Alfonsín y Perón, para la historia.

Cuando estas líneas se publiquen, ya se habrán enumerado todas las cualidades de Raúl Alfonsín: su honestidad como gobernante, una virtud que los sucesores han vuelto más evidente; su vocación republicana, que lo llevó a librar peleas sin tregua contra la injerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado, una de las cuales ganó al promover la ley de divorcio; su coraje para enjuiciar a los opresores que habían sido dueños del país y disponían aún de fuerza para proteger su impunidad.

Se habrán mencionado también sus errores: la claudicación ante los carapintadas amotinados la Semana Santa de 1987; su penosa relación con el poder económico que terminó adelantando su salida del gobierno; las torpezas del pacto de Olivos, que intentaba fundar una república parlamentaria y sólo consiguió reforzar la omnipotencia presidencial y erosionar las instituciones. Ya se habrá dicho muchas veces, pero nunca las suficientes, que en su brújula no existió otro norte que consolidar la democracia recuperada en 1983, para que esa vez fuera la definitiva luego de cinco décadas de golpes de Estado.

Quizá no se haya escrito tanto, en cambio, sobre las contradicciones íntimas que debió afrontar desde su participación en el nacimiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en 1975, que denunció la violencia paraestatal de la Triple A, hasta su papel como presidente en los días del delirante ataque armado al regimiento de La Tablada, donde hubo asaltantes del Movimiento Todos por la Patria que se entregaron con vida y luego aparecieron muertos.

Ninguno de los países del Cono Sur, igualmente asolados por las dictaduras del fin de la Guerra Fría, tuvo un juicio a los jefes militares como el que Alfonsín llevó adelante en la Argentina: una intervención ejemplar de los poderes del Estado para que nunca más se atropellaran los valores amparados por la Constitución. Ese gesto, y su terca resistencia a la adversidad, dieron esperanza a los pueblos de Uruguay, Brasil y Chile, que iban a recuperar sus libertades. Y al tiempo, amenazado el país por tres levantamientos militares, su presidencia promovió las leyes de punto final y obediencia debida que la Corte Suprema declaró inconstitucionales años después.

Mucho se habrán evocado también las emociones que Alfonsín despertó en octubre y diciembre de 1983, cuando el país se recuperó de sus largas y endémicas pesadillas mesiánicas luego de la trágica insensatez de la guerra de Malvinas, casi mil muertos con que la dictadura trató de prolongar una ilegitimidad que no había podido sostener con treinta mil desaparecidos. La arrebatadora campaña de Alfonsín fue acaso la última demostración espontánea de fe política, sin autobuses de alquiler cargados por rehenes de los punteros en busca de un viático, y sin la mediación decisiva de la televisión, hoy tan vinculada a intereses políticos.

Con esa campaña logró ganarle al peronismo por primera vez y por las buenas, allí donde años de torpe proscripción habían fallado. Tuvo entonces el maravilloso valor de llegar al corazón de los argentinos recordándoles cómo habían decidido formar una nación para buscar la paz y el progreso. Sólo bastó que en esos días recitara el preámbulo de la Constitución para que su voz se convirtiera en un recuerdo entrañable, para rescatar el Estado de Derecho que muchos habían despreciado ante los papelones grotescos de Isabel Perón o las utopías de socialismo, cuando todavía estaba en pie el muro de Berlín. Al repetir una y otra vez la letanía del preámbulo, reivindicó el respeto por la voz de los otros y por el diálogo civilizado con los adversarios.

Esas son las estampas que retendrá la historia. De ellas se han acordado muchos de los que hoy utilizan su muerte para legitimar sus propios intereses, actores políticos que se deshacen en panegíricos sobre las convicciones republicanas del difunto, así como en los años de su gobierno tejieron el lobby económico y el golpe de mercado que culminó en los saqueos y los muertos de la hiperinflación.

Debió entregar la presidencia seis meses antes de cumplir su mandato, pero al menos lo hizo a otro ciudadano elegido en comicios libres, adalid de un partido que no era el suyo. Alfonsín retrocedió pero no se rindió. Como él mismo decía, era un gallego duro. Los elogios a su capacidad de diálogo impiden ver la tenacidad y la firmeza con que llevaba adelante sus convicciones. Con frecuencia se olvida que encabezó el ala progresista del radicalismo desde que, en 1972, fundó el Movimiento de Renovación y Cambio, línea opuesta al balbinismo. Yo quiero contribuir a su memoria con otras estampas, episodios menores que reflejan, creo, el envés de esas medallas pero que, a la vez, lo retratan de cuerpo entero.

Lo conocí en Caracas a mediados de 1981. Se hospedaba en la casa de su amigo Adolfo Gass, quien sería elegido senador por el radicalismo cuando regresó del exilio. Estaba en la cama, postrado por una gripe tropical, y no advertí en él nada que me impresionara. Su aspecto y su lenguaje parecían los de un hombre cualquiera, sin señales que revelaran el futuro presidencial que le auguraban tanto Gass como el matemático Manuel Sadosky, quien me había llevado a conocerlo.

Quizá porque la gripe lo decaía, no vi en el Alfonsín de entonces el brillo político que hacía falta para que los argentinos decidieran seguirlo, arrostrando la indiferencia y el miedo infundidos por el yugo autoritario. Les confié esos reparos a Gass y a Sadosky, y ambos coincidieron en que el Alfonsín de pijama que yo acababa de conocer, de apariencia tan gris y modesta, se agigantaba en las tribunas, en el parlamento y en los discursos públicos. "Jamás se le olvida que la historia lo está mirando", me dijo Gass, "y que la historia lleva la cuenta de todo lo que dice y hace".

Volví a verlo en agosto de 1987, pocos meses después de las rebeliones carapintadas, ante las que había desoído el clamor de la multitud que lo apoyaba. Fui a visitarlo a la residencia de Olivos para anticiparle los temas generales de la entrevista que esa misma noche le haría por televisión. No puso el menor reparo a mis preguntas y me instó a interrogarlo con absoluta libertad. "Sólo le ruego", me dijo, "que si formula acusaciones contra mí o alguno de mis colaboradores esté seguro de que se apoyan en pruebas muy sólidas. Cuando se deslizan sospechas sobre la honestidad de un funcionario no hay defensa posible, porque la sospecha queda flotando en el aire y sigue manchando por mucho tiempo al más inocente de los inocentes." Nadie se atrevió a dudar jamás de su probidad, y así se fue, tan limpio como llegó.

Mientras nos despedíamos, le dije que seguía sin entender por qué había preferido parlamentar con los rebeldes carapintadas en vez de enfrentarlos acompañado por las cien mil personas que repudiaban el golpe en la Plaza de Mayo y se ofrecían a defender con sus vidas la democracia naciente. "Si aceptábamos esa apuesta habríamos podido perder todo: la democracia y muchas vidas", me replicó. "Pensé entonces cuál era mi deber ante la historia. Y no dudé."

"Algo parecido respondió Perón en 1970", le dije, "cuando le pregunté por qué, creyéndose más fuerte que los rebeldes en 1955, no había intentado defenderse". "No quise cargar sobre mi conciencia con un enorme derramamiento de sangre", me explicó Perón. "Esos son actos que no perdona la historia."

Al presidente se le ensombreció la sonrisa y dejó que la luz del mediodía se llevara la cordialidad que había guiado nuestro diálogo. Esa noche, en los estudios de la televisión, volvió a ser el de siempre: agudo, veloz para las réplicas, certero al citar los índices económicos sin desviarlos ni una décima. Cuando caminábamos por los pasillos hacia la salida me llevó aparte y me dijo con firmeza: "Me quedé pensando en su referencia de esta mañana. Quiero decirle que a mí Perón no me va a ganar la historia".

De modo que ahí estaba, entonces, la historia, la invisible madre de todas las batallas. Perón se había encolerizado en Puerta de Hierro cuando le hice notar que Evita estaba llevándole ventaja en ese duelo ante la posteridad. Y ahora Alfonsín, sin cólera pero con el mismo énfasis, vaticinaba que la historia iba a preferirlo a él, que devolvió a la conciencia civil la noción de respeto a los derechos humanos y a las instituciones republicanas, y no a Perón, quien permitió a la clase trabajadora integrarse a la vida política y económica, además de sumar el voto de la mujer.

Ahora que se van apagando las alabanzas y los reproches que suceden a las muertes, los grandes hombres se van quedando solos, a la espera de que la historia se pronuncie. A ella la eligieron como juez y le cedieron la última palabra. 

Tomás Eloy Martínez, para La Nación.

¿Qué aprendimos de 2001?

Pasaron casi nueve años desde aquellos sucesos que algunos caracterizaron como la crisis más grave del país desde su nacimiento. Voluptuosa expresión de cansancio moral, frustración y desesperanza colectiva que se alzó al grito de “que se vayan todos”. ¿Qué enseñanzas dejaron en el conjunto de la dirigencia aquellos días de ahorristas furiosos, supermercados saqueados y una represión policial que intentó –en vano–aquietar la rebeldía popular cobrándose más de 30 vidas? Como tantos otros hechos críticos de nuestra vida política, éste también tiene una cuenta pendiente con la historia y lamentablemente, muchos de los factores presentes en la crisis de 2001 siguen teniendo cierto “parecido de familia” con el presente. Estamos frente a una sociedad crispada, temerosa, con señales preocupantes de insatisfacción, intolerancia y agresividad en los múltiples planos de la vida cotidiana. Estamos también ante una dirigencia política que, salvo excepciones, aparece devaluada en la opinión pública. Una dirigencia que la gente percibe ajena a los problemas del ciudadano común, interesada en su propio beneficio personal o corporativo y sobre todo, una en la que la cooperación, la construcción de consensos y la institucionalidad importan menos que la satisfacción de su propio narcisismo. Al mismo tiempo, y como programados para la inestabilidad, la transgresión, como un estímulo que parece excitar nuestra autoestima social. Vivimos subvirtiendo el ordenamiento que imponen las normas. Un importante dirigente sostenía hace algún tiempo que los argentinos estábamos “condenados al éxito”. Sin embargo, creo que si profundizamos en el significado metafórico de esta frase, probablemente encontraríamos allí parte de la explicación de nuestros recurrentes fracasos como país: es porque estamos convencidos de que estamos condenados al éxito, que no vale la pena esforzarse demasiado para lograrlo.

