$ 6.000 millones.
Fue la primera crisis externa experimentada por la Argentina en diez años , pero a diferencia de todas las anteriores, esta vez no fue consecuencia de una caída de las exportaciones (en volumen o precio), sino de un fenómeno estrictamente político, de orden interno (crisis de confianza/crisis de credibilidad) , que aceleró la tendencia a la fuga de capitales , que entre julio de 2007 y marzo de este año superó los US$ 80.000 millones.
Por eso el Gobierno, yendo atrás de los acontecimientos, se vio forzado a establecer en octubre el control de cambios y de las importaciones , como único instrumento que le restaba para frenar la pérdida de reservas y la fuga de capitales.
La importancia política de la crisis fiscal es que le quita al actual sistema de poder el principal instrumento de dominación y subordinación de las otras entidades político-territoriales (provincias y municipios/gobernadores e intendentes).
Ha perdido el control de los recursos fiscales , tanto directos (coparticipación) como indirectos (obras públicas, subsidios, préstamos, fondos para mantener el aparato político, etc.).
En mayo, el envío de la coparticipación cayó 10 puntos (+27.7% este año vs +38% el año pasado). Está acompañado por una caída de la recaudación propia en las provincias de igual magnitud en el primer trimestre de 2012 (+28% vs + 38% a/a).
El resultado es que el déficit fiscal de las provincias asciende este año a $ 22.000 millones.
La característica central del régimen federal argentino es que la Provincia de Buenos Aires es la mitad, ella sola, del conjunto de las unidades territoriales. Y este año, su déficit fiscal asciende a $ 11.000 millones/ $ 13.000 millones.
¿Por qué la crisis fiscal es el principal indicador político en la Argentina de hoy? El sistema político argentino se caracteriza por la debilidad de sus instituciones y la carencia de partidos políticos.
En él, ni el Congreso, ni la Justicia son parte de la estructura de poder, ni lo tienen. Éste está completamente concentrado en el Ejecutivo nacional, que por ello, en las etapas en que se consolida, tiene una naturaleza hegemónica.
Dice Natalio Botana: “La hegemonía es supremacía. En la Argentina, debido a la debilidad de sus instituciones, el poder, cuando se consolida, tiende a adquirir carácter hegemónico; y por el contrario, si se debilita, se desata de inmediato una crisis de gobernabilidad (imposibilidad fáctica de ejercer el poder político democrático)”. Por eso, “el péndulo argentino parece oscilar entre hegemonía e ingobernabilidad”.
En este sentido, la legitimidad del sistema político, tal como es, como régimen hegemónico, no es la constitucional (apego a la legalidad) ni tampoco la que surge de las lealtades partidarias (no hay partidos políticos), ni menos la que transmite el sentido del “compromiso republicano” (inexistente).
La única legitimidad del sistema político hegemónico , frente a una sociedad intensamente movilizada y crítica como es la argentina, reside en su capacidad para asegurar como sea la gobernabilidad , para ser, en síntesis, lo que los argentinos llaman un “poder fuerte”. Por eso, la legitimidad del poder hegemónico se quiebra en la misma medida que se debilita, sobre todo en el aspecto fiscal, y es incapaz, al perder su principal instrumento de control y dominación, de asegurar la gobernabilidad del sistema.
El punto crítico de esta evolución es cuando la crisis fiscal adquiere la forma de una imposibilidad de pago de los sueldos de la administración pública, sobre todo policías y maestros, y en especial, en la Provincia de Buenos Aires, que por su envergadura no es simplemente la mayor provincia argentina, sino la contracara del poder nacional.
En este sentido específico – carencia de recursos fiscales como instrumentos de dominación y control –, la crisis fiscal debilita al actual sistema de poder, que al mismo tiempo profundiza, por la extrema concentración de las decisiones, su aislamiento frente a la sociedad civil; y esto constituye el punto crítico, tendencialmente decisivo, de su específica y próxima evolución.

Jorge Castro, para Clarín.



viernes, 4 de mayo de 2012

La democracia peronista.

