martes, 11 de noviembre de 2008

Jubilados: sumar a los excluidos.

Es difícil desvincular la decisión de estatizar el régimen previsional privado, de las necesidades de financiamiento de la deuda y de una política contracíclica de gasto primario en 2009. Siendo ésta probablemente la motivación principal, no deben, sin embargo, excluirse razones de tipo conceptual.
El anuncio de la reforma ha reabierto el debate sobre dos ejes: uno técnico, acerca de las fortalezas y debilidades de los sistemas de reparto y de capitalización, que es independiente del carácter público o privado de la gestión; otro, más ideológico y político, sobre los principios que los guían y el control -esta vez sí- estatal o privado de los fondos. Se añade a éstos un nuevo eje, como es si se están vulnerando o no los derechos de propiedad de los aportantes al sistema privado de capitalización.
Pero, hasta ahora casi sin excepciones, está quedando fuera del debate una cuestión esencial: ¿es éste un sistema de seguridad social, en cualquiera de ambas modalidades, que está en condiciones de cumplir sus fines para la mayoría de la población?
Si el examen se hace desde la cobertura del sistema, la respuesta es negativa: menos de la mitad de la población activa aporta regularmente en el sistema de capitalización o en el de reparto. El dato que quizás mejor ilustra la pobre cobertura de la seguridad social es que en cerca del 60% de los hogares el miembro ocupado que aporta la mayoría de los ingresos no cotiza de manera regular. Entre las familias pobres la proporción se eleva a 75%.
La causa generalmente aceptada de la baja cobertura es la informalidad laboral y en los últimos años (aunque afortunadamente ha descendido) el desempleo. La condición legal para acceder a la seguridad social es poseer un empleo registrado; hay también una condición funcional y es que la tasa de rotación no debe ser muy alta. En el sector privado más de 35% de los asalariados no posee un contrato registrado, y de ellos, más de la mitad tiene un trabajo intermitente. Sin mecanismos extraordinarios como las moratorias para los que no aportaron -muchas veces percibidos como inequitativos por los que aportan- la elevada informalidad hace difícil mejorar significativamente la cobertura de la seguridad social.
Esto lleva a situaciones de inclusión y exclusión. El hecho de que algunos estén cubiertos por la seguridad social y que otros dependan de los recursos asistenciales implica el reconocimiento social de la segmentación laboral. Esto tiene que ver, en medida apreciable, con el modelo de financiamiento.
Por ser un derecho restringido a la inserción formal en el mercado laboral, la seguridad social se financia con contribuciones sobre las remuneraciones de los trabajadores registrados.
Sin embargo, el financiamiento contributivo es insuficiente: no obstante el gran aumento de la recaudación por la mejora del empleo y los salarios formales, casi la mitad de los recursos que maneja la ANSeS son no contributivos, es decir, provienen de impuestos que abonan los ciudadanos con independencia de que tengan o no empleo, de que su ocupación sea formal o informal, o de que reciban o no beneficios.
Estos recursos incluyen el 15% de la masa coparticipable bruta; el 11% del producido del IVA; el 20% de la recaudación neta del impuesto a las ganancias; el 21% de los impuestos que gravan la nafta; el 100% de los impuestos específicos al gasoil, dieseloil, kerosene y gas natural comprimido; y el 90% del impuesto a los bienes personales.
De cada $ 1 de prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 32 centavos son pagados con recursos no contributivos. Esto lleva a situaciones de inequidad, en particular para los más pobres que no acceden a la seguridad social.
La transferencia al ANSeS de los aportes que ahora van a las AFJP difícilmente permita resolver la dependencia de los recursos no contributivos. Sin éstos, el haber promedio de los jubilados y pensionados sería de menos de $ 850, es decir un tercio del salario medio de los aportantes. Y todavía la mitad de la población seguiría sin cobertura.
La pregunta, por ende, es si hay que mantener sistemas paralelos de protección social (uno previsional y otro asistencial) dependiendo de la condición laboral, o si hay que avanzar hacia un sistema de dos pisos, con un seguro social universal desvinculado de la inserción en el mercado de trabajo, que proporcione una cobertura básica previsional y de salud, y unos seguros complementarios, estos sí contributivos, a través de la negociación colectiva o contratado de manera privada.
Pensar cómo cubrir a una alta proporción de la población, hoy al margen del sistema de seguridad social, es tan importante como elegir cuál es el mejor modelo para los que ya están incluidos.
Ernesto Kritz.
Economista, Socio Director de SEL Consultores.

miércoles, 5 de noviembre de 2008

¿Reparto o capitalización?

Luego de 5 años de gobierno de una misma fuerza política, desarrollado en un contexto de crecimiento económico sin precedentes, súbitamente el gobierno nacional ha dado a conocer su visión de que el sistema de capitalización individual administrado por las AFJP posee una serie de falencias que hacen necesaria su abolición, justo en el momento que se produce una muy seria crisis financiera internacional y el país necesita asegurarse de financiamiento para cumplir con obligaciones, entre otras razones. De esta manera, los recursos acumulados irían a las arcas de la ANSES y el sistema público de reparto sería el encargado de garantizar un ingreso a los que se retiran de la fuerza de trabajo.
Efectivamente, los sistemas de capitalización están sujetos a recibir los impactos negativos de momentos de crisis nacional como en el 2001/2002 o internacional como el actual y crisis de esta envergadura pueden causar una erosión significativa o aun la licuación de los activos acumulados en las cuentas individuales dejando a los trabajadores desprotegidos en el momento que más lo necesitan, que es el momento en el que se jubilan o pensionan. Además, el modelo de capitalización adoptado por la Argentina ha demostrado ser caro ya que una porción sustancial del aporte no va a la cuenta de capitalización sino a comisiones destinadas a las Administradoras.
Ahora bien, ¿la solución es volver al sistema de reparto?. Un poco de memoria nos permitirá recordar que el sistema de reparto que precedió a la reforma de 1993 que introdujo la capitalización, venía de una crisis de 30 años, que no podía cumplir lo que la ley determinaba y que había generado una monumental cantidad de juicios que tuvo en jaque a los diversos gobiernos de aquellos tiempos.
¿Es la situación actual mejor que la del pasado para descansar en un sistema de reparto?. De ninguna manera. Por el contrario, la situación es aún más grave. En los sistemas de reparto hay dos elementos fundamentales que explican su viabilidad: por un lado la relación entre aportantes y beneficiarios y por otra parte el porcentaje del salario que se contribuye. Así, por ejemplo, si tenemos 10 trabajadores aportando por cada jubilado y cada uno de ellos cotiza el 10% de su sueldo, el jubilado podría recibir el 100% del salario que poseía cuando se jubiló.
Claramente, no estamos en esta situación. Como consecuencia del envejecimiento demográfico que afecta a nuestras sociedades y de la precarización del mercado de trabajo, hoy existen muchos más jubilados que en el pasado y son menos los trabajadores que aportan regularmente. O sea, con 5 millones y medio de beneficios que se pagan mensualmente de acuerdo a lo que nos informa el gobierno y con 6 millones de aportantes regulares, estamos en una situación donde prácticamente hay 1 trabajador aportante por cada jubilado, muy lejos del ejemplo anterior y por lo tanto, si este trabajador, y su empleador, aportan mensualmente el 20% del salario, la jubilación también será de un 20% del salario que tenía el jubilado.
Este monto es seguramente inaceptable para los jubilados y sus familias. Por ello el Estado continuará haciendo lo que ha hecho en las últimas décadas: tomar un monto elevadísimo de otros impuestos para volcarlos al sistema previsional y así elevar un poco más el haber jubilatorio.
La pregunta es sin duda, qué sucederá en etapas futuras en las que un crecimiento económico débil o situación de recesión, no permita que la recaudación pueda garantizar los haberes prometidos. La respuesta será nuevamente, queja masiva de los jubilados, deslegitimidad política y miles de juicios al Estado. En otras palabras: POR DESCONOCER O NO QUERER TOMAR EN CUENTA A LA HISTORIA, ESTAMOS CONDENADOS A REPETIRLA.
Por ello, constituye un acto de inmadurez inaceptable pensar que el retorno al pasado es la solución de los problemas previsionales. De avanzar en la dirección indicada por el gobierno, no sería extraño que vuelva a aparecer en el futuro algún iluminado que ante la segura crisis del “nuevo sistema de reparto” proponga que la solución sea volver a un régimen exclusivo de capitalización y además logre implementarlo, dando un impulso más al péndulo de fracasos.
No se trata solo de eliminar el sistema de capitalización, sino de producir una importante reforma previsional que nos brinde el mejor sistema posible para las próximas décadas.
Venimos sosteniendo desde hace dos décadas que no se trata de oponer el sistema público al privado y creer que la solución está en optar por uno o por otro. Ambos tienen riesgos y potencialidades. Por ello creemos que el sistema más adecuado a nuestra situación es aquel que los combine adecuadamente
Por ello sugerimos la adopción de un nuevo sistema que contemple en primer lugar un beneficio básico universal para todos los mayores, más allá de si pertenecieron o no al mercado formal de trabajo. El beneficio debería estar en torno al salario mínimo, debería ser financiado con recursos impositivos y debería constituir la única responsabilidad estatal en lo previsional.
Y este debería estar complementado por un sistema de capitalización voluntaria que podrá ser tanto de naturaleza individual como colectiva, que deberá basarse en los aportes salariales y las contribuciones patronales y que podría ser administrado tanto por empresas como por los propios interesados (sindicatos, universidades, etc.).
De esta manera se combinaría la responsabilidad estatal de garantizar un ingreso básico, con la responsabilidad individual o grupal de tener un complemento fruto del esfuerzo de ahorro que realicen los trabajadores y del aporte que hagan sus empleadores
Seguramente existirán ideas mejores que las expuestas Por ello, un cambio tan importante del sistema previsional no puede ser hecho entre gallos y medianoches. Precisa de un sustantivo debate que debe tener lugar en el Congreso de la Nación recabando también las opiniones de todos los sectores que tengan ideas para aportar.
Aldo Isuani
Sociólogo, Profesor-Investigador UBA/CONICET

lunes, 3 de noviembre de 2008

¿Qué reforma previsional?