Me divierte ver la cara del auditorio cuando en alguna charla sobre el perfil del argentino medio digo que en realidad, los judíos están equivocados cuando sostienen ser “el pueblo elegido”, comparten ese destino con otro pueblo que piensa lo mismo de sí mismo, claro que con un significado bien diferente: si para el pueblo de Israel, la condición de ser el pueblo elegido conlleva la idea de un pacto de lealtad, sacrificio y sumisión a los preceptos bíblicos, para el argentino medio “ser el pueblo elegido” implica la certeza de un destino de gloria y por tanto, de excepcionalidades y no de pruebas de sacrificio y sumisión a la ley. Aquel gol excepcional de Maradona se logró –vox populi dixit– de la mano de Dios. No hubo vergüenza ni culpa.
A pesar de todo, los argentinos vamos avanzando pudiendo dejar atrás algunos miedos y comportamientos inmaduros. Miedos que en su momento fueron neutralizados con racionalizaciones y fugas hacia adelante para huir de la angustia. Así, al terrorismo de Estado lo acompañó “el por algo será”. Al temor por el regreso de la híper, la confianza ciega en una convertibilidad que nos convenció de que habíamos alcanzado el primer mundo. Al irrespeto por los principios básicos de orden republicano lo enmascaramos con la idea de los beneficios de la transgresión y le dimos entidad transformadora a un comportamiento perverso que siguió minando la ya débil institucionalidad de nuestro país.
Lo que parece haberse disparado hoy entre los argentinos es un sentimiento generalizado de mayor control ciudadano sobre las decisiones públicas. La misma crisis de representación política hace que los electores se arroguen el derecho de controlar y sobre todo de exigir de los funcionarios una mayor rendición de cuentas sin intermediación institucional alguna. Esa nueva sensibilidad social comienza a advertir que el desdén por lo institucional privilegiando la ética de resultados, en el largo plazo, termina privando al país de sustentabilidad en materia de inclusión social y desarrollo. Aún falta mucho para alcanzar la ciudanía plena, para hacernos responsables de nuestro propio destino. Destino que sólo escribiremos si logramos convertir la mirada sobre el otro en un nosotros, privilegiando el futuro del país.
Graciela Romer. Socióloga. Analista de opinión pública.

El apuro por actuar sin conocer.

Hace ya 45 años, Albert Hirschman, economista heterodoxo y conocedor profundo de la realidad latinoamericana, analizó brillantemente el desempeño de los gobiernos de Brasil, Colombia y Chile que se sucedieron en el poder durante más de medio siglo. Le interesaba a este notable analista el estilo de gestión de los gobernantes de la región, llegando a sostener la existencia de un patrón característico: un estilo decisorio en el que la motivación prevalece sobre la comprensión, es decir, una modalidad de actuación según la cual se privilegia la compulsión a actuar por sobre el debido conocimiento de la materia sobre la que se decide.
Luego de examinar algunas políticas centrales de la agenda estatal de esos países, Hirschman sugería como estilo característico de los gobiernos de América latina el apuro por actuar sin conocer. La experiencia argentina al respecto no se aparta mayormente de esta pauta general.
En nuestro país, la necesidad y la urgencia siempre han terminado justificando la adopción de decisiones basadas en criterios técnicos y políticos poco sólidos o insuficientemente analizados. Sería interminable enumerar las múltiples medidas que el Gobierno actual, y otros en el pasado, dispusieron de manera improvisada, inconsulta o contradictoria en sus consecuencias prácticas. La constitución del Fondo del Bicentenario es sólo una manifestación episódica de una tendencia que, lamentablemente, parece confirmar una regla. Por cierto, no se trata aquí de juzgar la razonabilidad de la decisión adoptada por el Gobierno, que probablemente haya estado bien inspirada. Ocurre que para producir los efectos buscados, una medida así debe cumplir además otras exigencias. Entre ellas, no debe dar lugar a interpretaciones equívocas sobre el destino de los fondos; debe asegurar que sus voceros comuniquen de manera consistente las razones que la fundamentan; debe prever las reacciones de quienes pueden verse afectados, anticipando sus posibles comportamientos; la decisión debería ajustarse a los procedimientos jurídicos establecidos y, obviamente, encuadrarse en las reglas de juego democráticas.
Estos "simples" recaudos consumen tiempos que las urgencias no respetan; pero garantizan que la decisión adoptada produzca mejores resultados y suelen generar legitimidad política. Soslayarlas, por el contrario, es fuente de fracaso, antagonismo y pérdida de calidad democrática.
Tal vez este estilo impulsivo y desinformado responde a ciertos rasgos propios de una cultura política cuyas raíces se hunden mucho más profundamente en la experiencia histórica de la Argentina y, hasta cierto punto, de América latina. Durante largos períodos de su vida política, nuestro país sufrió las consecuencias de la inestabilidad institucional, los abruptos cambios de rumbo, la falta de "políticas de Estado". El divisionismo permanente, las irrupciones autoritarias, el presidencialismo exacerbado, han sido propuestos como explicaciones alternativas a esa recurrente desunión y falta de consenso. Pero hay algo más. Este estilo expresa, sin duda, la deliberada supresión del futuro y del pasado como dimensiones temporales significativas de la gestión pública.
Adoptar decisiones políticas, tomar posición frente a cuestiones sociales significativas, implica no solamente accionar en el presente. También supone poner en juego la capacidad de prever el futuro y evaluar el pasado. La gestión pública en nuestro país tiende a privilegiar la ejecución de políticas por encima de su planificación o programación detallada (el "futuro") o de su evaluación y control de gestión (el "pasado"). Se tiende a minimizar el rol del Congreso, que es precisamente la institución fundamental de construcción de ese futuro a través de la legislación, y el rol de la Justicia y los órganos de control, que son los que evalúan y juzgan los actos pasados del Ejecutivo.
Si las decisiones de un día pueden modificarse sin costos aparentes al siguiente, sólo se genera incertidumbre sobre el futuro e impunidad sobre el pasado. Así, la gestión pública se convierte en la tediosa repetición de un presente continuo, sin futuro imaginable ni pasado revisable. Aquí radica, tal vez, el déficit de capacidad institucional más elemental, pero al mismo tiempo más crítico, de la acción estatal.
Aunque consuma más tiempo, la democracia exige que el poder administrador respete frenos y contrapesos institucionales, afrontando los costos de la imprevisión y los eventuales cargos de incompetencia. Sólo un profundo conocimiento de los problemas y sus posibles soluciones, así como la aplicación de reglas de juego claras, previsibles y estables en su implementación, pueden garantizar la convivencia civilizada de una sociedad y el desarrollo material y moral de sus miembros. 

Oscar Oszlak, Investigador CONICET, Director Maestría en Administración Pública (UBA)

El derrumbe de la credibilidad.

El objetivo manifiesto de la creación del Fondo del Bicentenario era mejorar la credibilidad del gobierno argentino para reducir la prima de riesgo de default que carga el mercado a los bonos nacionales y abrir el acceso al financiamiento. Escribo estas líneas cuando Redrado acaba de ser repuesto judicialmente en su función y el Gobierno se dispone a apelar la resolución de la jueza Sarmiento.

Cualquiera sea la evolución del proceso, el daño ya está hecho. A esta altura puede asegurarse que en materia de credibilidad estamos peor que antes del decreto de creación del Fondo. Por otro lado, la discusión de la legalidad de los DNU termina siendo más importante que la discusión de los méritos o deméritos del Fondo. Y está bien que así sea, porque esa discusión envuelve aspectos cruciales de la gobernabilidad.
Pero no debe olvidarse el debate de política económica de la medida. Las medidas de política económica no son buenas o malas porque se ciñan o no a alguna doctrina (ni siquiera a una legislación vigente, porque ésta puede modificarse si se lo cree necesario) sino que su pertinencia y calidad deben apreciarse por sus efectos de corto plazo, que dependen de las circunstancias que atraviesa la economía, y también por sus consecuencias a mayor plazo.
¿Más allá de los procedimientos, la medida adoptada es buena o es mala? La medida ofrece una nueva garantía de pago de la deuda pública por la vía de habilitar legalmente el uso de reservas del Banco Central por parte de la Tesorería. Debía tener efectos beneficiosos sobre los precios de los bonos públicos y sobre las posibilidades y el precio del financiamiento al Gobierno. Esto es bueno. Sin embargo, esta apreciación del efecto de corto plazo tiene alguna ambigüedad, porque la medida no ataca el origen del problema sino que busca un atajo para aliviarlo.
Efectivamente, el aislamiento financiero y las enormes primas de riesgo no fueron motivadas por una situación difícil de las finanzas públicas que amenazara la capacidad de pago sino que resultaron principalmente de la manipulación de las estadísticas oficiales que comenzó en 2007 y arrojó al infierno la credibilidad del Gobierno. En lugar de ir al origen del problema, el Gobierno ofrece una señal alternativa a los tenedores y potenciales compradores de bonos: "déjenme seguir falsificando los datos de inflación y pobreza, pero ustedes quédense tranquilos porque les pagaremos en tiempo y forma. Lo del INDEC no es por ustedes".
Si la decisión de usar parte de las reservas no tiene costo, ¿por qué no se hizo antes, de modo de evitarnos el aislamiento financiero y las enormes primas de riesgo?
Previo a referirnos a los costos de la medida merece ser comentada la referencia al concepto de "reservas de libre disponibilidad" utilizado para fundamentarla. El concepto es un residuo arqueológico del régimen de convertibilidad. Un nivel de reservas que "cubra" la base monetaria (al tipo de cambio fijo) no sirvió en el pasado y la idea no tiene sentido en un régimen de flotación. En realidad no puede saberse cuál es el nivel óptimo de reservas. Es el necesario para que el público crea que el Banco Central puede determinar el precio del dólar. No sabemos precisamente cuánta reserva es necesario tener, pero es mejor tener bastante. Esto es, la medida tiene un costo, pero como el nivel óptimo de reservas es incierto, no podemos precisar su magnitud.
En las circunstancias vigentes cuando se emitió el DNU creímos, como muchos, que restar 6 500 millones del stock de reservas no amenazaba la estabilidad del mercado cambiario. Esas circunstancias ya cambiaron. No debemos olvidar que entre mediados de 2007 y pocos meses atrás se fugaron 46. 000 millones de dólares, incluyendo varios miles de las reservas del Banco Central.
Mi mayor insatisfacción con la medida es que se trata de un atajo para mejorar la valuación de los títulos públicos e intentar levantar la restricción de financiamiento internacional sin atacar los problemas fundamentales de la (falta de) conducción económica. En el año que termina la actividad recedió entre 4% y 5% mientras la tasa de inflación alcanzó 15%. La inflación tenderá a acelerarse con la reactivación que se inicia.
Es imprescindible definir un programa macroeconómico que se proponga a un tiempo reactivar la economía y reducir la tasa de inflación. El programa debería proveerle un ancla nominal a la economía, pero mal puede guiar las expectativas inflacionarias un Gobierno que miente con los datos.

Roberto Frenkel. Economista. Docente UBA. Investigador CEDES. Director Iniciativa para la Transparencia Financiera.

Ingreso para la niñez: ni universal ni bien financiado.