La relación entre la democracia y el nacionalismo ha sido a veces virtuosa y otras terrorífica. Ambos términos encierran sentidos y definiciones diferentes. La democracia es una y muchas. Desde sus orígenes la democracia se ha construido dialogando e interactuando con otras corrientes afines, parcialmente superpuestas pero diferentes. Las principales han sido el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo.
El denominador mínimo de cualquier variante de la democracia es un criterio de legitimidad política: la voluntad del pueblo. Se comenzó a hablar de él en Inglaterra en el siglo XVII y se consolidó con la Revolución Francesa, cuando reemplazó definitivamente al criterio del derecho divino de los reyes. Un gobierno es legítimo cuando expresa la voluntad del pueblo. Más allá de esta afirmación general y mínima, todo es opinable, incluso el alcance de sus términos: qué cosa es "pueblo", cuál es el alcance de su "voluntad", qué significa "expresar".
Dejo de lado la cuestión del socialismo y de la igualdad social. Respecto del liberalismo, un debate siempre vigente es el de los límites de la "voluntad popular" ante los derechos humanos o los derechos del individuo. A diferencia de la tradición democrática, que está centrada en la cuestión del origen del poder legítimo, la tradición liberal y republicana reflexiona sobre cómo limitar al poder, cualquiera que sea. Las soluciones propuestas son conocidas. Por un lado, de preeminencia de la ley, originada en el pueblo, pero que limita las oscilaciones caprichosas de una opinión voluble. Por otro, la división de poderes. Finalmente, la afirmación de que los derechos del individuo están antes de cualquier norma o decisión estatal. Son "naturales", en el sentido de que hacen a la condición humana. La tensión entre liberalismo y democracia es una cuestión clásica en el siglo XIX -basta recordar a Tocqueville-, que al fin del siglo XX hemos retomado luego de dolorosas experiencias.
El segundo gran debate se refiere a la forma como se expresa la voluntad popular. Hay un gran parteaguas: democracia directa -una ilusión siempre pronta a renacer- o democracia representativa. Esta última supone que la voluntad popular se delega por tiempo acotado en los representantes del pueblo, sean muchos o uno. Las formas de representación política son variadísimas, y aunque se discuta cuál es la más auténtica, todas son representaciones, en sentido literal. Cada alternativa elegida anticipa de alguna manera el producto que se desea lograr.
Ambas cuestiones -la voluntad del pueblo, la libertad y la representación- se han combinado de distinta manera. En la segunda mitad del siglo XX -apenas ayer-, se construyó en el mundo occidental un consenso que combinaba la tradición democrática pura y la liberal/republicana. Para muchos, es aún hoy un estándar ideal. Combina el principio de la soberanía del pueblo con el de la soberanía de la ley, la división de poderes, la representación, la pluralidad, el debate y la garantía de los derechos humanos.
Pero desde fines del siglo XIX surgió otra variante, desplegada plenamente en la entreguerra y subsistente hoy en muchas partes. Combina otras ideas, derivadas de los mismos principios: pueblo homogéneo, líder, delegación, legitimación plebiscitaria -por elecciones o también mediante la presencia "real" del "pueblo" en la plaza-, junto con una unidad de doctrina y un relato teleológico que hacen posible tanto la comunión del pueblo como la delegación de su autoridad.
Dos interpretaciones, en suma: democracia institucional o democracia plebiscitaria de líder. Tras estas dos interpretaciones hay tres nociones distintas de lo que es "pueblo". En un caso, el pueblo deriva de la noción de individuo, libre, racional y esencialmente igual a los otros individuos, en razón y en derechos. En la metáfora de Rousseau del contrato social, el conjunto de individuos realiza un contrato político que instituye la sociedad.
Una segunda noción, mucho más antigua, considera que el pueblo es una comunidad, integrada por diversas partes o "cuerpos": familia, estamento, corporación profesional, municipio. En la variante católica, estos cuerpos son "naturales"; es decir, "de origen divino". El pueblo es la comunidad orgánica u organizada de estos cuerpos. Si antes se pensaba que su organización era parte del plan divino, en los tiempos modernos su organización se atribuye al Estado.
Una tercera concepción, casi contemporánea de la rousseauniana, de origen romántico, considera que el pueblo tiene una identidad esencial y transhistórica, fundada en valores y creencias comunes, vinculada a veces con una supuesta continuidad genética. En el siglo XIX se la asoció con un territorio y un Estado, existente o potencial: Francia, Alemania. En esta concepción, que se expande aceleradamente en el siglo XIX, el pueblo cultural se convierte en el pueblo nacional, con una historia y un destino. Sobre todo, es un pueblo homogéneo, que se expresa homogéneamente y que a la vez es necesario homogeneizar. Naturalmente, todas las ideas fundadas en el individuo y sus derechos, y en las formas de representación, se modifican sustancialmente.
En este punto, la democracia se cruza con el nacionalismo. En casi todo el siglo XIX, el nacionalismo se asoció principalmente con la construcción de los Estados nacionales. Bajo la forma de patriotismo, pudo coexistir -atenuando las diferencias- con las formas de gobierno republicanas y liberales de la democracia. A fines del siglo XIX, en tiempos del imperialismo, comenzó a dispararse la dimensión agresiva del nacionalismo ("mi nación está y debe estar por encima de todas") y también la dimensión xenófoba: "Voy a eliminar de la comunidad a quienes, compartiendo el territorio, son ajenos al pueblo esencial, y por lo tanto sus enemigos". Prolongando esta línea puede llegarse al fascismo, pero no sólo a él. También a muchos populismos que extreman el principio democrático de la razón del pueblo y consideran lícito excluir o extirpar a los enemigos del pueblo, discursiva o físicamente.
En la Argentina, la Constitución de 1853 puso las bases de un sistema institucional liberal, republicano y democrático. Las prácticas relativas a esta última cuestión fueron perfeccionándose, hasta llegar a la ley Sáenz Peña. Pero, simultáneamente, un vasto movimiento cultural e ideológico cuestionó esos fundamentos liberales. El nacionalismo de los intelectuales de principios del siglo XX fue profundizado por el movimiento católico de la entreguerra y completado por el peronismo.
En el peronismo se cruzaron de una manera singular democracia y nacionalismo. Las raíces democráticas del peronismo, sociales y políticas, son innegables. ¿A cuál de las familias democráticas pertenece? En el peronismo coexisten dos concepciones de pueblo, ambas ajenas a aquella que pone en el centro al individuo. Una es corporativa: la de la comunidad organizada, los sindicatos y las confederaciones y el movimiento. Otra es nacional y popular: el pueblo peronista, que es igual al pueblo argentino y coloca a sus adversarios en el lugar de los enemigos de la nación.
Esta concepción, que trasciende al peronismo, fue dominante en todo el siglo XX. En 1983 hubo un notable esfuerzo para construir una democracia institucional, fundada en la ley, en los derechos humanos y en el interés general, construido por medio del debate plural. De aquel esfuerzo hoy queda poco, y lo que predomina es otra forma de democracia, la democracia peronista.
Todo gobierno que pueda mostrarse como la expresión de la voluntad popular tiene derecho a la legitimidad democrática. La democracia contiene muchas variantes, algunas de ellas xenófobas, autoritarias y otras cosas. La democracia institucional no es necesariamente más democrática o más verdadera que la plebiscitaria. Sólo hay una cuestión de valores, que son subjetivos. En lo personal, la democracia institucional es la que a mí me gusta, aquella por la que estoy dispuesto a luchar. Supongo que a muchos otros nos gusta. Aunque seamos menos.
 
