Una de las características con las que solemos abordar los conflictos en nuestra Argentina es la falta de datos concretos del problema en cuestión. Entonces el debate, así planteado, tiende a reducirse a prejuicios o a simplemente tomar partido a favor o en contra, por afinidad o antagonismo político. Esta metodología ha dado como resultado que muchos “sapos” fueron tragados, apelando sólo a determinadas afinidades simbólicas del pasado. También ha posibilitado que enormes elefantes blancos se hayan introducido en la vida política y económica argentina; al calor de encendidos discursos en contra, precisamente, de esos elefantes blancos.
Esto lo estamos viviendo nuevamente hoy, con motivo del conflicto entre el Gobierno y el campo.
Por un lado, el Gobierno sostiene que la postura del campo es movilizada por sectores golpistas “destituyentes” y antidemocráticos, a los que no precisa; y financiada por poderosos “pooles” de siembra de soja, a los que no identifica.
Por su parte, los representantes rurales dicen que las medidas del Gobierno tienden a beneficiar a esos poderosos “pooles” de siembra, al expulsar la competencia de los pequeños y medianos productores, y a los sectores concentrados de la intermediación agroalimentaria, que son un puñado de empresas que todos conocemos y se pueden contar con los dedos de las manos.
La evidencia de los hechos que a continuación se exponen le da enteramente la razón a la postura del campo. Y además muestra la existencia de graves inconductas, lindantes con ilícitos penales, por parte del Gobierno.
Aunque a primera vista parezca sorprendente, hemos llegado a la siguiente conclusión: las retenciones móviles habrían sido dictadas en directo beneficio de los exportadores de granos. Esta afirmación parece temeraria, pero tiene su fundamento en el hecho de que, hacia fines del año pasado, al compás de que la soja llegaba a su máximo nivel de precios históricos, los exportadores presentaron declaraciones juradas de venta al exterior por volúmenes desproporcionados, con el objeto de congelar las retenciones a pagar, cuya suba se concretó inmediatamente después con la resolución 369. Pero luego, en forma inesperada, por la irrupción de la especulación financiera internacional, la soja siguió subiendo ininterrumpidamente, hasta llegar en marzo de 2008 al doble del valor que tenía en 2007.
Esto les jugó en contra a los exportadores de granos. No podían efectivizar las masivas ventas anticipadas, comprando en el mercado interno a precios muy superiores a los precios de exportación ya fijados. Necesitaban imperiosamente que los precios se retrotrayeran a noviembre del año anterior. Y el Gobierno, cómplice de la maniobra, les dio la mano salvadora dictando la medida de las retenciones móviles.
No habrá este año, ni tal vez nunca, ningún excedente recaudatorio por retenciones por sobre el 35 por ciento del valor FOB que pueda ser aplicado a programas redistributivos sociales, como anunció recientemente el Gobierno. Desde el dictado de la resolución 125 hasta ahora, pese al sustancial aumento de las retenciones móviles, el fisco sólo ha recaudado el 22% sobre el valor FOB de las exportaciones de soja. Muy lejos de superar el 35% que permitirá destinar fondos a dichos programas.
En consecuencia, las retenciones móviles serían una falacia, o sea, un engaño, fraude o mentira, con la que se está procurando beneficiar a las multinacionales cerealeras, sin importar el perjuicio causado a otros, en este caso los productores agrarios. Y sin que ello reporte ningún beneficio sustantivo al fisco.
La falacia también le ha servido al Gobierno para movilizar a su favor a organizaciones sociales que aspiran a una más justa distribución de la riqueza, pese a que esto no sucederá con esta medida. La promesa oficial inicial de una redistribución de los ingresos extra de esta súper renta agraria, era ambigua. Pero atrapado por la dinámica del conflicto, tuvo que salir a comprometer el destino de los fondos y dice que se van a realizar hospitales, viviendas y caminos en el interior. Pero éstos nunca se construirán, al menos no con los dineros recaudados de las retenciones agrícolas por encima del 35%.
El anuncio de la Presidenta de que no le importan “las cuentas fiscales, sino la cuenta social”, sería así sólo otro cuento para tratar de justificar el gran cuento de las retenciones móviles, cuya parte sustancial ha sido ya subrepticiamente privatizada a favor de los exportadores de granos, mediante la letra chica de distintas medidas que adoptó el Gobierno, a la par que se desarrollaba el conflicto.
