La política debe recuperar el lugar que le corresponde.

Cristina Kirchner estaba llamada a prestigiar la democracia, ordenarla en sus reglas y, sobre todo, certificarla en sus resultados. No podía contentarse con la mera repetición de la gestión de su esposo.

Heredaba un país que gracias a una gestión prudente de la emergencia, había logrado crecer a tasas espectaculares y sin conflicto entre campo y ciudad. A ella le cabía mostrar la fertilidad del pluralismo y enseñar que la diversidad democrática no es la continuación de la guerra sino la fundación del diálogo.

Sin embargo, los primeros meses de su mandato muestran que el monólogo siguió reemplazando al debate y la apelación a la unidad del pueblo contra los enemigos --"la oligarquía", "los golpistas", "las corporaciones"-- continuó fabricando los apoyos. Esa política de confrontación contribuyó a dar proporciones inesperadas al conflicto con el sector agropecuario surgido a propósito del fuerte aumento a las retenciones a la soja.

Presentado como una disputa entre la política de redistribución del ingreso del Gobierno y la avaricia desmedida de un sector, no tardó en ser trasmutado en un enfrentamiento en el que sectores golpistas amenazaban al Gobierno nacional y popular. Contraponiendo la "democracia del pueblo" a la "democracia corporativa", el bienestar general a los mezquinos intereses sectoriales, la Presidenta reclamó gobernar en nombre del pueblo.

Sin embargo, el pueblo no es una entidad concreta, somos todos y cada uno de nosotros, ciudadanos libres e iguales ante la ley. El pueblo no tiene una representación inmediata y sólo existe en los pronunciamientos que crean las instituciones que controlan y hacen posible cambiar de gobierno sin violencia. Una parte de la sociedad no reconoce la representación democrática en la oposición "pueblo versus antipueblo" y sabe que en esa dicotomía, el "pueblo" es sinónimo de Estado, encarnado en el gobierno de turno. Cuando la oposición queda confinada en su rol a la espera del próximo turno electoral, la calle se convierte en el ámbito de la protesta.

Los casos exitosos de desarrollo en el último cuarto de siglo son el resultado del diálogo y la experimentación, de un diagnóstico compartido, de una idea similar de los condicionantes externos, de un acuerdo de prioridades. ¿Por qué habría que resignarse a aceptar un camino autoritario para lograr un desarrollo con igualdad? En democracia, los fines que se persiguen importan tanto como los métodos para conseguirlos; no hay victorias finales ni partidos convertidos en soldados de presidentes que son defendidos con el cuerpo, como sugirió la presencia del ex presidente Kirchner en la Plaza de Mayo cuando tronaban los cacerolazos. En franco contraste con una ideología que vive el conflicto como una guerra, el pluralismo exige convivir con las divergencias y anudar consensos --que no son lo mismo que acuerdos corporativos-- en el ámbito de los representantes del pueblo, que es el Parlamento. Y es allí adonde deben hacer llegar sus demandas las corporaciones, por demasiado tiempo habituadas a llevarlas a la Casa Rosada.

La sociedad argentina demanda un orden capaz de contener el conflicto y evitar que se exprese por fuera y en contra de las instituciones; poner fin a piquetes, cacerolazos y cortes de ruta, movilizaciones a favor o en contra del Gobierno. Para construir ese orden es preciso que las instituciones políticas salgan de la parálisis que hoy las aqueja y den voz a los reclamos que resuenan en la protesta callejera. Se necesita que los legisladores, además de ser oficialistas u opositores, sean representantes del pueblo. Es preciso el retorno de la política.

Argentina se encuentra una vez más en la encrucijada. El Gobierno debería cambiar su rumbo para generar un proceso ya no de mero crecimiento de corto plazo, de algunos años, sino de verdadero desarrollo aunque con una tasa menos espectacular y admitir que su "modelo" se ha agotado, que la política de compensaciones a través de la trama de subsidios poco transparentes que mantienen estructuras obsoletas y siguen devorando los recursos fiscales, ha tocado fondo. Ese camino ha servido para construir poder personal pero al mismo tiempo, ha pavimentado el conflicto social y desaprovechado oportunidades que la bonanza de las commodities nos brinda.