El retorno al pasado no es la solución al problema.
Súbitamente el Gobierno nacional ha dado a conocer su visión de que el sistema de capitalización individual administrado por las AFJP posee una serie de falencias que hacen necesaria su abolición. 'La solución es volver al sistema de reparto? 'Es la situación actual mejor que la del pasado para descansar en un sistema de reparto? De ninguna manera. En los sistemas de reparto hay dos elementos que explican su viabilidad: la relación entre aportantes y beneficiarios y el porcentaje del salario que se contribuye. Así, por ejemplo, si tenemos 10 trabajadores aportando por cada jubilado y cada uno de ellos cotiza el 10% de su sueldo, el jubilado podría recibir el 100% del salario que poseía cuando se jubiló.
Claramente, no estamos en esta situación. Como consecuencia del envejecimiento demográfico que afecta a nuestras sociedades y de la precarización del mercado de trabajo, hoy existen muchos más jubilados que en el pasado y son menos los trabajadores que aportan regularmente. O sea, con 5 millones y medio de beneficios que se pagan mensualmente de acuerdo a lo que nos informa el Gobierno y con 6 millones de aportantes regulares, estamos en una situación donde prácticamente hay 1 trabajador aportante por cada jubilado, muy lejos del ejemplo anterior y por lo tanto, si este trabajador, y su empleador, aportan mensualmente el 20% del salario, la jubilación también será de un 20% del salario que tenía el jubilado. Este monto es seguramente inaceptable para los jubilados y sus familias. Por ello el Estado continuará haciendo lo que ha hecho en las últimas décadas: tomar un monto elevadísimo de otros impuestos para volcarlos al sistema previsional y así elevar un poco más el haber jubilatorio.
La pregunta es qué sucederá en etapas futuras en las que un crecimiento económico débil o situación de recesión no permita que la recaudación pueda garantizar los haberes prometidos. La respuesta será nuevamente queja masiva de los jubilados, deslegitimidad política y miles de juicios al Estado. En otras palabras: por desconocer o no querer tomar en cuenta a la historia, estamos condenados a repetirla. Por ello, constituye un acto de inmadurez inaceptable pensar que el retorno al pasado es la solución de los problemas previsionales. De avanzar en la dirección indicada por el Gobierno, no sería extraño que vuelva a aparecer en el futuro algún iluminado que ante la segura crisis del "nuevo sistema de reparto" proponga que la solución sea volver a un régimen exclusivo de capitalización y además logre implementarlo, dando un impulso más al péndulo de fracasos.
Venimos sosteniendo desde hace dos décadas que no se trata de oponer el sistema público al privado y creer que la solución está en optar por uno o por otro. Ambos tienen riesgos y potencialidades. Por ello creemos que el sistema más adecuado a nuestra situación es aquel que los combine adecuadamente. Por ello sugerimos la adopción de un nuevo sistema que contemple en primer lugar un beneficio básico universal para todos los mayores, más allá de si pertenecieron o no al mercado formal de trabajo. El beneficio debería estar en torno al salario mínimo, debería ser financiado con recursos impositivos y debería constituir la única responsabilidad estatal en lo previsional. Y este debería estar complementado por un sistema de capitalización voluntaria que podrá ser tanto de naturaleza individual como colectiva, que deberá basarse en los aportes salariales y las contribuciones patronales y que podría ser administrado tanto por empresas como por los propios interesados (sindicatos, universidades, etc.). De esta manera se combinaría la responsabilidad estatal de garantizar un ingreso básico, con la responsabilidad individual o grupal de tener un complemento fruto del esfuerzo de ahorro que realicen los trabajadores y del aporte que hagan sus empleadores.
Aldo Isuani

Gracias.

Mirado desde afuera, se hacía cada vez más respetable, pero no abundaba para con él el afecto, ni la confianza total. El exilio había llevado a algunos radicales al exterior, pero en esencia los que nos habíamos ido del país proveníamos del peronismo, de la izquierda, o éramos independientes. En este ámbito, Raúl Alfonsín era considerado con distinción, sin arrebatos emocionales. Su figura se había catapultado cuando en 1982 fue el primer político de peso en oponerse a la escandalosa tragedia de Malvinas, pero esa mañana del 30 de octubre, cuando tomábamos café y cambiábamos impresiones en un Sanborn’s sobre el Paseo de la Reforma del Distrito Federal, nuestra pasión política estaba encorsetada y mascullábamos nostalgia, irritación y esperanzas. Habíamos ido al consulado argentino en Ciudad de México a que nos certificaran que estábamos a más de 500 km de nuestro lugar de votación. Imposible votar por Alfonsín ese día, pero sabíamos que el exilio terminaba y llegaba la hora de volver. Nosotros, los que nos habíamos ido del país un año y medio antes de que las Fuerzas Armadas ocuparan el poder, sabíamos que habíamos salido de una Argentina gobernada por los peronistas y que, en ese lúgubre 1974, cuando empezó nuestro alejamiento, ya eran decenas los asesinados a mansalva por fuerzas de tareas comandadas desde la Plaza de Mayo. Ahora el momento había llegado. Era hora de cerrar una época densa, significativa, formidable y a la vez trágica. La negritud se despejaba, lo siniestro retrocedía. Es sencillo demostrar que Alfonsín no hubiera significado lo que su figura y su proyección terminaron implicando sin la masiva y movilizada militancia que él supo motivar y que le dio sustancia y carnadura a su marcha a la Casa Rosada. Pero al final del día, la divisa rojiblanca de su partido, desde cuya identidad activó toda su vida como hombre político, cedió preeminencia a favor del RA, asociado con el país y con la república. Esa fue su fuerza y su mensaje, entonces imbatible. No sólo se asociaba con el mayor denominador común (sistema y patria), sino que ponía en acto una manera de vivir, experiencia democrática que pulverizaba a un justicialismo inadecuado, antiguo y ambiguo. Alfonsín era la posibilidad de soñar con lo que durante años había estado relegado e incluso oculto. El peronismo que había hecho implosión de manera sangrienta ya en 1973 no era opción una década más tarde. No lo era porque no se proponía serlo. El aparato político que presumía de monopolizar el favor de los pobres apoyaba en 1983 la autoamnistía que se habían regalado las Fuerzas Armadas al abandonar el poder. Alfonsín se convierte así, por definición y decisión, en conductor político de una era definida por las rupturas. Quiere ser y será el ciudadano a cargo del Poder Ejecutivo que consume el fin de la impunidad. Firma el decreto de enjuiciamiento a las juntas militares del terror, pero no se olvida de las responsabilidades de los guerrilleros que desde el 25 de mayo de 1973 prosiguieron, impertérritos, secuestrando y asesinando. La guerrilla, que no quería ni pedía democracia alguna, no se lo perdonó. En 1989, últimos vástagos del ERP atacaron una unidad militar a sangre y fuego (La Tablada), mientras numerosos y calificados remanentes de Montoneros se alineaban con Carlos Menem, que los indultaría meses más tarde, tras mantener promiscuidad con los carapintadas. Pero Alfonsín venía de otro escenario de valores, configurado por la necesidad de estimular la diversidad y procurar a toda costa la convergencia entre culturas y prácticas diversas. Hay que recorrer el armado humano de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y el Consejo para la Consolidación de la Democracia para advertir y registrar claramente esa impronta democrática resistida por la fuerte marca autoritaria y corporativa que lo llevó a denunciar el pacto militar-sindical. Su figura terminaría siendo clave y determinante con los años, sobre todo si se considera la calamidad nacional que era la Argentina de 1983 y la colosal excepcionalidad de un país que, a diferencia de Chile, Brasil y Uruguay, tuvo que abocarse a una transición democrática inédita, sin salvaguardas ni garantías. La Argentina será en los ochenta el país donde el presidente Alfonsín zamarrea sin miramientos a un fascista párroco militar en medio de una misa, o le pone los puntos sobre las íes, y en la propia Casa Blanca, a un presidente norteamericano abocado al derrocamiento de legítimos gobiernos centroamericanos. No descuelga cuadros. Alfonsín juzga criminales en uniforme y se aguanta pagar el precio. Va a Cuba, habla con Castro, propicia romper con la Guerra Fría en el hemisferio, y sella el fin de las hipótesis demenciales de conflicto con Chile (Beagle), apostando todo a la apertura democrática en ese país, donde el estado de derecho arribaría sólo siete años después. Todo llega alguna vez. Este 30 de octubre, la persona a quien la actual farándula periodística denostaba con sarcasmos hace una década, pidiéndole que dejara de salvarnos, el viejo líder es hoy poderoso talismán de energías democráticas, al que ahora se acercan, para validarse, oportunistas que creyeron que se salvaban con los Kirchner, y hasta la propia Presidenta, cuyo homenaje en la Casa Rosada fue un monumental acto de hipocresía concebido para que ella resultara beneficiada del prestigio de un hombre que debe ser reconocido en la praxis política y no en los fuegos artificiales del carnaval mediático. Ahí está él. En su batalla acumula buena dosis de errores y gruesa cosecha de fallas. Nadie mejor para admitir su humana falibilidad. Siempre me impresionó eso en él, tras haber sido privilegiado por su afecto y su respeto sólo desde que perdió todo poder; ha vivido una vida respetuosa y considerada para con sus semejantes. Encarna aquellos valores de decoro, modestia, frugalidad y respeto que lo convierten en figura dolorosamente asincrónica en la Argentina. El ha sido piloto y camillero, estadista y socorrista, hombre de Estado y gestor de acuerdos que si bien no siempre fueron oportunos, revelaron de manera invariable una visión histórica amplia y generosa para superar los principales y más graves dilemas argentinos. Ha afrontado, sin embargo, problemas que fotografían de manera lapidaria rasgos aborrecibles del país que no termina de morir, territorio de hegemonías supremacistas y mezquindades insondables. No ha recibido los agradecimientos de una sociedad civilizada para un hombre que ha cumplido el papel que él quiso, supo y pudo cumplir, paradigma de una época mejor, más sana, más pacífica, superior. Por eso, yo, libreta de enrolamiento 4.530.522, le digo gracias. Su nombre, Alfonsín, me sabe a libertad.
Pepe Eliaschev

viernes, 31 de octubre de 2008

Símbolo de democracia.