Después de una década de intentos de ingresar en la agenda pública, la noción de un ingreso de naturaleza universal para las familias donde hay niños llegó a contar con proyectos legislativos de partidos diversos, con el aval de intelectuales y varias organizaciones de la sociedad civil y recientemente con un aporte propositivo de la Iglesia Católica.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández, como el de su esposo, que se mostraron reacios a la idea todos estos años, la ha hecho suya y firmado un decreto de necesidad y urgencia que la lleva a la práctica.
Esta súbita conversión debería ser celebrada, pero aunque la iniciativa tiene aspectos positivos, está acompañada de vicios profundos. Intentaré ilustrar el punto.
¿Cuál son las ventajas de que se adopte una política que garantice un ingreso en todas las familias con niños?
En primer lugar, generar recursos en el hogar y así reducir la indigencia y pobreza a la que están sujetos millones de compatriotas. En segundo término, borrar las diferencias entre ciudadanos de primera (trabajadores del sector formal) que reciben las asignaciones familiares y ciudadanos de segunda (informales y desocupados) que no la reciben y que están en condiciones de mayor vulnerabilidad que los primeros.
En tercer lugar, quebrar el espinazo de las prácticas clientelares que otorgan cosas pobres a algunos pobres entre los pobres, buscando sujeción y manipulación; la universalización de las asignaciones familiares hace que quienes las reciban no tengan pendientes sobre sus cabezas la espada que los obliga a cambiar apoyo político por continuidad del beneficio. Tal como es la situación hoy con las asignaciones que cobran los trabajadores formales, estos no tienen que agradecer a ningún funcionario o empleador el beneficio que reciben ni tienen temor de que se lo quiten. Simplemente les corresponde por ley.
La primera de las ventajas está contemplada en el decreto gubernamental. Habría por ende un significativo monto de recursos que deberá fluir a los bolsillos de quienes mucho lo necesitan ya que los hoy excluidos de las asignaciones familiares son en su inmensa mayoría los más pobres. Por otra parte, debe remarcarse que el monto de $ 180 mensuales por hijo, casi 50 dólares, está muy por encima de lo que pagan programas similares en América latina.
La segunda ventaja no aparece con claridad en el texto del decreto. Si el nuevo beneficio pertenece, como expresa el artículo 1, a un nuevo "subsistema no contributivo" del régimen de asignaciones familiares, el valor de éstas que hoy sería el mismo para trabajadores formales y nuevos beneficiarios podría diferir en el futuro con simples decisiones administrativas que reintroducirían la diferencia entre ciudadanos de primera y de segunda. Debería fijarse con claridad que el monto de la asignación familiar será siempre igualitaria, es decir, que tendrá el mismo criterio de actualización.
Pero sin duda, el aspecto más problemático refiere a la tercera ventaja, ya que la pretendida universalidad no es tal, sino que posibilita la práctica discrecional y por ende clientelista que el Gobierno suele imprimir a sus políticas sociales. Veamos: el decreto establece en su artículo 2 que "quedan excluidos del beneficio previsto (.) los trabajadores que se desempeñen en la economía informal percibiendo una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil". Suena bien: a los más pobres, ¿pero cómo se determina el ingreso de un trabajador informal? No hay otra forma que colocando un custodio junto a cada trabajador informal para que controle todos los ingresos que éste recibe o quizás colocando un "chip" en el bolsillo de cada papá o mamá que hoy no tiene asignaciones familiares para registrar los movimientos monetarios del bolsillo y enviarlos a una computadora central.
Como obviamente nada de esto es posible de llevar a la práctica, la conclusión es que será el Gobierno el que decida discrecionalmente a quién le da o niega el nuevo beneficio. La eliminación del requisito de dicho artículo 2 es la única garantía de que se erradicará la posibilidad del manejo clientelista.
Un aspecto no menor es el financiamiento: recurrir a la "joya de la abuela" de fondos previsionales es pan para hoy y hambre para mañana. Hemos sostenido en esta misma sección que se ha creado una bomba de tiempo con las decisiones tomadas por el gobierno en material previsional.
La relación entre aportantes al sistema y jubilaciones es de 1 a 1. Ello quiere decir que si el trabajador y su empleador aportan el 20% del salario, lo que puede pagarse al jubilado es precisamente un 20% del que era su salario. Como esto es inaceptable, el Estado tiene que colocar recursos obtenidos de rentas generales, es decir pagados por todos los argentinos. Y como aun así no se cumple con los jubilados, los juicios masivos serán seguramente parte del paisaje futuro.
A esta situación, se le agrega ahora el financiamiento del nuevo beneficio de asignaciones familiares. Cuando se acabe con los fondos que produjo el abolido sistema de capitalización, hoy sujetos a la discrecionalidad gubernamental, vendrán los lamentos, "pero, bueno, esto será problema para algún gobierno (y sociedad) en el futuro" parecen pensar los actuales decisores. La pelea adultos mayores vs. niños por fondos que los beneficien no es precisamente lo que el país más precisa en este momento.
Aldo Isuani.
Sociologo, Profesor UBA/UDESA, Investig. CONICET

Las sanciones previstas son tan caprichosas como autoritarias.

El gobierno nacional trata de simplificar el debate acerca de la ley de medios audiovisuales con una serie de declamaciones retóricas -"democracia-dictadura" o "monopolio-pluralidad"- con las que nadie puede discrepar.
En efecto, no hay duda acerca de que la sanción de la ley es necesaria, como tampoco que la concentración excesiva de medios de comunicación distorsiona la amplitud de puntos de vista que debe haber en una democracia.
Pero de allí no se sigue que cualquier ley que sancione, con una premura obsesiva, una mayoría obsecuente e irreflexiva, sea la mejor ley.
Por el contrario, a medida que pudo analizarse con mayor cuidado el texto del proyecto del Poder Ejecutivo han aparecido distintas cuestiones que necesariamente deben ser corregidas, si el verdadero propósito que anima al oficialismo es sancionar una buena ley.
De igual manera, tampoco puede obviarse que resulta imprescindible sancionar a la vez una ley que regule el uso de la publicidad oficial, toda vez que el financiamiento de las licenciatarias que sean personas de existencia visible o ideal sin fines de lucro recaerá seguramente sobre los fondos públicos y corresponde prevenir cualquier arbitrariedad en el uso que se hará de los dineros del pueblo.
Sólo puede justificarse la intervención del Estado en un tema tan sensible como el de la libertad de expresión, cuando lo hace para garantizar la existencia de "más expresión" o bien para distribuir equitativamente un ámbito finito por naturaleza, como es el espectro radioeléctrico.
Como toda regulación estatal en esta materia es altamente peligrosa, toda ley debería superar cuatro filtros fundamentales: cómo se integra el órgano que controla, cuáles son sus atribuciones, cuál es el régimen de sanciones y si no hay restricciones indebidas a una mayor pluralidad de voces.
La media sanción de Diputados es cuestionable en todos estos aspectos. Por ejemplo, no se satisface que la autoridad de aplicación sea autónoma e independiente del Gobierno para garantizar la no intromisión de éste, hay normas que suponen un inaceptable control de contenidos, y las limitaciones al mercado del cable no sólo son irrazonables sino que acallan innecesariamente voces. Además, el plazo de un año para que los actuales titulares de licencias se adecuen a la ley no sólo resulta abiertamente inconstitucional por violar derechos adquiridos, sino que despierta sospechas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno: que ese lapso sea aprovechado por empresarios amigos del poder para adquirir a precio de remate los medios que deban abandonarse.
Pero llama la atención que no se haya reparado mayormente en un título de la ley, nada menos que el régimen sancionatorio, que es el que permite a la Autoridad de Aplicación reprimir a los titulares de licencias. Este título resulta sencillamente intolerable a luz de las garantías mínimas que exigen nuestra Constitución y los Tratados de Derechos Humanos en materia de debido proceso, de legalidad, de culpabilidad y de inocencia.
Conviene tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya doctrina deben seguir nuestros tribunales, ha declarado que las sanciones administrativas deben observar los mismos principios que las de naturaleza penal. Nuestra propia Corte Suprema de Justicia tiene dicho también que las mencionadas garantías son de inexcusable observancia en la actuación sancionatoria estatal.
En efecto, increíblemente el proyecto no establece cómo es el procedimiento aplicable para imponer una sanción. El art. 102 "in fine" dispone que serán "los procedimientos vigentes en la Administración Pública", pero como hay muchos en materia de sanciones administrativas (aduanero, tributario, cambiario, etc), en definitiva la Autoridad de Aplicación podrá escoger el que se le antoje.
En cuanto a las conductas prohibidas, el modo en que están previstas autoriza la imposición indiscriminada de cualquier clase de sanción. Se puede aplicar la caducidad de la licencia por la simple reiteración de faltas leves, es decir, incumplimientos meramente ocasionales; se menciona curiosamente a la "reincidencia" cuando ésta se refiere a la pena privativa de libertad (art. 50 del Código Penal) y nada tiene que ver con las sanciones administrativas, sin efectuar diferenciación alguna con la reiteración. Se contempla un sistema irracional de sanciones, pues se prevé para conductas idénticas la sanción de multa, suspensión de publicidad y/o caducidad de licencia, sin que se indique en qué casos se aplica a cada una; la multa se establece del cero coma uno al diez por ciento de la facturación de publicidad del mes anterior al hecho que se sanciona, es decir, de 1 a 100 veces a total discreción de la Autoridad de Aplicación; la multa para los administradores estatales carece de todo monto, con lo que la Autoridad la puede fijar entre un peso y el infinito; la suspensión de publicidad no tiene graduación alguna ni límite temporal, con lo que esta sanción puede llegar a ser de tal magnitud que determine el cierre del medio; el modo de graduación de las sanciones permite el agravamiento por infracciones cometidas anteriormente o por pautas ambiguas como la "repercusión social" del hecho.
Es motivo de caducidad de la licencia la condena penal de cualquiera de los socios, directores, administradores o gerentes de las sociedades licenciatarias, sin especificar siquiera el delito motivo de la condena, con lo que se castiga por el hecho de un tercero distinto a la sociedad. La prescripción de cinco años es excesiva cuando el Código Penal prevé uno y dos años para las penas de inhabilitación y multa, respectivamente (art. 62 incisos 4 y 5). Para colmo, los recursos no tienen efecto suspensivo, con lo que se efectiviza el castigo antes de la sentencia judicial que declare la culpabilidad por el hecho cometido.
En suma, a través del régimen sancionatorio proyectado, la Autoridad de Aplicación acumula un conjunto de facultades que le permite castigar caprichosamente y a su solo arbitrio, vulnerando los principios y estándares constitucionales e internacionales que se han elaborado para hacer más justa la aplicación de una pena o de una sanción disciplinaria.
La muletilla del Gobierno es la sanción de una ley de la democracia que deje atrás las oscuras disposiciones de la ley de la dictadura, lo que no se habría logrado hasta el presente por la presión de los grupos de interés beneficiados por la aquella ley.
Pues bien, en punto al régimen sancionatorio, salvo la censura previa que afortunadamente se ha suprimido, junto a algunas otras cláusulas como las "maniobras de monopolio" como causal de caducidad (cuya aplicación jamás intentaron las autoridades), o la emisión de mensajes atribuibles a asociaciones terroristas, la "progresista" iniciativa oficial con media sanción de Diputados reproduce en líneas generales la denostada n° 22.285.
Un Congreso de la democracia, respetuoso del estado de derecho y de las garantías, no puede aprobar un sistema sancionatorio tan marcadamente autoritario.
Ricardo Gil Lavedra, profesor Derecho Penal (UBA) y Diputado Nacional electo (ACy S)

Espejismo.

Algo extravagante y desmesurado debe suceder en la Argentina para que ficciones exaltadas dejen de ser espejismos evidentes y se conviertan en razones de Estado.

El miércoles, a horas de que 146 diputados aprobaran la ley sobre medios, el Instituto de Cine y varias FM operaron en la Plaza del Congreso una radio “abierta”, a la espera de la victoria oficial. Pero a pocos metros, en Hipólito Yrigoyen y Solís, palpitaba la realidad verdadera: en esa esquina, numerosas familias iban acomodando colchones para pasar la noche al sereno. Estalactitas humanas, los pobres han vuelto a ser inexorablemente visibles por la ciudad. ¿Qué tienen que ver con los militantes mediáticos y sus interminables horas invertidas en respaldar planes oficiales?

Segmentos gruesos de la comunicación, la cultura y la izquierda han terminado, abierta o inconfesadamente, fascinados por la atropellada y supuestamente democratizadora Ley de Medios encarada como guerra santa por el Gobierno.