El reclamo del campo trasciende los intereses del sector y coloca en el debate problemas postergados o ignorados, como el centralismo fiscal que hoy convierte al federalismo en letra muerta. Recuerda que un sistema político sin controles tiene enormes dificultades para mantener un orden basado auténticamente en las reglas de la ley y que es necesario poner en marcha políticas de reforma que atraigan la inversión interna y externa, diversifiquen la estructura productiva y estimulen la innovación.La sociedad tiene que poder confiar en los instrumentos que ha generado para observarse a sí misma. Las estadísticas oficiales deben dejar de esconder el aumento de la pobreza y la indigencia, distorsionar la inflación y dibujar un extraordinario retrato de la ilusión. Si ese retrato persiste y se ignoran los cambios ocurridos en la morfología social, Cristina Kirchner corre el riesgo de desaprovechar una extraordinaria oportunidad histórica y dilapidar el esfuerzo de los argentinos. Aún está a tiempo de encontrar el rumbo y desterrar el odio de la política.

Liliana de Riz. Politóloga UBA - CONICET

La falacia de las retenciones móviles.

Una de las características con las que solemos abordar los conflictos en nuestra Argentina es la falta de datos concretos del problema en cuestión. Entonces el debate, así planteado, tiende a reducirse a prejuicios o a simplemente tomar partido a favor o en contra, por afinidad o antagonismo político. Esta metodología ha dado como resultado que muchos “sapos” fueron tragados, apelando sólo a determinadas afinidades simbólicas del pasado. También ha posibilitado que enormes elefantes blancos se hayan introducido en la vida política y económica argentina; al calor de encendidos discursos en contra, precisamente, de esos elefantes blancos.
Esto lo estamos viviendo nuevamente hoy, con motivo del conflicto entre el Gobierno y el campo.
Por un lado, el Gobierno sostiene que la postura del campo es movilizada por sectores golpistas “destituyentes” y antidemocráticos, a los que no precisa; y financiada por poderosos “pooles” de siembra de soja, a los que no identifica.
Por su parte, los representantes rurales dicen que las medidas del Gobierno tienden a beneficiar a esos poderosos “pooles” de siembra, al expulsar la competencia de los pequeños y medianos productores, y a los sectores concentrados de la intermediación agroalimentaria, que son un puñado de empresas que todos conocemos y se pueden contar con los dedos de las manos.
La evidencia de los hechos que a continuación se exponen le da enteramente la razón a la postura del campo. Y además muestra la existencia de graves inconductas, lindantes con ilícitos penales, por parte del Gobierno.
Aunque a primera vista parezca sorprendente, hemos llegado a la siguiente conclusión: las retenciones móviles habrían sido dictadas en directo beneficio de los exportadores de granos. Esta afirmación parece temeraria, pero tiene su fundamento en el hecho de que, hacia fines del año pasado, al compás de que la soja llegaba a su máximo nivel de precios históricos, los exportadores presentaron declaraciones juradas de venta al exterior por volúmenes desproporcionados, con el objeto de congelar las retenciones a pagar, cuya suba se concretó inmediatamente después con la resolución 369. Pero luego, en forma inesperada, por la irrupción de la especulación financiera internacional, la soja siguió subiendo ininterrumpidamente, hasta llegar en marzo de 2008 al doble del valor que tenía en 2007.
Esto les jugó en contra a los exportadores de granos. No podían efectivizar las masivas ventas anticipadas, comprando en el mercado interno a precios muy superiores a los precios de exportación ya fijados. Necesitaban imperiosamente que los precios se retrotrayeran a noviembre del año anterior. Y el Gobierno, cómplice de la maniobra, les dio la mano salvadora dictando la medida de las retenciones móviles.
No habrá este año, ni tal vez nunca, ningún excedente recaudatorio por retenciones por sobre el 35 por ciento del valor FOB que pueda ser aplicado a programas redistributivos sociales, como anunció recientemente el Gobierno. Desde el dictado de la resolución 125 hasta ahora, pese al sustancial aumento de las retenciones móviles, el fisco sólo ha recaudado el 22% sobre el valor FOB de las exportaciones de soja. Muy lejos de superar el 35% que permitirá destinar fondos a dichos programas.