En una noche como la de ayer, hace justo 25 años, Raúl Alfonsín daba vueltas, solitario, alrededor de la pileta de la quinta de un amigo en el Gran Buenos Aires. "No puede ser, no puede ser", repetía cada vez que alguien le acercaba la información de que había ganado las elecciones presidenciales. Eran sólo versiones, porque la dictadura guardó la información hasta bien entrada la noche, atemorizada ante la eventual reacción del peronismo. El hombre seguro de la campaña, el líder de discursos electrizantes y denuncias vibrantes, se mostraba incrédulo ante una novedad ciertamente histórica. El peronismo acababa de perder las primeras elecciones libres desde que Juan Perón había fundado un partido.
¿Cómo empezar en un país devastado por los conflictos políticos, económicos y humanos? ¿Por dónde debía empezar? Alfonsín había llegado a esa epifanía política con un equipo de viejos amigos y con la amplia estructura partidaria del radicalismo. Su fiel amigo David Ratto, prematuramente muerto, hizo quizá la última gran campaña publicitaria de su vida con la elección de Alfonsín. Raúl Borrás, otro hombre sorprendido por la muerte temprana, fue el jefe político del desorden radical que significó aquella campaña electoral.
Alfonsín no tenía muchos recursos; en la Capital sólo poseía un departamento de escasos dos ambientes exiguos en Juncal y Libertad. Ahora, en la vejez, tiene sólo un poco más que eso. Sin embargo, desde el momento en que se hizo oficial su victoria quedó claro que su gestión se enfrascaría en dos objetivos fundamentales. Uno: crear una cultura democrática en un país que había perdido los hábitos de la democracia, después de cincuenta años de autoritarismos de facto o elegidos, de gobiernos civiles frágiles y de frecuentes interrupciones militares. El otro: que la democracia no fuera, otra vez, una experiencia efímera en la vida de los argentinos.
Venció la impronta de un gallego cascarrabias, como él mismo se suele definir, para dedicarse a construir una civilización política tolerante y plural. La Argentina sería uno de los primeros países de América latina, sembrada entonces de gobiernos militares, en encontrar la fórmula del progreso democrático. Alfonsín terminó en los años 80 convertido en un ícono mundial del restablecimiento democrático latinoamericano.
Eso sucedió en el mundo. La faena en la Argentina fue más ardua que un emblema conspicuo o que el videoclip de una canción de Michael Jackson con imágenes de Alfonsín (que también existió).
Alfonsín pertenece a una generación de políticos atrapados por las pasiones: son furiosamente peronistas o furiosamente antiperonistas. Los primeros son hijos de la intemperancia del primer Perón; los segundos son la consecuencia previsible de aquellas intolerancias. Alfonsín había militado siempre en la convicción de que el peronismo servía poco para la democracia. Esa es su verdad.
A pesar de esos convencimientos, prevaleció en el entonces presidente electo otra certidumbre: los asiduos golpes militares sólo habían sido posibles en el pasado por los enfrentamientos irreconciliables entre los partidos políticos y los dirigentes civiles.
Alfonsín había ganado ampliamente la elección presidencial (es el presidente radical que más votos sacó en la historia), pero su partido no controlaría el Senado ni los gremios. En el acto, comenzó a tender puentes de convivencia con el peronismo y dentro del propio radicalismo. Dejó algunas viejas ideas a un lado cuando se enfundó el traje de presidente.
La primera decisión que tomó fue ofrecerle a su reciente contrincante peronista, Italo Lúder, un lugar como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Lúder rechazó el cargo, pero entre ellos ya se había entablado una secreta relación de acuerdos que no eran públicos.
En efecto, en medio de la campaña electoral se juntaron en una reunión muy reservada para fijar las reglas del juego: la competencia podía permitirse duros cruces políticos, pero ninguno de los dos daría golpes bajos.
La experiencia democrática en la Argentina era nonata todavía y no había lugar para los lujos de países con mayor civilización política. Esa fue la conclusión de ambos candidatos.
Dos viejos contrincantes internos de Alfonsín en el radicalismo, los balbinistas Antonio Tróccoli y Juan Carlos Pugliese, fueron designados ministro del Interior y presidente de la Cámara de Diputados, respectivamente. Ellos sabrían entenderse con el peronismo mejor que los alfonsinistas. Fueron leales y eficientes con el presidente al que habían enfrentado.
El peronismo, que se preparaba para combatir al nuevo gobierno desde una humillante derrota, vio de pronto abiertas las puertas del diálogo y la convivencia. No podía colocar la venganza como prioridad ante una sociedad con signos evidentes de fatiga frente a la violencia.
Los militares debían aprender de una buena vez que no se tumba impunemente a un gobierno civil. Así puede describirse la otra obstinación de Alfonsín. "Sin rencores ni venganzas", instruyó, no obstante.
Había prometido en la campaña electoral que por el horror de las violaciones de los derechos humanos pagarían los que habían dado las órdenes y los que habían cometido crímenes aberrantes. Nunca prometió que se juzgaría a todos los militares.
Este antecedente es importante para explicar lo que pasó mucho después. Le costó, eso sí, encontrar el método en el que encajaran su promesa electoral y los reclamos sociales sobre la revisión del pasado.
Tal vez la mayor injusticia de Néstor Kirchner, entre las muchas injusticias que cometió, haya sido pedir perdón a los familiares de los desaparecidos en nombre de un Estado que, según dijo, nunca había hecho nada.
Había que estar en los zapatos de Alfonsín en 1983, con las Fuerzas Armadas intactas aún en su tamaño y en la disponibilidad de recursos, para establecer en qué medida era difícil decidir enviar al banquillo de los acusados a los quince jefes militares más importantes de la dictadura.
Alfonsín no sólo hizo eso; también nombró una comisión de civiles notables, presididos por el escritor Ernesto Sabato, para hurgar, indagar y averiguar, hasta llegar lo más cerca posible de la verdad, sobre los desaparecidos. De esa investigación surgió el voluminoso libro llamado Nunca más , la mejor descripción que se ha hecho sobre aquel martirologio.
El peronismo no pudo escaparse de la nueva cultura política que se iba imponiendo en el país ni los militares pudieron evitar el juicio político al que los sometió la democracia argentina.
A partir del 30 de octubre de 1983, la sociedad se olvidó de gran parte de los problemas para vivir sólo la esperanza y el optimismo. Una suerte de amplia excitación social sobrevino luego de la elección de octubre.
A Alfonsín lo esperaban una economía en virtual default, el conflicto permanente con los gremios (sobre los que pudo hacer poco y nada), el zigzag con el escurridizo peronismo parlamentario y las fracasadas sediciones militares.
Pero eso ocurrió mucho después. Quien no haya vivido en la Argentina entre octubre y diciembre de 1983 no conoce lo que significa un instante único de felicidad colectiva. Alfonsín sigue produciendo esos momentos de civilización política, más aletargados y austeros, hasta en la actualidad.
Hace poco, peronistas, radicales, socialistas y conservadores se juntaron en La Plata, en medio de la crispada Argentina, para hacerle un homenaje al ex presidente radical. Y es el único político que, hasta ahora, le arrancó al matrimonio Kirchner palabras ponderativas del diálogo y el consenso.
Ese lugar en la historia de referente insoslayable de la democracia, de última reserva de un sistema político agobiado a veces de conflictos y de rupturas, no se lo ha sacado ni siquiera la posterior saga de aciertos y errores propia de cualquier vida.

Joaquín Morales Solá

viernes, 17 de octubre de 2008

"Ojo con tocarlo a Raúl"

“Ojo con tocarlo a Raúl / lo banca el pueblo / y por eso señor Presidente / decimos presente por cien años más.” Esa era una de las consignas esperanzadas que más cantaban los jóvenes de la Coordinadora allá por 1983, en el renacer de las instituciones después de la maquinaria de la muerte que instaló el terrorismo de Estado. Era la utopía del momento. Cien años más de democracia eran posibles. En eso estamos. Cien años más de Raúl Ricardo Alfonsín eran sólo una expresión de deseos. Esta semana, el ex presidente, rodeado de sus seis hijos y veintidós de sus nietos, exhibió la dignidad de sus 81 años. Pero también, la fragilidad de su salud. Con tozudez de gallego, un bastón de apoyo y el afecto de la gente que lo quiere, está combatiendo a un maldito enemigo llamado cáncer. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó que ese homenaje se hiciera en vida. Es muy doloroso decirlo, pero todos son conscientes de que la muerte está acechando a ese hombre honrado que puede caminar con la frente alta por las calles. “¡Al-fon-sín, Al-fon-sín!”, coreaban sus viejos muchachos del sub-60 con más canas y kilos y mucho menos pelo. Tal vez ésa sea la más maravillosa música que se lleve en sus oídos. Tal vez la imagen de ese salón en paz y en convivencia, lleno de radicales, peronistas y socialistas, sea la última y mejor postal que recuerde de esa Casa Rosada que lo vio librar sus batallas más difíciles. Entre esas paredes, Alfonsín mezcló fortalezas y debilidades. Aciertos corajudos, como el juicio a las juntas, cuando todavía muchos temblaban frente a un uniforme. Y errores terribles, como aquel “Felices Pascuas, la casa está en orden”, frente a la sublevación carapintada que desembocó en las leyes de impunidad. En 1987 escribí junto a José Antonio Díaz un libro que fue el más vendido del año. Se llamó Los herederos de Alfonsín. Investigaba la historia oculta, el poder y el mito de la Junta Coordinadora Nacional. Florecía la primavera democrática y había voracidad por conocer quiénes eran aquellos jóvenes salidos de la cantera de la Franja Morada, hermanados en un congreso junto a la laguna Setúbal. Algunos medios se preguntaban sin ponerse colorados: “¿Son los Montoneros de Alfonsín?”. Allí reconstruimos la trayectoria militante de Enrique “Coti” Nosiglia, Federico “Fredi” Storani y Luis “Changui” Cáceres, los tres jefes territoriales. Y también la del grupo de “coroneles” más destacados: Carlos Becerra y Ricardo Lafferrière, además de Jesús Rodríguez, los hermanos Stubrin, Facundo Suárez Lastra y Raúl Alconada Sempé, entre otros. En ese texto que compraron 37 mil personas, arriesgamos una hipótesis desde el título mismo. Y la verdad es que, veintiún años después, con el resultado a la vista, debo reconocer que nos equivocamos. Está absolutamente claro que ellos no fueron los herederos de Alfonsín. Esa estructura poderosa y preparada para la lucha política fue prácticamente barrida después de que Alfonsín resolvió adelantar la entrega del poder y no terminar su mandato. Y a los otros, los pocos que sobrevivieron en los primeros planos de las decisiones, se los llevaría puestos el helicóptero de Fernando de la Rúa. Hoy, si bien siguen siendo hombres influyentes y de consulta, muy pocos tienen cargos relevantes en ese partido que hasta hoy, en Mina Clavero, discutió su destino y el del vicepresidente de la Nación, Julio César Cleto Cobos. Cortando grueso, hay que decir que tampoco se los ha visto desfilar por Tribunales ni tener alguna causa pendiente vinculada a posibles actos de corrupción. Se los ve prudentes, con perfil bajo, sin esas corbatas estridentes ni las camionetas con vidrios polarizados de los nuevos ricos. Ese mandato de honradez en la función pública que viene desde el fondo de los tiempos con Yrigoyen y don Arturo Illia parece ser una de las herencias que Alfonsín dejó. Probablemente no sea el pueblo su único heredero. Tal vez haya que buscar su legado en la honestidad y las ideas. Por eso, su último discurso, el del miércoles pasado en el Salón de los Bustos, va a quedar como su testamento político. Un tributo para los jóvenes que todavía creen que la política es la mejor forma de construir una sociedad más justa. En ese testamento, Alfonsín dijo que la política no es sólo conflicto, que también es construcción. Delicado en las formas, fue un claro mensaje al matrimonio Kirchner. Como decir que las palabras “enemigo” y “traidor” deben extirparse del diccionario republicano. Hay adversarios. Hay dirigentes que piensan distinto. Hay debates calientes y apasionados. Pero no debe haber enemigos entre los argentinos, para que no nos devoren los de afuera. Alfonsín también dijo que, desde que él asumió, no hubo ni habrá más presidentes de facto. Tiene autoridad para decir “Nunca más”, junto al ex fiscal Julio Strassera, quien lo acompañó en el homenaje. Alfonsín fue el partero del período democrático más prolongado de la historia, el que estamos navegando con miserias y grandezas, y que nos permite seguir construyendo esa bandera peronista llamada justicia social que todos queremos en el marco de esa bandera radical llamada libertad que todos necesitamos. Alfonsín miró con cierta desconfianza esa escultura destapada por la Presidenta. No sólo porque apenas se le parece. Sin pelos en la lengua, planteó que no hubiera aceptado ni permitido que se tomara como un halago a su persona. Que lo valoraba como un mensaje hacia la democracia. Ese es otro de los tesoros que le deja a su descendencia: el rechazo visceral hacia cualquier culto al personalismo. “Sigan a las ideas y no a los hombres”, dijo, como siempre dice. Las ideas nunca defraudan. Las ideas nunca traicionan. Las ideas no se matan ni se mueren. Las ideas sí pueden gritar presente por cien años más.
Alfredo Leuco

jueves, 16 de octubre de 2008

Los gobiernos y la crisis.

