La política debe recuperar el lugar que le corresponde.

Cristina Kirchner estaba llamada a prestigiar la democracia, ordenarla en sus reglas y, sobre todo, certificarla en sus resultados. No podía contentarse con la mera repetición de la gestión de su esposo.

Heredaba un país que gracias a una gestión prudente de la emergencia, había logrado crecer a tasas espectaculares y sin conflicto entre campo y ciudad. A ella le cabía mostrar la fertilidad del pluralismo y enseñar que la diversidad democrática no es la continuación de la guerra sino la fundación del diálogo.

Sin embargo, los primeros meses de su mandato muestran que el monólogo siguió reemplazando al debate y la apelación a la unidad del pueblo contra los enemigos --"la oligarquía", "los golpistas", "las corporaciones"-- continuó fabricando los apoyos. Esa política de confrontación contribuyó a dar proporciones inesperadas al conflicto con el sector agropecuario surgido a propósito del fuerte aumento a las retenciones a la soja.

Presentado como una disputa entre la política de redistribución del ingreso del Gobierno y la avaricia desmedida de un sector, no tardó en ser trasmutado en un enfrentamiento en el que sectores golpistas amenazaban al Gobierno nacional y popular. Contraponiendo la "democracia del pueblo" a la "democracia corporativa", el bienestar general a los mezquinos intereses sectoriales, la Presidenta reclamó gobernar en nombre del pueblo.

Sin embargo, el pueblo no es una entidad concreta, somos todos y cada uno de nosotros, ciudadanos libres e iguales ante la ley. El pueblo no tiene una representación inmediata y sólo existe en los pronunciamientos que crean las instituciones que controlan y hacen posible cambiar de gobierno sin violencia. Una parte de la sociedad no reconoce la representación democrática en la oposición "pueblo versus antipueblo" y sabe que en esa dicotomía, el "pueblo" es sinónimo de Estado, encarnado en el gobierno de turno. Cuando la oposición queda confinada en su rol a la espera del próximo turno electoral, la calle se convierte en el ámbito de la protesta.

Los casos exitosos de desarrollo en el último cuarto de siglo son el resultado del diálogo y la experimentación, de un diagnóstico compartido, de una idea similar de los condicionantes externos, de un acuerdo de prioridades. ¿Por qué habría que resignarse a aceptar un camino autoritario para lograr un desarrollo con igualdad? En democracia, los fines que se persiguen importan tanto como los métodos para conseguirlos; no hay victorias finales ni partidos convertidos en soldados de presidentes que son defendidos con el cuerpo, como sugirió la presencia del ex presidente Kirchner en la Plaza de Mayo cuando tronaban los cacerolazos. En franco contraste con una ideología que vive el conflicto como una guerra, el pluralismo exige convivir con las divergencias y anudar consensos --que no son lo mismo que acuerdos corporativos-- en el ámbito de los representantes del pueblo, que es el Parlamento. Y es allí adonde deben hacer llegar sus demandas las corporaciones, por demasiado tiempo habituadas a llevarlas a la Casa Rosada.

La sociedad argentina demanda un orden capaz de contener el conflicto y evitar que se exprese por fuera y en contra de las instituciones; poner fin a piquetes, cacerolazos y cortes de ruta, movilizaciones a favor o en contra del Gobierno. Para construir ese orden es preciso que las instituciones políticas salgan de la parálisis que hoy las aqueja y den voz a los reclamos que resuenan en la protesta callejera. Se necesita que los legisladores, además de ser oficialistas u opositores, sean representantes del pueblo. Es preciso el retorno de la política.

Argentina se encuentra una vez más en la encrucijada. El Gobierno debería cambiar su rumbo para generar un proceso ya no de mero crecimiento de corto plazo, de algunos años, sino de verdadero desarrollo aunque con una tasa menos espectacular y admitir que su "modelo" se ha agotado, que la política de compensaciones a través de la trama de subsidios poco transparentes que mantienen estructuras obsoletas y siguen devorando los recursos fiscales, ha tocado fondo. Ese camino ha servido para construir poder personal pero al mismo tiempo, ha pavimentado el conflicto social y desaprovechado oportunidades que la bonanza de las commodities nos brinda.

El reclamo del campo trasciende los intereses del sector y coloca en el debate problemas postergados o ignorados, como el centralismo fiscal que hoy convierte al federalismo en letra muerta. Recuerda que un sistema político sin controles tiene enormes dificultades para mantener un orden basado auténticamente en las reglas de la ley y que es necesario poner en marcha políticas de reforma que atraigan la inversión interna y externa, diversifiquen la estructura productiva y estimulen la innovación.La sociedad tiene que poder confiar en los instrumentos que ha generado para observarse a sí misma. Las estadísticas oficiales deben dejar de esconder el aumento de la pobreza y la indigencia, distorsionar la inflación y dibujar un extraordinario retrato de la ilusión. Si ese retrato persiste y se ignoran los cambios ocurridos en la morfología social, Cristina Kirchner corre el riesgo de desaprovechar una extraordinaria oportunidad histórica y dilapidar el esfuerzo de los argentinos. Aún está a tiempo de encontrar el rumbo y desterrar el odio de la política.

Liliana de Riz. Politóloga UBA - CONICET

La falacia de las retenciones móviles.