Luis Alberto Romero. Historiador.

miércoles, 18 de abril de 2012

Estatizar sin Estado.

Expropiar YPF: otro golpe de efecto de un gobierno acostumbrado a gobernar a los golpes. Contiene la palabra mágica, "estatizar", y referida además a lo que fue el símbolo de los "odiados años 90": YPF. Una interpelación envenenada, dirigida al nacionalismo y al estatismo, fuertemente instalados en el imaginario, que probablemente cautive o atrape a la oposición. Ya lo hicieron otras veces.
Sin embargo, habría razones para desconfiar. Al fin, quienes instrumentaron la política de privatizaciones de los años 90 y la ratificaron en este siglo son los mismos que hoy aparecen como campeones de la estatización. Pero éste no es el centro del asunto. El verdadero problema es que el Estado, el sujeto de esta acción, está maltrecho, desarmado y sometido al Gobierno. YPF no está siendo estatizada: está siendo puesta en manos del Gobierno. El problema reside en el Estado actual, que está en situación miserable.
En otros tiempos, la Argentina supo tener un Estado potente, capaz de mantener orientaciones básicas, más allá de las oscilaciones de los sucesivos gobiernos. Mitre y Sarmiento echaron las bases institucionales, que perfeccionó Roca. Con Yrigoyen comenzó el interés social, que desarrolló Perón. En las tormentosas épocas posteriores, Frondizi, Illia y el segundo Perón tuvieron una idea del Estado como promotor de políticas sostenidas, orientadas al interés general.
YPF fue el emblema de ese Estado potente. La creó Yrigoyen, la construyó Mosconi, con Alvear, y la potenció Justo. Perón le abrió nuevas posibilidades y Frondizi se propuso llegar al autoabastecimiento, con la ayuda del capital extranjero. Pocas cosas fueron más emblemáticas de la nación integradora que YPF. Asociada con el Automóvil Club Argentino, aseguró el uso de la red caminera, pobló las rutas de servicios y de emblemas, y contribuyó a que todos construyéramos una imagen del país. Basta recordar los grandes premios de Turismo Carretera, transmitidos por radio. YPF fue una auténtica expresión del interés nacional.
El Estado potente tuvo, sin embargo, otra cara. Para impulsar objetivos generales, promovió y concedió franquicias, como los regímenes de promoción, que gradualmente devinieron en privilegios y prebendas. Para asegurar sus beneficios, los interesados colonizaron las oficinas del Estado, repartidas entre las corporaciones: la Sociedad Rural en Agricultura, los sindicatos en la CGT, los médicos en Salud Pública. En YPF, la corporación sindical expandió enormemente la planta de empleados y alimentó el déficit de la empresa y del Estado.
A mediados de los años 60, en medio de un descomunal conflicto distributivo, el Estado potente era a la vez el campo de batalla y el botín, permanentemente repartido: una resolución o un decreto significaban una ganancia o una pérdida importante.
El Estado y el país cambiaron mucho desde 1976; la Argentina próspera, vital y conflictiva se convirtió en un país decadente y empobrecido. La clave de la gran transformación estuvo en el Estado y su reforma. La dictadura militar recorrió los primeros tramos. Alfonsín hizo poco en este aspecto, pero el "segundo peronismo", que gobierna desde 1989, completó la tarea. Con discursos variados, pero con acciones parecidas o iguales.
La dictadura lanzó la consigna: "Achicar el Estado es agrandar la nación", que refleja el nuevo consenso en torno de las ideas neoliberales. Eliminaron a una parte de los prebendados -un sector industrial y la corporación sindical-, pero fortalecieron a la "patria financiera", a la "patria contratista" y a la "patria militar", que se sumó al festín. Contratistas y militares coincidieron en YPF, expoliada con la llamada "privatización periférica". La dictadura hizo mucho más: desmontó agencias, eliminó funcionarios competentes, limitó a las oficinas de control y corroyó la normatividad y la ética del funcionariado, contaminado por el Estado clandestino. Después de esta experiencia traumática, nada volvió a funcionar como antes.
En 1983, la democracia, con buenas intenciones, poco pudo hacer con un Estado debilitado y corroído. Alfonsín vio naufragar su módica política social de alimentación, salud y enseñanza. Tampoco colocó la reforma del Estado entre sus prioridades, por entendibles razones; no modificó los mecanismos prebendarios heredados, acordó con los "capitanes de industria", y cuando asumió el problema, ya era tarde para enfrentarlos y también para confrontar con el discurso nacional estatista, paradójicamente esgrimido por el peronismo que se aprestaba a retornar al poder.