Nunca tuve nada que ver con Clarín. Desde mayo de 2003, mantuvo funcional silencio sobre el kirchnerismo. Lo comprobé en primera persona en 2005, cuando el látigo implacable de Kirchner se posó sobre Radio Nacional y Alberto Fernández ordenó que me echasen. Clarín se abstuvo de protestar o darle volumen a esa enormidad.

Al año siguiente, cuando presenté Lista negra. La vuelta de los setenta, en un acto multitudinario en el Colegio Nacional de Buenos Aires del que participó (Raúl Alfonsín incluido) la primera plana de la política nacional no manejada por Kirchner, Clarín se abstuvo de registrar el evento.

Radio Mitre me quiso contratar en 2007, pero a los pocos días el presidente del directorio de la radio decidió que yo era muy conflictivo, y que me había “victimizado” con el Gobierno. Naturalmente, ni Clarín ni Ñ reseñaron Lista negra.

El año pasado, Kirchner, el gran aliado que había prorrogado las concesiones y aprobado la compra de Cablevisión, se convirtió en enemigo número uno. Clarín se ha ganado el desdén, la desconfianza y hasta la hostilidad de mucha gente decente. Tampoco movieron un dedo cuando Perfil fue excluida de la pauta oficial.

¿Se puede ser, sin embargo, tan necio y primitivo como para alegrarse de esta ley oficial atropellada y repleta de trampas autoritarias, sólo porque puede complicarle mucho la vida a Clarín? ¿Puede ese odio cerril, provocado por un narcisismo desaforado, bastar para plegarse a un gobierno “progresista” que se maneja con criterios y filosofía de Menem?

Periodistas, universitarios y gente del ámbito académico muestran insólito fervor con esta promesa de democracia informativa. Que le pregunten a Miguel Bonasso. Con su libro Recuerdo de la muerte, Bonasso fue artífice de la educación presidencial en derechos humanos, porque de 1976 a 2003 los Kirchner nada hicieron y dijeron en la materia. Bonasso, hoy un alma en pena, se desgañita aclarando que los Kirchner nada tienen de progresistas, puesto que conciben y gobiernan desde y para el poder y la caja. ¿Es un gorila Bonasso? ¿O es un quebrado?

Con el gastado argumento de reemplazar una ley “de la dictadura” (con la que convivieron durante seis años sin chistar), ahora los Kirchner lanzaron la ofensiva final. Agustín Rossi admitió en el “debate” en Diputados que violentó las normas para que la votación se produjera a cualquier precio. Lo justificó el flexible Pino Solanas: “Postergarla podría ser una nueva trampa para no hacerlo jamás”.

En la izquierda y en varias celebridades mediáticas, que pese a haber amasado fortunas al servicio de radios y canales privados se muestran embriagadas de asombroso entusiasmo revolucionario, hay felicidad. Solanas declaró que el Gobierno demostró sensibilidad a las críticas, porque “corregir errores no es debilidad, sino una señal de sensatez política”, aunque de inmediato advirtió que se debe hacer lo que el kirchnerismo no hizo ni piensa hacer, porque esta ley “debe tratarse con los tiempos que exija un amplio y profundo debate”. Pese a que su socio Claudio Lozano votó con los Kirchner, admite sin embargo que “el kirchnerismo es adicto al apriete y el chantaje”.

Curioso y desesperante progresismo argentino. Hasta el Partido Socialista (cuya Casa del Pueblo fue quemada por el peronismo en 1953 y su periódico La Vanguardia fue prohibido) se plegó ahora a los Kirchner.

Eduardo Macaluse, ex ARI, se pregunta: “¿Cuál es la tentación del oficialismo?”. Responde: “Evitar que en la ley aparezcan controles que puedan limitar la pulsión de poder ilimitado de los gobernantes. Sobre esto nosotros, como oposición, tenemos la obligación de avanzar”. ¿Cómo? Votando la ley de los Kirchner, exótico revival del viejo “entrismo” trotskista del siglo XX, cuando mimetizarse en el peronismo equivalía a radicalizarlo.

Con candidez, Macaluse, cuyo bloque, como los seguidores de Solanas, converge con el kirchnerismo, se pregunta: “¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros?” Respuesta: “Evitar que quien está en el poder tenga un poder ilimitado. Debe aceptar ser limitado”.

Contradictoria, ingenua, hipócrita, mentirosa, ignorante o entusiasta a toda prueba, la izquierda entona melodías de hace medio siglo, aunque admite melancólicamente que los kirchneristas no dieron posibilidades de nada. Confiesa Macaluse: “Hemos trabajado en la iniciativa, pero creo que se podría haber trabajado más. Con una semana más habríamos llegado a sancionar un proyecto mejor”. No hubo tal semana más. El proyecto debía salir sí o sí, y ya mismo. Niegan o pretenden ignorar la verdadera y tétrica historia kirchnerista en materia de organismos regulatorios: desde 2003 permanecen intervenidos por el Ejecutivo la casi totalidad de los entes regulatorios.

¿Por qué el nuevo Comfer kirchnerista sería ahora portento de participación, pluralidad, transparencia y eficacia? De Lenin hasta hoy, pasando por Stalin, Mao y Fidel, la izquierda ha querido creer. En ese fatigoso intento de fe se incineró en realismos abyectos. Tampoco en esto la Argentina aporta alguna originalidad interesante.

Pepe Eliaschev

Cómo se puede garantizar la salida de la pobreza.

Así como en los períodos de crecimiento económico se suele olvidar que hay muchos pobres en el recibidor, los tiempos recesivos como los actuales los reponen en la vidriera y generan debates que giran principalmente alrededor de la magnitud de la pobreza, discusión que se hace más álgida en nuestro caso dada la ausencia de estadísticas oficiales confiables.
A este problema de medición se suman otros de conceptualización ya que existen diversas definiciones de pobreza; las hay simples, para las que es pobre aquel individuo o familia que gana menos de cierta cantidad de dinero o complejas, que incluyen hasta la incapacidad de participación política y social. Dentro de esta variedad conceptual existe una noción que me parece adecuada al propósito de esta nota y que sostiene que la pobreza es privación de ciertos consumos que se consideran básicos para una vida propiamente humana. Estos son básicamente: una alimentación que reúna los requisitos calóricos y proteicos necesarios para la vida; un lugar no precario para habitar que constituya el ámbito íntimo y el refugio frente a las inclemencias del tiempo; educación y atención a la salud; acceso a agua potable y saneamiento básico; enseres y mobiliarios; fuentes de energía que permitan preparar los alimentos y dotar de calefacción e iluminación al hogar; vestimenta y calzado; transporte; acceso a canales de información y comunicación; recreación.
Para erradicar la pobreza entonces, el consumo de individuos y familias no podría ser menor al indicado y constituyen el núcleo duro de necesidades cuya satisfacción debería constituir el objetivo central de la política pública. ¿Cómo garantizar este consumo básico? A través de políticas económicas que dinamicen la inserción de los adultos en el mercado de trabajo en condiciones dignas y de políticas sociales que provean ingresos por un lado y brinden servicios, por el otro.
Respecto de este último instrumento, las políticas sociales, deben existir transferencias de ingresos sin condiciones para aquellos que no pueden ni deben insertarse en el mercado de trabajo: los ancianos, por haber ya participado en él y los niños, por estar preparándose para ello. Y para la población adulta desocupada, en cambio, debe existir un ingreso condicionado a desarrollar actividades que promuevan sus capacidades (adquirir mayores conocimientos), signifiquen un aporte productivo o sean actividades útiles y relevantes para el individuo que la realiza y la comunidad donde se realiza.
Esta política social de transferencia de ingresos debe estar complementada con servicios públicamente financiados. En primer lugar me refiero a la educación, que debe alcanzar el nivel medio completo no sólo para los niños sino también para los adultos, especialmente si son jóvenes. En segundo lugar los servicios de atención a la salud con fuerte énfasis preventivo; la provisión de agua potable y redes de saneamiento básico son un componente importantísimo de una política sanitaria adecuada. En tercer lugar, el desarrollo de una política habitacional que erradique la vivienda precaria. Por último, es necesario poner en práctica una tarifa social, esto es, el subsidio para los sectores socialmente más vulnerables de un nivel básico de energía, acceso a la comunicación y transporte. Las políticas sociales de ingresos y servicios que propongo destinadas a garantizar un consumo básico constituyen un todo que no admite tratamiento parcial.
No se trata de actos de caridad destinados a dar respuesta a tal o cual carencia, por más que estos actos sean legítimos. Ello quiere decir que programas que provean alimentación pero no abrigo, vestimentas pero no iluminación, vivienda pero sin acceso a la educación o la salud no contribuyen a asegurar aquel consumo básico que está en la base de una sociedad civilizada. En consecuencia las políticas deben estar integradas. No sostengo que lo propuesto resuelva los problemas de desigualdad que exhibe nuestra sociedad. Pero sí afirmo que puede asegurar un nivel básico de bienestar para todos nuestros ciudadanos.
Una sociedad como la nuestra, cuyo sector público gasta 60.000 millones de dólares anuales (20% del PBI) en políticas sociales, no debería tener mayores problemas en abordar una estrategia de consumo básico. Más que recursos adicionales para este fin, se precisa de una importante reformulación de los actuales destinos de los recursos públicos, esto es, repensar la política social.
El problema no está en los recursos y sí en el grado de compromiso de las elites argentinas para lograrlo. Para empezar, en estos últimos meses ha avanzado la aceptación de la idea de extender la asignación familiar a los hijos de los trabajadores informales. Sin duda sería un avance parcial, pero muy importante en la dirección que apuntamos. Y como este beneficio tendría el mismo carácter que la actual asignación familiar que le corresponde al trabajador por propio derecho y no por la voluntad de alguien que puede otorgarla y quitarla, al mismo tiempo que ayudar en el combate a la pobreza lo haría también con el clientelismo político.
Sería muy importante que el Gobierno nacional lleve a cabo una iniciativa como la señalada y evite en un futuro cercano confesar que quedó preso de la "vieja política social".
Aunque frente a una eventual sordera oficial, el Congreso de la Nación siempre tiene la palabra.
Aldo Isuani
Sociólogo, Investigador del CONICET

El cesarismo democrático.