De acuerdo a nuestros cálculos, la diferencia entre lo que los exportadores liquidaron al fisco y lo que estos le descontaron al productor, desde el dictado de la resolución 369 de noviembre pasado hasta el 31 de mayo de este año, es de más de US$ 1.316 millones.
En tal sentido, cabe que todos los argentinos nos hagamos un reproche, por la incapacidad que tenemos de ir “a las cosas” y verlas tal como son, sin dejarnos engañar por la retórica discursiva, para lamentarnos muy a posteriori de los engaños sufridos.
El informe que tenemos en elaboración procura ser un aporte para que esto no nos suceda nuevamente, al menos en relación con este conflicto. Para su confección hemos analizado 55.319 permisos de embarque de exportación, autorizados por la Aduana desde el 1/1/07 al 31/5/08, respecto de las mercaderías sometidas a las conflictivas retenciones móviles.
Antes de referirnos a las conclusiones vale la pena aclarar previamente algunas cuestiones:
- Que los exportadores de granos tienen el cuestionable privilegio de poder presentar anticipadamente declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) y congelar tanto la alícuota del Derecho de Exportación (retenciones) como el valor FOB declarado.
- Que a fines del año pasado, los exportadores contaron con información privilegiada que se iban a aumentar las retenciones, como efectivamente sucedió con la Resolución 389 del 11/9/2007. En función de ello, anticiparon DJVE ficticias por cifras desproporcionadas en relación a los niveles históricos.
- Que en ese contexto, la abrupta suba internacional de precios de este año descalzó a los exportadores, quienes necesitaron entonces de medidas tendientes a que los precios internos de los granos volvieran a ser planchados en los niveles del año pasado. Esto lo consiguieron con las retenciones móviles de la resolución 125.
- Que de esta manera, con alícuotas congeladas por las DJVE y precios planchados por las retenciones móviles, los exportadores pueden consumar un gigantesco negociado, que puede reportarles hasta US$ 100 por tonelada adicionales, cuando lo usual en la intermediación es de US$ 2 la tonelada. El Gobierno nacional no puede desconocer esta situación, por su propia responsabilidad, y por las denuncias públicas y en el Parlamento que se formularon oportunamente.
- Que también los exportadores tienen la ventaja de contar con una Aduana “ciega, sorda y muda”, que a pesar de que en todos los medios especializados y no especializados se difunde que las retenciones son un porcentaje del valor FOB, la mayor parte de ellos se liquida por debajo de ese valor. En efecto, desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 permisos de embarque hemos detectado que la base imponible sobre la que se calculan los derechos de exportación es inferior al valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 permisos donde la base imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Por esta diferencia entre el valor FOB y la base imponible disminuida estimamos una pérdida de ingresos adicionales de US$ 283 millones para el período del 1/01/07 al 9/11/2007
- Que nos tomamos el trabajo de comparar los precios que los exportadores liquidan en la Aduana y los que figuran en su página web (www.ciara.com.ar), sacando la conclusión de que las diferencias en contra del fisco alcanzan a otros US$ 1.624 millones en el período del 1/1/2007 al 31/5/2008.
Preguntas con respuestas. En definitiva, nos preguntamos qué hubiera sucedido –o qué puede llegar a suceder– si el Estado en vez de estar al servicio de un hiperconcentrado grupo de empresas transnacionales exportadoras, estuviera al servicio de la producción nacional y de los intereses nacionales y populares.
Pero vayamos punto por punto:
A) ¿Cuánto ha recaudado de más el fisco desde el dictado de la Resolución 125/08 de retenciones móviles? ¿Cuánto se podrá destinar al Fondo de Redistribución, para hospitales, viviendas y caminos rurales?
La respuesta es que por ahora, nada. Y es muy probable que en el futuro, tampoco. Esta respuesta surge porque los 1.479 permisos de embarque correspondientes al complejo soja autorizados desde el 13/03/2008 a la fecha totalizaron US$ 2.511 millones de valor FOB, habiéndose liquidado por ellos casi US$ 574 millones de derechos de exportación, lo que equivale sólo a un 22% sobre el valor FOB.
Estas cifras están muy por debajo del piso del 35 por ciento necesario para financiar el recientemente anunciado programa de redistribución social (decreto 904/2008). Por lo tanto, este programa no cuenta por el momento con ningún fondo porque los exportadores están liquidando los derechos de exportación con las alícuotas congeladas a un año atrás, o más, por efecto de las declaraciones juradas de venta al exterior.
B) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara la alícuota de exportación vigente en cada momento; y no las congeladas mediante las DJVE?
Respuesta: el total exportado desde el dictado de la resolución 389 de noviembre pasado (que elevó la alícuota para la soja del 27,5 al 35 por ciento) asciende hasta el presente a unos US$ 12.547,6 millones y el total recaudado por derechos de exportación fue de US$ 2.917 millones. Esta cifra es notablemente inferior a los US$ 4.233 millones que debería haber recaudado el fisco si se computaran al momento del despacho de aduana las alícuotas vigentes por derechos de exportación; y no las congeladas por DJVE fraudulentas.
Se asume que los exportadores descuentan al productor el derecho de exportación vigente y liquidan a la Aduana el derecho de exportación (DE) congelado mediante la DJVE. En esta hipótesis, la diferencia a su favor que habrían embolsado los exportadores es de US$ 1.316 millones desde la vigencia de las Resoluciones 369/07 y 125/08.
C) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se le aplicara como base imponible el valor FOB; y no una cifra menor como sucede en la mayoría de los casos?
Respuesta: desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 permisos de embarque se ha detectado que la base imponible sobre la que se calculan los derechos de exportación es inferior al valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 permisos donde la base imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Conclusión, el exportador liquida como quiere.
Como en la respuesta anterior ya se incluye implícitamente este cálculo hasta el 9/11/07, sólo se debe adicionar el cómputo de las diferencias entre la base imponible y el valor FOB desde el 01/01/2007 al 9/11/2007. Esto representa US$ 283 millones más a favor de los exportadores.
D) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara similares al precio vigente internacionalmente; y no el congelado mediante DJVE?
La respuesta es que si comparamos los precios internacionales de las mercaderías, tal como lo consigna la Cámara de Industria del Aceite de la República Argentina (CIARA), que reúne a los más importantes exportadores de cereales, con el precio promedio a que se han declarado los permisos de embarque, se llega a la conclusión de que al menos éstos deberían ser un 24 por ciento superiores.
Si consideramos el menor porcentaje del 24% correspondiente al grano de soja posición arancelaria 12.01.00.90, para todo el período analizado 2007 a la fecha, esta merma en el valor del precio FOB liquidado implica una reducción en los ingresos fiscales de al menos US$ 1.624,4 millones.
Este importe surge de la suma de los derechos que se deberían haber recaudado en ambos períodos considerados (4.233.220.895 + 2.535.060.159) para luego aplicarle el 24%.
Esto lo estamos viviendo nuevamente hoy, con motivo del conflicto entre el Gobierno y el campo.
Por un lado, el Gobierno sostiene que la postura del campo es movilizada por sectores golpistas “destituyentes” y antidemocráticos, a los que no precisa; y financiada por poderosos “pooles” de siembra de soja, a los que no identifica.
Por su parte, los representantes rurales dicen que las medidas del Gobierno tienden a beneficiar a esos poderosos “pooles” de siembra, al expulsar la competencia de los pequeños y medianos productores, y a los sectores concentrados de la intermediación agroalimentaria, que son un puñado de empresas que todos conocemos y se pueden contar con los dedos de las manos.
La evidencia de los hechos que a continuación se exponen le da enteramente la razón a la postura del campo. Y además muestra la existencia de graves inconductas, lindantes con ilícitos penales, por parte del Gobierno.
Aunque a primera vista parezca sorprendente, hemos llegado a la siguiente conclusión: las retenciones móviles habrían sido dictadas en directo beneficio de los exportadores de granos. Esta afirmación parece temeraria, pero tiene su fundamento en el hecho de que, hacia fines del año pasado, al compás de que la soja llegaba a su máximo nivel de precios históricos, los exportadores presentaron declaraciones juradas de venta al exterior por volúmenes desproporcionados, con el objeto de congelar las retenciones a pagar, cuya suba se concretó inmediatamente después con la resolución 369. Pero luego, en forma inesperada, por la irrupción de la especulación financiera internacional, la soja siguió subiendo ininterrumpidamente, hasta llegar en marzo de 2008 al doble del valor que tenía en 2007.
Esto les jugó en contra a los exportadores de granos. No podían efectivizar las masivas ventas anticipadas, comprando en el mercado interno a precios muy superiores a los precios de exportación ya fijados. Necesitaban imperiosamente que los precios se retrotrayeran a noviembre del año anterior. Y el Gobierno, cómplice de la maniobra, les dio la mano salvadora dictando la medida de las retenciones móviles.