Parece que la palabra gobierno ocupa el centro de la escena. Se trata, por cierto, de un protagonismo inesperado. Hasta hace muy poco tiempo, al menos en relación con los flujos financieros, la voz de orden no la daban los gobiernos sino los mercados. En el quinquenio en que la riqueza de todas las sociedades, centrales y emergentes, crecía con extraordinario ímpetu resonaban otras voces, como la de Ronald Reagan en 1986: "Las palabras más aterradoras del idioma inglés son: «Soy del gobierno y estoy aquí para ayudar»."
Luego de que los gobiernos de los países centrales pusieran en acción un gigantesco rescate de bancos e instituciones crediticias liderado por Inglaterra, la sentencia de Reagan evoca más bien una pieza oratoria que cierra el ciclo inaugurado en los años ochenta del último siglo. Mientras tanto, en el capítulo que se abre, ya es un lugar común, cunde la incertidumbre. ¿Qué nos depara, pues, este tembladeral financiero? A medida que pasan los días, muy pocos hablan de depresión mundial, los más de una recesión, bajo el supuesto de que ya ha pasado lo peor; los menos, de los efectos políticos que traerá aparejada esta mudanza de comportamientos públicos. Cualesquiera sea el punto de vista, las percepciones dominantes de este tiempo espeso, concentrado en pocas y vertiginosas horas, nos advierten que el paisaje de la actualidad histórica ha cambiado, acaso profundamente.
La cuestión estriba en saber si este cambio tendrá, como el mundo desea, consecuencias virtuosas. Es evidente que, de acuerdo con un tradicional precepto de la prudencia política, los gobiernos en Estados Unidos y en Europa han actuado para prevenir males mayores. El expediente práctico al que han recurrido lo dice todo: buscaron poner a punto un salvataje financiero sobre la base de las experiencias del pasado. Aunque los expertos digan que esta crisis tiene poco que ver con la que sacudió a dos continentes desde 1929 en adelante, el lacerante cuadro del desempleo, de la desaparición del crédito y del proteccionismo, que marcó a fuego aquella década previa a la Segunda Guerra Mundial, hace las veces de un recordatorio tácito.
Mediante un conjunto de actos adoptados al calor de los acontecimientos, los gobiernos han llegado a la conclusión de que los errores del mercado no deben ser sancionados exclusivamente por el mismo mercado. Para quienes adoptan decisiones a uno y otro lado del Atlántico, en este momento no tiene relevancia alguna el sermón que, en la ciudad de Washington, hacia 1930, el secretario del Tesoro, Andrew Melon, le propinaba a su desesperado presidente, Herbert Hoover: "Liquide el trabajo, liquide las acciones, liquide a los agricultores, liquide la propiedad inmobiliaria. Así se purgará la podredumbre del sistema. Los altos costos de vida y el alto nivel de vida caerán. Las personas trabajarán más y llevarán una vida más moral."
Preceptos típicos de una moral individualista y severa que, si bien toma en consideración las consecuencias de las acciones humanas, no repara en el costo social de dichos efectos. Según esta visión, el mercado sanciona espontáneamente la codicia y el afán excesivo de riqueza. Hubris y Némesis, decían los griegos antiguos: la desmesura y el castigo. El miedo que posteriormente puede propagarse por el tejido social, en la forma de un desempleo masivo, es harina de otro costal.
El temor de los gobernantes actuales al miedo probable que podría desencadenarse en el caso de dejar al mercado librado a su propia lógica ha motivado este brusco cambio de rumbo. Así, por caminos que no estaban fijados de antemano, el mundo occidental explora de nuevo el perfil de una economía mixta (convengamos que en Asia esta fórmula no es en absoluto novedosa).
Habría que preguntarse, sin embargo, de qué economía mixta estamos hablando. ¿Las decisiones que ha adoptado en Londres el primer ministro laborista Gordon Brown son acaso semejantes a las que hace sesenta años impulsaba Clement Attlee, el líder más representativo del reformismo socialista de posguerra? Las semejanzas están por verse, pero, en todo caso, vale la pena señalar que una cosa es obrar por principios y otra, muy distinta, por las exigencias que impone una situación excepcional. Attlee puso los fundamentos de una economía mixta, estatizando una parte de la economía británica, porque esa operación configuraba, según su perspectiva ideológica, el mejor de los regímenes posibles. Brown lo hace, al contrario, para disipar la tormenta, tomando provisoriamente una porción de la propiedad de los bancos, para luego devolverla al mercado una vez aquietadas las aguas.
Aun así, nada es definitivo, porque la lucha que se ha trabado es entre la desconfianza masiva de los usuarios y la oferta de confianza que realizan los gobiernos. La desconfianza es el legado de una cultura de sobreendeudamiento que se esparció por las economías más prósperas del planeta; la oferta de confianza, por otra parte, consiste en averiguar si los gobiernos serán capaces de forjar un pacto internacional de sustentabilidad financiera, capaz de regular esta gigantesca globalización sin afectar las bases de la productividad e innovación de los mercados.
Es un desafío de calibre comparable al que culminó hace más de medio siglo con los acuerdos de Bretton Woods. Posiblemente sea aún más acuciante, porque pone en juego a un segmento del planeta ?las economías emergentes? que antes carecían de peso propio en el concierto de las naciones. Ese volumen tiene, en la actualidad, una contundencia demográfica que habrá de gravitar más todavía, en la medida en que China siga desarrollando una economía regida por los derechos de propiedad (la reciente reforma agraria en ese país así parece indicarlo).
No hay duda de que el mundo está en movimiento y no sólo por el crónico estado de guerra en Medio Oriente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros frente a tamaña mudanza? Aprovechar nuestras ventajas, paradójicamente ganadas al precio de las malas razones derivadas de nuestro escuálido sistema financiero; aumentar la capacidad exportadora ante la caída de los precios de las commodities; defender la fortaleza fiscal mediante la eliminación de subsidios y procurar coordinar políticas en el Mercosur. Para el Gobierno es una prueba decisiva, porque a partir de este año el kirchnerismo se interna en el pantanoso terreno de la escasez fiscal. Adiós pues al populismo tarifario so pena de empantanarse más.
Esta última hipótesis ?inmovilizarse por tozudez? no es para nada descabellada. No hemos sabido ahorrar durante los años de abundancia con el objeto de pertrecharnos para los tiempos difíciles, como han hecho los gobiernos de la Concertación en Chile, con el respaldo de todo el arco partidario, ni tampoco hemos tenido el tino de poner al día una economía basada en la estabilidad de precios. En suma, el Gobierno adoptó el papel de cigarra en lugar de desempeñar el más modesto de hormiga.
Ahora, qué duda cabe, habrá que sufrir viento en contra. Con esta fábula de la cigarra tenemos algún aire de familia con las economías centrales hoy en crisis, pero es apenas un insignificante parecido, al comparar la capacidad respectiva de los estados y, desde luego, el volumen de las economías. Cuando la abundancia se eclipsa, el talante y la audacia del gobernante deben probarse en el contexto de la escasez por las buenas o las malas razones. Esperemos que sean las primeras.
Natalio Botana

miércoles, 27 de agosto de 2008

¿Peronismo?

Siempre pensé que si fuera fiel ferviente seguidor de un dios me dedicaría más que nada a negar su existencia. Haría de todo: expondría sus contradicciones para desprestigiarlo, le lanzaría desafíos para menoscabarlo, difundiría novedades de la ciencia para desmentirlo, me pelaría el upite para que nadie creyera que Él existe. Todo por Él, para Él, de puro feligrés. Es que hay autorías que es mejor negar: como si alguien pensara en defender la influencia de Bilardo en la invención del antifútbol, de Tinelli en el estilo de la televisión criolla, del comisario Lugones en la renovación de los sistemas de tortura. A nadie se le ocurre. De la misma manera, si yo creyera que un dios –mi Dios– es responsable de este mundo de mierda, lo negaría por todos los medios: trataría de evitar que lo hicieran responsable de este desastre que vivimos. El verdadero creyente simula ser ateo –como yo-, y eso hace que los ateos seamos siempre sospechosos.
Digo, porque el amigo Artemio López me escribió hace unos días en estas páginas que hay que "asumir sin rodeos que la única 'identidad política realmente existente' es el peronismo, justicialismo o como quieran llamarlo, da igual. Lo lamentamos, entre otros, por el compa Caparrós, al que sabemos algo agobiado, pero Todos Peronistas es la consigna del momento", dice, celebra. Me preocupo por él: si yo fuera fiel ferviente peronista me dedicaría más que nada a negar su existencia, disimularla, minimizarla todo lo posible. El peronismo ha gobernado 18 años de los últimos 20 y lleva más de medio siglo como la fuerza política decisiva en la Argentina. El peronismo, si existiera, sería como dios: el responsable de este país-desastre. Es una suerte que no exista.
–Ah, me va a hacer la del ateo. Ya decía yo que al final usted era peroncho.
–No, no se confunda.
–Vamos, peruquita, peronio. ¿Qué se cree, que me va a tomar por pelotudo?
Cristina K. lo había entendido en su discurso inaugural. Entonces fue una peronista astuta y no dijo ni una vez –ni una vez sola– la palabra peronismo. Pero después se asustó y se le pasó, volvió a esas fuentes cual cántaro cantarín. Y ahora, de nuevo, dale con el bombo.
Pero el peronismo ya no existe. No existe por pura falta de sentido. Si una palabra no significa nada –si no se sabe qué significa, si significa demasiadas cosas, esa palabra no funciona y tiende a desaparecer. Si perro quisiera decir mamífero carniza de ojos tristes, engaño socarrón, adolescente que ese día se quedó sin plata, cuarto planeta del sistema solar de la vigésima de Andrómeda, la hojita que al caer produce en su refrote contra el suelo un chistido que recuerda vagamente al canto gregoriano, el segundo órgano sexual, empleado perserverante, atropello violento con los codos y venticuatro más, nadie diría perro porque no está diciendo nada. Hablar es poner en acto un pacto: yo digo uch y vos sabés que uch significa más o menos uch; para que una palabra sirva tiene que significar poquitas cosas. Peronismo no cumple con este pacto: con éste tampoco.
Una designación política que designa, según lugares y momentos, a un general populista nacionalista macartista o una guerrilla socialista nacional o unos privatizadores liberales proyanquis furibundos o unos caudillos provinciales hambreadores clientelistas o unos conservadores populares sin demasiado pueblo o unos socialdemócratas demócratacristianos redistribuidores que no redistribuyen y tantos tantos otros; que nombra al mismo tiempo a Menem Duhalde Cafiero Scioli Kirchner Kirchner Rodríguez Sáa Firmenich Moyano Duarte Reutemann D'Elia Favio Iglesias Walsh designa tanto que no designa nada. Un movimiento o partido que puede ser tantas cosas es tan confuso que no es nada: no existe.
Pero ellos tratan de hacernos creer que sí: todavía suponen que les interesa, les conviene. El peronismo es un engaño, un arma: les sirve a los autodenominados peronistas para convencernos de que son parte de lo mismo y, por lo tanto, los demás deberíamos considerarlos como un todo, votarlos como un todo, temerlos como un todo. El peronismo, al final, es el 60: una línea de colectivos que en realidad son muchas. Todas tienen el mismo color, el mismo número, pero una va a Tigre, otra a Escobar, una va por Ayacucho, otra por Libertad, y todas se pintan igual, aunque sean tan distintas. Así lleva a sus clientes, entregados, apiñados, a cualquier lado, el peronismo.
Los autodenominados peronistas lo saben pero no quieren reconocerlo, claro. Entonces te dicen que el peronismo existe y se define porque los autodenominados tienen en común su voluntad de poder, su sapiencia en el logro y uso del poder. Es cierto: el poder político suele usarse para organizar sociedades de tal o cual modo; ellos en cambio organizan sociedades del modo que sea necesario para tener poder. Pero si el peronismo es eso entonces llamémoslo nietzschismo o ambición o codicia.
O están los autodenominados que conceden que el peronismo, claro, no es una definición política pero sí un sentimiento. Siempre pensé que la política no era un sentimiento sino un modo de conseguir que más gente viva mejor –o peor, según quién y cómo se ejerce. Y que es un conjunto de decisiones, de entusiasmos, de procedimientos, de entrega y de inteligencia. Pero decir "un sentimiento" es evitar cualquier discusión política: no tienen que explicar a quién representan, cómo, para qué, a quién tratan de beneficiar o combatir: no, alcanza con hablar de tradiciones y sensaciones y los que no lo entienden son amargos, gorilas o intelectualosos. Es curioso que hayan podido currar tanto tiempo, compañeros autodenominados, con pavada semejante. Y que tantos sigamos aceptándolo.
Por ahora, la mayor muestra del poder del peronismo es que creamos que existe, y que sigamos usando esa palabra. Eso es lo curioso: para los demás, para lo que no lucramos con esa palabra, decir peronismo, hablar de peronismo, es una debilidad, una concesión. ¿Por qué tenemos que darles el changüi de seguir aceptando que existen, que son uno, cuando todo muestra que no es cierto?
Quizás algo podría cambiar, en la Argentina, si dejáramos de hacerles el favor de llamarlos como ellos dicen que se llaman, si decidiéramos no usar esa palabra que no sirve como palabra porque designa cualquier cosa, que sólo les sirve a ellos para buscar poder, y empezáramos a llamarlos por sus diversos nombres. Algo podría cambiar, insisto, si tratáramos de llamar, alguna vez, las cosas por su nombre.
Martín Caparrós

miércoles, 16 de julio de 2008

El país de "Bombita Rodriguez".