En consecuencia, las retenciones móviles serían una falacia, o sea, un engaño, fraude o mentira, con la que se está procurando beneficiar a las multinacionales cerealeras, sin importar el perjuicio causado a otros, en este caso los productores agrarios. Y sin que ello reporte ningún beneficio sustantivo al fisco.
La falacia también le ha servido al Gobierno para movilizar a su favor a organizaciones sociales que aspiran a una más justa distribución de la riqueza, pese a que esto no sucederá con esta medida. La promesa oficial inicial de una redistribución de los ingresos extra de esta súper renta agraria, era ambigua. Pero atrapado por la dinámica del conflicto, tuvo que salir a comprometer el destino de los fondos y dice que se van a realizar hospitales, viviendas y caminos en el interior. Pero éstos nunca se construirán, al menos no con los dineros recaudados de las retenciones agrícolas por encima del 35%.
El anuncio de la Presidenta de que no le importan “las cuentas fiscales, sino la cuenta social”, sería así sólo otro cuento para tratar de justificar el gran cuento de las retenciones móviles, cuya parte sustancial ha sido ya subrepticiamente privatizada a favor de los exportadores de granos, mediante la letra chica de distintas medidas que adoptó el Gobierno, a la par que se desarrollaba el conflicto.
De acuerdo a nuestros cálculos, la diferencia entre lo que los exportadores liquidaron al fisco y lo que estos le descontaron al productor, desde el dictado de la resolución 369 de noviembre pasado hasta el 31 de mayo de este año, es de más de US$ 1.316 millones.
En tal sentido, cabe que todos los argentinos nos hagamos un reproche, por la incapacidad que tenemos de ir “a las cosas” y verlas tal como son, sin dejarnos engañar por la retórica discursiva, para lamentarnos muy a posteriori de los engaños sufridos.
El informe que tenemos en elaboración procura ser un aporte para que esto no nos suceda nuevamente, al menos en relación con este conflicto. Para su confección hemos analizado 55.319 permisos de embarque de exportación, autorizados por la Aduana desde el 1/1/07 al 31/5/08, respecto de las mercaderías sometidas a las conflictivas retenciones móviles.
Antes de referirnos a las conclusiones vale la pena aclarar previamente algunas cuestiones:
- Que los exportadores de granos tienen el cuestionable privilegio de poder presentar anticipadamente declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) y congelar tanto la alícuota del Derecho de Exportación (retenciones) como el valor FOB declarado.
- Que a fines del año pasado, los exportadores contaron con información privilegiada que se iban a aumentar las retenciones, como efectivamente sucedió con la Resolución 389 del 11/9/2007. En función de ello, anticiparon DJVE ficticias por cifras desproporcionadas en relación a los niveles históricos.
- Que en ese contexto, la abrupta suba internacional de precios de este año descalzó a los exportadores, quienes necesitaron entonces de medidas tendientes a que los precios internos de los granos volvieran a ser planchados en los niveles del año pasado. Esto lo consiguieron con las retenciones móviles de la resolución 125.
- Que de esta manera, con alícuotas congeladas por las DJVE y precios planchados por las retenciones móviles, los exportadores pueden consumar un gigantesco negociado, que puede reportarles hasta US$ 100 por tonelada adicionales, cuando lo usual en la intermediación es de US$ 2 la tonelada. El Gobierno nacional no puede desconocer esta situación, por su propia responsabilidad, y por las denuncias públicas y en el Parlamento que se formularon oportunamente.
- Que también los exportadores tienen la ventaja de contar con una Aduana “ciega, sorda y muda”, que a pesar de que en todos los medios especializados y no especializados se difunde que las retenciones son un porcentaje del valor FOB, la mayor parte de ellos se liquida por debajo de ese valor. En efecto, desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 permisos de embarque hemos detectado que la base imponible sobre la que se calculan los derechos de exportación es inferior al valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 permisos donde la base imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Por esta diferencia entre el valor FOB y la base imponible disminuida estimamos una pérdida de ingresos adicionales de US$ 283 millones para el período del 1/01/07 al 9/11/2007