Comenzó entonces el "segundo peronismo", que gobierna hasta hoy, salvo interrupciones menores. La crisis hiperinflacionaria le permitió a Menem realizar una importante concentración del poder institucional, con leyes de emergencia, renovadas hasta hoy, y decretos de necesidad y urgencia. Por otra parte, controló o desactivó las agencias estatales de control, avanzó sobre los jueces y conformó una Corte Suprema con mayoría asegurada. Así colocó al Estado en manos del gobierno.
Ese poder se usó para privatizar las empresas del Estado. El gobierno pudo echar mano de masas de ahorro social acumulado, cerrar el déficit fiscal y crear las condiciones para la convertibilidad y la renegociación de la deuda. Obtuvo buenos resultados en lo inmediato, aunque con consecuencias catastróficas para el futuro. Son excelentes ejemplos del estilo de gobierno del segundo peronismo.
Reducido y amputado, pero con capacidad para otorgar beneficios, el Estado fue presa fácil de los prebendados depredadores, congregados alrededor de la "carpa chica" de Menem. Con cada privatización se repartió una porción de despojos del Estado, y hubo una cantidad adicional para acallar las protestas. YPF se vendió por etapas; las áreas exploradas de explotación se repartieron entre petroleros amigos y las provincias petroleras recibieron las regalías. Un beneficio demasiado grande para que lo rechazara un gobernador consciente, como era Kirchner, entusiasta defensor de esta privatización.
El ciclo de los años 90 llevó a la formidable crisis de 2001 y a la aparición de nuevas demandas sociales, para las que Kirchner elaboró un discurso acorde: un Estado fuerte, que se planta frente a los monopolios. La sorpresiva transformación de las condiciones internacionales lo benefició con sólidos superávits del comercio exterior y fiscal. ¿Cuánto cambió la situación del Estado en esas nuevas condiciones?
Muy poco. Los Kirchner aprovecharon los recursos fiscales para profundizar la concentración del poder en el Gobierno. Avanzaron también en el ataque a las instituciones estatales de control. El emblemático caso del Indec indica que al Gobierno no le interesaba formular políticas de largo plazo. Los ejemplos son conocidos y llegan hasta el día de hoy. También mantuvo el rumbo en las prebendas. Los subsidios, sustentados en el superávit fiscal, benefician a los empresarios y a los funcionarios que los administran. En general, la tajada de los políticos creció, sin que nadie pueda controlarlos.
Todo esto confluyó en la etapa final de YPF. Mantener bajos los precios de los combustibles provocó un desajuste en la empresa. El Gobierno metió a un socio local, "experto en mercados regulados". Sólo cuando la caída de los superávits gemelos hizo trastabillar todo el armado, surgió la urgencia del día: además de alimentar tantos bolsillos privados, YPF debe producir petróleo. Lo único que se les ocurrió fue estatizarla. Como Aerolíneas.
Parecidos en tantas cosas, los gobiernos de Menem y de los Kirchner tuvieron una diferencia importante: en un caso el discurso público fue neoliberal y privatizador y en otro caso fue estatista y populista. Pero hicieron lo mismo con distintos argumentos. Peor aún, encontraron la forma de avanzar en la concentración del poder y en el prebendarismo privatizando primero y estatizando después. Siempre en beneficio de los gobernantes y a costa del Estado.
El país tiene hoy su Estado astillado y fragmentado, gobernado por un grupo de personas que se dedica sistemáticamente a seguir arruinándolo. Cuando tiene necesidad de legitimidad o conformidad, recurre a la ficción del viejo Estado potente: el de la administración confiable, los procedimientos, los controles y hasta las políticas de largo plazo. Muchos se dejan engañar por las palabras y creen que la estatización de YPF remite a ese Estado y no a los Kirchner y De Vido. No es así. No sé qué cosa mejor se puede hacer hoy con YPF. Pero estoy convencido de que quienes quieren pensar una alternativa para el país, deben encarar, en primer lugar, la cuestión de la reconstrucción del Estado.
Luis Alberto Romero. Historiador.
Para La Nación