Una parte de nuestro trabajo es entender lo que sucede. La otra, contarlo. Debo reconocer que no entiendo nada. No entiendo el tono apocalíptico de estos días, no entiendo la sensación de abismo, no entiendo por qué el Gobierno siente que en este aumento de retenciones se le va la vida. No entiendo el tono épico del oficialismo, que parece bajar desde la Sierra Maestra para liberar ¿a quién? Decisiones muchísimo más trascendentales en la vida argentina no han tenido ni la mitad de esta repercusión social: las leyes de impunidad, la reforma de la Constitución, las privatizaciones. Estamos discutiendo el monto de una alícuota. ¿Quién lo transformó en una cuestión de vida o muerte?
Hay un 30% de inflación, hay concentración insólita de la economía, hay uno de los funcionarios más sospechados del Gobierno a punto de renacionalizar una compañía aérea y seguimos hablando de las retenciones. El Gobierno compra voluntades, entrega aportes del Tesoro a diputados y senadores, arregla lo que sea con quien fuere para conseguir la mayoría en el Legislativo. ¿Está por repudiar los 170.000 millones de dólares de deuda externa? ¿Va a pedir que la transferencia de acciones de las empresas pague impuesto a las Ganancias? ¿Va a dejar de entregar subsidios a las empresas de transporte que brindan un pésimo servicio y se quedan con la diferencia? ¿Va a reducir el IVA y aumentar Ingresos Brutos o Bienes Personales?
¿Va a poner un impuesto a los plazos fijos, hoy exentos de impuesto a las Ganancias? No. Sólo piensa aumentar las retenciones al agro; no digo que el tema sea menor, pero... ¿por qué visto desde afuera da la impresión de que estamos discutiendo el comienzo del socialismo en la Argentina? Y si es así, ¿por qué tardamos cinco años en comenzar a hacerlo? ¿Qué parte del gobierno K va a llevarlo adelante? ¿Moyano? ¿Ishi? ¿Saadi? ¿D’Elía? He escuchado las sentencias más increíbles:
–Si el Gobierno pierde en el Senado, la estabilidad democrática está en riesgo.¿Quién tomará el poder? ¿Darán un golpe por cinco puntos de retenciones? ¿Avanzará con las tropas el general De Angeli?–No –dicen con ingenuidad los chicos de la Cámpora–, pero la derecha terminará fortalecida.
¿Cuál derecha? ¿La de las petroleras que apoyan a K? ¿La de las compañías testaferros que salieron a comprar empresas? ¿Las de la industria pesquera o minera? ¿Cristóbal López es un comandante sandinista? ¿Rudy Ulloa, su lugarteniente? ¿De Vido viene de trabajar en un koljos? ¿Felisa será Felisa Luxemburgo? Tuve, como todos, el mismo escozor ante la foto del campo con Barrionuevo. ¿La de Kirchner con Moyano es distinta? ¿Hay chorro bueno y chorro malo? ¿Qué tienen de distintos Reutemann y Scioli o Alperovich y De la Sota? ¿En qué momento Luis Juez, o Claudio Lozano o Víctor De Gennaro pasaron a ser parte de un complot golpista y Aldo Rico un demócrata que asesora al Frente para la Victoria en el Senado bonaerense? ¿Felipe Solá es un “traidor hijo de puta” por votar distinto? ¿Hay escrache bueno y escrache malo? Ver a Juan Cabandié, ex miembro de HIJOS, despotricar contra los escraches fue igual de desolador. También escuchar que estos escraches son violentos y los otros no. ¿Meterle el pie a Alemann o tirarle huevos a un milico eran sólo pasos de danza clásica? La lógica del escrache descansa en la idea del repudio social: es arbitraria y anónima, y muy susceptible de ser manipulada, pero es buena para todos o mala para todos. Que Kirchner sea admirado y escuchado por “intelectuales” es también una novedad. El trabajo académico e intelectual del Presidente, su aporte al mundo de las ideas, no parece haber superado la ejecución hipotecaria durante la 1.050. Ahora, sin embargo, un grupo de “intelectuales” –dentro de los cuales se encontraban muchos funcionarios del Gobierno– decide iluminarse con sus razonamientos, y le regala –como informó anteayer Página/12– una serie de aforismos. Horacio “Bombita Rodríguez” Verbitsky pareció divertirse con el juego, de modo que se nos ocurrió acercarle algunos otros:
“Si seguís con De Vido, Horacio, estás jodido.”
“El Perro con Rudy bien se lame.”
“De robo para la Corona a servir a la Reina.”
“Desde Ezeiza a Calafate Horacio banca el remate.”
“De los soldados de Perón a defender a Felisa fue HV sin cortapisas.
”Bombita Rodríguez, el Palito Ortega montonero", personaje creado por Diego Capusotto, se ha transformado en un documental.
Acaso el humor sea la única manera de combatir al nuevo invitado que llegó para quedarse: el odio. Se discute con odio, se argumenta con odio, se pregunta con odio. Asistimos a la remake del término “gorilas”, como si el Gobierno fuera “peronista”. D’Elía llama “oligarca” a Fernando Peña y milita en un partido cuyo líder declaró, en blanco, unos cinco millones de dólares y acaba de construir un hotel en Calafate de 500 dólares por noche, eso sin hablar del gasto en carteras de Madame. El Gobierno habla de democratizar la democracia, pero espera tres meses de conflicto para llevar las retenciones al Congreso, y mientras tanto el secretario Guillermo “Poronga” Moreno trata de convencer a los golpes a los opositores (con la ayuda de su esposa y jefa de asesores). Me están contando una pelea que no es tal. Así como Kirchner supo, durante su primer gobierno, que no había nada mejor que pelearse contra enemigos imaginarios, propone ahora, en su segunda administración, abismos inexistentes.
¿Qué pasará si el Gobierno pierde en el Senado? Nada. Seguirá gobernando hasta completar su período, y ojalá le sirviera para sacudirse la soberbia que se vuelve cada día más violenta.
Jorge Lanata

jueves, 10 de julio de 2008

Homenaje a Alfonsín.