Hasta las vísperas mismas de su desenlace, la brevedad ha sido la única virtud de la campaña electoral argentina, dado que el peronismo gobernante adelantó los comicios. La opereta del armado de las listas, las peleas entre el candidato a diputado oficialista Néstor Kirchner y el vicepresidente Julio Cobos, las impugnaciones judiciales, la guerra de encuestas, la infinita publicidad de Francisco de Narváez y hasta un aspirante a diputado tras las rejas constituyeron un espectáculo penoso. Volvió así a confirmarse el escepticismo de generaciones ante el sentido de su voto, la urgencia de una reforma política que devuelva la fuerza original a los partidos tradicionales y el papel inagotable del cesarismo en las naciones jóvenes como la Argentina.
Si se toma la definición de Antonio Gramsci, "el cesarismo expresa siempre la solución arbitraria, confiada a una gran personalidad, de una situación histórico-política caracterizada por un equilibrio de fuerzas de perspectivas catastróficas". Para el marxista italiano, puede haber cesarismos progresistas -Julio César y Napoleón I- o regresivos -Napoleón III y Bismarck-, pero en todos los casos se trata de una salida encabezada por un caudillo militar, aunque no sólo militar, a una situación desesperada y excepcional. De ahí que la figura -llámese cesarismo, bonapartismo, bismarckismo- sea tan familiar en América latina, donde, desde las revoluciones independentistas, la mayor parte de las naciones, castigadas por sucesivas crisis políticas y escenarios de transición, conocieron más caudillos que soluciones institucionales. Estas tierras han sido fértiles en autócratas de gran popularidad que fueron expandiendo y afianzando su poder, en los tiempos modernos, mediante el control de la corrupción, de la policía y de la facultad para repartir los recursos del Estado como les conviene.
No hay mayor símbolo de cesarismo democrático que el régimen del venezolano Juan Vicente Gómez, uno de cuyos ministros, Laureano Vallenilla Lanz, estableció la validez del término en un libro de 1919.
Gómez inspiró a Gabriel García Márquez el personaje del dictador de su sexta novela, El otoño del patriarca , y es la encarnación favorita del hombre fuerte de las tierras pobres para artistas plásticos como Fernando Botero y Pedro León Zapata. Cuando llegué a Venezuela en 1975, la figura de Gómez seguía ocupando el centro de la imaginación nacional, y ahora, que ha encontrado en Hugo Chávez a su mejor discípulo, casi no pasa semana sin que la oposición invoque el término.
Gómez creció al lado de su predecesor, Cipriano Castro, quien inició el siglo XX enfrentando una poderosa amenaza internacional al no poder pagar la deuda contraída con empresas extranjeras expropiadas. Buques de bandera inglesa, italiana y alemana bloquearon el puerto de La Guaira en 1902 y Venezuela logró zafarse de la asfixia gracias a la providencial invocación de la doctrina Drago, obra del canciller argentino del segundo mandato de Roca, Luis María Drago, quien argumentó la ilegalidad del cobro violento de las deudas por parte de las grandes potencias en detrimento de la soberanía, estabilidad y dignidad de los Estados débiles. Su papel en la defensa de los intereses nacionales permitió a Gómez dar el salto hacia la vicepresidencia. Cuando Castro debió someterse a una cirugía delicada en Alemania, lo traicionó con un golpe que lo instaló en la jefatura del gobierno durante veintisiete años. Allí, en el sillón patriarcal, murió en 1935.
Su ideólogo Vallenilla Lanz, un sociólogo positivista, intentó argumentar que pueblos como el venezolano no estaban capacitados para respirar una atmósfera republicana; sólo "el gendarme necesario" -como definió a su modelo de césar- podía sacarlos de la miseria y de la anomia. Dictaminó que "el Caudillo constituye la única fuerza de conservación social" y que "el gendarme electivo o hereditario de ojo avizor" es una necesidad fatal "en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta".
Como eficaz vocero de la ideología oficial, Vallenilla Lanz no se refiere a Gómez en su ensayo de manera directa. Se ampara, en cambio, en la figura tutelar de Simón Bolívar, quien propuso la presidencia vitalicia. Escribe que Bolívar "nunca abrigó la más ligera esperanza" de que "aquellas constituciones de papel" pudieran establecer el orden. Sus críticos, como el exiliado Rómulo Betancourt, del Partido Revolucionario Venezolano -luego presidente constitucional-, lo llamó "Maquiavelo tropical empastado en papel higiénico".
Lejos de ofenderse, Vallenilla Lanz agradeció la comparación con el autor de El príncipe .
Chávez no es el único heredero de la idea de un césar avalado periódicamente por elecciones libres. Decidido a concentrar férreamente todo el poder en sus solas manos, lleva por ahora diez años en el gobierno, el mismo tiempo que Carlos Menem. Figuras como Alberto Fujimori y Alvaro Uribe, por distintas que sean, han visto en la perpetuación presidencial el vehículo para modelar sus países a la medida de sus deseos. Qué decir de Fidel Castro, quien no logró hallar un sucesor que no llevara su sangre. Si Brasil ha logrado superar, con los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva, la herencia del autoritarismo populista de Getulio Vargas, en la Argentina el ejemplo de Perón impregna demasiado al partido que él fundó y que ya se confunde con el Estado. Ayudan, y mucho, las torpezas de una oposición que muestra menos interés en la construcción de la democracia que en el asalto a los privilegios que confiere la cosa pública, así como parece tener menos convicción para reintegrar a los marginales al mundo de la ciudadanía que en reemplazar a un firmante de los decretos de necesidad y urgencia por otro que haga lo mismo.
Néstor Kirchner, como Gómez, ha intentado prolongar sus planes de hegemonía alternándose con sus parientes en el gobierno, tal como hizo al decidir la candidatura de la actual presidenta, su mujer. Ahora sale a defender el modelo agitando el fantasma de un conflicto de intereses entre grupos y clases que sólo una figura providencial, el césar, podría contener. "Tengan en claro -declaró el candidato y presidente del justicialismo-que el 28 de junio no es una elección más. O es la vuelta al pasado para tratar de imponer proyectos que no tienen nada que ver con el pueblo, o es la consolidación de un proyecto nacional y popular que devuelva la justicia social. Tengan mucha memoria cuando estén en la cola para votar. Sientan el ruido del helicóptero y recuerden cómo se escaparon de la Casa de Gobierno."
Ese juego al todo o nada fue explotado ya por Menem. Los sucesores de la Alianza, que continuaron su doctrina económica y sus métodos políticos, demostraron que, a veces, todo se parece demasiado a nada. Es, de alguna manera, el juego bonapartista, una de las formas del cesarismo. Luego de las revoluciones de 1848, Luis Bonaparte fue elegido -el primer voto universal en Europa- presidente de la Segunda República Francesa. Sus constantes convocatorias a referendos desnaturalizaron la representatividad republicana y cimentaron su popularidad. El 2 de diciembre de 1851 aplastó a la creciente oposición monárquica al llamar a un plebiscito con la pregunta: "¿Queréis ser gobernados por Bonaparte? ¿Sí o no?". Un año más tarde, previa reforma constitucional, se convirtió en emperador autoritario.
La presidenta Cristina Fernández conoce bien la historia de Napoleón III, pues ha citado la obra de Carlos Marx sobre su golpe de Estado, El 18 Brumario de Luis Bonaparte , repitiendo la famosa frase según la cual cuando la historia se repite primero lo hace como tragedia y luego como farsa. Sus reclamos sobre la calidad institucional se enfrentan con sus declaraciones sobre los peligros que corre la democracia si el partido gobernante no logra la mayoría en las elecciones de diputados y senadores. Avalar a candidatos que no piensan asumir sus responsabilidades -los testimoniales, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli-tampoco fortalece su compromiso ciudadano. La influencia del estilo cesarista de su marido, que no concibe el disenso sino como traición, amenaza la estabilidad institucional no menos que la falta de ideas de la oposición.
La Argentina no merece unas vísperas electorales tan desalentadoras, en las que no se proponen otros futuros que el caos o la continuidad del modelo impuesto por la voluntad del césar. Hay, quién lo duda, horizontes más luminosos, pero desde las alturas del poder nadie los ve.

Tomás Eloy Martínez

La Argentina Renga

Cuando alguien camina con dificultad, hace esfuerzos por mantener el equilibrio y, pese a todo, se empeña en ir hacia delante, merece nuestro afecto solidario. Pero si esa dificultad tiene diagnóstico y, pese a su claridad, no es acompañado por un tratamiento adecuado, merece nuestra crítica.
Hace un par de décadas comenzó a proliferar en nuestro medio la literatura que realiza profundas e inteligentes disecciones sobre las causas de la decadencia que se infiltró en nuestro país a partir de 1930, cuando sucedió el primer golpe de Estado y empezó a cambiarse el ideario liberal de la Constitución alberdiana por el ideario controlador, estatista y corrupto de un populismo oscilante entre la izquierda y la derecha.
Los casi ochenta años de progreso en todos los órdenes que protagonizó la "Canán de América" entre 1853 y 1930 -como poetizó Rubén Darío- fueron sucedidos por otros tantos años de caída. En los 70, influidos por las ideas revolucionarias de moda, tuvimos vergüenza de ser "tan europeos" y decidimos latinoamericanizarnos. Ahí surgió la popular canción Hermano Latinoamericano que popularizó la bella voz de Mercedes Sosa. Lo conseguimos. Pero en vez de adoptar los aspectos admirables de América latina, incorporamos los horribles: más pobreza, analfabetismo, enfermedad, corrupción, ineficiencia gubernamental, aumento de la brecha entre pobre y ricos, droga y crimen. Ahora, ya latinoamericanizados, pareciera que quisiéramos "africanizarnos", porque no corremos junto a los mejores países de nuestro continente como Chile, México, Colombia y Brasil, sino a la zaga, seducidos por dictadores o semidictadores que evocan al caníbal de Idi Amín.
El dolor que sentimos se debe a la certeza de que la Argentina renguea, aunque podría caminar muy bien. Sabemos que no tiene artrosis incurable ni parálisis definitivas. No. Es un país alejado de los grandes conflictos mundiales, con sus riquezas naturales intactas, sin conflictos étnicos ni religiosos de envergadura y con recursos humanos de calidad, pese a la decadencia educativa, sanitaria y moral. Bastaría con mover un poco el timón y encauzar la República por el camino sabio que marca la Constitución: un Congreso independiente y una Justicia independiente, para que el Ejecutivo no se desmadre hacia la tiranía. En otras palabras, un Congreso donde el Ejecutivo encuentre una sana y patriótica tensión que lo fuerce al diálogo, oriente hacia políticas sensatas y le indique cuidarse de los ilícitos. Una Justicia también independiente y confiable, donde el Consejo de la Magistratura no sea al patíbulo de los jueces y fiscales que deben sancionar a los funcionarios corruptos.
Las cifras. Para que la Argentina deje de ser renga es necesario dejarla de tironear con tanta opresión oficialista. La Argentina es poderosa aún, pero arrastra lastres. Ni siquiera se atiende al hecho de que el Gobierno, nada menos, reconoce la existencia de 6 millones de pobres (en realidad deben ser más del doble). Hasta el mentiroso Indec -cuya desfiguración tendría que ser objeto de una sanción ejemplar por parte del nuevo Congreso- reconoce que el 35 por ciento de los adolescentes, en las provincias más pobres, no concurre a clases. Más aún: el 7 por ciento no ha pisado jamás un colegio (¡Sarmiento, Avellaneda, Roca!, por favor, no se revuelquen de dolor en el sepulcro). El 43 por ciento de los homicidios dolosos son ejecutados por menores de 25 años. El consumo del paco se triplicó desde el año 2005 y una dosis cuesta menos de 3 pesos. Hoy en día, con el gobierno "progre" que nos dirige y manipula, hay un consumo de paco superior al de Bolivia, Paraguay y Perú. ¡Qué bien nos va, por Dios!
Todos estos problemas -y los que no menciono por motivos de espacio-, tienen un diagnóstico. Se sabe por qué existen y por qué aumentan. No hay misterio. Se debe a la falta de trabajo y a la ética que enseña el trabajo. No hay trabajo por causas fáciles de entender. No seamos tan hipócritas de suponer que este mal proviene de una maldición bíblica o de la maniobra de una satánica potencia extranjera. Se trata de algo que se ha implementado en la Argentina por los mismos argentinos, como una inyección infecta que en lugar de curar introduce microbios.
No hay trabajo porque no hay inversión. Así de simple. Las fuentes de trabajo sólo se abren mediante inversiones. Insisto: así de simple. En este milagro no funciona la varita del mago Merlín ni el Estado omnipotente que dilapida sus recursos en la corrupción desenfrenada y el impúdico clientelismo. Nuestra falta de seguridad jurídica -que no cesa de manifestarse mediante "nacionalizaciones" innecesarias y maniobras que llevan dinero al bolsillo de funcionarios inescrupulosos- ha determinado que el pueblo argentino sea el que menos ganas tiene de invertir en su propia patria. Somos lo opuesto de varios hermanos latinoamericanos, pese a la canción popularizada por Mercedes Sosa. Por ejemplo, los brasileños no salen del real y por excepción compran un dólar, los chilenos no mandan dinero al exterior, tampoco los uruguayos. Los argentinos, en cambio, somos el pueblo que más dinero envía al extranjero para salvarlo de las dentelladas que le aplica el Estado de forma súbita, irrespetuosa y paralizante. Lo hizo el mismo Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz (dejo para otra ocasión la demanda por el informe que él nos debe sobre el periplo internacional de ese dinero y el destino de sus comisiones e intereses).
En definitiva, la renguera es curable. Y si no se la cura, los responsables somos nosotros, que no hacemos lo suficiente para que ello suceda.