No habrá este año, ni tal vez nunca, ningún excedente recaudatorio por retenciones por sobre el 35 por ciento del valor FOB que pueda ser aplicado a programas redistributivos sociales, como anunció recientemente el Gobierno. Desde el dictado de la resolución 125 hasta ahora, pese al sustancial aumento de las retenciones móviles, el fisco sólo ha recaudado el 22% sobre el valor FOB de las exportaciones de soja. Muy lejos de superar el 35% que permitirá destinar fondos a dichos programas.
En consecuencia, las retenciones móviles serían una falacia, o sea, un engaño, fraude o mentira, con la que se está procurando beneficiar a las multinacionales cerealeras, sin importar el perjuicio causado a otros, en este caso los productores agrarios. Y sin que ello reporte ningún beneficio sustantivo al fisco.
La falacia también le ha servido al Gobierno para movilizar a su favor a organizaciones sociales que aspiran a una más justa distribución de la riqueza, pese a que esto no sucederá con esta medida. La promesa oficial inicial de una redistribución de los ingresos extra de esta súper renta agraria, era ambigua. Pero atrapado por la dinámica del conflicto, tuvo que salir a comprometer el destino de los fondos y dice que se van a realizar hospitales, viviendas y caminos en el interior. Pero éstos nunca se construirán, al menos no con los dineros recaudados de las retenciones agrícolas por encima del 35%.
El anuncio de la Presidenta de que no le importan “las cuentas fiscales, sino la cuenta social”, sería así sólo otro cuento para tratar de justificar el gran cuento de las retenciones móviles, cuya parte sustancial ha sido ya subrepticiamente privatizada a favor de los exportadores de granos, mediante la letra chica de distintas medidas que adoptó el Gobierno, a la par que se desarrollaba el conflicto.
De acuerdo a nuestros cálculos, la diferencia entre lo que los exportadores liquidaron al fisco y lo que estos le descontaron al productor, desde el dictado de la resolución 369 de noviembre pasado hasta el 31 de mayo de este año, es de más de US$ 1.316 millones.
En tal sentido, cabe que todos los argentinos nos hagamos un reproche, por la incapacidad que tenemos de ir “a las cosas” y verlas tal como son, sin dejarnos engañar por la retórica discursiva, para lamentarnos muy a posteriori de los engaños sufridos.
El informe que tenemos en elaboración procura ser un aporte para que esto no nos suceda nuevamente, al menos en relación con este conflicto. Para su confección hemos analizado 55.319 permisos de embarque de exportación, autorizados por la Aduana desde el 1/1/07 al 31/5/08, respecto de las mercaderías sometidas a las conflictivas retenciones móviles.
Antes de referirnos a las conclusiones vale la pena aclarar previamente algunas cuestiones:
- Que los exportadores de granos tienen el cuestionable privilegio de poder presentar anticipadamente declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) y congelar tanto la alícuota del Derecho de Exportación (retenciones) como el valor FOB declarado.
- Que a fines del año pasado, los exportadores contaron con información privilegiada que se iban a aumentar las retenciones, como efectivamente sucedió con la Resolución 389 del 11/9/2007. En función de ello, anticiparon DJVE ficticias por cifras desproporcionadas en relación a los niveles históricos.
- Que en ese contexto, la abrupta suba internacional de precios de este año descalzó a los exportadores, quienes necesitaron entonces de medidas tendientes a que los precios internos de los granos volvieran a ser planchados en los niveles del año pasado. Esto lo consiguieron con las retenciones móviles de la resolución 125.
- Que de esta manera, con alícuotas congeladas por las DJVE y precios planchados por las retenciones móviles, los exportadores pueden consumar un gigantesco negociado, que puede reportarles hasta US$ 100 por tonelada adicionales, cuando lo usual en la intermediación es de US$ 2 la tonelada. El Gobierno nacional no puede desconocer esta situación, por su propia responsabilidad, y por las denuncias públicas y en el Parlamento que se formularon oportunamente.