Una de las características con las que solemos abordar los conflictos en nuestra Argentina es la falta de datos concretos del problema en cuestión. Entonces el debate, así planteado, tiende a reducirse a prejuicios o a simplemente tomar partido a favor o en contra, por afinidad o antagonismo político. Esta metodología ha dado como resultado que muchos “sapos” fueron tragados, apelando sólo a determinadas afinidades simbólicas del pasado. También ha posibilitado que enormes elefantes blancos se hayan introducido en la vida política y económica argentina; al calor de encendidos discursos en contra, precisamente, de esos elefantes blancos.
Esto lo estamos viviendo nuevamente hoy, con motivo del conflicto entre el Gobierno y el campo.
Por un lado, el Gobierno sostiene que la postura del campo es movilizada por sectores golpistas “destituyentes” y antidemocráticos, a los que no precisa; y financiada por poderosos “pooles” de siembra de soja, a los que no identifica.
Por su parte, los representantes rurales dicen que las medidas del Gobierno tienden a beneficiar a esos poderosos “pooles” de siembra, al expulsar la competencia de los pequeños y medianos productores, y a los sectores concentrados de la intermediación agroalimentaria, que son un puñado de empresas que todos conocemos y se pueden contar con los dedos de las manos.
La evidencia de los hechos que a continuación se exponen le da enteramente la razón a la postura del campo. Y además muestra la existencia de graves inconductas, lindantes con ilícitos penales, por parte del Gobierno.
Aunque a primera vista parezca sorprendente, hemos llegado a la siguiente conclusión: las retenciones móviles habrían sido dictadas en directo beneficio de los exportadores de granos. Esta afirmación parece temeraria, pero tiene su fundamento en el hecho de que, hacia fines del año pasado, al compás de que la soja llegaba a su máximo nivel de precios históricos, los exportadores presentaron declaraciones juradas de venta al exterior por volúmenes desproporcionados, con el objeto de congelar las retenciones a pagar, cuya suba se concretó inmediatamente después con la resolución 369. Pero luego, en forma inesperada, por la irrupción de la especulación financiera internacional, la soja siguió subiendo ininterrumpidamente, hasta llegar en marzo de 2008 al doble del valor que tenía en 2007.
Esto les jugó en contra a los exportadores de granos. No podían efectivizar las masivas ventas anticipadas, comprando en el mercado interno a precios muy superiores a los precios de exportación ya fijados. Necesitaban imperiosamente que los precios se retrotrayeran a noviembre del año anterior. Y el Gobierno, cómplice de la maniobra, les dio la mano salvadora dictando la medida de las retenciones móviles.
No habrá este año, ni tal vez nunca, ningún excedente recaudatorio por retenciones por sobre el 35 por ciento del valor FOB que pueda ser aplicado a programas redistributivos sociales, como anunció recientemente el Gobierno. Desde el dictado de la resolución 125 hasta ahora, pese al sustancial aumento de las retenciones móviles, el fisco sólo ha recaudado el 22% sobre el valor FOB de las exportaciones de soja. Muy lejos de superar el 35% que permitirá destinar fondos a dichos programas.
En consecuencia, las retenciones móviles serían una falacia, o sea, un engaño, fraude o mentira, con la que se está procurando beneficiar a las multinacionales cerealeras, sin importar el perjuicio causado a otros, en este caso los productores agrarios. Y sin que ello reporte ningún beneficio sustantivo al fisco.
La falacia también le ha servido al Gobierno para movilizar a su favor a organizaciones sociales que aspiran a una más justa distribución de la riqueza, pese a que esto no sucederá con esta medida. La promesa oficial inicial de una redistribución de los ingresos extra de esta súper renta agraria, era ambigua. Pero atrapado por la dinámica del conflicto, tuvo que salir a comprometer el destino de los fondos y dice que se van a realizar hospitales, viviendas y caminos en el interior. Pero éstos nunca se construirán, al menos no con los dineros recaudados de las retenciones agrícolas por encima del 35%.
El anuncio de la Presidenta de que no le importan “las cuentas fiscales, sino la cuenta social”, sería así sólo otro cuento para tratar de justificar el gran cuento de las retenciones móviles, cuya parte sustancial ha sido ya subrepticiamente privatizada a favor de los exportadores de granos, mediante la letra chica de distintas medidas que adoptó el Gobierno, a la par que se desarrollaba el conflicto.
De acuerdo a nuestros cálculos, la diferencia entre lo que los exportadores liquidaron al fisco y lo que estos le descontaron al productor, desde el dictado de la resolución 369 de noviembre pasado hasta el 31 de mayo de este año, es de más de US$ 1.316 millones.
En tal sentido, cabe que todos los argentinos nos hagamos un reproche, por la incapacidad que tenemos de ir “a las cosas” y verlas tal como son, sin dejarnos engañar por la retórica discursiva, para lamentarnos muy a posteriori de los engaños sufridos.
El informe que tenemos en elaboración procura ser un aporte para que esto no nos suceda nuevamente, al menos en relación con este conflicto. Para su confección hemos analizado 55.319 permisos de embarque de exportación, autorizados por la Aduana desde el 1/1/07 al 31/5/08, respecto de las mercaderías sometidas a las conflictivas retenciones móviles.
Antes de referirnos a las conclusiones vale la pena aclarar previamente algunas cuestiones:
- Que los exportadores de granos tienen el cuestionable privilegio de poder presentar anticipadamente declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) y congelar tanto la alícuota del Derecho de Exportación (retenciones) como el valor FOB declarado.
- Que a fines del año pasado, los exportadores contaron con información privilegiada que se iban a aumentar las retenciones, como efectivamente sucedió con la Resolución 389 del 11/9/2007. En función de ello, anticiparon DJVE ficticias por cifras desproporcionadas en relación a los niveles históricos.
- Que en ese contexto, la abrupta suba internacional de precios de este año descalzó a los exportadores, quienes necesitaron entonces de medidas tendientes a que los precios internos de los granos volvieran a ser planchados en los niveles del año pasado. Esto lo consiguieron con las retenciones móviles de la resolución 125.
- Que de esta manera, con alícuotas congeladas por las DJVE y precios planchados por las retenciones móviles, los exportadores pueden consumar un gigantesco negociado, que puede reportarles hasta US$ 100 por tonelada adicionales, cuando lo usual en la intermediación es de US$ 2 la tonelada. El Gobierno nacional no puede desconocer esta situación, por su propia responsabilidad, y por las denuncias públicas y en el Parlamento que se formularon oportunamente.
- Que también los exportadores tienen la ventaja de contar con una Aduana “ciega, sorda y muda”, que a pesar de que en todos los medios especializados y no especializados se difunde que las retenciones son un porcentaje del valor FOB, la mayor parte de ellos se liquida por debajo de ese valor. En efecto, desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 permisos de embarque hemos detectado que la base imponible sobre la que se calculan los derechos de exportación es inferior al valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 permisos donde la base imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Por esta diferencia entre el valor FOB y la base imponible disminuida estimamos una pérdida de ingresos adicionales de US$ 283 millones para el período del 1/01/07 al 9/11/2007
- Que nos tomamos el trabajo de comparar los precios que los exportadores liquidan en la Aduana y los que figuran en su página web (www.ciara.com.ar), sacando la conclusión de que las diferencias en contra del fisco alcanzan a otros US$ 1.624 millones en el período del 1/1/2007 al 31/5/2008.
Preguntas con respuestas. En definitiva, nos preguntamos qué hubiera sucedido –o qué puede llegar a suceder– si el Estado en vez de estar al servicio de un hiperconcentrado grupo de empresas transnacionales exportadoras, estuviera al servicio de la producción nacional y de los intereses nacionales y populares.
Pero vayamos punto por punto:
A) ¿Cuánto ha recaudado de más el fisco desde el dictado de la Resolución 125/08 de retenciones móviles? ¿Cuánto se podrá destinar al Fondo de Redistribución, para hospitales, viviendas y caminos rurales?
La respuesta es que por ahora, nada. Y es muy probable que en el futuro, tampoco. Esta respuesta surge porque los 1.479 permisos de embarque correspondientes al complejo soja autorizados desde el 13/03/2008 a la fecha totalizaron US$ 2.511 millones de valor FOB, habiéndose liquidado por ellos casi US$ 574 millones de derechos de exportación, lo que equivale sólo a un 22% sobre el valor FOB.
Estas cifras están muy por debajo del piso del 35 por ciento necesario para financiar el recientemente anunciado programa de redistribución social (decreto 904/2008). Por lo tanto, este programa no cuenta por el momento con ningún fondo porque los exportadores están liquidando los derechos de exportación con las alícuotas congeladas a un año atrás, o más, por efecto de las declaraciones juradas de venta al exterior.
B) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara la alícuota de exportación vigente en cada momento; y no las congeladas mediante las DJVE?
Respuesta: el total exportado desde el dictado de la resolución 389 de noviembre pasado (que elevó la alícuota para la soja del 27,5 al 35 por ciento) asciende hasta el presente a unos US$ 12.547,6 millones y el total recaudado por derechos de exportación fue de US$ 2.917 millones. Esta cifra es notablemente inferior a los US$ 4.233 millones que debería haber recaudado el fisco si se computaran al momento del despacho de aduana las alícuotas vigentes por derechos de exportación; y no las congeladas por DJVE fraudulentas.
Se asume que los exportadores descuentan al productor el derecho de exportación vigente y liquidan a la Aduana el derecho de exportación (DE) congelado mediante la DJVE. En esta hipótesis, la diferencia a su favor que habrían embolsado los exportadores es de US$ 1.316 millones desde la vigencia de las Resoluciones 369/07 y 125/08.
C) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se le aplicara como base imponible el valor FOB; y no una cifra menor como sucede en la mayoría de los casos?
Respuesta: desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 permisos de embarque se ha detectado que la base imponible sobre la que se calculan los derechos de exportación es inferior al valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 permisos donde la base imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Conclusión, el exportador liquida como quiere.
Como en la respuesta anterior ya se incluye implícitamente este cálculo hasta el 9/11/07, sólo se debe adicionar el cómputo de las diferencias entre la base imponible y el valor FOB desde el 01/01/2007 al 9/11/2007. Esto representa US$ 283 millones más a favor de los exportadores.
D) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara similares al precio vigente internacionalmente; y no el congelado mediante DJVE?
La respuesta es que si comparamos los precios internacionales de las mercaderías, tal como lo consigna la Cámara de Industria del Aceite de la República Argentina (CIARA), que reúne a los más importantes exportadores de cereales, con el precio promedio a que se han declarado los permisos de embarque, se llega a la conclusión de que al menos éstos deberían ser un 24 por ciento superiores.
Si consideramos el menor porcentaje del 24% correspondiente al grano de soja posición arancelaria 12.01.00.90, para todo el período analizado 2007 a la fecha, esta merma en el valor del precio FOB liquidado implica una reducción en los ingresos fiscales de al menos US$ 1.624,4 millones.
Este importe surge de la suma de los derechos que se deberían haber recaudado en ambos períodos considerados (4.233.220.895 + 2.535.060.159) para luego aplicarle el 24%.

Mario Cafiero. Diputado nacional (mc). Trabajo realizado junto a Javier Llorens.

Las razones de una caída inédita.

El derrumbe de la imagen positiva de Cristina Kirchner en apenas cinco meses es uno de los datos centrales de la crisis política que atraviesa la Argentina. Existen antecedentes comparables en los últimos 25 años, pero están vinculados con episodios severos como la hiperinflación, los saqueos y las corridas bancarias. Una caída de la imagen presidencial de esta magnitud en tiempos de relativa bonanza es un hecho inédito en la historia de la democracia recuperada en 1983. Tal vez por esa razón debe procederse con cuidado al momento de analizar las causas.

En primer lugar, hay que considerar que la caída de la imagen presidencial no constituye un dato aislado. Es el más pronunciado, pero no el único. En los tres meses del conflicto con el campo han descendido bruscamente la confianza en el Gobierno, las expectativas respecto del futuro del país, la predisposición al consumo y, en general, la imagen de todas las figuras vinculadas al Poder Ejecutivo, entre ellas la de Néstor Kirchner. Se trata de un síndrome, no de un único síntoma.

En segundo lugar, debe computarse que el retroceso de la imagen presidencial no se inició, sino que se agravó, con la crisis del campo. Cristina venía cayendo desde antes. Poliarquía registró un descenso significativo, de 8 puntos porcentuales, entre febrero y marzo, atribuible a la inflación. El aumento de precios se había convertido para entonces en uno de los problemas que más afectaban a la población.
En tercer lugar, factores heredados del gobierno de Néstor Kirchner también incidieron. Desde 2006 se verificó un creciente rechazo hacia el estilo beligerante y poco cuidadoso de las instituciones empleado por los Kirchner. Se incrementó, además, la percepción de poca transparencia y de desconfianza en los actos de gobierno. Esto provocó el lento drenaje del apoyo de las clases medias, ya insinuado por los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado.

En cuarto lugar, hay que considerar que Cristina fue impuesta como candidata presidencial por una decisión sólo consensuada con su marido. La sombra de esta designación se refleja ahora dramáticamente: frente al conflicto con el campo, más gente cree que Néstor Kirchner influye decisivamente en el rumbo del Gobierno, opacando el relieve que le corresponde al rol presidencial. Este no es un dato menor a la hora de explicar lo que le ocurre a Cristina.

El examen de estas razones no es suficiente, sin embargo, para dar cuenta del colapso de la Presidenta. Hay que sumar el peso de los rasgos personales, gestuales y argumentativos que pone en juego a la hora de comunicarse con la sociedad. Un repaso del balance de virtudes y defectos que la opinión pública le asigna indica que la soberbia y la agresividad prevalecen sobre el coraje y la inteligencia. Estos defectos, atribuidos a la personalidad de la Presidenta, han desempeñado un papel relevante para explicar las reacciones adversas que cosechó en los últimos cien días.
Con este desgaste, Cristina debe enfrentar un fenómeno nuevo en su carrera y en la de su marido: un poder que los desafía y un descontento que los cerca. La lógica de los Kirchner ha sido imponer sus razones y, en última instancia, su poder. La irrupción de fuerzas de choque ante la impotencia por recuperar el terreno frente al campo es una respuesta condicionada que ha hecho mucho daño a la imagen de la Presidenta. Pero ahora las relaciones de fuerza han cambiado.