- Que nos tomamos el trabajo de comparar los precios que los exportadores liquidan en la Aduana y los que figuran en su página web (www.ciara.com.ar), sacando la conclusión de que las diferencias en contra del fisco alcanzan a otros US$ 1.624 millones en el período del 1/1/2007 al 31/5/2008.
Preguntas con respuestas. En definitiva, nos preguntamos qué hubiera sucedido –o qué puede llegar a suceder– si el Estado en vez de estar al servicio de un hiperconcentrado grupo de empresas transnacionales exportadoras, estuviera al servicio de la producción nacional y de los intereses nacionales y populares.
Pero vayamos punto por punto:
A) ¿Cuánto ha recaudado de más el fisco desde el dictado de la Resolución 125/08 de retenciones móviles? ¿Cuánto se podrá destinar al Fondo de Redistribución, para hospitales, viviendas y caminos rurales?
La respuesta es que por ahora, nada. Y es muy probable que en el futuro, tampoco. Esta respuesta surge porque los 1.479 permisos de embarque correspondientes al complejo soja autorizados desde el 13/03/2008 a la fecha totalizaron US$ 2.511 millones de valor FOB, habiéndose liquidado por ellos casi US$ 574 millones de derechos de exportación, lo que equivale sólo a un 22% sobre el valor FOB.
Estas cifras están muy por debajo del piso del 35 por ciento necesario para financiar el recientemente anunciado programa de redistribución social (decreto 904/2008). Por lo tanto, este programa no cuenta por el momento con ningún fondo porque los exportadores están liquidando los derechos de exportación con las alícuotas congeladas a un año atrás, o más, por efecto de las declaraciones juradas de venta al exterior.
B) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara la alícuota de exportación vigente en cada momento; y no las congeladas mediante las DJVE?
Respuesta: el total exportado desde el dictado de la resolución 389 de noviembre pasado (que elevó la alícuota para la soja del 27,5 al 35 por ciento) asciende hasta el presente a unos US$ 12.547,6 millones y el total recaudado por derechos de exportación fue de US$ 2.917 millones. Esta cifra es notablemente inferior a los US$ 4.233 millones que debería haber recaudado el fisco si se computaran al momento del despacho de aduana las alícuotas vigentes por derechos de exportación; y no las congeladas por DJVE fraudulentas.
Se asume que los exportadores descuentan al productor el derecho de exportación vigente y liquidan a la Aduana el derecho de exportación (DE) congelado mediante la DJVE. En esta hipótesis, la diferencia a su favor que habrían embolsado los exportadores es de US$ 1.316 millones desde la vigencia de las Resoluciones 369/07 y 125/08.
C) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se le aplicara como base imponible el valor FOB; y no una cifra menor como sucede en la mayoría de los casos?
Respuesta: desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 permisos de embarque se ha detectado que la base imponible sobre la que se calculan los derechos de exportación es inferior al valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 permisos donde la base imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Conclusión, el exportador liquida como quiere.
Como en la respuesta anterior ya se incluye implícitamente este cálculo hasta el 9/11/07, sólo se debe adicionar el cómputo de las diferencias entre la base imponible y el valor FOB desde el 01/01/2007 al 9/11/2007. Esto representa US$ 283 millones más a favor de los exportadores.
D) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara similares al precio vigente internacionalmente; y no el congelado mediante DJVE?
La respuesta es que si comparamos los precios internacionales de las mercaderías, tal como lo consigna la Cámara de Industria del Aceite de la República Argentina (CIARA), que reúne a los más importantes exportadores de cereales, con el precio promedio a que se han declarado los permisos de embarque, se llega a la conclusión de que al menos éstos deberían ser un 24 por ciento superiores.
Si consideramos el menor porcentaje del 24% correspondiente al grano de soja posición arancelaria 12.01.00.90, para todo el período analizado 2007 a la fecha, esta merma en el valor del precio FOB liquidado implica una reducción en los ingresos fiscales de al menos US$ 1.624,4 millones.
Este importe surge de la suma de los derechos que se deberían haber recaudado en ambos períodos considerados (4.233.220.895 + 2.535.060.159) para luego aplicarle el 24%.