Marcos Aguinis

27 de Octubre de 1983.

Argentinos: Se acaba... se acaba la dictadura militar. Se acaban la inmoralidad y la prepotencia. Se acaban el miedo y la represión. Se acaba el hambre obrera. Se acaban las fábricas muertas. Se acaba el imperio del dinero sobre el esfuerzo de la producción. Se terminó, basta de ser extranjeros en nuestra tierra. Argentinos, vamos todos a volver a ser los dueños del país. La Argentina será de su pueblo. Nace la democracia y renacen los argentinos. Decidimos el país que queremos; estamos enfrentando el momento más decisivo del último siglo. Y ya no va a haber ningún iluminado que venga a explicarnos cómo se construye la república. Ya no habrá más sectas de “nenes de papá”, ni de adivinos, ni de uniformados, ni de matones para decirnos lo que tenemos que hacer con la patria.

Ahora somos nosotros, el conjunto del pueblo, quienes vamos a decir cómo se construye el país. Y que nadie se equivoque, que la lucha electoral no confunda a nadie; no hay dos pueblos. Hay dos dirigencias, dos posibilidades. Pero hay un solo pueblo.

Así, lo que vamos a decidir dentro de cuatro días es cuál de los dos proyectos populares de la Argentina va a tener la responsabilidad de conducir al país. Y aquí tampoco nadie debe confundirse. No son los objetivos nacionales los que nos diferencian sino los métodos y los hombres, para alcanzarlos.No es suficiente levantar la bandera de justicia social, hay que construirla y hacer que permanezca. Las conquistas pasajeras, frágiles, las borran de un plumazo las dictaduras. Y entonces, es el pueblo el que paga los errores de los gobiernos populares.

No puede haber más equivocaciones. Hay que saber gobernar a la Argentina. Éste no es un tiempo para improvisar, para debilitarse en luchas internas. Hay demasiado trabajo que hacer para que se carezca de la unidad de mano necesaria para enfrentar todos los problemas que nos deja la dictadura.No alcanza declamar la libertad. Hay que tener historia de libertad para poder asegurarla. Si no, vuelve el silencio, la represión y el miedo.Lo que vamos a decidir es cuál de los dos proyectos populares está en mejores condiciones de lograr la libertad y la justicia social sin retrocesos, para éstas y las próximas generaciones de argentinos.

Los más altos dirigentes justicialistas han dicho que las elecciones no las ganará ningún candidato sino que las va a ganar Perón, así como el Cid Campeador venció muerto una batalla.

Me pregunto, como se preguntan millones de argentinos, entonces, ¿quién va a gobernar en la Argentina? Y me lo pregunto al igual que millones de argentinos, porque todos recordamos muy bien lo que ocurrió cuando murió Perón.

En ese momento, se produjo una crisis de autoridad que ocasionó grandes daños al país. En esos años, hubo quienes tomaron decisiones desacertadas, hubo quienes actuaron irresponsablemente, hubo quienes precedieron con buena voluntad y hubo quienes lo hicieron de manera criminal. Pero lo cierto es que sucedía algo más importante: nadie sabía realmente quién gobernaba en verdad a la Argentina. La crisis de autoridad creada por la muerte de Perón, al no poder ser resuelta por el partido gobernante, colocó a la Nación más allá de la voluntad, e incluso de la buena voluntad, de los que deseaban fervientemente consolidar un gobierno popular al servicio del pueblo.

Asistimos entonces a un caos económico, al desorden social y a la escalada de la violencia. El llamado Rodrigazo inauguró hiperinflación y la especulación más desenfrenada. Esta inflación galopante, desatada en junio de 1975, implicó un despojo cotidiano sobre todos los salarios. La reacción justa e inevitable de los trabajadores ahondó un creciente desorden social.Entretanto, la acción de las Tres A, desplegada con toda intensidad e impunidad, había suscitado un clima de violencia generalizada. Sobre este telón de fondo, en medio del caos económico y el desorden social, nos vimos envueltos en un juego enloquecido de terrorismo y represión que se fue ampliando de manera incontenible.

Nadie podrá reprochar jamás al radicalismo haber echado leña al fuego en esos años de desorientación y crisis. El radicalismo no intentó aprovecharlos en su favor sino que puso todo su esfuerzo para que se mantuvieran las instituciones de la república.Pero la crisis de autoridad suscitada por la muerte de Perón resultó inmanejable y tuvo consecuencias trágicas. La más evidente, que todos sufrimos, fue la de ofrecer el pretexto esperado por las minorías del privilegio para provocar el golpe de 1976 y sumir a la Nación argentina en el régimen más oprobioso de toda su historia.Vinieron con el pretexto de terminar con la especulación y desencadenaron una especulación gigantesca que desmanteló el aparato productivo del país, empobreció a la inmensa mayoría de los argentinos y enriqueció desmesuradamente a un minúsculo grupo de parásitos.

Vinieron con el pretexto de evitar la cesación de pagos ante el extranjero y endeudaron al país en una forma que nadie hubiera podido imaginar y sin dejar nada a cambio de una deuda inmensa.Vinieron con el pretexto de eliminar la corrupción y terminaron corrompiendo todo, hasta las palabras más sagradas y los juramentos más solemnes.Vinieron con el pretexto de restaurar la tranquilidad y se ocuparon de imponer el temor a la inmensa mayoría de los argentinos.Vinieron con el pretexto de instaurar el orden y acabar con la violencia y desataron una represión masiva, atroz e ilegal, acarreando un drama tremendo para el país, cavando un foso de sangre deliberadamente, impulsado por algunos grupos privilegiados con el designio de enfrentar definitivamente a las Fuerzas Armadas con el pueblo argentino a fin de entorpecer o impedir la vialidad de cualquier futuro gobierno popular.Vinieron con el pretexto de imponer la paz e incitaron a la guerra, hasta que, usando las aspiraciones más legítimas y sentidas por todos los argentinos, se embarcaron irresponsablemente en el conflicto de las Malvinas.

Nadie puede imaginar que sea responsable de estas tragedias la masa de hombres y mujeres argentinos que creían en Perón. Por el contrario, ellos, como la inmensa mayoría de los argentinos, han sido las víctimas de tales males.Pero sería irresponsable no reconocer que la crisis de autoridad que siguió a la muerte de Perón desembocó en una situación inmanejable para el partido entonces gobernante. Así cundieron el desconcierto y el descreimiento y se dejó el campo libre para la aventura del régimen militar y los intereses espurios, de adentro y de afuera, que se encaramaron en el poder.Es una lección amarga que los argentinos no podemos ni debemos olvidar porque, si no, las desgracias volverán a repetirse. Detrás de esa lección hay otra más profunda que tampoco deberemos olvidar. La crisis de autoridad que se vivió al morir Perón abrió una disputa por el poder en la que predominaron la prepotencia y la violencia. Pero con la prepotencia y la violencia no hay gobierno posible para el pueblo argentino: con ellas sólo se benefician los pequeños grupos que las manejan mientras casi todos los argentinos se perjudican. Peor aún: por ese camino corremos el peligro de quedarnos sin país.Porque la violencia y la prepotencia son las que nos impiden construir. Es la violencia alternativamente ejercida por unos y otros grupos minoritarios, ya sea la violencia física, económica, social o política, la que nos obliga a comenzar siempre de nuevo, la que viene a destruir lo que a duras penas levantamos un día y nos fuerza a empezarlo otra vez al día siguiente. ¿Qué industria vamos a tener si cada dos o tres o cuatro años las fábricas se cierran y pasan otros tantos años para abrirlas otra vez y recomenzar casi de cero? ¿Qué sindicatos vamos a tener si los trabajadores se ven entorpecidos desde afuera o desde adentro para construirlos y perfeccionarlos a través del tiempo por su libre decisión, ejerciendo con pasión pero con tranquilidad la crítica que permite corregir errores y mejorar las cosas? ¿Qué educación vamos a tener si la intolerancia y la prepotencia llevan periódicamente a echar maestros y profesores, a cerrar aulas y laboratorios, a destruir una y otra vez en pocos días lo que tanto trabajo y tantos años cuesta levantar en cada ocasión? Y así podríamos seguir con cada tema, con cada actividad. ¿Cómo nos vamos a quedar inermes ante los intereses extranjeros si destruyéndonos una y otra vez a nosotros mismos somos incapaces de fortalecernos?

Los argentinos, casi todos los argentinos, tenemos en nuestra boca el amargo regusto de trabajar en vano, de arar en el mar porque periódicamente asistimos a la destrucción de nuestros esfuerzos.Y todo esto ocurre porque el poder que se puede obtener con la violencia y la prepotencia sólo sirve para lo que ellas sirvan, es decir para destruir. Es poco o nada lo que se puede construir con la violencia y la prepotencia. Y así es como está nuestra desgraciada Nación.

La crisis de autoridad sólo será resuelta restableciendo la autoridad, es decir la capacidad para conciliar, la aptitud para convencer y no para vencer.Tendremos autoridad porque seremos capaces de convencer, porque estamos proponiendo lo que todos los argentinos sabemos que necesitamos: la paz y la tranquilidad de una convivencia en la que se respeten las discrepancias y en la que los esfuerzos para construir que hagamos cada día no sean destruidos mañana por la intolerancia y la violencia.

Proponerse convencer sólo tiene sentido si estamos dispuestos también a que otros nos puedan convencer a nosotros, si aseguramos la libertad y la tolerancia entre los argentinos. Proclamamos estas ideas no sólo porque nos parecen mejores, sino –y sobre todo– porque sabemos que constituyen el único método para que los argentinos nos pongamos a construir de una vez por todas nuestro futuro. Esto es, simplemente, la democracia.Y cuando denunciemos a quienes proponen, de uno u otro modo, perpetuar la violencia, la prepotencia o la intolerancia como método de gobierno, no queremos ni nos importa denunciar a una o varias personas determinadas. Lo que nos preocupa, y lo que nunca dejará de preocuparnos, es impedir que ese método destructivo siga imperando en nuestra patria, que siga aniquilando los esfuerzos de todos los argentinos, que siga condenándonos, como nos condenó hasta ahora, a ser un país en guerra consigo mismo.Hay quienes creen, por tener demasiado metida dentro de sí mismos la prepotencia, o por soñar con soluciones mágicas e inmediatas, que ser tolerantes es ser débiles. Se confunden por completo. Para ser tolerantes y para hacer imperar la tolerancia se requiere mucho más firmeza que para ser prepotentes.