Si atendemos a la opinión pública, es tiempo de escuchar, no de atropellar. De convencer, no de vencer. De distender, no de enervar. Y de alcanzar el consenso, porque los sesgos ideológicos y las manipulaciones de la memoria sólo sirven a la división. ¿Puede recuperarse la imagen de Cristina Kirchner? Si se corrigen los defectos y se acrecientan las virtudes, estimo que sí. La mejora económica de estos años y una oposición aún no consolidada mantienen el crédito abierto todavía.

Eduardo Fidanza. Director de Poliarquía Consultores

Nadie hizo tanto por dividir el país.

La crisis argentina sólo retrocedió un paso para avanzar dos: Cristina Kirchner rompió relaciones de hecho ayer con la dirigencia agropecuaria, un día después de haber accedido al pedido rural para que el Congreso tratara las retenciones. El extenuante y destructivo conflicto, que lleva ya cerca de 100 días, se agravó seriamente tras esas palabras de furia presidencial en la Plaza de Mayo. Los “cuatro señores a los que nadie votó”, como llamó a los dirigentes de las entidades rurales, quedaron en la intimidad fulminados por la aflicción y el fastidio luego de escuchar a la Presidenta en su discurso más agresivo y rupturista desde que ocupa la Jefatura del Estado. Pocas horas después, esa cólera de los ruralistas tomaba cuerpo con una ampliación del paro vigente hasta ayer y con un llamado a un virtual estado de asamblea permanente de los campesinos. "Pedimos que nos respeten", le devolvieron a la primera mandataria. La crisis ha escalado, en definitiva, algunos peldaños más desde la áspera tarde de ayer.

Los gobiernos se dedican, por lo general, a resolver problemas y no a organizar actos. Sin embargo, el kirchnerismo gasta desde hace tres meses más tiempo en preparar movilizaciones de adeptos que en solucionar las conflictos. El acto de ayer se programó para confrontar con movilizaciones del campo programadas para el mismo día que luego se suspendieron. Terminó siendo, implícitamente, una respuesta a los masivos cacerolazos del lunes.

¿Qué problemas se resolvieron ayer luego de que se llenara la Plaza de Mayo con personas movilizadas por intendentes del conurbano y por los sindicatos? Hubo muchas personas y muchos colectivos para trasladarlas. Algunos asistentes mostraron de manera tan patética su falta de entusiasmo político que abandonaron la histórica plaza antes de que la Presidenta terminara su discurso. Los pocos y raleados aplausos que hubo para esa oración presidencial indicaron también que muchos no sabían por qué estaban ahí.

El problema más serio que está creando está conducción de la crisis es una seria fragmentación de la sociedad. Ningún gobierno desde la restauración democrática ha hecho tanto como el de los Kirchner para dividir a la sociedad entre sectores medios y pobres. No puede -ni debe- ocultarse la clara diferencia social que existe entre los que protagonizan las marchas de ruralistas, o los cacerolazos en las ciudades, y las multitudes de personas que moviliza el kirchnerismo desde las regiones más pobres.

La Argentina es un país que se construyó sobre las bases de la movilidad y la integración sociales. La división de la sociedad entre sectores de distinta extracción económica tiene un nefasto precedente en la Venezuela de Hugo Chávez. La Presidenta fracciona la sociedad hasta cuando hace su particular lectura de la historia. Creíamos, hasta ayer, que los actuales problemas argentinos se originaron hace 50 años. Cristina Kirchner lo corrigió en su discurso de la víspera: los conflictos del presente empezaron con el Centenario; es decir, hace casi 100 años, cuando, en verdad, se echaron los cimientos de la prosperidad argentina. Pero ¿qué tienen que ver los gobernantes de hace un siglo con la carencia de combustibles de hoy, con la inflación o con las retenciones de Martín Lousteau? Nada. Esa referencia sirvió sólo para perder el tiempo.
Esa versión parcial y descontextualizada de la historia la llevó también a vituperar sin sentido a la década del 90. El gobierno de esa década fue frívolo, insensible y con grandes dosis de corrupción pública, pero las retenciones se eliminaron por otros motivos. Simplemente, los precios de las materias primas estaban entonces al nivel del zócalo y las retenciones no tenían razón de ser.

La única alusión al diálogo con los ruralistas que hizo Cristina Kirchner fue para patearlo hasta el Bicentenario; faltan todavía dos años para ese aniversario y las góndolas están vacías aquí y ahora. Hizo una sola alusión a la clase media, para pedirle implícitamente que no lea los diarios ni vea la televisión, pero es evidente que los valores de esa plaza no son los valores clásicos de los sectores medios. El Gobierno se aísla cada vez más en el reducido aparato del peronismo, en lo que Néstor Kirchner llamaba despectivamente "el pejotismo".

Definitivamente, el matrimonio presidencial está convencido de que lo quieren echar del poder. La denuncia de golpismo sobrevoló ayer casi todas las palabras de la Presidenta, como lo había hecho el día antes en la particular conferencia de prensa de su marido. Pero la pareja gobernante está segura, al mismo tiempo, de que la victoria da derechos. De un lado está "el gobierno que ganó" y del otro "las corporaciones". Es el poder lo que se juega, y en ese juego no existe, para ellos, la política. La democracia como un sistema de vida (del que forman parte el diálogo, la negociación y el consenso con partidos opositores y con sectores disconformes) es un concepto abstracto e inasible para los Kirchner.

La Presidenta llegó a vincular la protesta rural y los cacerolazos con los golpes de Estado y con la cultura que creó la pasada dictadura, dijo. Esos movimientos sociales contestatarios de ahora están poblados de jóvenes que nunca vivieron en dictadura. Cualquier cultura se agota con el paso del tiempo y la Argentina vive en democracia desde hace 25 años. Sólo la obsesiva mirada en el pasado puede provocar tanta desorientación sobre las conflictivas cosas del presente.

Podrá decirse que todos los políticos se van de boca en una tribuna y que eso les pasó también a los dirigentes rurales en el acto de Rosario el 25 de Mayo, manifestación cuya magnitud el Gobierno no ha podido digerir aún. Pero la palabra de la Presidenta no puede compararse con los resbalones verbales de Alfredo De Angeli.

Si, en todo caso, se trataba de un discurso que se calentaría con el fuego de la multitud, ¿para qué ordenó entonces que la cadena nacional de radio y televisión transmitiera en directo su arenga de rupturas y demonizaciones? La cadena nacional se ocupó en dos días seguidos de Cristina Kirchner. Bill Clinton suele decir que los políticos hablan con la poesía y gobiernan con la prosa. Un problema insoluble y peligroso aparece cuando hablan y gobiernan sólo con la poesía de los héroes.

Joaquín Morales Solá

Un retroceso vestido del ritual de la victoria.