Mario Cafiero. Diputado nacional (mc). Trabajo realizado junto a Javier Llorens.

Las razones de una caída inédita.

El derrumbe de la imagen positiva de Cristina Kirchner en apenas cinco meses es uno de los datos centrales de la crisis política que atraviesa la Argentina. Existen antecedentes comparables en los últimos 25 años, pero están vinculados con episodios severos como la hiperinflación, los saqueos y las corridas bancarias. Una caída de la imagen presidencial de esta magnitud en tiempos de relativa bonanza es un hecho inédito en la historia de la democracia recuperada en 1983. Tal vez por esa razón debe procederse con cuidado al momento de analizar las causas.

En primer lugar, hay que considerar que la caída de la imagen presidencial no constituye un dato aislado. Es el más pronunciado, pero no el único. En los tres meses del conflicto con el campo han descendido bruscamente la confianza en el Gobierno, las expectativas respecto del futuro del país, la predisposición al consumo y, en general, la imagen de todas las figuras vinculadas al Poder Ejecutivo, entre ellas la de Néstor Kirchner. Se trata de un síndrome, no de un único síntoma.

En segundo lugar, debe computarse que el retroceso de la imagen presidencial no se inició, sino que se agravó, con la crisis del campo. Cristina venía cayendo desde antes. Poliarquía registró un descenso significativo, de 8 puntos porcentuales, entre febrero y marzo, atribuible a la inflación. El aumento de precios se había convertido para entonces en uno de los problemas que más afectaban a la población.
En tercer lugar, factores heredados del gobierno de Néstor Kirchner también incidieron. Desde 2006 se verificó un creciente rechazo hacia el estilo beligerante y poco cuidadoso de las instituciones empleado por los Kirchner. Se incrementó, además, la percepción de poca transparencia y de desconfianza en los actos de gobierno. Esto provocó el lento drenaje del apoyo de las clases medias, ya insinuado por los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado.

En cuarto lugar, hay que considerar que Cristina fue impuesta como candidata presidencial por una decisión sólo consensuada con su marido. La sombra de esta designación se refleja ahora dramáticamente: frente al conflicto con el campo, más gente cree que Néstor Kirchner influye decisivamente en el rumbo del Gobierno, opacando el relieve que le corresponde al rol presidencial. Este no es un dato menor a la hora de explicar lo que le ocurre a Cristina.

El examen de estas razones no es suficiente, sin embargo, para dar cuenta del colapso de la Presidenta. Hay que sumar el peso de los rasgos personales, gestuales y argumentativos que pone en juego a la hora de comunicarse con la sociedad. Un repaso del balance de virtudes y defectos que la opinión pública le asigna indica que la soberbia y la agresividad prevalecen sobre el coraje y la inteligencia. Estos defectos, atribuidos a la personalidad de la Presidenta, han desempeñado un papel relevante para explicar las reacciones adversas que cosechó en los últimos cien días.
Con este desgaste, Cristina debe enfrentar un fenómeno nuevo en su carrera y en la de su marido: un poder que los desafía y un descontento que los cerca. La lógica de los Kirchner ha sido imponer sus razones y, en última instancia, su poder. La irrupción de fuerzas de choque ante la impotencia por recuperar el terreno frente al campo es una respuesta condicionada que ha hecho mucho daño a la imagen de la Presidenta. Pero ahora las relaciones de fuerza han cambiado.

Si atendemos a la opinión pública, es tiempo de escuchar, no de atropellar. De convencer, no de vencer. De distender, no de enervar. Y de alcanzar el consenso, porque los sesgos ideológicos y las manipulaciones de la memoria sólo sirven a la división. ¿Puede recuperarse la imagen de Cristina Kirchner? Si se corrigen los defectos y se acrecientan las virtudes, estimo que sí. La mejora económica de estos años y una oposición aún no consolidada mantienen el crédito abierto todavía.

Eduardo Fidanza. Director de Poliarquía Consultores

Nadie hizo tanto por dividir el país.

La crisis argentina sólo retrocedió un paso para avanzar dos: Cristina Kirchner rompió relaciones de hecho ayer con la dirigencia agropecuaria, un día después de haber accedido al pedido rural para que el Congreso tratara las retenciones. El extenuante y destructivo conflicto, que lleva ya cerca de 100 días, se agravó seriamente tras esas palabras de furia presidencial en la Plaza de Mayo. Los “cuatro señores a los que nadie votó”, como llamó a los dirigentes de las entidades rurales, quedaron en la intimidad fulminados por la aflicción y el fastidio luego de escuchar a la Presidenta en su discurso más agresivo y rupturista desde que ocupa la Jefatura del Estado. Pocas horas después, esa cólera de los ruralistas tomaba cuerpo con una ampliación del paro vigente hasta ayer y con un llamado a un virtual estado de asamblea permanente de los campesinos. "Pedimos que nos respeten", le devolvieron a la primera mandataria. La crisis ha escalado, en definitiva, algunos peldaños más desde la áspera tarde de ayer.