- Que también los exportadores tienen la ventaja de contar con una Aduana “ciega, sorda y muda”, que a pesar de que en todos los medios especializados y no especializados se difunde que las retenciones son un porcentaje del valor FOB, la mayor parte de ellos se liquida por debajo de ese valor. En efecto, desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 permisos de embarque hemos detectado que la base imponible sobre la que se calculan los derechos de exportación es inferior al valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 permisos donde la base imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Por esta diferencia entre el valor FOB y la base imponible disminuida estimamos una pérdida de ingresos adicionales de US$ 283 millones para el período del 1/01/07 al 9/11/2007
- Que nos tomamos el trabajo de comparar los precios que los exportadores liquidan en la Aduana y los que figuran en su página web (www.ciara.com.ar), sacando la conclusión de que las diferencias en contra del fisco alcanzan a otros US$ 1.624 millones en el período del 1/1/2007 al 31/5/2008.
Preguntas con respuestas. En definitiva, nos preguntamos qué hubiera sucedido –o qué puede llegar a suceder– si el Estado en vez de estar al servicio de un hiperconcentrado grupo de empresas transnacionales exportadoras, estuviera al servicio de la producción nacional y de los intereses nacionales y populares.
Pero vayamos punto por punto:
A) ¿Cuánto ha recaudado de más el fisco desde el dictado de la Resolución 125/08 de retenciones móviles? ¿Cuánto se podrá destinar al Fondo de Redistribución, para hospitales, viviendas y caminos rurales?
La respuesta es que por ahora, nada. Y es muy probable que en el futuro, tampoco. Esta respuesta surge porque los 1.479 permisos de embarque correspondientes al complejo soja autorizados desde el 13/03/2008 a la fecha totalizaron US$ 2.511 millones de valor FOB, habiéndose liquidado por ellos casi US$ 574 millones de derechos de exportación, lo que equivale sólo a un 22% sobre el valor FOB.
Estas cifras están muy por debajo del piso del 35 por ciento necesario para financiar el recientemente anunciado programa de redistribución social (decreto 904/2008). Por lo tanto, este programa no cuenta por el momento con ningún fondo porque los exportadores están liquidando los derechos de exportación con las alícuotas congeladas a un año atrás, o más, por efecto de las declaraciones juradas de venta al exterior.
B) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara la alícuota de exportación vigente en cada momento; y no las congeladas mediante las DJVE?
Respuesta: el total exportado desde el dictado de la resolución 389 de noviembre pasado (que elevó la alícuota para la soja del 27,5 al 35 por ciento) asciende hasta el presente a unos US$ 12.547,6 millones y el total recaudado por derechos de exportación fue de US$ 2.917 millones. Esta cifra es notablemente inferior a los US$ 4.233 millones que debería haber recaudado el fisco si se computaran al momento del despacho de aduana las alícuotas vigentes por derechos de exportación; y no las congeladas por DJVE fraudulentas.
Se asume que los exportadores descuentan al productor el derecho de exportación vigente y liquidan a la Aduana el derecho de exportación (DE) congelado mediante la DJVE. En esta hipótesis, la diferencia a su favor que habrían embolsado los exportadores es de US$ 1.316 millones desde la vigencia de las Resoluciones 369/07 y 125/08.
C) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se le aplicara como base imponible el valor FOB; y no una cifra menor como sucede en la mayoría de los casos?
Respuesta: desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 permisos de embarque se ha detectado que la base imponible sobre la que se calculan los derechos de exportación es inferior al valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 permisos donde la base imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Conclusión, el exportador liquida como quiere.
Como en la respuesta anterior ya se incluye implícitamente este cálculo hasta el 9/11/07, sólo se debe adicionar el cómputo de las diferencias entre la base imponible y el valor FOB desde el 01/01/2007 al 9/11/2007. Esto representa US$ 283 millones más a favor de los exportadores.
D) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara similares al precio vigente internacionalmente; y no el congelado mediante DJVE?
La respuesta es que si comparamos los precios internacionales de las mercaderías, tal como lo consigna la Cámara de Industria del Aceite de la República Argentina (CIARA), que reúne a los más importantes exportadores de cereales, con el precio promedio a que se han declarado los permisos de embarque, se llega a la conclusión de que al menos éstos deberían ser un 24 por ciento superiores.
Si consideramos el menor porcentaje del 24% correspondiente al grano de soja posición arancelaria 12.01.00.90, para todo el período analizado 2007 a la fecha, esta merma en el valor del precio FOB liquidado implica una reducción en los ingresos fiscales de al menos US$ 1.624,4 millones.
Este importe surge de la suma de los derechos que se deberían haber recaudado en ambos períodos considerados (4.233.220.895 + 2.535.060.159) para luego aplicarle el 24%.
Mario Cafiero. Diputado nacional (mc). Trabajo realizado junto a Javier Llorens.