Los masivos cacerolazos de anteanoche fueron una construcción mediática. La Sociedad Rural movilizó caceroleros en Flores, Lugano, La Matanza y Quilmes. Las retenciones a la soja son una medida ideal, y la única, para frenar la inflación del costo de los alimentos. Brasil, Chile y Uruguay se parecen al infierno comparados con el paraíso kirchnerista de la Argentina. Las sangrientas luchas del trágico pasado argentino constituyen la única explicación a los problemas del presente... El matrimonio presidencial redujo ayer a esos conceptos, notables por su grado de aislamiento, la profunda crisis política, social y económica por la que atraviesa la Argentina. Cristina Kirchner salvó las cosas del ridículo, entre tanto desvarío mutuo con su esposo, cuando anunció el envío al Congreso de la decisión sobre las retenciones. Retrocedían envueltos en las banderas de una revolución que nunca hicieron y con la impronta de un ejército vencedor que, en rigor, se estaba replegando. El tratamiento legislativo de las retenciones es un viejo reclamo de las entidades agropecuarias. Adiós, entonces, al aumento de las retenciones tal como se lo conoció el 11 de marzo último. El PJ está en estado de deliberación interna, a pesar del paisaje de tranquilidad partidaria que pintó ayer Néstor Kirchner, como para que el oficialismo pueda contar sin esfuerzo con los votos que necesitará la ratificación a libro cerrado de aquel aumento de las retenciones. La decisión tiene el claro objetivo de conservar dentro del redil de la disciplina oficial al vicepresidente, Julio Cobos, que amenazaba con hacer su propio camino, y a muchos gobernadores y legisladores peronistas que protestaban ya en voz alta por la conducción cerrada, inconsulta e inapelable de la crisis por parte de los Kirchner. Esa medida casi desesperada para fugarse del laberinto tendrá un efecto económico claro: probablemente, la mayoría de los cereales seguirán, más allá de la decisión de las entidades rurales, sin comercializarse. Muchos productores no entregarán ahora sus cosechas porque sencillamente saben cada vez menos cuánto terminarán pagando en concepto de retenciones. La convulsión social desatada tras el conflicto con el campo los lleva a creer, además, que las retenciones tienen más posibilidades de bajar que de conservar el aumento dispuesto en su momento por el entonces ministro Martín Lousteau. El conflicto, en su médula más dura, no ha concluido. Ni Néstor ni Cristina Kirchner hicieron alusiones directas al fenómeno de los cacerolazos del lunes. Ignorar una manifestación social de esa magnitud es una pésima receta política. Las referencias indirectas que hicieron se limitaron a culpar de la sublevación social a Cecilia Pando, a la Sociedad Rural y a los medios. Dejemos a la señora Pando a un lado, porque deberíamos analizarla de otro modo si por sí sola fuera capaz de promover semejante levantamiento de la sociedad. Sólo la paranoia política fue capaz de agrandar de esa manera a un adversario ciertamente menor. Pero ¿no era Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural, el "dirigente más racional", según lo dijo muchas veces el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández? Entramos en el terreno de la ideología. Es más fácil hablarles a las módicas bases sedientas de venganza de la Sociedad Rural que de la Federación Agraria cuando se trata de individualizar a un enemigo. Los dos Kirchner han recurrido ayer a un discurso divisionista e ideologizado de la sociedad, separando a "oligarcas y populares" o a "estancieros y pobres". Ellos también (o él más ella) habían promovido en los últimos días momentos de extrema tensión entre sectores sociales. En la misma noche del lunes, sólo cinco o seis cuadras separaron a los caceroleros espontáneos de las organizaciones kirchneristas apostadas en la Plaza de Mayo. Néstor Kirchner cree que esos caceroleros son facciones políticas movilizadas a propósito para desestabilizar a su esposa. "El caceroleo no fue espontáneo", se ufanó ayer. Es perceptible una sociedad crispada y dividida. Ayer, en un bar céntrico, casi lincharon a un parroquiano que intentó un tímido aplauso al discurso de la Presidenta. Sólo la inmediata reacción pacificadora de los mozos evitó que los hechos terminaran en sangre. Sabemos que la Argentina tiene un pasado amargo, en el que no faltaron las muertes injustas, el autoritarismo de gobiernos elegidos, el militarismo, la acción violenta y sanguinaria de grupos insurgentes y una represión ciega e ilegal. Todo eso es cierto. Pero los problemas urgentes de la Argentina están en su presente y no en su pasado. Los Kirchner no pueden, definitivamente, abandonar el liderazgo épico, ni la emergencia, ni la recurrencia a una visión sesgada de la historia. La normalidad no les sienta bien ni les resulta cómoda. El propio Néstor Kirchner confundió a vastos sectores sociales con un grupo reducido de enemigos, que, por lo tanto, merecen ser batidos en un campo de batalla. En eso se pareció demasiado al discurso del día anterior de su "amigo" (la calificación pertenece al ex presidente) Luis D Elía, con quien aceptó sólo el disenso por el trato a Irán. Reconoció, al mismo tiempo, que tienen visiones parecidas para salir en "defensa de la democracia". El discurso de Kirchner fue, en última instancia, una versión más prolija de la conferencia de prensa de D Elía el día anterior. D Elía espanta al peronismo. Gobernadores tan cercanos al kirchnerismo como el sanjuanino José Luis Gioja habían adelantado que nunca irían detrás del piquetero y jefe de las fuerzas de choque del kirchnerismo. Kirchner debió ayer correrlo del medio a D Elía para poder seguir con el acto de hoy. Cada acto del kirchnerismo se ha convertido en un retroceso vestido del ritual de la victoria. Primero echaron mano a las modificaciones del decreto de las retenciones; luego sucedió el anunció público de Cristina Kirchner sobre el destino que le darían a la diferencia de recursos entre las retenciones que había y las que hay, y ayer debieron recurrir al Congreso, cuando se sabía que ése era un ámbito al que no querían ir. De igual modo, el ex presidente debió tomar distancia de las llamadas organizaciones sociales (que no son, en algunos casos, más que ex piqueteros dispuestos a recurrir a la fuerza) para conservar la adhesión, aunque fuera simbólica, de los principales dirigentes del peronismo. Esposa y marido dedicaron la mitad de sus discursos de ayer a vapulear a la prensa como el instrumento maléfico de sus desgracias políticas. Cristina fue más prolija que Néstor, como Néstor fue más prolijo que D Elía. Las ideas que subyacen son las mismas. El ex presidente dio la primera conferencia de prensa formal de su vida, pero permitió pocas preguntas, maltrató a los periodistas y en algunos casos los ninguneó. "Sé para qué lo mandan a preguntar eso", le respondió a un periodista; no entiende el periodismo sino como un colectivo de ganapanes al servicio de unos pocos dueños de medios. Por su lado, la Presidenta se quejó porque el periodismo no elogia su decisión de no firmar, hasta ahora, ningún decreto de necesidad y urgencia. Vale una aclaración entre tanta confusión: el periodismo pierde su razón de existir cuando deja de ser crítico.

Joaquín Morales Solá

Para analizar sin prejuicios: test de inteligencia.

Cierta gente bien intencionada, y progresista cree sinceramente en el "relato" del oficialismo, según cual lo que ha ocurrido en la Argentina en estos últimos dos meses es una reedición de un viejo conflicto entre un gobierno popular que pretende distribuir la riqueza y los sectores del privilegio que, ante tal amenaza, intentan derrocarlo o, al menos, debilitarlo. Es una percepción posible, como tantas otras. Por momentos, llama la atención el tono apodíctico con que se la proclama, tan típico de estos tiempos: como si tal cosa fuera un obviedad que no requiere demostración. Para que esta visión tenga algún tipo de asidero, de vínculo con la realidad, debería sobrevivir al test que se propone en los párrafos que siguen. Son sólo diez preguntas que se responden por sí o por no. En caso de que seis de ellas obtengan una respuesta positiva inmediata, esa percepción –la del conflicto entre el gobierno popular y la oligarquía golpista– puede ser confirmada. En caso de que las respuestas positivas no superen la mitad, entonces habrá que rever esa percepción y, con ella, gran parte de las conductas y juicios que surgen de ella.
Una mera cuestión matemática. A saber:
1.- ¿Sabía el Gobierno sobre qué universo aplicaba las retenciones móviles, es decir, si eran todos piquetes de la abundancia, como se dijo al principio, o en el medio había, digamos, grosso modo, un pequeño ochenta por ciento de productores que sólo poseen el 20 por ciento de la tierra, como dijo después la misma Presidenta?
2.- ¿Conocía el Gobierno cuál era la rentabilidad real de todos los productores, discriminados por zona, producto y extensión de la tierra antes de aplicar las retenciones móviles?
3.- ¿Aplicó en estos cinco años el Gobierno una –al menos una– medida para defender a los pequeños y medianos productores frente a las multinacionales exportadoras o a los grandes intermediarios?
4.- ¿Hubo alguna medida en todos estos años –al menos una– para evitar que el control de precios sobre la carne y la leche empujara a muchos productores a correrse hacia la soja?
5.- ¿Se pensó seriamente cómo impulsar el desarrollo ganadero y lácteo –dados los excelentes precios internacionales de esos productos– al tiempo que se controlaban los precios internos?
6.- ¿Se aplicó alguna medida –al menos una– para distribuir mejor la propiedad de la tierra?
7.- ¿Contempló el Gobierno previo a las medidas el aumento de los fletes, los agroquímicos y las semillas?
8.- ¿Hay una política integral para el sector agropecuario, que exceda el sostenimiento del dólar alto para impulsar las exportaciones y las retenciones para recaudar y contener los precios internos?
9.- ¿Agotó el Gobierno todas las instancias de diálogo, es decir, de ejercicio de la acción política para tener un diagnóstico sobre cuál podía ser la reacción del sector, y contenerla –en la medida de lo posible– privilegiando alianzas con los más cercanos –que deberían ser los más débiles– para aislar a los más lejanos?
10.- ¿Es mala la relación del Gobierno con los sectores más concentrados del campo, léase el grupo Irsa –uno de los mayores terratenientes de la provincia de Buenos Aires, que le presta a Néstor Kirchner sus oficinas de Puerto Madero–, o Aceitera General Deheza –uno de los mayores terratenientes de Córdoba, cuyo titular es senador nacional por el kirchnerismo y tenía un hombre propio repartiendo los subsidios de los que era beneficiario– , o Eduardo Eurnekian –uno de los principales terratenientes del Chaco, que periódicamente le presta su avión privado a los Kirchner–?
Uno puede no querer pensar y está en todo su derecho. Al fin y al cabo, no hay por qué complicarse la vida. Los buenos son buenos siempre, los malos son malos siempre. Es cómodo. Gran parte de la historia del pensamiento humano está marcada por el refugio en la comodidad, y el progresismo no ha sido, en general, la excepción, sino todo lo contrario. Pero si alguien tiene interés en cuestionar los propios preconceptos, debe hacerse esas preguntas y apelar a la matemática. Si la respuesta a la mayoría de ellas –si no a todas– es negativa, o dudosa, entonces, más allá de la complejidad de lo ocurrido en marzo y de la cantidad de actores que se acumularon de un lado y del otro, lo cierto es que el origen del conflicto fue una serie de malas medidas de Gobierno, la última de las cuales fue la aplicación de las retenciones móviles.
Es decir: no fue una reacción frente al legítimo intento de un gobierno popular de afectar intereses concentrados, sino frente a una mala medida. El Gobierno tiró al voleo, afectó a sectores relativamente débiles, que ya venían siendo golpeados, y éstos reaccionaron: el conflicto estalló por la reacción del ochenta por ciento que tiene sólo el veinte por ciento de la tierra; sin ellos, no hubiera tenido ninguna legitimidad ni efectividad. Es, simplemente, un Gobierno que, en este caso, gobernó mal y al que le ocurrió lo que, a veces, le pasa a los que hacen mal las cosas: encuentran un límite.
Es difícil percibir otra cosa si uno vuelve al test con que comienza esta nota.
Se equivocó el Gobierno: hasta ellos lo admiten hoy.
Y, entonces, la pulseada con la oligarquía queda más difusa.
La protesta juntó increíblemente a personalidades tan disímiles como Víctor De Gennaro y José Miguens, de la misma manera que la resistencia a Carlos Rovira, en Misiones, juntó al obispo Piña con Ramón Puerta.
Algunos habrán protestado por las mejores razones y otros por las peores.
Pero reducir el episodio –sobre todo cuando la política oficial fue desafortunada– a una reacción golpista y oligárquica, es una estupidez o un mero acto de marketing para esconder lo que realmente pasó (y pasa).
Y si la contradicción "pueblo-oligarquía" no fue el eje que permite interpretar el conflicto, todas las caracterizaciones que devienen de esa idea se tornan vacías –los insultos que, por ejemplo, se derramaron contra la Federación Agraria, los dirigentes regionales, o contra muchos periodistas honestos y valientes que en los años noventa denunciaban al menemismo mientras los K. lo apoyaban, indulto y entrega del petróleo incluidos.
Ahora bien, un intelectual, un lector, un militante, un heladero, pueden refugiarse en conceptos cómodos, disparar contra los generales multimediáticos, repetir mecánicamente que el Gobierno quiere afectar intereses o distribuir el ingreso, sin necesidad de juntar datos que los fundamenten.
Al fin y al cabo, el aire es gratis.
Cuando lo hace un gobernante, es más peligroso. Si se admite el error, es fácil desandar el camino. Se negocia, se destraba, se arregla lo que se rompió. Y la vida sigue. Tanto margen tiene el Gobierno –es tan buena la situación macroeconómica, tan débil la oposición, hay tanta mayoría parlamentaria– , que no pasaría nada si admitiera alguna equivocación alguna vez. La gente se equivoca, los gobiernos también. Y no pasa nada. Se serenarían los ánimos, la gente volvería a sentir que está viviendo en una época de paz y relativa prosperidad. Y, lentamente, todo volvería a la normalidad. Hasta crecería Cristina en las encuestas. En cambio, la persistencia en el error, en la paranoia, en los preconceptos cristalizados, fuerza al disparate. Empiezan los gritos, las acusaciones de golpistas, incendiarios, avaros contra los que protestan, se organizan manifestaciones, se señala como enemiga "casi cuasimafiosa" a una caricatura, se emprende una confusa –muy confusa– guerra contra los "generales multimediáticos" , se vuelve a gritar, se pone en acción a Hugo Moyano y se envía a Luis D'Elía a romper una manifestación disidente cuerpo a cuerpo.
Se enrarece el clima y se abre la caja de Pandora, pero no para afectar intereses: porque sí.
Es, otra vez, una cuestión matemática.
Todo gobierno tiene enemigos crueles e impiadosos. Con más razón, entonces, sería aconsejable gobernar bien, no aturdir cuando uno se equivoca, no emprender proyectos extravagantes y multimillonarios sin tomarse el trabajo de explicarlos, no tomar medidas que embloquen –como el respaldo a las patoteadas de D'Elía–, no confundir caricaturas con amenazas cuasimafiosas, no guardar plata negra en los baños, no construir gasoductos con sobreprecios, percibir diferencias cuando las hay entre enemigos y gente que simplemente duda y, sobre todo, si se toman decisiones que afectan a un sector, tener mínima información de lo que ocurre entre los afectados.
Se trata, apenas, de gobernar como corresponde, agredir menos, ser amable, no mentir, aceptar errores, enmendarlos.
Si eso no ocurre, en algún momento –alguna gente cree que ya ha comenzado a ocurrir– la cantilena de la derecha, el golpismo y la oligarquía empezará a cansar hasta a los propios, que lentamente percibirán sus grietas.
Hasta los más cercanos, los que ya se impacientan porque el Gobierno no les dicta claramente lo que tienen que pensar, descubrirán que muchas veces se utiliza la "contradicción pueblo-oligarquí a golpista" como un intento de manipulación y una cortina de humo frente a los graves defectos de las políticas oficiales. Y lo peor es que se transformará en un "relato" no creíble, aun cuando en algún caso hipotético haya una real conspiración en marcha.
O quizá no.
Quizá estemos realmente ante un golpe de Estado oligárquico contra el gobierno popular.
¿Qué hace entonces Víctor De Gennaro tan mal parado?
¿Y qué hacen Aceitera Deheza, Omar Viviani, Gerardo Martínez, Aeropuertos, Eskenazi, el Banco Macro, British Petroleum, Martín Redrado, SanCor y Techint del lado de los buenos?
¿Serán las famosas contradicciones del campo popular?
¿No suena hasta un poco gracioso sostener eso?
¿No parece demasiado reñido con las matemáticas?