Los gobiernos se dedican, por lo general, a resolver problemas y no a organizar actos. Sin embargo, el kirchnerismo gasta desde hace tres meses más tiempo en preparar movilizaciones de adeptos que en solucionar las conflictos. El acto de ayer se programó para confrontar con movilizaciones del campo programadas para el mismo día que luego se suspendieron. Terminó siendo, implícitamente, una respuesta a los masivos cacerolazos del lunes.

¿Qué problemas se resolvieron ayer luego de que se llenara la Plaza de Mayo con personas movilizadas por intendentes del conurbano y por los sindicatos? Hubo muchas personas y muchos colectivos para trasladarlas. Algunos asistentes mostraron de manera tan patética su falta de entusiasmo político que abandonaron la histórica plaza antes de que la Presidenta terminara su discurso. Los pocos y raleados aplausos que hubo para esa oración presidencial indicaron también que muchos no sabían por qué estaban ahí.

El problema más serio que está creando está conducción de la crisis es una seria fragmentación de la sociedad. Ningún gobierno desde la restauración democrática ha hecho tanto como el de los Kirchner para dividir a la sociedad entre sectores medios y pobres. No puede -ni debe- ocultarse la clara diferencia social que existe entre los que protagonizan las marchas de ruralistas, o los cacerolazos en las ciudades, y las multitudes de personas que moviliza el kirchnerismo desde las regiones más pobres.

La Argentina es un país que se construyó sobre las bases de la movilidad y la integración sociales. La división de la sociedad entre sectores de distinta extracción económica tiene un nefasto precedente en la Venezuela de Hugo Chávez. La Presidenta fracciona la sociedad hasta cuando hace su particular lectura de la historia. Creíamos, hasta ayer, que los actuales problemas argentinos se originaron hace 50 años. Cristina Kirchner lo corrigió en su discurso de la víspera: los conflictos del presente empezaron con el Centenario; es decir, hace casi 100 años, cuando, en verdad, se echaron los cimientos de la prosperidad argentina. Pero ¿qué tienen que ver los gobernantes de hace un siglo con la carencia de combustibles de hoy, con la inflación o con las retenciones de Martín Lousteau? Nada. Esa referencia sirvió sólo para perder el tiempo.
Esa versión parcial y descontextualizada de la historia la llevó también a vituperar sin sentido a la década del 90. El gobierno de esa década fue frívolo, insensible y con grandes dosis de corrupción pública, pero las retenciones se eliminaron por otros motivos. Simplemente, los precios de las materias primas estaban entonces al nivel del zócalo y las retenciones no tenían razón de ser.

La única alusión al diálogo con los ruralistas que hizo Cristina Kirchner fue para patearlo hasta el Bicentenario; faltan todavía dos años para ese aniversario y las góndolas están vacías aquí y ahora. Hizo una sola alusión a la clase media, para pedirle implícitamente que no lea los diarios ni vea la televisión, pero es evidente que los valores de esa plaza no son los valores clásicos de los sectores medios. El Gobierno se aísla cada vez más en el reducido aparato del peronismo, en lo que Néstor Kirchner llamaba despectivamente "el pejotismo".

Definitivamente, el matrimonio presidencial está convencido de que lo quieren echar del poder. La denuncia de golpismo sobrevoló ayer casi todas las palabras de la Presidenta, como lo había hecho el día antes en la particular conferencia de prensa de su marido. Pero la pareja gobernante está segura, al mismo tiempo, de que la victoria da derechos. De un lado está "el gobierno que ganó" y del otro "las corporaciones". Es el poder lo que se juega, y en ese juego no existe, para ellos, la política. La democracia como un sistema de vida (del que forman parte el diálogo, la negociación y el consenso con partidos opositores y con sectores disconformes) es un concepto abstracto e inasible para los Kirchner.