En primer lugar, se necesita firmeza consigo mismo para no caer en la tentación de abusar del propio poder. ¡Cuánto mejor estaríamos hoy sí en las Fuerzas Armadas hubiera existido el buen criterio, el correcto criterio de usar las armas que el pueblo les entregó para defenderlo eficientemente contra las Fuerzas Armadas de otros países y no para ocupar el gobierno de la república!

¿Cuánto mejor estaríamos si casi todos los gobiernos no hubieran cedido a la tensión de declarar el estado de sitio –medida excepcional y extrema según la Constitución– para vencer sus dificultades en vez de procurar convencer a la población, aceptar sus críticas y garantizar el reemplazo pacífico de los gobernantes.

Pero también se requiere mucha firmeza para impedir, de una vez por todas, que vuelvan a triunfar los profetas de la prepotencia y de la violencia. Después de las desgracias que sufrimos, el pueblo argentino entero habrá de impedirlo. Nunca más permitiremos que un pequeño grupo de iluminados, con o sin uniforme, pretenda erigirse en salvadores de la patria, mandándonos y pretendiendo que obedezcamos sin chistar. Porque sabemos que sólo podremos levantarnos de estas ruinas que nos oprimen mediante el esfuerzo libre y voluntario de todos, mediante el trabajo oscuro y cotidiano de cada uno. Ningún obstáculo será insuperable frente a la voluntad inmensa de un pueblo que se pone a trabajar si cerramos definitivamente el camino a la prepotencia y la violencia y la destrucción con las que nos amenazan.Estas ideas constituyen nuestra primera propuesta básica: que sea claro el método con el que vamos a construir nuestro propio futuro, el método de la libertad y de la democracia.

Nuestra segunda propuesta fundamental, además del método con el que actuaremos, señala el punto de partida del camino que nos propondremos recorrer: el de la justicia social.Es innecesario reiterar la gravedad de la situación actual del país, la peor de toda su historia. Pero sí es un deber de todos entender que hay quienes sufren más que otros. Nuestro punto de partida, que sabemos compartido por la inmensa mayoría de los argentinos, apela a un formidable esfuerzo de solidaridad y fraternidad con los que están más desamparados, con los que más necesitan entre todos los que necesitan. Vamos a construir el futuro de la Argentina y comenzaremos por construirlo ya mismo para quienes menos tienen.

Es por eso que yo hice un solo juramento: no habrá más niños con hambre entre los niños de la Argentina. Esos niños que sufren hambre son los más desamparados entre los desamparados y su condición nos marca con un estigma que debe avergonzarnos como hombres y como argentinos.Nuestra apelación a la fraternidad y la solidaridad entre los argentinos es mucho más que un impulso ético. Hay en ella un propósito político en el sentido más profundo de la palabra.

Porque la riqueza de un país no está en su territorio ni en sus bienes, ni en sus vacas ni en su petróleo: está en todos y cada uno de sus habitantes, en todos y cada uno de sus hombres y mujeres. Es el trabajo, la capacidad de creación de los seres humanos que lo habitan, lo que da sentido y riqueza a un país.Por eso, cuando nos proponemos privilegiar el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más postergados, estamos proponiendo rescatar, lo más rápidamente posible, la mayor fuente de nuestra riqueza, el mayor capital de nuestra patria: es la voluntad de terminar con la inacción a que fueron condenados millones de hombres y mujeres para que sumen su esfuerzo a los otros millones de hombres y mujeres que están trabajando. Es la voluntad de conseguir cuanto antes una mayor igualdad, para que todos los argentinos puedan tener iguales oportunidades de desplegar su esfuerzo creador y contribuir con él al bienestar de todos. Es voluntad de terminar con los que están injustamente relegados porque la sociedad no les ofrece ni les permite lo que debe ofrecerles y permitirles en la Argentina justa y generosa que vamos a construir. Es la voluntad de acabar con la falta de techo y comida, de educación y de salud, que castiga a tantos compatriotas y que nos priva a todos de la contribución que podrían dar a la nación. Es la voluntad de terminar con la discriminación ejercida contra nuestras mujeres argentinas por la subsistencia de costumbres retrógradas.

Ese pueblo unido en el trabajo, en la libertad y en la justicia social que vamos a tener constituirá la valla más formidable que los argentinos levantaremos para impedir nuevas frustraciones.Sobre esa voluntad nuestro gobierno actuará con toda la energía y la firmeza que el pueblo está esperando para que nunca más los pequeños grupos de privilegiados de adentro ni los grandes intereses de afuera quiebren las instituciones y sometan a la Nación.

Y ahí no habrá ninguna antinomia, porque es falso que las haya, como son falsas las acusaciones que imprudentemente algunos lanzaron.No habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas cuando se trate de terminar con los manejos de la patria financiera, con la especulación de un grupo parasitario enriquecido a costa de la miseria de los que producen y trabajan.

No habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas cuando haya que impedir cualquier loca aventura militar que pretenda dar un nuevo golpe.Sabemos que, como argentinos, son innumerables quienes aprendieron que detrás de las palabras grandilocuentes con las que se incita a los golpes está, ahora más que nunca, la avidez de unos pocos privilegiados dispuestos a arruinar al país y grandes intereses extranjeros dispuestos a someterlo.

La inmensa mayoría de los argentinos, sin distinciones ni banderas, y el gobierno al frente, terminarán para siempre con cualquier tentativa de recrear la perversa e ilícita asociación de miembros de las cúpulas de las FF.AA., formando un partido militar, para aliarse una vez más con la elite parasitaria de la patria financiera a fin de conquistar y usufructuar el poder en su propio beneficio.

No habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas sino argentinos unidos para enfrentar el imperialismo en nuestra patria o para apoyar solidariamente a los países hermanos que sufran sus ataques.

La construcción y la defensa de la Argentina la haremos marchando juntos, aceptando en libertad las discrepancias, respetando las diferencias de opinión, admitiendo sin reparos las controversias en el marco de nuestras instituciones, porque así y sólo así podremos lograr la unión que necesitamos para salir adelante.

Una nación es una voluntad viviente y, al igual que los hombres, se templa con las desgracias. Las desgracias que sufrimos nos han templado y ese temple es indispensable para sobrellevar las dificultades que deberemos superar.¡Y las vamos a superar!

Tenemos el inmenso privilegio, entre los países del mundo, de disponer de un territorio extenso y lleno de posibilidades que esperan ser explotadas. Frente a un pueblo que despliegue con vigor su capacidad de trabajo y vaya construyendo piedra sobre piedra su futuro, impidiendo que nadie, nunca más, venga a destruir lo que vaya haciendo, no hay dificultad que no pueda superarse. Éste es nuestro propósito, ésa es la voluntad en que nos empeñaremos todos los argentinos, ése será nuestro gobierno.Y el símbolo que coronará nuestros esfuerzos, que expresará mejor que ningún otro la autoridad, la paz, la tolerancia, la continuidad del trabajo fructífero de la Nación, lo veremos dentro de seis años, cuando entreguemos las instituciones intactas, la banda y el bastón de Presidente a quien el pueblo argentino haya elegido libre y voluntariamente.

Raúl Alfonsín

Cierre de campaña 1983.

Alfonsín.

Las necrológicas dan por cierto que alguien murió. Yo no sé hoy si éste es el caso. En rigor de verdad, todo lo que digo lo podría decir ahora como lo podría haber dicho antes, como lo podría decir mañana.
Él me hizo volver. Cuando ganó, me di cuenta de que mi exilio había terminado. Me di cuenta de que si hubieran ganado los otros, los peronistas, hubiera habido auto amnistía de los militares. No hubiera habido juntas militares juzgadas. Por eso, cuando ganó, asumió el poder y lo primero que hizo fue juzgar a las juntas, me di cuenta de que la larga década del exilio llegaba a su fin.
Y cuando ya estuvimos acá, me sacó a la calle. Raúl Alfonsín convocó a la gente a la Plaza de Mayo cuando a la República la acechaba un golpe militar de ultra derecha, un golpe militar que cosechaba solidaridades imprevisibles. Afortunadamente, el país democrático, incluyendo muchos notables justicialistas, se agrupó en el balcón de la Casa Rosada para detener la asonada golpista.
Es el hombre que me costó entender, como a tantos coetáneos. Lo hablé entonces, y lo hablé luego muchísimas veces, cara a cara y a solas con él, mirándolo a los ojos, así como él siempre me ha sostenido la mirada. “¿Por qué lo hizo?”, le preguntaba. Jamás me hubiera sido posible tutearlo. Siempre le he dicho “Doctor”. Porque es un doctor. Siempre le he dicho “Doctor Alfonsín”.
Estaba convencido, y siguió convencido hasta último momento, que era indispensable evitar el derramamiento de sangre. Él sabía, y él lo supo en Campo de Mayo, que si algún tipo de gesto la democracia no producía, lo que se había conquistado, lo que se había recuperado, se desintegraría.
Me costó también entenderlo cuando pactó. ¿Por qué lo hizo? Muchos se lo preguntamos. Con una paciencia infinita, Alfonsín lo explicó una y otra vez, y encima lo dejó por escrito en un libro formidable e imprescindible para los jóvenes, que se llama “Memoria política”. Estaba convencido de que era la única manera de encuadrar a un hombre cuyo apetito de poder era voraz, Carlos Menem.
Pero Alfonsín también es el hombre que transgredió. Transgredió mucho más de lo que muchos imaginan, en un momento en donde nadie transgredía nada. Por eso fue combatido por izquierda y por derecha. Por eso desde la izquierda lo corrían con el Fondo Monetario Internacional, y hubo un grupo de alucinados demenciales, finalmente homicidas, que fue a por un cuartel, dejando un saldo de 40 muertos.
Pero la derecha lo odiaba. La Sociedad Rural le dio vuelta la cara en Palermo. La Iglesia Católica Apostólica Romana, aún cuando había gente de probada convicción católica en el gobierno de Alfonsín, le hizo la vida imposible con la ley de divorcio, que hoy es prácticamente una antigualla.
Le cantó las cuarenta en la cara a Ronald Reagan en los jardines de la Casa Blanca, por eso fue recelado. Porque la política exterior de Alfonsín propugnaba la paz en Centroamérica. Estaba en contra del intento subversivo contra la Nicaragua sandinista. Argentina fue un país clave en el Grupo Contadora.
Es el hombre que se ha jugado por el sistema, siempre. Tuvo muy en claro que lo único que no era negociable era la democracia y la separación de poderes. Por eso, cuando en el ’89 el peronismo vociferaba “Cuando usted disponga, ahí llegamos”, prefirió irse antes, y evitar que estallara el país. Pidió diálogo en todo momento, y a menudo no lo consiguió, sobre todo en los últimos años.
Hace mucho tiempo que Raúl Alfonsín es un indispensable. Un hombre que por méritos propios, por tenacidad, por patriotismo y por nobleza personal, tenía y tiene la talla de un estadista. Él pensó, y sabía, que la Argentina tenía que salir de la Capital Federal en algún momento. Por eso habló de Viedma. Lo calificaron de loco, de alucinado, de psicópata: “¿Trasladar la Capital?”. No se equivocaba: hoy, como ayer, como mañana, seguirá siendo estratégico. Por eso hizo un Congreso Pedagógico, porque consideraba que era indispensable debatir a fondo, qué educación queremos para los chicos.
Y sobre todo, es el hombre que, a 72 horas de haber asumido la presidencia de la Nación, con las Fuerzas Armadas intactas, con los servicios de inteligencia de las juntas intactos, con la entera estructura del genocidio en su lugar, firmó el decreto de enjuiciamiento a las juntas militares y también a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. Todos ellos tuvieron la posibilidad de defenderse. La Justicia, con enorme rapidez, pese a que apenas hacía horas habíamos salido de la dictadura, terminó con el paradigmático Nunca Más, un ejemplo para el mundo, un caso sin precedentes.
No descolgó cuadros del Colegio Militar, no vociferó contra gente impotente, no cazó leones en el zoológico. Por eso, así lo trataron los carapintadas.
Éste es el Alfonsín que yo recuerdo.
El que siempre recordaré.
Un hombre de una infinita bondad.
Un hombre que me hizo volver, a mí, y a mis seres queridos.
El hombre que fundó la democracia argentina.
El hombre al que no quisieron escuchar los actuales gobernantes, cada vez que les pidió que se bajaran de la soberbia y que aprendieran a dialogar.
Con Alfonsín o sin Alfonsín, aunque estará siempre con nosotros, ojalá que los que ahora tienen poder aprendan la lección y se bajen del caballo.
Y aprendan que un estadista es un hombre que hizo, que dijo y que dejó, lo que hizo, dijo y dejó Raúl Alfonsín.