Ernesto Tenembaun

El Gobierno se vuelve a equivocar.

Impropia fue la forma elegida por la Presidenta para convocar, el jueves pasado, a los representantes de los productores para concurrir al diálogo.
Solo la generosidad de quienes respondieron al llamado y la enorme expectativa abierta para la ciudadanía toda que siguió con atención el desarrollo de la reunión, lograron disimular ese error genético.
No había sido ni serio ni formal, ni sincero. Y por eso fracasó.
El acto partidario-peronista en Parque Norte, convocado por su marido el ex presidente, fue el ámbito desde el cual la Sra. de Kirchner invitó a concurrir a la Casa de Gobierno, anunciando que sus puertas “están abiertas”.
Es bueno que en la Argentina iluminen las luces y resuenen los bombos de una activa vida partidaria. Que los partidos apoyen sus gobiernos y los nutran de respaldo popular. Pero es malo que sirvan para encubrir los malos pasos o para sostener la soberbia y la prepotencia de los que no se animan en soledad a hacer lo que les permite la inmunidad grupal.
No pudo ser más imprecisa la convocatoria. Ni menos sincera. Si hizo falta el escenario con ese enorme palco en el que entraron todos, es porque se buscaba montar una imagen de fortaleza que envalentonara a los funcionarios del Gobierno frente a una movilización popular que para ese momento, no solo era imparable –extendida ya a todo el territorio nacional, incluidas las grandes urbes- sino extraordinariamente potente por su capacidad de motorizar (o detener) el país.
Se había llegado a ese punto con una serie de errores acumulados, en especial, por la inconsistencia de la medida sancionada el 11 de enero, sin que se hubiera valorado su impacto ni se pudieran justificar sus razones.
Y con las mismas imprecisiones y falacias, se impulsó a la Presidenta en su discurso del día martes pasado a provocar un enfrentamiento clasista ficticio cuando los principales afectados por la decisión habían sido justamente los que menor capacidad de resistencia tienen dentro del sector, los pequeños productores, los peones rurales y también los comerciantes de pequeñas poblaciones del interior que viven a expensas del gasto de supervivencia que aquellos realizan en ese mismo lugar.
Los agravios vertidos en ese discurso solo pueden encontrar su base en el desconocimiento total de quienes escriben la medida detrás de un escritorio sin haberse encontrado nunca de cara a lo que el campo significa para la Argentina, claramente un país agropecuario y que, por ende, debe cuidar como nadie, la base principal de su economía doméstica. Pero fue, sin duda, la voracidad fiscal la que primó frente a la oportunidad abierta por condiciones de las que la Nación no ha gozado en muchísimos años, sin advertir que siempre, el comportamiento del presente, nos condena o nos impulsa a las consecuencias del futuro.
La producción agropecuaria brinda identidad a los argentinos que habitan un territorio tan extenso como diverso. Por eso, el grito de demanda ha provenido de los rincones más alejados y ha encontrado la solidaridad de quienes valoran la tierra en su justa dimensión, no solo porque la trabajen, o la posean, porque de ella obtengan sus frutos directos, o tan solo porque reconocen que no hay posibilidades de dignidad si se rompe el vínculo con ella.
De ahí también la enorme dificultad que afronta el Gobierno para encontrar apoyo en aquellos de su mismo partido que gobiernan comunidades del interior cruzado hoy por la protesta de sus productores. Porque la política del Gobierno afecta profundamente el federalismo, que ellos llevan allí acuñado desde las luchas libertarias.
Debería saber la Presidenta que no es el género su mayor debilidad frente al conflicto, sino el desconocimiento propio o de su equipo frente a lo que corresponde hacer. Y que no necesitaría del acto peronista para plantarse si su decisión fuera justa.
Vuelve ahora el Gobierno a equivocarse. Solo el desconcierto de la sinrazón puede llevarlos a convocar un acto en la Plaza de Mayo para demostrar apoyo “al gobierno nacional y popular”. Ninguno de los demandantes, de los manifestantes, ni siquiera nadie de los más firmes opositores al Gobierno, ha puesto en vilo la autoridad presidencial, su legitimidad electoral, ni la necesidad de darle toda la fortaleza suficiente para una buena gestión.
El acto convocado será una nueva demostración de fuerza y provocación, que esconde la falta de voluntad para reconocer y rectificar las medidas equivocadas. Como si la cantidad de asistentes pudiera demostrar razones. Al contrario, la falta de ellas es la que lo impulsa.
Este Gobierno ha estructurado su poder político en el manejo del dinero, en la disposición centralizada, arbitraria y discrecional de los recursos públicos y por eso no dará marcha atrás en su política de recaudación y acumulación, aunque nada de lo que aportan hoy las provincias y sus pobladores vuelva a ellas para que puedan soñar con que las excelentes condiciones económicas aseguren un desarrollo equitativo y sustentable para todos.
Lo único que se exige al Gobierno es humildad para el diálogo honesto y la discusión abierta de las mejores políticas para los argentinos. Ellos insisten con una respuesta equivocada.

Margarita Stolbizer

El verdadero mensaje de las cacerolas.