sábado, 31 de marzo de 2012

Honrar a don Raúl.

Don Raúl está en la historia. Mañana se cumplirán tres años desde que pasó a la eternidad. Seguramente está tomando unos mates con don Hipólito Irigoyen y don Arturo Illia en el cielo de la austeridad republicana y la honradez. O saludando a la gente por las calles de la memoria, con dignidad y la frente alta, como le gustaba hacer aquí en la tierra.
Don Raúl, el padre de la democracia recuperada, caminando lento, como perdonando el viento, según la poesía emblemática del día del padre. Don Raúl, firme en sus convicciones y peleando con coraje contra ese maldito cáncer que lo rompió pero que no lo pudo doblar. Como quería don Leandro Alem.
Ahí está don Raúl que – mirado en perspectiva- fue uno de los mejores presidentes que nos supimos conseguir. Con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, a casi tres décadas de la epopeya de la vuelta a la libertad creo que Alfonsín es mejor que la media de los presidentes que tuvimos y –si me apura- creo que es mejor que la media de la sociedad que tenemos.
Ahí andaba don Raúl con las manos limpias, viviendo y muriendo en el mismo departamento de siempre, honrado como don Arturo, corajudo como Alem manda. No quiero decir que el doctor Raúl Alfonsín haya sido un presidente perfecto. De ninguna manera. Fue tan imperfecto y tan lleno de contradicciones como todos nosotros. La democracia es imperfecta. Apenas, es el sistema menos malo.
Pero nadie puede desmentir que Alfonsín fue un demócrata cabal. Nunca ocupó ningún cargo durante ninguna dictadura. Y eso que muchos de sus correligionarios si lo hicieron. Estuvo detenido por defender sus ideas. Fue un auténtico defensor de los derechos humanos de la primera hora y en el momento en que las balas picaban cerca. Fue su bandera permanente. Se jugó la vida por eso. No fue por una cuestión de oportunismo ni para cazar dinosaurios en el zoológico. Fue defensor de presos políticos durante la dictadura, reclamó por los desaparecidos y fue co-fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Vale la pena recordar que Alfonsín hizo todo eso. Como para respetar la sagrada verdad de los hechos.
Por eso, con toda autoridad, después fogoneó el Nunca mas y la Conadep y el histórico Juicio a las Juntas Militares que ningún otro país del mundo se atrevió a hacer con la dictadura en retirada pero todavía acechante , poderosa y armada hasta los dientes. Tuvo sublevaciones militares carapintadas, paros salvajes de la CGT y golpes de mercado que intentaron derrocarlo.
Es verdad que también existieron los errores y los horrores propios. La economía de guerra y el desmadre inflacionario. La gran desilusión frente al “felices pascuas” y “la casa está en orden”. O el Punto Final y la Obediencia Debida. Y el derrumbe de la confianza en la capacidad para gobernar y ese descontrol que terminó con la entrega anticipada del poder. O el pacto de Olivos. Si tratamos de ser lo mas ecuánimes y rigurosos posibles aparecen las luces y las sombras de una gestión. Pero el paso del tiempo y la comparación con lo que vino después, lo deja a Raúl Ricardo Alfonsín del lado bueno de la historia. En la vereda del sol. Entrando a los libros con dignidad, con la frente alta y las manos limpias.
Hace tres años murió un patriota. Que en paz descanse. Cada día los extrañamos más. En estos tiempos de cólera su sabiduría nos podría iluminar el camino. Aquellas frases dichas casi como testamento: “Si la política no es diálogo, es violencia” y “gobernar no es solo conflicto, básicamente es construcción”. Algo así como decir que la palabra enemigo hay que extirparla del diccionario político. Que solo hay que marginar a los golpistas y los corruptos. Cada día es más necesaria su apuesta a la coexistencia pacífica de los diferentes, a una república igualitaria y a la libertad. Raúl Alfonsín fue el partero del período democrático mas prolongado de toda la historia. Es hora de honrarlo.