Seguramente el doctor Alfonsín, presente hoy entre nosotros, estará escuchando el eco de su propia voz, que supo sonar en este recinto, cuando le tocó ocupar una banca como Diputado Provincial. Esa fue solo una de las tantas actividades que ostenta su dilatada trayectoria en la vida política argentina. En 1954, fue Concejal en su Chascomús natal; en 1963, DiputadoNacional; en 1965, fue designado Presidente del Comité Provincial del Radicalismo de Buenos Aires y, en 1983, Presidente de la Nación Argentina.
Pero hoy, esta Legislatura no le concede el título de ciudadano ilustre de nuestra Provincia solamente por los cargos que conquistó sino, fundamentalmente, porque de punta a punta de ese intenso recorrido, se destacan sus virtudes de decencia y coherencia, honestidad en la administración de los recursos públicos y defensa irrestricta de los valores de la libertad y del estado de derecho.
Sin lugar a dudas, lo que destaca al doctor Alfonsín en el escenario nacional y en el concierto internacional, es haber asumido el liderazgo de una de las transiciones democráticas más complejas y difíciles de todas las que hubo que encarar en América Latina en la década del '80. Heredó las terribles consecuencias de una violencia política irracional, que desembocó en un régimen de terrorismo de Estado y que dejó secuelas de torturados, desaparecidos y exiliados. La derrota de Malvinas también formó parte de una herencia que, en este caso, aisló aún más a la Argentina del mundo e hirió profundamente la autoestima de nuestro pueblo. No fue menor la destrucción del tejido social que produjo la dictadura militar y en el campo de la economía esa transición democrática tuvo como fuertes condicionamientos la deuda externa y los precios internacionales de nuestros productos primarios que, en ese entonces, estaban en el sótano y no en las nubes como ahora. Por alguna razón, alguien caracterizó a los '80 como la década perdida para América Latina.
La lucha de Alfonsín por los derechos humanos comenzó mucho antes de llegar a la investidura presidencial. Fue uno de los pocos dirigentes políticos que durante la dictadura militar llevó adelante una ardua labor profesional, como abogado de numerosos perseguidos políticos y como co fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos que compartió entre otros, con figuras de la talla de monseñor Jaime De Nevares y Alfredo Bravo.
Consecuente con esa lucha y con el programa del partido que lo llevó al gobierno, las primeras decisiones de Alfonsín fueron ordenar el procesamiento de las Juntas Militares y de los máximos responsables de la represión y promover en el Congreso la modificación del Código deJusticia Militar para someterlos a la jurisprudencia de la Justicia ordinaria. Se creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que, presidida por Ernesto Sábato, descorrió el velo de los errores a los que fuimos condenados todos los argentinos. En síntesis, asentó la democracia que recién nacía en los pilares de la verdad, la justicia y la memoria. Fue una formidable epopeya que prácticamente no tiene antecedentes en el mundo cuando se trata de valorarla dentro de los conceptos del estado de derecho. Todavía hoy muchos de nuestros países hermanos de América Latina, que fueron víctimas de la misma política, siguen balbuceando los primeros pasos de una justicia que les está muy lejos de llegar y otros ni siquiera han intentado alcanzarla.
A esa transición democrática, encabezada por el doctor Raúl Alfonsín, no le tocó perseguir leones encerrados en la jaula del zoológico, sino que hubo que correrlos por la selva, porque muchos de ellos todavía estaban al frente de regimientos, unidades de batalla, de servicios de seguridad y como para que no quedaran dudas que el combate contra la violencia no tenía privilegiados, Alfonsín y su gobierno promovieron y lograron la extradición y el encarcelamiento de José López Rega, uno de los responsables del germen del terrorismo de estado en su condición de jefe de la Triple A.
La labor de Alfonsín en materia de derechos humanos no se limitó acondenar su violación sistemática en el pasado, sino también y, fundamentalmente, asegurarlos para el futuro. Por eso su gobierno adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, modificó el Código Penal equiparando el delito de tortura al de homicidio simple y sancionó la Ley 23098 de Hábeas Corpus, en la que se establece que es aplicable ese derecho en cualquier caso en que sea denunciada una acción represiva por parte de cualquier autoridad pública.
Por supuesto que fue un camino arduo, difícil y lleno de obstáculos. Por esa razón hubo que enfrentar intentos de desestabilización, campañas de acción psicológica, atentados y hasta intentonas golpistas. La más seria fue aquella que todos recordamos como la de "Semana Santa", cuando la sociedad con su gobierno democrático a la cabeza, la oposición acompañándolo por primera vez en la historia, frustró exitosamente un intento de derrocar a un gobierno popular movilizándose en calles, plazas y rodeando –cuando hizo falta- las unidades militares sublevadas. No corrió una gota de sangre y por eso Alfonsín pudo decir: "La casa está en orden". Y efectivamente, doctor, la Casa de las instituciones quedó en orden, tanto que hoy, a veinticinco años, seguimos gozando de los beneficios de las democracia.
En materia de política exterior, no solo recuperó el prestigio internacional de nuestro país por haber vuelto a los valores republicanos, sino porque, además, el gobierno que encabezó Alfonsín en concordancia con su política interior, siempre orientada a proteger la democracia y la diversidad, promovió la integración de los pueblos latinoamericanos. Desarmamos rápidamente las hipótesis militaristas de conflictos con países hermanos; se firmó el tratado de paz e integración con Chile, y Alfonsín y Sarney en Brasil cofundaron lo que hoy conocemos como el Mercosur, que tiene como piedra angular de su propia existencia y razón de ser la denominada "cláusula democrática"; se afirmó la adhesión al movimiento de países no alineados y, cuando la prepotencia imperialista quiso intervenir en Nicaragua, nuestro gobierno desplegó la protección del llamado Grupo Contadora, para que nunca más una intervención militar del país del Norte torciera la decisión autónoma de una naciónlatinoamericana, que finalmente desembocó en elecciones libres. En el esfuerzo por afirmar todos los derechos de los argentinos, ese gobierno de la transición encaró la tarea de democratizar la enseñanza pública y un año después de haber asumido, concretamente en septiembre de 1984, se normalizaron las universidades nacionales, que recuperaron su autonomía, su libertad de cátedra y su cogobierno, valores esenciales de la Reforma Universitaria de la que este año se cumple el 90ºAniversario.
Fue normalizado el movimiento obrero y, más allá de que a aquel gobierno le hubiese gustado otro método, se respetó irrestrictamente lo resuelto por el Parlamento Nacional, y los trabajadores recuperaron la totalidad de sus derechos.
La cuestión del género tampoco quedó al margen de esta tarea de construir una democracia más amplia, más participativa y más efectiva; prueba de ello es que se promulgó en ese período la Ley de Divorcio Vincular y la de Patria Potestad Compartida.
Por supuesto que el gobierno de Alfonsín puede ser discutido y criticado como cualquier otro gobierno en la ejecución de sus medidas, pero creo que nadie puede poner en tela de juicio que tuvo una dirección democrática, popular, humanista y progresista. Usted, doctor Alfonsín, dijo en el discurso que pronunció en la ceremonia de asunción en el Congreso Nacional: "Hemos entendido que hay fuerzas poderosas que no quieren la democracia en la Argentina; sabemos que la reivindicación del gobierno del pueblo, de los derechos del pueblo para elegir y controlar al gobierno, de acuerdo con los principios de la Constitución plantea una lucha por el poder en la que no podemos ni debemos bajar los brazos, una lucha que vamos a dar y en la que vamos a triunfar."Tenemos una meta: la vida, la justicia y la libertad para todos los que habiten este suelo". Y agregó: "Tenemos un método: la democracia para la Argentina". "Tenemos un combate: vencer a quienes desde adentro o desde afuera quieren impedir esta democracia". Le quiero decir, Doctor, que vencimos, porque con usted la democracia llegó para quedarse para siempre.
Mi generación asomó a la vida política de la Argentina en el peor y en el mejor momento, en la postrimería de una dictadura sangrienta y en los albores de la libertad. La generación que nació en democracia, ya hace un tiempo que cumplió la mayoría de edad, pero todavía nos conmovemos cuando recordamos su voz convocándonos a la lucha: "Con el objeto de constituirla unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general para nosotros, para nuestraposteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino".
Hoy pasará a ser ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires, pero para nosotros "Alfonsín: más que una salida electoral fuiste una entrada a la vida". Muchas gracias.
Cecilia Moreau. Diputada Provincial. Homenaje al Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. Honorable Cámara de Diputados de al Provincia de Buenos Aires. 9ª Reunión – 9ª Sesión Ordinaria - 02/07/08

lunes, 7 de julio de 2008

Alfonsín, un ciudadano ilustre.

Ahí está don Raúl, convertido en ciudadano ilustre. Reconocido por la historia. Tal vez ningún otro ex Presidente lo pueda hacer, pero ahí está don Raúl caminando por las calles con dignidad y la frente alta. Ahí está don Raúl el padre de la democracia recuperada, caminando lento, como perdonando el viento, según la poesía emblemática del día del padre. Ahí está don Raúl firme en sus convicciones a los 82 años y peleando con coraje contra una maldita enfermedad que lo tiene contra las cuerdas. Ahí está don Raúl que – mirado en perspectiva- fue uno de los mejores presidentes que nos supimos conseguir. Con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, a 25 años de la epopeya de la vuelta a la libertad creo que Alfonsín es mejor que la media de los presidentes que tuvimos y –si me apura- creo que es mejor que la media de la sociedad que tenemos. Ahí anda don Raúl con las manos limpias, viviendo en el mismo departamento de siempre, austero como don Arturo, honesto como Alem manda. No quiero decir que el doctor Raúl Alfonsín haya sido un presidente perfecto. De ninguna manera. Es tan imperfecto y tan lleno de contradicciones como todos nosotros. La democracia es imperfecta.
Apenas, es el sistema menos malo. Pero nadie puede desmentir que Alfonsín es un demócrata cabal. Nunca ocupó ningun cargo durante ninguna dictadura. Y eso que muchos de sus correligionarios si lo hicieron. Estuvo detenido por defender sus ideas. Es un auténtico defensor de los derechos humanos de la primera hora y en el momento en que la balas picaban cerca. No de ahora. Fue defensor de presos políticos durante la dictadura, reclamó por los desaparecidos y es co-fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El abogado de Chascomús, el gordito reformista y burgués, según los revolucionarios de entonces hizo todo eso. El abogado de Santa Cruz, el flaquito de la Jotepé, hizo todo lo contrario. Digo, como para poner las cosas en su lugar. Como para respetar la verdad historica. Por eso, con toda autoridad, despues fogoneó el Nunca mas y la Conadep y el histórico Juicio a las Juntas Militares que ningun otro país del mundo se atrevió a hacer con la dictadura en retirada pero todavía acechante y poderosa. Por eso tuvo sublevaciones militares carapintadas, paros salvajes de la CGT y golpes de mercado que intentaron derrocarlo. Es verdad que también existieron los errores y los horrores propios. La economía de guerra y el desmadre inflacionario. La gran desilusión frente al felices pascuas y la casa está en orden. O el Punto Final y la Obediencia Debida. Y el derrumbe de la confianza en la capacidad para gobernar el descontrol que terminó con la entrega anticipada del poder. O el pacto de Olivos. Si tratamos de ser lo mas ecuánimes y rigurosos posibles aparecen las luces y las sombras. Pero el paso del tiempo y la comparación con lo que vino lo deja a Raúl Ricardo Alfonsín del lado bueno de la historia. En la vereda del sol. Caminando con dignidad con la frente alta y las manos limpias. Ahí está don Raúl Alfonsín.
Un ciudadano ilustre.
Alfredo Leuco

miércoles, 25 de junio de 2008

La política debe recuperar el lugar que le corresponde.

Cristina Kirchner estaba llamada a prestigiar la democracia, ordenarla en sus reglas y, sobre todo, certificarla en sus resultados. No podía contentarse con la mera repetición de la gestión de su esposo.
Heredaba un país que gracias a una gestión prudente de la emergencia, había logrado crecer a tasas espectaculares y sin conflicto entre campo y ciudad. A ella le cabía mostrar la fertilidad del pluralismo y enseñar que la diversidad democrática no es la continuación de la guerra sino la fundación del diálogo.
Sin embargo, los primeros meses de su mandato muestran que el monólogo siguió reemplazando al debate y la apelación a la unidad del pueblo contra los enemigos --"la oligarquía", "los golpistas", "las corporaciones"-- continuó fabricando los apoyos. Esa política de confrontación contribuyó a dar proporciones inesperadas al conflicto con el sector agropecuario surgido a propósito del fuerte aumento a las retenciones a la soja.
Presentado como una disputa entre la política de redistribución del ingreso del Gobierno y la avaricia desmedida de un sector, no tardó en ser trasmutado en un enfrentamiento en el que sectores golpistas amenazaban al Gobierno nacional y popular. Contraponiendo la "democracia del pueblo" a la "democracia corporativa", el bienestar general a los mezquinos intereses sectoriales, la Presidenta reclamó gobernar en nombre del pueblo.
Sin embargo, el pueblo no es una entidad concreta, somos todos y cada uno de nosotros, ciudadanos libres e iguales ante la ley. El pueblo no tiene una representación inmediata y sólo existe en los pronunciamientos que crean las instituciones que controlan y hacen posible cambiar de gobierno sin violencia. Una parte de la sociedad no reconoce la representación democrática en la oposición "pueblo versus antipueblo" y sabe que en esa dicotomía, el "pueblo" es sinónimo de Estado, encarnado en el gobierno de turno. Cuando la oposición queda confinada en su rol a la espera del próximo turno electoral, la calle se convierte en el ámbito de la protesta.
Los casos exitosos de desarrollo en el último cuarto de siglo son el resultado del diálogo y la experimentación, de un diagnóstico compartido, de una idea similar de los condicionantes externos, de un acuerdo de prioridades. ¿Por qué habría que resignarse a aceptar un camino autoritario para lograr un desarrollo con igualdad? En democracia, los fines que se persiguen importan tanto como los métodos para conseguirlos; no hay victorias finales ni partidos convertidos en soldados de presidentes que son defendidos con el cuerpo, como sugirió la presencia del ex presidente Kirchner en la Plaza de Mayo cuando tronaban los cacerolazos. En franco contraste con una ideología que vive el conflicto como una guerra, el pluralismo exige convivir con las divergencias y anudar consensos --que no son lo mismo que acuerdos corporativos-- en el ámbito de los representantes del pueblo, que es el Parlamento. Y es allí adonde deben hacer llegar sus demandas las corporaciones, por demasiado tiempo habituadas a llevarlas a la Casa Rosada.
La sociedad argentina demanda un orden capaz de contener el conflicto y evitar que se exprese por fuera y en contra de las instituciones; poner fin a piquetes, cacerolazos y cortes de ruta, movilizaciones a favor o en contra del Gobierno. Para construir ese orden es preciso que las instituciones políticas salgan de la parálisis que hoy las aqueja y den voz a los reclamos que resuenan en la protesta callejera. Se necesita que los legisladores, además de ser oficialistas u opositores, sean representantes del pueblo. Es preciso el retorno de la política.
Argentina se encuentra una vez más en la encrucijada. El Gobierno debería cambiar su rumbo para generar un proceso ya no de mero crecimiento de corto plazo, de algunos años, sino de verdadero desarrollo aunque con una tasa menos espectacular y admitir que su "modelo" se ha agotado, que la política de compensaciones a través de la trama de subsidios poco transparentes que mantienen estructuras obsoletas y siguen devorando los recursos fiscales, ha tocado fondo. Ese camino ha servido para construir poder personal pero al mismo tiempo, ha pavimentado el conflicto social y desaprovechado oportunidades que la bonanza de las commodities nos brinda.
El reclamo del campo trasciende los intereses del sector y coloca en el debate problemas postergados o ignorados, como el centralismo fiscal que hoy convierte al federalismo en letra muerta. Recuerda que un sistema político sin controles tiene enormes dificultades para mantener un orden basado auténticamente en las reglas de la ley y que es necesario poner en marcha políticas de reforma que atraigan la inversión interna y externa, diversifiquen la estructura productiva y estimulen la innovación.La sociedad tiene que poder confiar en los instrumentos que ha generado para observarse a sí misma. Las estadísticas oficiales deben dejar de esconder el aumento de la pobreza y la indigencia, distorsionar la inflación y dibujar un extraordinario retrato de la ilusión. Si ese retrato persiste y se ignoran los cambios ocurridos en la morfología social, Cristina Kirchner corre el riesgo de desaprovechar una extraordinaria oportunidad histórica y dilapidar el esfuerzo de los argentinos. Aún está a tiempo de encontrar el rumbo y desterrar el odio de la política.
Liliana de Riz. Politóloga UBA - CONICET