Habían olvidado el miedo. Ese miedo que las cacerolas habían instalado en los gobernantes desde fines de 2001 hasta bien entrado el gobierno de Néstor Kirchner, cuando ya transcurría el 2004. Las cacerolas volvieron anteanoche, sorpresivas y autónomas, y, seguramente, también volvió el miedo en la cima que alberga a los que gobiernan. Las cacerolas son temibles en la Casa de Gobierno, pero lo son más aún cuando golpean las puertas de Olivos. Ocurrieron ambas cosas. Sólo ese miedo probable y la soledad política pueden explicar, al mismo tiempo, que el Gobierno le haya ordenado a Luís D’Elía salir con su fuerza de choque para enfrentar la rebelión de las cacerolas. D’Elía no haría nunca lo que hizo –ir de la provocación de las palabras a la violencia de los hechos– sin una indicación precisa del vértice mismo del poder. Pero la imagen del líder piquetero que daba puñetazos de ciego, con el pecho descubierto, fue también una imagen patética de la soledad política del Gobierno. La administración carecerá siempre de aliados posibles, políticos o sociales, si sus defensores son D’Elía y el jefe cegetista, Hugo Moyano. Y los dos han rodeado al Gobierno en los últimos días para protegerlo de la mayor sublevación social que haya vivido el poder desde la Navidad de 2001. ¿Qué llevó a la gente común a salir a la calle? ¿Acaso sólo la adhesión a la protesta de los productores por el inconsulto y vasto aumento de las retenciones a las exportaciones? ¿Fue la oligarquía argentina la que se congregó en Villa Crespo, en la provincia de Misiones o en el Monumento a la Bandera, en Rosario? ¿Pertenecen a ese exclusivo club los campesinos que llevaron sus tractores a las rutas? La lectura de lo que está sucediendo merece una mirada más fina y penetrante que la que surge de las opiniones públicas de los gobernantes. El Gobierno cometería un error político imperdonable si buscara líderes o guías del fenómeno de las cacerolas en la calle. No se puede negar, por otro lado, que los dirigentes rurales están desbordados. También lo están muchos gobernadores, presionados a su vez por los intendentes de sus provincias, que son, al fin y al cabo, los que conviven todos los días con los productores indisciplinados. Una suerte de decapitación colectiva sucedió en el interior e involucra tanto a funcionarios políticos como a dirigentes sociales. El malhumor de los centros urbanos encontró -es cierto- un eje en la protesta del campo, el único sector social en condiciones de sublevarse a un gobierno que hizo de la obediencia política un dogma. Pero aquel malhumor no se había fundado en las retenciones a las exportaciones. Reconoce otras razones: la inflación, las mentiras sobre la inflación, el incipiente desabastecimiento, la inseguridad colectiva y, acaso lo más novedoso, el rechazo a un método arrogante de gobernar, agravado por el atropello y la prepotencia de las últimas horas. También pudo haber influido la noción, tal vez inscripta en el inconsciente social, de que desde el campo se construyó la Argentina y que los campesinos reconstruyeron el país cada vez que éste fue destruido. Es lo que sucedió tras la gran crisis de principios de siglo. Sin partidos y casi sin instituciones, la política ha edificado, en síntesis, una sociedad de partisanos. No es bueno que esto le suceda a un gobierno con apenas cien días de vida. Pero es también la previsible consecuencia de una forma de gobernar, que no ha cambiado entre Néstor y Cristina Kirchner. Esa forma consiste, simplemente, en el gobierno de unos pocos. Sobran los dedos de una mano para contarlos. Ni siquiera todos los ministros acceden a ese estrecho círculo. Es el matrimonio presidencial y un par de funcionarios más. Ese grupo hermético, encerrado, seguro de sus convicciones, construyó finalmente un gobierno seriamente aislado del resto del universo político y social. Hay, además, rasgos particulares de la Presidenta. Cristina Kirchner viene insistiendo en que nadie le faltará el respeto por ser ella una mujer. A estas alturas, esa aclaración carece de valor y de vigencia. Sin embargo, el preconcepto la condiciona para tender la mano y convocar al diálogo. Supone que podrían ser gestos entendidos como actos de debilidad. Por el contrario, y si se pensara con más prudencia, la tolerancia y la búsqueda del consenso serían ahora bien recibidos por amplios sectores sociales. Cristina Kirchner frecuenta la deducción intelectual de la política, tan legítima como la deducción de cualquiera. Ese perfil se convierte en problema cuando la deducción pasa a ser rápidamente un hecho debidamente probado y, sobre todo, cuando se gobierna en nombre de esos hechos supuestos. Las conclusiones sirven para escribir libros, pero no para gobernar. La supuesta división entre ricos y pobres, o entre el interior y los centros urbanos, que viboreó durante su discurso de escándalo, estuvo respaldada en una deducción. Esa deducción no había incorporado el dato crucial de la insatisfacción en vastos sectores sociales. La luna de miel de la sociedad con Cristina Kirchner se ha roto, si es que hubo luna de miel. Gran parte del conflicto político de la Presidenta consiste en que su gobierno es mirado como una perfecta continuidad de la administración de su esposo. Algunas cosas que fueron ya no pueden seguir siendo, porque resultaron gastadas por el uso y por el tiempo. El atril es desde el martes, por ejemplo, un anacronismo que ha caducado. Al final de ese estilo de monólogos desde el poder han contribuido tanto el tono soberbio de la Presidenta como su consecuencia más inmediata y palpable: la prepotencia de D Elía. El Gobierno quedó, así, ubicado en el peor lugar. Soberbia y prepotencia sólo pueden buscar instalar un régimen de terror, aunque sea demasiado tarde para ir en busca de ese método. No hay explicación política posible para el riesgo que corrió el Gobierno cuando sacó a la calle su fuerza de choque. Nadie puede prever nunca cómo terminarán esas cosas. Prueba: la golpiza que recibió el periodista Jorge Fontevecchia no estaba prevista por el Gobierno, pero no por eso es menos salvaje ni menos deplorable. Coloca en estado de indefensión, además, a muchos argentinos que no comulgan con el gobierno de los Kirchner. Néstor Kirchner hará hoy un acto con los barones del conurbano bonaerense. Ellos son los únicos que lo pueden acompañar; los intendentes del interior están más cerca de la protesta que del poder. El acto en sí mismo y el previsible discurso de antagonismos y de crispaciones son otra huida hacia ninguna parte. El Gobierno acusa a los dirigentes rurales de no contener a sus bases. Los productores son seres esquivos, solitarios, que muy pocas veces recurren a sus dirigentes. "Los chacareros son individualistas y duros", ha dicho un peronista que los conoce. Pero, ¿qué dirigentes podrían contener a sus bases si a éstas les han sacado una parte enorme de su renta? Es fácil contener a las bases cuando se es Moyano y cuando se puede, como él, anunciarle a su gremio un aumento salarial del 20 por ciento cuatro meses antes de que concluya el actual convenio salarial. Los productores rurales deberían observar, a su vez, que el desabastecimiento de insumos diarios de la sociedad podría terminar inclinando a ésta en contra de ellos. La desigualdad de trato se extiende. La Presidenta habló de la protesta de los que tienen camionetas 4x4. ¿Acaso el Gobierno debe decidir cuál es la renta justa y quiénes deben ganar más? No se oyó ninguna voz oficial que reclamara contra las camionetas 4x4 de los empresarios vinculados con las obras públicas. El caso argentino merece también una mirada más amplia e internacional. El mundo vive una situación de extrema inestabilidad económica y financiera. Estados Unidos vacila entre la desaceleración y la recesión. Europa se frena con una moneda sobrevaluada que permite todas las importaciones y pocas exportaciones. China espolea a los norteamericanos y a los europeos con sus exportaciones. Las exportaciones han pasado a ser la clave de la salvación en el complicado mundo de ahora. "La crisis llegará a las economías emergentes", acaba de presagiar el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick. La Argentina es una economía emergente. Pero la Argentina parece vivir en un planeta que no es éste. O grava las exportaciones o directamente las prohíbe. Aquí ha sucedido un conflicto innecesario, provocado por el estupor de decisiones equivocadas. El consecuente debate en el que se hundió la nación política es, además, extemporáneo y rancio, demasiado viejo.

Joaquín Morales Solá
La Nación, Jueves 27 de marzo de 2008

Los riesgos de generalizar y dividir.