La Presidenta llegó a vincular la protesta rural y los cacerolazos con los golpes de Estado y con la cultura que creó la pasada dictadura, dijo. Esos movimientos sociales contestatarios de ahora están poblados de jóvenes que nunca vivieron en dictadura. Cualquier cultura se agota con el paso del tiempo y la Argentina vive en democracia desde hace 25 años. Sólo la obsesiva mirada en el pasado puede provocar tanta desorientación sobre las conflictivas cosas del presente.

Podrá decirse que todos los políticos se van de boca en una tribuna y que eso les pasó también a los dirigentes rurales en el acto de Rosario el 25 de Mayo, manifestación cuya magnitud el Gobierno no ha podido digerir aún. Pero la palabra de la Presidenta no puede compararse con los resbalones verbales de Alfredo De Angeli.

Si, en todo caso, se trataba de un discurso que se calentaría con el fuego de la multitud, ¿para qué ordenó entonces que la cadena nacional de radio y televisión transmitiera en directo su arenga de rupturas y demonizaciones? La cadena nacional se ocupó en dos días seguidos de Cristina Kirchner. Bill Clinton suele decir que los políticos hablan con la poesía y gobiernan con la prosa. Un problema insoluble y peligroso aparece cuando hablan y gobiernan sólo con la poesía de los héroes.

Joaquín Morales Solá

Un retroceso vestido del ritual de la victoria.