Pepe Eliaschev

Golpes de memoria.

A principios de los años setenta muchos argentinos de distintos sectores sociales (incluso de las clases media y alta) estaban convencidos que los problemas argentinos solo podrían definirse por las armas. El movimiento obrero sindicalizado, todavía poderoso, era igualmente violento, incluso para resolver sus luchas internas: casi todos los dirigentes sindicales murieron a balazos. Con algunas excepciones, los jefes militares, siguiendo su propia tradición, creían más efectiva la represión violenta que la vía política.
Pocos creíamos que la democracia, el estado de derecho y los procesos electorales en un marco de libertades públicas y privadas posibilitarían el encauzamiento de la Argentina. Aunque el lema de la UCR en las elecciones de 1973 fue “Por un cambio en paz”, en esa fuerza defensora de la legalidad algunos jóvenes exaltados le agregaban “en paz o como sea.” Y la contienda electoral, previsiblemente, la ganó el Frente Justicialista de Liberación Nacional, dominado por el Peronismo, que ofrecía una retórica muy imprecisa pero violentamente impugnadora, tanto desde su derecha o su izquierda, ya bien definidas y reconocibles. Como luego se vería las unía el proyecto del retorno al poder del General Perón.
Sería caer en el simplismo afirmar que el golpe militar de 1976 fue un acto sorpresivo, traicionero y autogenerado en la voluntad de un grupo de jefes de las Fuerzas Armadas. Ha sido el resultado de una serie de episodios importantes, cada uno de los cuales es clave y eslabón imprescindible para los acontecimientos siguientes, en un proceso que tenía una lógica resignada. El 24 de marzo de 1976 es un episodio inseparable del periodo 1969 y 1973, entre el cordobazo y el Retorno al poder del General Perón, dice con razón el historiador Luis Alberto Romero. Pero la caracterización de aquellos hechos y los que le siguieron una vez instalado el Gobierno de la Junta Militar que hace el discurso oficial requiere una mirada critica. El Gobierno quiere perpetuar lo que ha dado en llamarse “memoria colectiva” Sobran en ella el disimulo, la ignorancia fingida o el olvido de los antecedentes del golpe. Mencionemos solo algunos.
El 20 de junio de 1973 el General Perón retornó al país, para asumir el poder que le había prometido el electorado. Se produjo ahí, a nuestro juicio, el primer acto de la cadena de “golpes”: En Ezeiza hubo una masacre de militantes y montoneros, ejecutada sistemáticamente por grupos policiales y para policiales peronistas de extrema derecha. Raúl Alfonsín calificó el sangriento retorno como un “Putch de la derecha totalitaria”. Nunca se investigó ni se condenó a nadie durante las Presidencias de Perón y de su viuda. Comenzó ahí el desplazamiento de los montoneros y los intelectuales de la izquierda “entrista” – los “infiltrados comunistas” – según los definió el propio General. El 1 de mayo de 1974 los expulsó de la Plaza de Mayo. Si académicamente ese despido, no puede ser definido como un golpe, si al menos fue un recíproco “portazo”. Pero sus consecuencias resultaron las de un segundo golpe de estado, si nos sometemos a la primitiva definición que le dio el creador del concepto, el jurista francés Gabriel Naudé, en 1639: un acto del soberano para reforzar su poder.
El avance de la derecha fascista se desató sin límites en 1974. Los montoneros pasaron a la clandestinidad, y el ERP, que nunca fue peronista, fue de hecho aniquilado en la selva de Tucumán y en Monte Chingolo. Un quiebre constitucional es el Decreto Presidencial del 9 de febrero de 1975, que ordenaba a las Fuerzas Armadas la “aniquilación de los elementos y actividades subversivas” sin definir los medios para ello ni la condición de “subversión”.
En junio de 1975 se produce un golpe económico de magnitudes nunca conocidas antes: la abrupta devaluación monetaria y el ajuste social provocan la huelga golpista del 27 de julio del mismo año, contra el entorno político de Isabel Perón. Se obliga la renuncia de José López Rega, líder de la Triple “A”, que se proclamaba autor de 220 asesinatos políticos, torturas y secuestros.
Los intentos de la oposición parlamentaria para someter a Juicio Político a la Presidente, fueron rechazados por el bloque oficialista, aun con por las variantes temerosamente no verticalistas. En el debate parlamentario del 29 de febrero para el tratamiento sobre tablas del proyecto del enjuiciamiento, quedaron claras las posturas del Justicialismo: al negarse a una salida constitucional de la crisis política y económica, de hecho estaba promoviendo la intervención militar. El Congreso del partido Justicialista reunido el 6 de marzo de l976 ratificó el apoyo al Gobierno y su política represiva. Por esa razón el Presidente del Senado, rechazó el pedido de asamblea Legislativa para reemplazar a Isabel Perón y designar un Presidente provisorio que terminara el mandato, tal como lo promovía el Radicalismo. La Constitución ya estaba agotada y descreída. Isabel Perón no renunció porque prefería, junto con su partido, que quedara abierto el camino para la asunción plena del poder por las Fuerzas Armadas.
Los hechos de marzo tenían el signo de la premonición de una tragedia aceptada e inevitable. Los jefes militares le comunicaron a la viuda de Perón que las Fuerzas Armadas asumirían el gobierno. Ella lo aceptó con docilidad y alivio, y nunca lo impugnó. Fue conducida de buenas maneras a una confortable mansión en Villa la Angostura. Y luego regresó a su cómodo hogar madrileño. Ni el Congreso dominado por el Justicialismo ni un Poder Judicial atemorizado y obediente, mostraron signo alguno de resistencia y más bien al contrario, se sumaron en muchos casos al carro triunfador o guardaron silencio. Todo el periodo previo al 24 forma parte del mismo drama revolucionario, porque impone un cambio drástico del orden político, culminando con la disolución del ya inútil Parlamento, prohibiendo la actividad de los partidos políticos oficialistas y opositores, por que sus cúpulas ya nada tenían para decir ni para hacer. Y fueron todos los golpes previos los responsables en conjunto de aquel acto terminal, un principio del fin pactado por el gobierno y los jefes militares, que constituyó la más reaccionaria de las revoluciones de nuestra Historia. La complicidad de la dirigencia Justicialista con la Dictadura Militar se ratifica en 1983: la Plataforma del Peronismo y la formula Luder-Bittel aceptaba explícitamente la auto amnistía sancionada por la Junta Militar en 1983.
La ciencia política moderna define al golpe de estado: cambio forzado de los poderes públicos establecidos por un hombre o un grupo de hombres según un plan metódico preestablecido. En América Latina el golpe de estado se asimila con el golpe militar, y con las revoluciones autoritarias. Una equivalencia que tenía sus razones en la década de los 70, cuando más de la mitad de los países del mundo estaban gobernados sin origen electoral democrático y libre.
Los que creemos en la Democracia condenamos todas las Dictaduras, sean militares o mixtas, que son las más frecuentes, y cualesquiera haya sido el camino mas o menos legal para acceder al poder. Quien esto escribe sufrió personalmente las consecuencias de su resistencia al terrorismo de Estado. El diario Río Negro, valientemente comprometido con la defensa de los derechos humanos, es testimonio objetivo de la lucha que dimos en los “años de plomo”, como lo señaló su director Julio Rajneri.
Pero hay distintas razones, motivaciones y objetivos para la condena al Gobierno Militar y al que inmediatamente lo precedió. Fijar de manera indeleble en la memoria de los argentinos el acto militar del 24 de marzo como única causa y origen, es a mi juicio un grueso error al rescatar algunos hechos para ocultar otros inmediatamente anteriores y posteriores. Y los hechos que oculta tuvieron por protagonistas y responsables a los integrantes de la facción partidaria ortodoxamente peronista en los años 70: todos privilegiaron la unidad del Justicialismo, partido al que pertenece el actual Presidente, por sobre la realidad.
Una “memoria” que contemple el pluralismo de una sociedad libre, ha de organizarse en torno a una conciencia cívica no manipulada, para que sea coherente con una conducta cívica. En el caso argentino implica, al decir de la historiadora Hilda Sábato, “un consenso amplio y básico, que será sin duda inestable, en torno a la identificación de la Argentina con una comunidad democrática”. Historiar no es memorizar. La memoria es necesariamente selectiva. La historia es, en cambio, una actividad intelectual que no puede ni debe ignorar los hechos que han quedado registrados o han dejado su rastro. Ha de estar siempre abierta a nuevas investigaciones e interpretaciones. Lo que se denomina memoria colectiva - construida sobre la base de los recuerdos y las experiencias subjetivas de grupos o facciones – es un intento organizado para conformar una identidad ideológica común de esos mismos grupos. Plegar la realidad histórica a un discurso ideológico que la desconozca, no puede funcionar sin una fantástica violencia psicológica.
La memoria no puede ser única ni impuesta. Porque así, paradojalmente, supone otros olvidos. La memoria colectiva dirigida por un discurso masivamente repetido por todo el aparato estatal es un procedimiento frecuentado por las dictaduras y las mentalidades autoritarias. Manipulando los hechos del pasado, ocultando, desfigurando o amputando su relato, lo convierten en un mito ideologizante que tiende precisamente a justificar y fortalecer el mismo poder que lo construye. Esa política de la memoria única es equivalente a las políticas de la amnesia, basadas en la mentira, la censura y la prohibición del recuerdo, que ejecutó la Dictadura. Y ambas constituyen, metafóricamente, golpes de memoria.

Osvaldo Álvarez Guerrero

Buenos Aires, 2007