La rebelión de los productores agropecuarios y la reacción popular suscitada el martes a la noche por el discurso de Cristina Kirchner generaron en la cúspide del poder algo que podría denominarse "perplejidad sociológica". En efecto, los Kirchner y sus funcionarios se preguntaron, desorientados: ¿qué les pasa al campo y a la clase media que mejoraron drásticamente su situación económica bajo nuestro gobierno y ahora nos repudian? Es entendible que protesten los que menos tienen, pero es incomprensible que lo hagan los que se han favorecido (y mucho). Se trata de una paradoja indescifrable para el matrimonio gobernante. En la caja de herramientas del populismo, la polarización de la sociedad entre culpables e inocentes es un recurso de eficacia probada. En general, los culpables son los económicamente poderosos y los inocentes aquellos que poseen poco o nada. No debe menospreciarse la fuerza de este argumento porque se asienta en una verdad: la injusticia en el reparto de los bienes es un escándalo creciente, nunca subsanado. Sin embargo, el populismo se ha especializado en convertir estas realidades dolorosas en retórica incendiaria e interesada. Para eso es indispensable generalizar y dividir a la sociedad. Generalizar significa renunciar a matices y singularidades. Para decirlo en lenguaje llano, equivale a poner a todos en la misma bolsa. Y rotularlos. La operación es incesante: el "campo" está constituido por todos los que se enriquecieron a costa del pueblo (que es otro rótulo); los "medios de comunicación (independientes)", por todos los malintencionados que critican al Gobierno; las "empresas extranjeras", por todos los que remesan ganancias al exterior y no dejan nada en el país; los "militares", por todos los que reprimieron y mataron hace 30 años. Son equivalencias simples, ideológicas: campo = riqueza; periodistas independientes = críticos maliciosos; empresas extranjeras = expropiadores de nuestros recursos; militares = represores. Al principio del gobierno de Néstor Kirchner tales simplificaciones resultaron exitosas. La gente estaba humillada y esperaba un redentor. De hecho, el nuevo presidente caracterizó a los sectores aludidos como corporaciones contradictorias con el interés general. En una misma operación retórica los hizo responsables de la crisis, mientras exculpaba al pueblo. Quien recorra los archivos del atril kirchnerista de entonces no encontrará una sola referencia a la responsabilidad del ciudadano de a pie en el consumo desenfrenado de los 90 (el "deme dos") o en la represión militar de los 70. Pero algo ha cambiado y los Kirchner (al menos hasta hoy) no parecen advertirlo. Por eso están perplejos. Las herramientas que abrían la llave de la popularidad y el éxito ahora la cierran. Se ha trocado en bronca el encanto. ¿Por qué pudo haber sucedido esto, si nos estaba yendo tan bien? No se pueden dar respuestas simples a cuestiones complejas. La sociología política es una ciencia endiablada, que no se deja descifrar con facilidad. Arrimo, para concluir, apenas unas claves de lectura. Primero, la sociedad argentina se ha diversificado notablemente en los últimos años; el "campo" encierra muchas situaciones y tensiones singulares, que resisten la generalización (y así tantos otros sectores). Segundo, las demandas sociales también se diversificaron a medida que se fue superando la crisis (ayer se pedía pan y trabajo; hoy seguridad, salud, educación y respeto). Tercero, la inflación se empieza a comer los ingresos de las familias, y el delito es una tragedia cotidiana. Estos son los nuevos desafíos. Perplejidad significa confusión, duda respecto de lo que se debe hacer en un momento determinado. Tal vez no esté mal que gobernantes que siempre se sintieron tan seguros, ahora titubeen. Es humano, y bien asumido, puede ayudar a leer con más lucidez la realidad.

Eduardo Fidanza. Sociólogo y Director de Poliarquía Consultores.

La Nación, Jueves 27 de marzo de 2008

Intolerancia y provocación, la verdadera naturaleza del Gobierno.

Sólo un ignorante izquierdista de cotillón con evidente desconocimiento de la realidad agropecuaria podría describir a la protesta del campo como los “piquetes de la abundancia”, como lo hizo la Presidente, o sólo un "piquete patronal", como deslizó el ministro Lousteau. Bastaría que hubieran observado por televisión la composición social de las protestas y hubieran comprobado que hay peones, empleados, comerciantes y pequeños productores, como así también chicos y mujeres, todos del interior y vinculados, de una u otra manera, al sector productivo más competitivo de la economía argentina.
Con el aumento de las retenciones, el gobierno nacional recaudará este año alrededor de 10.230 millones de dólares, un 136% más que el año pasado.
El esquema de derechos de exportación constituye una de los mecanismos más brutales y arcaicos de transferencia de ingresos que ya ha demostrado su inutilidad para controlar los precios del mercado interno. El subir las retenciones hasta niveles confiscatorios no garantizó ni garantizará, como pretende hacernos creer el Gobierno, precios más bajos para los alimentos, los más baratos de todo el continente. Por el contrario, lo que está provocando es la caída de la rentabilidad de la actividad hasta el absurdo de obligarlos a dejar de producir, como ya está pasando con la ganadería y el tambo.
Córdoba y Santa Fe aportan al gobierno nacional más recursos por derechos de exportación que las transferencias por coparticipación que recibirán en 2008, un 80% y un 50% más respectivamente. De la misma manera, Santa Fe es la provincia que más aporta por hectárea sembrada, y Córdoba la que más aporta por habitante.
Cada cordobés aportará este año 761 dólares sólo en concepto de retenciones y cada santafesino 675 dólares. Pero lo más paradójico es que cada santiagueño aportará 435 dólares y cada chaqueño 351 dólares, con las carencias en términos sociales que sabemos tienen esas provincias.
Sólo 6 provincias argentinas –Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco- aportarán el 92,4% del total de recursos de las retenciones durante la campaña 2007/2008.
Los datos son contundentes y manifiestan la brutalidad de la transferencia de ingresos del interior hacia el gobierno, y del campo hacia las grandes ciudades, porque resulta harto evidente que poco hizo y hace el gobierno en materia de obras de infraestructura que pudieran favorecer y mejorar las condiciones sistémicas para la producción agropecuaria.
El campo representa el sector más competitivo de nuestra economía, y ello fue siempre por la perseverancia en el esfuerzo y la reinversión permanente de lo producido, a pesar de un estado parásito, socio siempre en las ganancias, pero nunca en las pérdidas.
Pero las medidas económicas decididas no son lo más grave, porque serían fácilmente corregibles si primara la cordura, la humildad, la tolerancia y el respeto. Pero este gobierno no exhibe ninguna de esas virtudes.
No se hubiera llegado a este punto si se hubiera tratado de consensuar previamente las medidas adoptadas. Pero sobre todo, no hubieran florecido a lo largo y ancho del país los grupos de productores autoconvocados ni los cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires si no hubiera escalado hasta límites insoportables la provocación verbal de los funcionarios del gobierno, la cuál culminó con el discurso soberbio y autista de una Presidenta que perdió absolutamente los dones de la ubicuidad y la compostura que su investidura demandan.
No se puede gobernar asentado desde la amenaza y la provocación de los grupos piqueteros y sindicales oficialistas de choque. Hay que aprender que el disenso es la base de la democracia, y que para amplios sectores del pueblo argentino, la dignidad no es objeto de negociación.
Aún podemos evitar falsas antinomias generadas desde el poder que nos retrotraigan a otros tiempos; no podemos alentar irresponsablemente la confrontación entre el campo y la industria, entre los productores y los asalariados, entre el conurbano y el interior del país.
Es hora de actuar con madurez, sensatez, equilibrio, moderación y humildad, todos valores que, ante todo y a pesar de todo, debemos tratar de poner los argentinos que siempre defendimos la institucionalidad republicana y el estado de derecho. Porque, de la Presidente y sus acólitos, quedó claro, una vez más, sólo podemos esperar intolerancia y provocación, simplemente porque, como en el escorpión, están en su naturaleza. No caigamos en su trampa.
Damián Vaudagna