martes, 24 de junio de 2008

La falacia de las retenciones móviles.

Una de las características con las que solemos abordar los conflictos en nuestra Argentina es la falta de datos concretos del problema en cuestión. Entonces el debate, así planteado, tiende a reducirse a prejuicios o a simplemente tomar partido a favor o en contra, por afinidad o antagonismo político. Esta metodología ha dado como resultado que muchos “sapos” fueron tragados, apelando sólo a determinadas afinidades simbólicas del pasado. También ha posibilitado que enormes elefantes blancos se hayan introducido en la vida política y económica argentina; al calor de encendidos discursos en contra, precisamente, de esos elefantes blancos.
Esto lo estamos viviendo nuevamente hoy, con motivo del conflicto entre el Gobierno y el campo.
Por un lado, el Gobierno sostiene que la postura del campo es movilizada por sectores golpistas “destituyentes” y antidemocráticos, a los que no precisa; y financiada por poderosos “pooles” de siembra de soja, a los que no identifica.
Por su parte, los representantes rurales dicen que las medidas del Gobierno tienden a beneficiar a esos poderosos “pooles” de siembra, al expulsar la competencia de los pequeños y medianos productores, y a los sectores concentrados de la intermediación agroalimentaria, que son un puñado de empresas que todos conocemos y se pueden contar con los dedos de las manos.
La evidencia de los hechos que a continuación se exponen le da enteramente la razón a la postura del campo. Y además muestra la existencia de graves inconductas, lindantes con ilícitos penales, por parte del Gobierno.
Aunque a primera vista parezca sorprendente, hemos llegado a la siguiente conclusión: las retenciones móviles habrían sido dictadas en directo beneficio de los exportadores de granos. Esta afirmación parece temeraria, pero tiene su fundamento en el hecho de que, hacia fines del año pasado, al compás de que la soja llegaba a su máximo nivel de precios históricos, los exportadores presentaron declaraciones juradas de venta al exterior por volúmenes desproporcionados, con el objeto de congelar las retenciones a pagar, cuya suba se concretó inmediatamente después con la resolución 369. Pero luego, en forma inesperada, por la irrupción de la especulación financiera internacional, la soja siguió subiendo ininterrumpidamente, hasta llegar en marzo de 2008 al doble del valor que tenía en 2007.
Esto les jugó en contra a los exportadores de granos. No podían efectivizar las masivas ventas anticipadas, comprando en el mercado interno a precios muy superiores a los precios de exportación ya fijados. Necesitaban imperiosamente que los precios se retrotrayeran a noviembre del año anterior. Y el Gobierno, cómplice de la maniobra, les dio la mano salvadora dictando la medida de las retenciones móviles.
No habrá este año, ni tal vez nunca, ningún excedente recaudatorio por retenciones por sobre el 35 por ciento del valor FOB que pueda ser aplicado a programas redistributivos sociales, como anunció recientemente el Gobierno. Desde el dictado de la resolución 125 hasta ahora, pese al sustancial aumento de las retenciones móviles, el fisco sólo ha recaudado el 22% sobre el valor FOB de las exportaciones de soja. Muy lejos de superar el 35% que permitirá destinar fondos a dichos programas.
En consecuencia, las retenciones móviles serían una falacia, o sea, un engaño, fraude o mentira, con la que se está procurando beneficiar a las multinacionales cerealeras, sin importar el perjuicio causado a otros, en este caso los productores agrarios. Y sin que ello reporte ningún beneficio sustantivo al fisco.
La falacia también le ha servido al Gobierno para movilizar a su favor a organizaciones sociales que aspiran a una más justa distribución de la riqueza, pese a que esto no sucederá con esta medida. La promesa oficial inicial de una redistribución de los ingresos extra de esta súper renta agraria, era ambigua. Pero atrapado por la dinámica del conflicto, tuvo que salir a comprometer el destino de los fondos y dice que se van a realizar hospitales, viviendas y caminos en el interior. Pero éstos nunca se construirán, al menos no con los dineros recaudados de las retenciones agrícolas por encima del 35%.
El anuncio de la Presidenta de que no le importan “las cuentas fiscales, sino la cuenta social”, sería así sólo otro cuento para tratar de justificar el gran cuento de las retenciones móviles, cuya parte sustancial ha sido ya subrepticiamente privatizada a favor de los exportadores de granos, mediante la letra chica de distintas medidas que adoptó el Gobierno, a la par que se desarrollaba el conflicto.
De acuerdo a nuestros cálculos, la diferencia entre lo que los exportadores liquidaron al fisco y lo que estos le descontaron al productor, desde el dictado de la resolución 369 de noviembre pasado hasta el 31 de mayo de este año, es de más de US$ 1.316 millones.
En tal sentido, cabe que todos los argentinos nos hagamos un reproche, por la incapacidad que tenemos de ir “a las cosas” y verlas tal como son, sin dejarnos engañar por la retórica discursiva, para lamentarnos muy a posteriori de los engaños sufridos.
El informe que tenemos en elaboración procura ser un aporte para que esto no nos suceda nuevamente, al menos en relación con este conflicto. Para su confección hemos analizado 55.319 permisos de embarque de exportación, autorizados por la Aduana desde el 1/1/07 al 31/5/08, respecto de las mercaderías sometidas a las conflictivas retenciones móviles.
Antes de referirnos a las conclusiones vale la pena aclarar previamente algunas cuestiones:
- Que los exportadores de granos tienen el cuestionable privilegio de poder presentar anticipadamente declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) y congelar tanto la alícuota del Derecho de Exportación (retenciones) como el valor FOB declarado.
- Que a fines del año pasado, los exportadores contaron con información privilegiada que se iban a aumentar las retenciones, como efectivamente sucedió con la Resolución 389 del 11/9/2007. En función de ello, anticiparon DJVE ficticias por cifras desproporcionadas en relación a los niveles históricos.
- Que en ese contexto, la abrupta suba internacional de precios de este año descalzó a los exportadores, quienes necesitaron entonces de medidas tendientes a que los precios internos de los granos volvieran a ser planchados en los niveles del año pasado. Esto lo consiguieron con las retenciones móviles de la resolución 125.
- Que de esta manera, con alícuotas congeladas por las DJVE y precios planchados por las retenciones móviles, los exportadores pueden consumar un gigantesco negociado, que puede reportarles hasta US$ 100 por tonelada adicionales, cuando lo usual en la intermediación es de US$ 2 la tonelada. El Gobierno nacional no puede desconocer esta situación, por su propia responsabilidad, y por las denuncias públicas y en el Parlamento que se formularon oportunamente.
- Que también los exportadores tienen la ventaja de contar con una Aduana “ciega, sorda y muda”, que a pesar de que en todos los medios especializados y no especializados se difunde que las retenciones son un porcentaje del valor FOB, la mayor parte de ellos se liquida por debajo de ese valor. En efecto, desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 permisos de embarque hemos detectado que la base imponible sobre la que se calculan los derechos de exportación es inferior al valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 permisos donde la base imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Por esta diferencia entre el valor FOB y la base imponible disminuida estimamos una pérdida de ingresos adicionales de US$ 283 millones para el período del 1/01/07 al 9/11/2007
- Que nos tomamos el trabajo de comparar los precios que los exportadores liquidan en la Aduana y los que figuran en su página web (www.ciara.com.ar), sacando la conclusión de que las diferencias en contra del fisco alcanzan a otros US$ 1.624 millones en el período del 1/1/2007 al 31/5/2008.
Preguntas con respuestas. En definitiva, nos preguntamos qué hubiera sucedido –o qué puede llegar a suceder– si el Estado en vez de estar al servicio de un hiperconcentrado grupo de empresas transnacionales exportadoras, estuviera al servicio de la producción nacional y de los intereses nacionales y populares.
Pero vayamos punto por punto:
A) ¿Cuánto ha recaudado de más el fisco desde el dictado de la Resolución 125/08 de retenciones móviles? ¿Cuánto se podrá destinar al Fondo de Redistribución, para hospitales, viviendas y caminos rurales?
La respuesta es que por ahora, nada. Y es muy probable que en el futuro, tampoco. Esta respuesta surge porque los 1.479 permisos de embarque correspondientes al complejo soja autorizados desde el 13/03/2008 a la fecha totalizaron US$ 2.511 millones de valor FOB, habiéndose liquidado por ellos casi US$ 574 millones de derechos de exportación, lo que equivale sólo a un 22% sobre el valor FOB.
Estas cifras están muy por debajo del piso del 35 por ciento necesario para financiar el recientemente anunciado programa de redistribución social (decreto 904/2008). Por lo tanto, este programa no cuenta por el momento con ningún fondo porque los exportadores están liquidando los derechos de exportación con las alícuotas congeladas a un año atrás, o más, por efecto de las declaraciones juradas de venta al exterior.
B) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara la alícuota de exportación vigente en cada momento; y no las congeladas mediante las DJVE?
Respuesta: el total exportado desde el dictado de la resolución 389 de noviembre pasado (que elevó la alícuota para la soja del 27,5 al 35 por ciento) asciende hasta el presente a unos US$ 12.547,6 millones y el total recaudado por derechos de exportación fue de US$ 2.917 millones. Esta cifra es notablemente inferior a los US$ 4.233 millones que debería haber recaudado el fisco si se computaran al momento del despacho de aduana las alícuotas vigentes por derechos de exportación; y no las congeladas por DJVE fraudulentas.
Se asume que los exportadores descuentan al productor el derecho de exportación vigente y liquidan a la Aduana el derecho de exportación (DE) congelado mediante la DJVE. En esta hipótesis, la diferencia a su favor que habrían embolsado los exportadores es de US$ 1.316 millones desde la vigencia de las Resoluciones 369/07 y 125/08.
C) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se le aplicara como base imponible el valor FOB; y no una cifra menor como sucede en la mayoría de los casos?
Respuesta: desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 permisos de embarque se ha detectado que la base imponible sobre la que se calculan los derechos de exportación es inferior al valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 permisos donde la base imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Conclusión, el exportador liquida como quiere.
Como en la respuesta anterior ya se incluye implícitamente este cálculo hasta el 9/11/07, sólo se debe adicionar el cómputo de las diferencias entre la base imponible y el valor FOB desde el 01/01/2007 al 9/11/2007. Esto representa US$ 283 millones más a favor de los exportadores.
D) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara similares al precio vigente internacionalmente; y no el congelado mediante DJVE?
La respuesta es que si comparamos los precios internacionales de las mercaderías, tal como lo consigna la Cámara de Industria del Aceite de la República Argentina (CIARA), que reúne a los más importantes exportadores de cereales, con el precio promedio a que se han declarado los permisos de embarque, se llega a la conclusión de que al menos éstos deberían ser un 24 por ciento superiores.
Si consideramos el menor porcentaje del 24% correspondiente al grano de soja posición arancelaria 12.01.00.90, para todo el período analizado 2007 a la fecha, esta merma en el valor del precio FOB liquidado implica una reducción en los ingresos fiscales de al menos US$ 1.624,4 millones.
Este importe surge de la suma de los derechos que se deberían haber recaudado en ambos períodos considerados (4.233.220.895 + 2.535.060.159) para luego aplicarle el 24%.
Mario Cafiero. Diputado nacional (mc). Trabajo realizado junto a Javier Llorens.

viernes, 20 de junio de 2008

Las razones de una caída inédita.