Alfredo Leuco.

jueves, 1 de diciembre de 2011

Los mitos de Kirchner y Alfonsín.

La enumeración de los mitos de la historia argentina, aún antes de haber definido con cierta precisión el objeto nombrado, surge casi como un acto reflejo: están los mitos contrapuestos, en los que la simpatía por uno existe en la medida de la negación de su contrario, como unitarios/federales o Sarmiento/los caudillos; por otra parte, podría hablarse de un mito positivo, el de la saga de los inmigrantes llegados al país que, con austeridad y trabajo, contribuyeron a levantar una nación que se situó "entre las más prometedoras" del orbe. Después, hay otros mitos estrictamente personales, como los de Carlos Gardel, Juan Domingo Perón y Evita. También hay mitos vivientes que es innecesario citar.
Se sabe que los mitos se construyen para permanecer a lo largo del tiempo, que crean su propia necesidad social, que son tranquilizadores o revulsivos, aunque no tengan por finalidad reflejar la rigurosa verdad de los acontecimientos. A esto último procura acercarse la historia misma, con otros instrumentos: la investigación, el uso atinado de documentos y testimonios, la búsqueda de la objetividad, por más que le siga costando responder a la pregunta central: ¿los hechos son los hechos o la interpretación de los hechos?
Si buscamos la definición tradicional de mito, nos encontraremos con "narraciones maravillosas", pobladas de personajes "divinos o heroicos" que poseen capacidades fundacionales. La remisión a la antigüedad grecolatina es inmediata. El concepto tiene vinculación metafórica con la idea de "grandes relatos", muy utilizada para hablar del final de éstos a partir de la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, por Jean-François Lyotard, al referirse a la crisis de la ortodoxia marxista. Pero la acepción de mito que no puede desecharse aquí es la de "persona o cosa" a la que se atribuyen "cualidades o excelencias" que en general no tienen, o no en la cantidad atribuida. Roland Barthes, en las Mythologies strip-tease y el arte vocal burgués. (1957), un libro de breves ensayos y notas que ejerció mucha influencia en su momento, afirma que "el mito es un lenguaje" y que es usado por la ideología "pequeñoburguesa" para convertir en "natural" lo que es meramente cultural. Para ello somete a análisis desde el rostro de la Garbo y el cerebro de Einstein hasta el
Jamás una sociedad deja de elaborar sus mitos: los necesita para confirmarse. En ese sentido, estamos asistiendo a la construcción de dos mitos personales, para el caso de las dos figuras políticas más destacadas de la Argentina desde 1983, en que se implantó la democracia: Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner.
Los dos han presidido el país, si bien a partir de tradiciones políticas e históricas diferentes, casi siempre confrontadas. Los dos son producto del caldero multiétnico nacional: uno, bonaerense, con sangre gallega e inglesa; el otro, santacruceño, con sangre suizoalemana y croata. No hace falta decirlo: uno, claramente radical; el otro, definidamente peronista. También la muerte alcanza a los dos en fechas cercanas, con sólo un año y medio de diferencia. Ambos, incluso desaparecidos, han estado (no tan) fantasmalmente presentes en las últimas elecciones presidenciales: uno, en apoyo activo de su reelegida esposa; el otro, a través de la imagen calcada de su hijo, esta vez derrotado. En la guerra de delegados y en la campaña con sello fúnebre triunfó la que tenía más poder y gestión para hacerlo.
El mito de Néstor Kirchner se construye desde el Estado, pero con el beneplácito de amplios sectores sociales. El apoyo oficial implica un sobreénfasis y un monumentalismo que se aproxima, aunque sin alcanzarlos, a los ritos masivos del fascismo y el estalinismo. Se rebautizan escuelas, hospitales, calles y avenidas. Se erigen imponentes mausoleos para detener la mirada y superar la fugacidad del tiempo. Su esposa y sucesora utiliza, para mencionarlo y mencionar sus obras y milagros, el pronombre de tercera persona, de forma tal que resuenen las mayúsculas y se produzca un eco casi religioso. Los oficiantes agradecen y santifican el sacrificio de vida que hizo el homenajeado, verosímilmente golpeado por el torbellino de trabajos y responsabilidades que lo rodeaban. En el discurso mitologizante siempre se lo presenta como un refundador, como alguien que dio su vida por una Argentina distinta, más justa y soberana. Hasta se ha creado un Instituto Nacional de Historia Revisionista, cercano a la operación santificadora.
La densidad y prepotencia del contenido mítico sofocan el libre razonamiento y dejan de lado los matices del debate político, pero no tienen por qué obligarnos a un aplauso o a un rechazo total. Es imposible construir un mito durable y socialmente resistente sin una base de verdad. En el caso de Kirchner, sería mezquino no reconocerle virtudes, aunque desproporcionadas -como siempre ocurre- en relación con la consagración del mito.
Sorprendió al acrecentar el menguado capital político con el que había sido elegido; devolvió capacidad decisoria al Estado y a la investidura presidencial; designó una Corte Suprema más independiente que la anterior; aprovechó un crecimiento económico que, a su vez, dio comienzo a un proceso de redistribución, todavía vacilante. Como el mito toma poco o nada en cuenta los rasgos negativos, no sabemos cómo influirán en su implantación la demostrada poca afinidad con la calidad institucional o la dificultad que tuvo para insertarse en el mundo global, o el arreglo con los barones del conurbano o la tendencia a generar más enemigos que adversarios, con la consiguiente puerta cerrada para la oposición.
En cambio, la construcción del mito de Raúl Alfonsín es, podría decirse, más sigilosa. No hay mausoleos ni grandes monumentos. Su partido no está en el poder desde hace años, y la última vez que estuvo, en 2001, derivó en una situación traumática para el país (admítase que no sólo por culpas propias). Se le sigue reprochando a su gobierno el impulso a las leyes de Punto final y Obediencia debida. No está bien considerada su ambivalente decisión de transferir el poder antes de tiempo. También ha sido criticada su posterior firma del Pacto de Olivos con el entonces presidente, Carlos Menem. Su hijo, de parecida contextura física e ideológica, apenas alcanzó un modesto y lejano tercer lugar en las recientes elecciones presidenciales. ¿De dónde salen, entonces, los materiales para edificar el mito?
La construcción mítica se afirma silenciosamente. Lenta pero consistente, la revaloración de Alfonsín se va instalando en muchas conciencias. Por un lado, están los logros unánimemente reconocidos. Está el haber restablecido -o establecido- la democracia, después de mucho tiempo de dictadura, autoritarismo y proscripciones. Está el juicio a las juntas militares, hazaña inédita para situaciones parecidas a la nuestra. Está la abolición de todas las formas de censura.
Y hay algo más, en medio de todos los errores y defecciones. Para muchos argentinos, consciente o inconscientemente, Alfonsín representa (representó) la posibilidad de una lucha victoriosa contra nuestra deuda histórica: el poco respeto por las instituciones y la ley, el cínico balance del "roba, pero hace", las conductas ilícitas y mafiosas como norma dominante. Por eso solo, por haber encarnado esa esperanza, aunque todo lo demás haya sido imperfecto, Alfonsín se merece, tanto como Kirchner, y quizá más en el futuro, una arquitectura mítica.
Hay maneras de construcción de un mito ostentosas y espectaculares, como las que suelen protagonizar gobiernos y Estados, y otras más serenas y poco visibles, que tienden a consolidarse cuando las primeras flaquean. Tal como lo ha hecho Barthes con sus referencias al arte vocal francés, podríamos ejemplificar con el modo de cantar el tango otro mito argentino. Hay cantantes, famosos o no, que sobreactúan, dramatizan, estiran cada palabra, entre sollozos y desafinaciones. Otros, en cambio, eligen un modo de interpretación "natural", íntimo, en que el fraseo cuidado despliega la verdad poética de la letra. No vale la pena mencionar a los primeros. Entre los segundos están Angel Vargas, en los 40 (cantando "Mano blanca"), y Luis Cardei, 50 años después (en la interpretación de "Como dos extraños").
Más allá del bronce y de las opciones individuales, ya Alfonsín y Kirchner ocupan un lugar en nuestra historia reciente. Ahora habrá que ver si el cruce de sus mitos, el encuentro en la diferencia, gravita en la reconciliación y el progreso de nuestra sociedad.