Los masivos cacerolazos de anteanoche fueron una construcción mediática. La Sociedad Rural movilizó caceroleros en Flores, Lugano, La Matanza y Quilmes. Las retenciones a la soja son una medida ideal, y la única, para frenar la inflación del costo de los alimentos. Brasil, Chile y Uruguay se parecen al infierno comparados con el paraíso kirchnerista de la Argentina. Las sangrientas luchas del trágico pasado argentino constituyen la única explicación a los problemas del presente... El matrimonio presidencial redujo ayer a esos conceptos, notables por su grado de aislamiento, la profunda crisis política, social y económica por la que atraviesa la Argentina. Cristina Kirchner salvó las cosas del ridículo, entre tanto desvarío mutuo con su esposo, cuando anunció el envío al Congreso de la decisión sobre las retenciones. Retrocedían envueltos en las banderas de una revolución que nunca hicieron y con la impronta de un ejército vencedor que, en rigor, se estaba replegando. El tratamiento legislativo de las retenciones es un viejo reclamo de las entidades agropecuarias. Adiós, entonces, al aumento de las retenciones tal como se lo conoció el 11 de marzo último. El PJ está en estado de deliberación interna, a pesar del paisaje de tranquilidad partidaria que pintó ayer Néstor Kirchner, como para que el oficialismo pueda contar sin esfuerzo con los votos que necesitará la ratificación a libro cerrado de aquel aumento de las retenciones. La decisión tiene el claro objetivo de conservar dentro del redil de la disciplina oficial al vicepresidente, Julio Cobos, que amenazaba con hacer su propio camino, y a muchos gobernadores y legisladores peronistas que protestaban ya en voz alta por la conducción cerrada, inconsulta e inapelable de la crisis por parte de los Kirchner. Esa medida casi desesperada para fugarse del laberinto tendrá un efecto económico claro: probablemente, la mayoría de los cereales seguirán, más allá de la decisión de las entidades rurales, sin comercializarse. Muchos productores no entregarán ahora sus cosechas porque sencillamente saben cada vez menos cuánto terminarán pagando en concepto de retenciones. La convulsión social desatada tras el conflicto con el campo los lleva a creer, además, que las retenciones tienen más posibilidades de bajar que de conservar el aumento dispuesto en su momento por el entonces ministro Martín Lousteau. El conflicto, en su médula más dura, no ha concluido. Ni Néstor ni Cristina Kirchner hicieron alusiones directas al fenómeno de los cacerolazos del lunes. Ignorar una manifestación social de esa magnitud es una pésima receta política. Las referencias indirectas que hicieron se limitaron a culpar de la sublevación social a Cecilia Pando, a la Sociedad Rural y a los medios. Dejemos a la señora Pando a un lado, porque deberíamos analizarla de otro modo si por sí sola fuera capaz de promover semejante levantamiento de la sociedad. Sólo la paranoia política fue capaz de agrandar de esa manera a un adversario ciertamente menor. Pero ¿no era Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural, el "dirigente más racional", según lo dijo muchas veces el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández? Entramos en el terreno de la ideología. Es más fácil hablarles a las módicas bases sedientas de venganza de la Sociedad Rural que de la Federación Agraria cuando se trata de individualizar a un enemigo. Los dos Kirchner han recurrido ayer a un discurso divisionista e ideologizado de la sociedad, separando a "oligarcas y populares" o a "estancieros y pobres". Ellos también (o él más ella) habían promovido en los últimos días momentos de extrema tensión entre sectores sociales. En la misma noche del lunes, sólo cinco o seis cuadras separaron a los caceroleros espontáneos de las organizaciones kirchneristas apostadas en la Plaza de Mayo. Néstor Kirchner cree que esos caceroleros son facciones políticas movilizadas a propósito para desestabilizar a su esposa. "El caceroleo no fue espontáneo", se ufanó ayer. Es perceptible una sociedad crispada y dividida. Ayer, en un bar céntrico, casi lincharon a un parroquiano que intentó un tímido aplauso al discurso de la Presidenta. Sólo la inmediata reacción pacificadora de los mozos evitó que los hechos terminaran en sangre. Sabemos que la Argentina tiene un pasado amargo, en el que no faltaron las muertes injustas, el autoritarismo de gobiernos elegidos, el militarismo, la acción violenta y sanguinaria de grupos insurgentes y una represión ciega e ilegal. Todo eso es cierto. Pero los problemas urgentes de la Argentina están en su presente y no en su pasado. Los Kirchner no pueden, definitivamente, abandonar el liderazgo épico, ni la emergencia, ni la recurrencia a una visión sesgada de la historia. La normalidad no les sienta bien ni les resulta cómoda. El propio Néstor Kirchner confundió a vastos sectores sociales con un grupo reducido de enemigos, que, por lo tanto, merecen ser batidos en un campo de batalla. En eso se pareció demasiado al discurso del día anterior de su "amigo" (la calificación pertenece al ex presidente) Luis D Elía, con quien aceptó sólo el disenso por el trato a Irán. Reconoció, al mismo tiempo, que tienen visiones parecidas para salir en "defensa de la democracia". El discurso de Kirchner fue, en última instancia, una versión más prolija de la conferencia de prensa de D Elía el día anterior. D Elía espanta al peronismo. Gobernadores tan cercanos al kirchnerismo como el sanjuanino José Luis Gioja habían adelantado que nunca irían detrás del piquetero y jefe de las fuerzas de choque del kirchnerismo. Kirchner debió ayer correrlo del medio a D Elía para poder seguir con el acto de hoy. Cada acto del kirchnerismo se ha convertido en un retroceso vestido del ritual de la victoria. Primero echaron mano a las modificaciones del decreto de las retenciones; luego sucedió el anunció público de Cristina Kirchner sobre el destino que le darían a la diferencia de recursos entre las retenciones que había y las que hay, y ayer debieron recurrir al Congreso, cuando se sabía que ése era un ámbito al que no querían ir. De igual modo, el ex presidente debió tomar distancia de las llamadas organizaciones sociales (que no son, en algunos casos, más que ex piqueteros dispuestos a recurrir a la fuerza) para conservar la adhesión, aunque fuera simbólica, de los principales dirigentes del peronismo. Esposa y marido dedicaron la mitad de sus discursos de ayer a vapulear a la prensa como el instrumento maléfico de sus desgracias políticas. Cristina fue más prolija que Néstor, como Néstor fue más prolijo que D Elía. Las ideas que subyacen son las mismas. El ex presidente dio la primera conferencia de prensa formal de su vida, pero permitió pocas preguntas, maltrató a los periodistas y en algunos casos los ninguneó. "Sé para qué lo mandan a preguntar eso", le respondió a un periodista; no entiende el periodismo sino como un colectivo de ganapanes al servicio de unos pocos dueños de medios. Por su lado, la Presidenta se quejó porque el periodismo no elogia su decisión de no firmar, hasta ahora, ningún decreto de necesidad y urgencia. Vale una aclaración entre tanta confusión: el periodismo pierde su razón de existir cuando deja de ser crítico.

Joaquín Morales Solá