El derrumbe de la imagen positiva de Cristina Kirchner en apenas cinco meses es uno de los datos centrales de la crisis política que atraviesa la Argentina. Existen antecedentes comparables en los últimos 25 años, pero están vinculados con episodios severos como la hiperinflación, los saqueos y las corridas bancarias. Una caída de la imagen presidencial de esta magnitud en tiempos de relativa bonanza es un hecho inédito en la historia de la democracia recuperada en 1983. Tal vez por esa razón debe procederse con cuidado al momento de analizar las causas.
En primer lugar, hay que considerar que la caída de la imagen presidencial no constituye un dato aislado. Es el más pronunciado, pero no el único. En los tres meses del conflicto con el campo han descendido bruscamente la confianza en el Gobierno, las expectativas respecto del futuro del país, la predisposición al consumo y, en general, la imagen de todas las figuras vinculadas al Poder Ejecutivo, entre ellas la de Néstor Kirchner. Se trata de un síndrome, no de un único síntoma.
En segundo lugar, debe computarse que el retroceso de la imagen presidencial no se inició, sino que se agravó, con la crisis del campo. Cristina venía cayendo desde antes. Poliarquía registró un descenso significativo, de 8 puntos porcentuales, entre febrero y marzo, atribuible a la inflación. El aumento de precios se había convertido para entonces en uno de los problemas que más afectaban a la población.
En tercer lugar, factores heredados del gobierno de Néstor Kirchner también incidieron. Desde 2006 se verificó un creciente rechazo hacia el estilo beligerante y poco cuidadoso de las instituciones empleado por los Kirchner. Se incrementó, además, la percepción de poca transparencia y de desconfianza en los actos de gobierno. Esto provocó el lento drenaje del apoyo de las clases medias, ya insinuado por los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado.
En cuarto lugar, hay que considerar que Cristina fue impuesta como candidata presidencial por una decisión sólo consensuada con su marido. La sombra de esta designación se refleja ahora dramáticamente: frente al conflicto con el campo, más gente cree que Néstor Kirchner influye decisivamente en el rumbo del Gobierno, opacando el relieve que le corresponde al rol presidencial. Este no es un dato menor a la hora de explicar lo que le ocurre a Cristina.
El examen de estas razones no es suficiente, sin embargo, para dar cuenta del colapso de la Presidenta. Hay que sumar el peso de los rasgos personales, gestuales y argumentativos que pone en juego a la hora de comunicarse con la sociedad. Un repaso del balance de virtudes y defectos que la opinión pública le asigna indica que la soberbia y la agresividad prevalecen sobre el coraje y la inteligencia. Estos defectos, atribuidos a la personalidad de la Presidenta, han desempeñado un papel relevante para explicar las reacciones adversas que cosechó en los últimos cien días.
Con este desgaste, Cristina debe enfrentar un fenómeno nuevo en su carrera y en la de su marido: un poder que los desafía y un descontento que los cerca. La lógica de los Kirchner ha sido imponer sus razones y, en última instancia, su poder. La irrupción de fuerzas de choque ante la impotencia por recuperar el terreno frente al campo es una respuesta condicionada que ha hecho mucho daño a la imagen de la Presidenta. Pero ahora las relaciones de fuerza han cambiado.
Si atendemos a la opinión pública, es tiempo de escuchar, no de atropellar. De convencer, no de vencer. De distender, no de enervar. Y de alcanzar el consenso, porque los sesgos ideológicos y las manipulaciones de la memoria sólo sirven a la división. ¿Puede recuperarse la imagen de Cristina Kirchner? Si se corrigen los defectos y se acrecientan las virtudes, estimo que sí. La mejora económica de estos años y una oposición aún no consolidada mantienen el crédito abierto todavía.
Eduardo Fidanza. Director de Poliarquía Consultores

Nadie hizo tanto por dividir el país.

La crisis argentina sólo retrocedió un paso para avanzar dos: Cristina Kirchner rompió relaciones de hecho ayer con la dirigencia agropecuaria, un día después de haber accedido al pedido rural para que el Congreso tratara las retenciones. El extenuante y destructivo conflicto, que lleva ya cerca de 100 días, se agravó seriamente tras esas palabras de furia presidencial en la Plaza de Mayo. Los “cuatro señores a los que nadie votó”, como llamó a los dirigentes de las entidades rurales, quedaron en la intimidad fulminados por la aflicción y el fastidio luego de escuchar a la Presidenta en su discurso más agresivo y rupturista desde que ocupa la Jefatura del Estado. Pocas horas después, esa cólera de los ruralistas tomaba cuerpo con una ampliación del paro vigente hasta ayer y con un llamado a un virtual estado de asamblea permanente de los campesinos. "Pedimos que nos respeten", le devolvieron a la primera mandataria. La crisis ha escalado, en definitiva, algunos peldaños más desde la áspera tarde de ayer.
Los gobiernos se dedican, por lo general, a resolver problemas y no a organizar actos. Sin embargo, el kirchnerismo gasta desde hace tres meses más tiempo en preparar movilizaciones de adeptos que en solucionar las conflictos. El acto de ayer se programó para confrontar con movilizaciones del campo programadas para el mismo día que luego se suspendieron. Terminó siendo, implícitamente, una respuesta a los masivos cacerolazos del lunes.
¿Qué problemas se resolvieron ayer luego de que se llenara la Plaza de Mayo con personas movilizadas por intendentes del conurbano y por los sindicatos? Hubo muchas personas y muchos colectivos para trasladarlas. Algunos asistentes mostraron de manera tan patética su falta de entusiasmo político que abandonaron la histórica plaza antes de que la Presidenta terminara su discurso. Los pocos y raleados aplausos que hubo para esa oración presidencial indicaron también que muchos no sabían por qué estaban ahí.
El problema más serio que está creando está conducción de la crisis es una seria fragmentación de la sociedad. Ningún gobierno desde la restauración democrática ha hecho tanto como el de los Kirchner para dividir a la sociedad entre sectores medios y pobres. No puede -ni debe- ocultarse la clara diferencia social que existe entre los que protagonizan las marchas de ruralistas, o los cacerolazos en las ciudades, y las multitudes de personas que moviliza el kirchnerismo desde las regiones más pobres.
La Argentina es un país que se construyó sobre las bases de la movilidad y la integración sociales. La división de la sociedad entre sectores de distinta extracción económica tiene un nefasto precedente en la Venezuela de Hugo Chávez. La Presidenta fracciona la sociedad hasta cuando hace su particular lectura de la historia. Creíamos, hasta ayer, que los actuales problemas argentinos se originaron hace 50 años. Cristina Kirchner lo corrigió en su discurso de la víspera: los conflictos del presente empezaron con el Centenario; es decir, hace casi 100 años, cuando, en verdad, se echaron los cimientos de la prosperidad argentina. Pero ¿qué tienen que ver los gobernantes de hace un siglo con la carencia de combustibles de hoy, con la inflación o con las retenciones de Martín Lousteau? Nada. Esa referencia sirvió sólo para perder el tiempo.
Esa versión parcial y descontextualizada de la historia la llevó también a vituperar sin sentido a la década del 90. El gobierno de esa década fue frívolo, insensible y con grandes dosis de corrupción pública, pero las retenciones se eliminaron por otros motivos. Simplemente, los precios de las materias primas estaban entonces al nivel del zócalo y las retenciones no tenían razón de ser.
La única alusión al diálogo con los ruralistas que hizo Cristina Kirchner fue para patearlo hasta el Bicentenario; faltan todavía dos años para ese aniversario y las góndolas están vacías aquí y ahora. Hizo una sola alusión a la clase media, para pedirle implícitamente que no lea los diarios ni vea la televisión, pero es evidente que los valores de esa plaza no son los valores clásicos de los sectores medios. El Gobierno se aísla cada vez más en el reducido aparato del peronismo, en lo que Néstor Kirchner llamaba despectivamente "el pejotismo".
Definitivamente, el matrimonio presidencial está convencido de que lo quieren echar del poder. La denuncia de golpismo sobrevoló ayer casi todas las palabras de la Presidenta, como lo había hecho el día antes en la particular conferencia de prensa de su marido. Pero la pareja gobernante está segura, al mismo tiempo, de que la victoria da derechos. De un lado está "el gobierno que ganó" y del otro "las corporaciones". Es el poder lo que se juega, y en ese juego no existe, para ellos, la política. La democracia como un sistema de vida (del que forman parte el diálogo, la negociación y el consenso con partidos opositores y con sectores disconformes) es un concepto abstracto e inasible para los Kirchner.
La Presidenta llegó a vincular la protesta rural y los cacerolazos con los golpes de Estado y con la cultura que creó la pasada dictadura, dijo. Esos movimientos sociales contestatarios de ahora están poblados de jóvenes que nunca vivieron en dictadura. Cualquier cultura se agota con el paso del tiempo y la Argentina vive en democracia desde hace 25 años. Sólo la obsesiva mirada en el pasado puede provocar tanta desorientación sobre las conflictivas cosas del presente.
Podrá decirse que todos los políticos se van de boca en una tribuna y que eso les pasó también a los dirigentes rurales en el acto de Rosario el 25 de Mayo, manifestación cuya magnitud el Gobierno no ha podido digerir aún. Pero la palabra de la Presidenta no puede compararse con los resbalones verbales de Alfredo De Angeli.
Si, en todo caso, se trataba de un discurso que se calentaría con el fuego de la multitud, ¿para qué ordenó entonces que la cadena nacional de radio y televisión transmitiera en directo su arenga de rupturas y demonizaciones? La cadena nacional se ocupó en dos días seguidos de Cristina Kirchner. Bill Clinton suele decir que los políticos hablan con la poesía y gobiernan con la prosa. Un problema insoluble y peligroso aparece cuando hablan y gobiernan sólo con la poesía de los héroes.
Joaquín Morales Solá