Luis Gregorich, para La Nación.

viernes, 28 de octubre de 2011

El futuro radical.

En la Argentina hay dos grandes bloques socioculturales, aunque con impregnaciones recíprocas y bordes difusos. Uno organicista, que en ocasiones desborda hacia actitudes autoritarias, y otro más institucional, visceralmente convencido que el respeto a la ley es el mejor camino para construir igualdad, ciudadanía y dignidad. Ambos tienen “izquierdas” y “derechas”, pero mientras en el primero las visiones ideológicas no le han imposibilitado conformar proyectos de poder, en el segundo sus matices se lo han impedido.
Un arco que se extiende desde Carta Abierta a Carlos Menem y desde Daniel Scioli a Hebe de Bonafini es abarcado por el relato y la construcción política del kirchnerismo con el liderazgo de Cristina, tras el objetivo mayor: el poder.
Enfrente, luego de la fragmentación del liderazgo alfonsinista, las diversas opiniones compiten por marcar diferencias y detectar con lupa los temas de disenso. Sólo la breve gestión de la Alianza, condenada por la herencia maldita de la deuda que no había generado y por una situación política y económicamente endemoniada, esbozó un fallido intento de construcción alternativa.
Un gobierno no se logra marcando las diferencias. Es necesario mostrar capacidad de articularlas en un relato coherente, contenedor, confiable.
Para ello es imprescindible contar con un proyecto de poder y con una estructura que les genere a los ciudadanos la confianza en su capacidad de gestión. Ese proyecto de poder es la gran falencia opositora.
La Argentina cuenta –hoy– sólo con dos estructuras que pueden articular ese proyecto: el peronismo y el radicalismo. Son las únicas con alcance nacional, que asombran aun en momentos de aparentes derrumbes por su capacidad de resurgimiento apenas se asientan en ellas un proyecto entusiasmante, una práctica comprometida y una oferta electoral confiable.
El peronismo está cumpliendo su función. El radicalismo debe hacerlo.
Su tarea es reconstruir la capilaridad que le permita captar los intereses actuales de su electorado natural, las grandes clases medias argentinas, modernizando su práctica y su agenda.
Así como el torrente alfonsinista se apoyó en la inserción juvenil en los “frentes de masas” de entonces, los militantes del radicalismo deben participar de las causas que motorizan el interés y las demandas de ese electorado potencial hoy, escuchando y sumándose a la infinidad de iniciativas de la sociedad civil que buscan mejorar la vida de las personas.
Su agenda debe incluir las demandas más fuertes: recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases irreversibles y diseñar los mecanismos de inclusión para construir una sociedad integrada.
Las personas han abandonado las adscripciones permanentes y buscan ampliar sus posibilidades personales. Quieren construir sus vidas y ser responsables de su destino. Hay que asegurarles el piso de dignidad para que puedan hacerlo libremente y con autonomía. A la creación de clientelismo, debe oponerse la construcción de ciudadanía.
Debe recuperar la mirada cosmopolita de sus orígenes con una profunda y continua reflexión sobre las nuevas herramientas de políticas públicas, incluyendo el trabajo con fuerzas de todo el mundo, que coincidan en crear instituciones para la globalización en condiciones de disciplinar el capital financiero y emparejar la cancha del comercio, la tecnología y las inversiones.
Y debe cambiar de raíz su ethos, recuperando su capacidad de contención a los diferentes. Su historia es proficua en ejemplos virtuosos que no han implicado renunciar a posturas finalistas, pero han sabido incorporar la idea de progresividad de los procesos de cambio desechando el sectarismo ideológico o la exigencia de compromisos maximalistas.
Yrigoyen murió diciendo: “Hay que seguirlo a Marcelo”. Alfonsín supo conformar una alianza social apoyada por el pensamiento progresista de entonces, pero también por los partidos provinciales de raíz conservadora. Y su gobierno incluyó a rivales internos importantes en funciones altamente sensibles.
Por 1978, Arturo Illia era consultado por jóvenes radicales sobre si no veía conveniente organizar otro partido, ante lo que consideraban la esclerosis del radicalismo de entonces. “Puede ser, muchachos. Pero es muy difícil hacer un partido nuevo y mucho más, desde el llano. Hacer este partido costó casi un siglo”. Un lustro después, Alfonsín era presidente.
Es muy difícil hacer un partido nuevo. Aún hoy sorprende la proliferación de comités, subcomités y agrupaciones, por centenares, en los sitios más inverosímiles. La vitalidad es notable. La confianza del electorado en ciudades como Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Resistencia, sugiere que la recuperación vendrá desde abajo.
Un nuevo ethos, una nueva agenda y una nueva práctica pueden reconstruir una alternativa en condiciones de volver a darle carnadura a la democracia argentina.

Ricardo Laferriere.

Los peligros y dilemas de la presidencia imperial.

La Presidenta ha sido reelegida por una extraordinaria mayoría tras una campaña que no distinguió la retórica de las realizaciones, y la mostró infatigable, multiplicada en inauguraciones y anuncios de obras por venir, en franco contraste con la oposición resignada a pelear entre sí por un lejano segundo puesto. Haber subestimado la fórmula política de Cristina Kirchner ha sido el principal error de la oposición.
El Gobierno supo transmitir un mensaje claro: estamos bien, los problemas son consecuencia del descalabro del mundo. La oposición no pudo convencer de que sus propuestas para los problemas irresueltos mantendrían las políticas sociales y los niveles de empleo y de consumo alcanzados. Tampoco pudo sostener las coaliciones enhebradas en 2009.
La refundación de la Argentina post crisis 2001, como fruto exclusivo de la labor desplegada por la pareja presidencial, es un discurso en el que no hay otro lugar para la oposición que no sea el de espectador de esa gesta. No venimos con promesas sino con el testimonio de lo ya hecho, dijo la Presidenta al cerrar la campaña en 2008. En ésta, proclamó que el crecimiento del producto bruto desde 2003 fue el más importante de los últimos 200 años, lo que es falso. Con un capital electoral acrecentado de manera vertiginosa, su liderazgo sobre un movimiento político que se define nacional y popular y se concibe depositario de una misión histórica que no cabe en los estrechos límites de la política partidaria, es indiscutido. Fortalecida por la invocación de su esposo y sostenida en una heterogénea coalición de apoyos tradicionales y recién llegados al peronismo, alcanza el apogeo de su poder cuando la bonanza iniciada en 2003 comienza a mostrar problemas para sostenerse. Nada dice su “modelo” sobre las políticas para desactivarlos.
Con una mezcla de emociones no exentas de componentes místicos y promesas de un futuro de unión y solidaridad, la Presidenta ejercitó la fórmula peronista para retener el poder: carisma, lealtad y pragmatismo. En un sistema político en el que cuentan los nombres propios y no los partidos, comienza este tercer mandato del ciclo kirchnerista. La Presidenta puede ufanarse de que “…les sacamos los clientes a los partidos políticos y los pusimos en los supermercados, que es donde deben estar.” Empero, la debilidad de los partidos deja sin respuesta a quiénes consumir hoy no les alcanza para resignarse a que la política sea un intercambio de intereses y favores. La dirigencia de la oposición tendrá que replantear sus estrategias con generosidad. El Frente Amplio Progresista logró un segundo lugar y enfrenta el desafío de construirse en el marco de instituciones federales y electorales que dificultan el camino a las nuevas fuerzas. El radicalismo, tendrá que encontrar un liderazgo capaz de dotarlo de identidad y de futuro. Si fracasan en su empeño, una vez más el destino del país quedará en manos del peronismo, sin visiones alternativas ni contrapuntos valorativos y sin contrapesos institucionales. Cuando no se avizora la posibilidad de alternancia ni se ejercen los controles al ejercicio del poder que impidan la corrupción en el seno del Estado, la democracia degenera en autoritarismo.
Por demasiado tiempo la defensa de la democracia republicana y federal se disoció de la lucha por la igualdad. La expresión de ese divorcio en la política es el populismo de ayer y de hoy. Habrá que resistir los embates si el Gobierno quiere continuar ejerciendo el monopolio de la política e imponiendo una versión de la realidad plagada de falsedades.
Cristina Kirchner se beneficia de una presidencial imperial. Depende de ella que utilice su formidable capital electoral sólo para retener el poder o para hacer los cambios hacia una sociedad más justa y más libre para todos y cada uno de sus ciudadanos.