Las máscaras del PJ

Hasta el momento, la política del nuevo año se desenvuelve al ritmo de los avatares del justicialismo. Salvo un par de excepciones, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, las grandes maniobras del poder responden a la capacidad del justicialismo para transformarse según el dictado de diversas orientaciones ideológicas, conservando, al mismo tiempo, un estilo devoto del ejercicio concentrado de la autoridad. Transformismo y conservadurismo. El transformismo es una manera de lidiar con las propias divisiones. En el vertiginoso proceso de reorganización del Partido Justicialista, que se dispara desde las oficinas de Néstor Kirchner en Puerto Madero, el enemigo principal no está en los rangos de las oposiciones que no comulgan con el peronismo, sino dentro de las propias filas. El pasado que debe condenarse es, por consiguiente, la repudiable década menemista, sus indultos y sus amnistías, y su perverso modelo económico. El conservadurismo, la tenaz defensa de la concentración de las decisiones en tanto instrumento básico de gobierno, es, por otra parte, el cemento que une a ese vasto conglomerado de gobernadores, intendentes, legisladores, sindicalistas y empresarios adictos. Como si fuese un dato emanado de la ley física de la gravitación, la verticalidad y quienes se sienten atraídos por ella es consustancial al peronismo. Si bien cambian los referentes (de Perón a Menem y de éste a Kirchner pasando por Duhalde), ese diseño se mantiene sin mayores variaciones. Hubo, sin embargo, una excepción en esta larga historia que ya supera las seis décadas: las elecciones internas con amplia participación del año 1988 que consagraron la fórmula ganadora Menem-Duhalde frente a la integrada por Cafiero-Manzano: una experiencia sin duda destacable en cuanto a la institucionalización de los partidos políticos, que no parece repetirse en estos días. La apetencia de Kirchner no es la competencia intrapartidaria. Es la unanimidad o, tal vez, una hegemonía dentro de su propio partido que acantone a los opositores internos en una situación francamente minoritaria y, por ende, irrelevante. Esta estrategia se lleva a cabo dejando de lado las ilusiones de la “transversalidad” que jalonaron los primeros años del kirchnerismo. La transversalidad era una imagen atractiva para forjar una nueva coalición política, con el eje desplazándose del centro a la izquierda, dispuesta a superar la antigua estructura del peronismo. Imagen atractiva pero también vana: en la constelación del poder peronista lo que ante todo se impone es la atracción que el centro del liderazgo, provisto del control de los resortes del Estado, ejerce sobre otros grupos y partidos. Es un movimiento constante de incorporación y exclusión que produce grandes espectáculos mediáticos, como el retorno de Roberto Lavagna a su lugar de origen, y ostracismos menos rimbombantes, como el lento apagón de la estrella de Menem. Estamos pues asistiendo a una eficaz división del trabajo político que aceita la inédita producción de un poder bicéfalo y, asimismo, concurre a rediseñar nuestro sistema de partidos. La hipótesis que declara que la Argentina carece de un sistema de partidos no es del todo exacta. En realidad, el tan mentado sistema de partidos se plasma en una configuración hegemónica según la cual la supremacía del justicialismo se alza sobre la dispersión de los contrarios y abarca algo menos de la mitad del espectro electoral del país. De cara a esta circunstancia, complementada a su vez por un conjunto de partidos “apósitos” ( partidos o desprendimientos de partidos como los radicales K que se pegan a esa dominante estructura), el resto de la oposición hace las veces, por ahora, de un coro que denuncia, alerta y procura establecer una estrategia parlamentaria en un Congreso con abrumadoras y disciplinadas mayorías justicialistas. Tres arbotantes sostienen la reorganización del Partido Justicialista liderada por Néstor Kirchner. El primero es el de una política económica impulsada por el crecimiento a lo largo de un quinquenio, por la demanda internacional de nuestras commodities, por los superávits gemelos en el comercio exterior y en las cuentas públicas, y por el aumento exponencial de subsidios de todo tipo. El segundo arbotante es el del desarrollo de un capitalismo dependiente del apoyo del Estado cuya punta de lanza puede encontrarse en la participación de nuevos socios en Repsol-YPF. El tercero, en fin, es el del armado de “cajas” de reservas monetarias, con fines políticos y electorales, que se van nutriendo con fondos públicos y privados. Este conjunto opera de consuno y requiere, para su eficaz implementación, un rendimiento gubernamental que haga frente con éxito a las demandas más acuciantes en los campos de la seguridad, de la estabilidad de precios y de la infraestructura de energía y de transportes. Hasta nueva orden, esas exigencias –sobre todo la atinente al aumento de precios– están encapsuladas en una suerte de política de ficción o de escenarios falsos montados desde el poder para fijar las condiciones de una aparente estabilidad (la crisis del Indec, con la consiguiente manipulación de los índices de precios, es la mejor muestra de esta contradicción entre apariencia y realidad). Quienes más sufren estas contradicciones son, como es habitual, los sectores de la población que carecen de protección sindical. El choque entre esas dos dimensiones de la vida pública –lo que es y lo que aparenta ser– conforma un capítulo central de la teoría y la praxis de la política. Penetrar en la realidad de las cosas y desenmascarar el poder de los grandi, como los llamaba Maquiavelo, ha constituido desde hace siglos y milenios una empresa difícil y solitaria. En la circunstancia de una democracia de amplia participación, como la que actualmente impera en el país, las acciones que hacen caer esas máscaras, siempre dispuestas a encubrir y confundir, dejan de ser patrimonio de un grupo restringido para convertirse en una empresa colectiva hecha de promesas, esperanzas y frustraciones. La democracia, hasta con un condimento republicano liviano, tiene una dinámica propia que erosiona los proyectos más ambiciosos. Si el proyecto de reorganización partidaria en curso insiste en acoplarse a esa clase de ficciones, tarde o temprano la realidad hará sentir su peso hasta el punto, tal vez, de hacer crujir los arbotantes. Es hora, entonces, de recapacitar y de poner las cosas a la altura de una visión más abarcadora del bien general del país. En relación con este último aspecto, la oposición no puede solamente seguir desempeñando el papel de la protesta y la denuncia. Debe enunciar también las bases de una futura gobernabilidad hoy capturada –y no sin razón– por la supremacía justicialista. La oposición que no sabe recrear las bases futuras del gobierno no es oposición política: es, en un terreno donde circulan “cajas” y “valijas”, una necesaria oposición moral aunque renga de una pata. El reclamo de la sociedad para conjugar en una fórmula efectiva la moral y el gobierno no debe caer pues en saco roto.
Natalio Botana
La Nación, Jueves 6 de Marzo de 2008

De la excepcionalidad permanente a la democracia plebiscitaria.

Desde hace más de una década, la institucionalidad republicana argentina transita por un estado de “excepcionalidad permanente”, proceso que, lejos de revertirse, amenaza con asumir un carácter estructural a partir de la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia –DNU- y la reforma del Artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado.
Ambas iniciativas avanzaron en el mismo sentido y retroalimentaron su objetivo: acentuar la concentración de poder en el Ejecutivo en detrimento del Congreso de la Nación, avanzando peligrosamente sobre los equilibrios y contrapesos que determinan la calidad republicana de nuestro sistema de gobierno democrático.
En lo que se refiere a los decretos de necesidad y urgencia, la reforma constitucional de 1994, en su artículo 99, incorporó esta herramienta, pero sólo "cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución" para el dictado de leyes. Sin embargo, pasaron 12 años sin que las mayorías legislativas de ambas cámaras se abocaran a su reglamentación, permitiendo así que los sucesivos gobiernos hicieran uso y abuso de los DNU.
El proyecto sancionado recientemente vino a cubrir este hueco institucional, pero, como no podía ser de otra manera viniendo desde el Gobierno, preservando y aumentando las facultades del Poder Ejecutivo. A partir de ahora, el Presidente en ejercicio podrá seguir abusando de los DNU, ya que los mismos tienen garantizada su vigencia indefinida en la medida que no sean rechazados por ambas cámaras.
En lo que a la reforma del Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera respecta, a partir de la iniciativa oficial, el jefe de Gabinete adquirirá amplias atribuciones para modificar el presupuesto, para cambiar gastos corrientes y de capital, y para modificar la distribución de las partidas. De acuerdo al proyecto del Gobierno, al Congreso sólo le quedará definir el monto total del presupuesto y del endeudamiento; todo lo demás, quedará dentro de las facultades del Jefe de Gabinete, quien podrá favorecer o perjudicar a áreas, sectores o jurisdicciones con absoluta discrecionalidad.
Si bien desde 1997 en adelante los diferentes gobiernos requirieron las prerrogativas para reasignar partidas, éstas siempre fueron aprobadas por el Congreso con carácter excepcional y con fecha de vencimiento. El Artículo 29 de la Constitución Nacional es bien claro al respecto cuando señala que el Congreso no puede concederle al Poder Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias ni la suma del poder público, porque esos actos serán portadores de una nulidad insalvable y convertirán a quienes los formulen en infames traidores a la patria. También es muy claro su Artículo 76 cuando prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia públicas pero con plazo fijado para su ejercicio.
Transformar facultades delegadas excepcionalmente y con plazo de vencimiento establecido en atribuciones permanentes, comporta una flagrante violación al espíritu de la reforma constitucional de 1994, cuyo objetivo fundamental fue precisamente limitar y controlar el presidencialismo. Sin embargo, a lo largo de estos años, los mecanismos diseñados a tal efecto por dicha reforma resultaron ignorados o tergiversados de manera que hoy el Presidente acumula aún más poderes, facultades y atribuciones que antes.
La sanción ficta de los DNU recientemente sancionada y los superpoderes permanentes al Jefe de Gabinete vienen a incrementar peligrosamente las facultades del Ejecutivo para legislar y modificar de forma unilateral las prioridades de gasto público que el Congreso define en la ley de presupuesto, acrecentando las ya de por sí enormes cuotas de poder político, institucional y material que la Constitución Nacional le otorga al Presidente. Esto comporta una grave vulneración del equilibrio entre los tres poderes del Estado, que constituye la esencia misma del sistema republicano de gobierno.
Enfrentamos una lógica de construcción política de origen democrático, pero de un claro, profundo y evidente antirrepublicanismo. En esa lógica se pone de manifiesto, de manera categórica, la pretensión de limitar las facultades del Congreso para administrar con menor transparencia y mayor discrecionalidad los recursos públicos.
Durante el 2005, entre la delegación de poderes y los DNU, el Gobierno modificó en más del 20% el gasto total del Presupuesto, por un total de 17.248 millones de pesos. Queda claro entonces que la ofensiva institucional no es inocente, porque con poder y monopolio absoluto para recaudar y administrar los recursos públicos, se facilita y fortalece la capacidad del Gobierno para la cooptación y extorsión de actores políticos y sociales, tarea que el propio Presidente lleva personalmente adelante con sádica obscenidad.
Por eso planteamos que este estado de “excepcionalidad permanente” está mutando institucionalmente en un modelo de “democracia plebiscitaria”, a una democracia de carácter meramente instrumental y restringida a la competencia por el liderazgo, en la cual las instituciones tienen escasa relevancia y los líderes constituyen el eje del proceso político.
De acuerdo a esta matriz de pensamiento –que algunos caracterizan como “decisionista”-, los liderazgos son elegidos precisamente para decidir, incluso sobre qué temas se tomarán decisiones, y como tales, deben estar libres de controles tanto verticales como horizontales. Sobre esta base, el Presidente entiende que al haber ganado una elección se encuentra autorizado a gobernar el país como le parezca más conveniente, ya que la misma constituyó un plebiscito a su gestión.
Para quienes abrevamos en una matriz de pensamiento republicana y democrática basada en la división de poderes, el Congreso de la Nación constituye el ámbito por excelencia para argumentar, deliberar y decidir acerca de los temas de interés público, y sobre todo en las cuestiones presupuestarias que tanto afectan a las provincias, y en esa tarea no puede ni debe ser reemplazado por ningún otro poder.
Con esta contrarreforma institucional estamos dando un paso más hacia el absolutismo presidencial, degradando la calidad institucional y eliminando restricciones, contrapesos y controles mutuos entre los poderes constituyentes de la república. Estamos en presencia de una concentración creciente de la soberanía popular en el Ejecutivo, lo que significa una regresión histórica imperdonable.
Los problemas argentinos no se solucionan a través de decretos de necesidad y urgencia ni con administración discrecional y poco transparente de los recursos. Por el contrario, requieren del funcionamiento pleno de la democracia y el estado de derecho, de una participación auténticamente plural de todos los sectores políticos y sociales del país, sin visiones hegemónicas, sin falsas antinomias, sin exclusiones. En definitiva, con mayor y mejor institucionalidad republicana en la definición de los consensos básicos que nos proyecten como país al futuro.
Damián Vaudagna