Liliana de Riz. Politóloga.

miércoles, 26 de octubre de 2011

¿Sistema de partido predominante?

El mapa de poder que se abre con los resultados electorales del 23 de octubre no está disociado de la crisis de 2001. El orden político que nació en 1983, caracterizado como un “bipartidismo imperfecto”, con identidades políticas estables, con un sistema de partidos más o menos estructurado, ha sido reconfigurado por una realidad política muy volátil y vertiginosa.
El colapso institucional de 2001 puso fin a la “democracia de partidos” en la Argentina, dando origen a la disgregación del sistema partidario y a su reemplazo por un sistema de coaliciones “atrapa todo”, frágil e inestable.
No hay partidos, hay fragmentos de partidos.
La crisis de 2001 se devoró al FREPASO, hizo entrar en diáspora al radicalismo; y el peronismo, un poco más entero -aunque disperso- recuperó el poder, primero, con Eduardo Duhalde y, más tarde, con Néstor Kirchner.
La actividad política se ha personalizado como nunca en la figura del Ejecutivo y se ha concentrado en el ámbito estatal.
En la era kirchnerista, que ahora se extiende a doce años (el período más largo de una fuerza política en el ejercicio legítimo del poder), se ha edificado una especie de “yo” gubernamental (expresión de Bertrand de Jouvenel), con una vida real que no se distingue del cuerpo del Estado.
Más allá del rol histórico del Estado argentino en la vida pública, nuestra hipótesis es que en el período kirchnerista se ha acentuado el papel del Estado como “actor político” , en vinculación estrecha y ambigua con el movimiento peronista. El Estado es el centro de decisión política por excelencia. El decisionismo democrático, en cuanto práctica de gobierno, es una combinación del gobierno de los hombres, del gobierno atenuado del Estado de derecho y de la ausencia de poder de contralor.
Cristina Kirchner se ha convertido en la líder de un movimiento fragmentado, cargado de contradicciones y de perfiles políticos diferentes, de derecha a izquierda, que recibió el apoyo del 54% del electorado. Su incuestionable legitimidad proviene de las urnas, como ha quedado demostrado en estas elecciones. Desde la cumbre del Estado, lidera el sector más “radicalizado” del peronismo, que forma parte de un movimiento político complejo y heterogéneo, poseedor de una gran cultura de poder.
El sistema político se ha transformado, y desconocemos los contornos de su reconfiguración.
Si pensamos con una vieja categoría de la democracia de partidos, diríamos que estamos delante de un partido predominante, que profundizará la concentración y verticalidad del poder, con el control absoluto del Congreso . El riesgo institucional es la conformación de un sistema mayoritario, poco respetuoso de las minorías, en el cual la fuerza del número se combine con las medidas de emergencia. La democracia no flota en el aire y la regla de la mayoría se debe enmarcar en el Estado de derecho, con su sistema de contrapesos y controles. Sin el respeto a las minorías no hay democracia.
En el nuevo escenario político, sólo parece quedar en pie el proyecto de un sector del peronismo que maneja las riendas del Estado y ha logrado construir un sólido grupo de poder político, económico y cultural . Con habilidad, ha cimentado simbólicamente ese poder con las nuevas tecnologías de la comunicación, la televisión digital, el fútbol para todos, junto a nuevas y diferentes señales audiovisuales.
No se trata de un simple asunto tecnológico, sino de una propuesta de comunicación de masas que extiende el espacio público , pero de una manera sesgada desde un punto de vista político-ideológico , que responde a un proyecto que ambiciona ser culturalmente hegemónico. Parece ser el triunfo, en definitiva, de la tradición nacional y popular (alimentada también por elementos de izquierda) frente a otra, minoritaria, de corte socialdemócrata. Son dos matrices políticas muy diferentes, que muy esquemáticamente se pueden referenciar en las nociones de “pueblo” y “ciudadanía”.
Las oposiciones pasan hoy por su peor momento. No pudieron echar raíces en la sociedad a partir del conflicto del gobierno con el agro ni sacar provecho del triunfo electoral de 2009, ni del déficit del oficialismo.
Su debilidad y fragmentación afectan a la vida pública, le restan dinamismo y vitalidad a la democracia . La primera de sus tareas es extraer las enseñanzas de esta contundente, y preanunciada, derrota.
La excelente performance electoral del Frente Amplio Progresista, liderado por Hermes Binner, no resuelve un ramillete de interrogantes y desafíos para una coalición electoral que debe aún demostrar su capacidad de institucionalización de fuerzas políticas disímiles como estructura nacional. Le cabe a este Frente, junto a otros aliados, la responsabilidad de cumplir con su encargo electoral: controlar al gobierno y presentar opciones coyunturales y estratégicas en la búsqueda del buen gobierno.

Hugo Quiroga. Politólogo.