Luego de 5 años de gobierno de una misma fuerza política, desarrollado en un contexto de crecimiento económico sin precedentes, súbitamente el gobierno nacional ha dado a conocer su visión de que el sistema de capitalización individual administrado por las AFJP posee una serie de falencias que hacen necesaria su abolición, justo en el momento que se produce una muy seria crisis financiera internacional y el país necesita asegurarse de financiamiento para cumplir con obligaciones, entre otras razones. De esta manera, los recursos acumulados irían a las arcas de la ANSES y el sistema público de reparto sería el encargado de garantizar un ingreso a los que se retiran de la fuerza de trabajo.
Efectivamente, los sistemas de capitalización están sujetos a recibir los impactos negativos de momentos de crisis nacional como en el 2001/2002 o internacional como el actual y crisis de esta envergadura pueden causar una erosión significativa o aun la licuación de los activos acumulados en las cuentas individuales dejando a los trabajadores desprotegidos en el momento que más lo necesitan, que es el momento en el que se jubilan o pensionan. Además, el modelo de capitalización adoptado por la Argentina ha demostrado ser caro ya que una porción sustancial del aporte no va a la cuenta de capitalización sino a comisiones destinadas a las Administradoras.
Ahora bien, ¿la solución es volver al sistema de reparto?. Un poco de memoria nos permitirá recordar que el sistema de reparto que precedió a la reforma de 1993 que introdujo la capitalización, venía de una crisis de 30 años, que no podía cumplir lo que la ley determinaba y que había generado una monumental cantidad de juicios que tuvo en jaque a los diversos gobiernos de aquellos tiempos.
¿Es la situación actual mejor que la del pasado para descansar en un sistema de reparto?. De ninguna manera. Por el contrario, la situación es aún más grave. En los sistemas de reparto hay dos elementos fundamentales que explican su viabilidad: por un lado la relación entre aportantes y beneficiarios y por otra parte el porcentaje del salario que se contribuye. Así, por ejemplo, si tenemos 10 trabajadores aportando por cada jubilado y cada uno de ellos cotiza el 10% de su sueldo, el jubilado podría recibir el 100% del salario que poseía cuando se jubiló.
Claramente, no estamos en esta situación. Como consecuencia del envejecimiento demográfico que afecta a nuestras sociedades y de la precarización del mercado de trabajo, hoy existen muchos más jubilados que en el pasado y son menos los trabajadores que aportan regularmente. O sea, con 5 millones y medio de beneficios que se pagan mensualmente de acuerdo a lo que nos informa el gobierno y con 6 millones de aportantes regulares, estamos en una situación donde prácticamente hay 1 trabajador aportante por cada jubilado, muy lejos del ejemplo anterior y por lo tanto, si este trabajador, y su empleador, aportan mensualmente el 20% del salario, la jubilación también será de un 20% del salario que tenía el jubilado.
Este monto es seguramente inaceptable para los jubilados y sus familias. Por ello el Estado continuará haciendo lo que ha hecho en las últimas décadas: tomar un monto elevadísimo de otros impuestos para volcarlos al sistema previsional y así elevar un poco más el haber jubilatorio.
La pregunta es sin duda, qué sucederá en etapas futuras en las que un crecimiento económico débil o situación de recesión, no permita que la recaudación pueda garantizar los haberes prometidos. La respuesta será nuevamente, queja masiva de los jubilados, deslegitimidad política y miles de juicios al Estado. En otras palabras: POR DESCONOCER O NO QUERER TOMAR EN CUENTA A LA HISTORIA, ESTAMOS CONDENADOS A REPETIRLA.
Por ello, constituye un acto de inmadurez inaceptable pensar que el retorno al pasado es la solución de los problemas previsionales. De avanzar en la dirección indicada por el gobierno, no sería extraño que vuelva a aparecer en el futuro algún iluminado que ante la segura crisis del “nuevo sistema de reparto” proponga que la solución sea volver a un régimen exclusivo de capitalización y además logre implementarlo, dando un impulso más al péndulo de fracasos.
No se trata solo de eliminar el sistema de capitalización, sino de producir una importante reforma previsional que nos brinde el mejor sistema posible para las próximas décadas.
Venimos sosteniendo desde hace dos décadas que no se trata de oponer el sistema público al privado y creer que la solución está en optar por uno o por otro. Ambos tienen riesgos y potencialidades. Por ello creemos que el sistema más adecuado a nuestra situación es aquel que los combine adecuadamente
Por ello sugerimos la adopción de un nuevo sistema que contemple en primer lugar un beneficio básico universal para todos los mayores, más allá de si pertenecieron o no al mercado formal de trabajo. El beneficio debería estar en torno al salario mínimo, debería ser financiado con recursos impositivos y debería constituir la única responsabilidad estatal en lo previsional.
Y este debería estar complementado por un sistema de capitalización voluntaria que podrá ser tanto de naturaleza individual como colectiva, que deberá basarse en los aportes salariales y las contribuciones patronales y que podría ser administrado tanto por empresas como por los propios interesados (sindicatos, universidades, etc.).
De esta manera se combinaría la responsabilidad estatal de garantizar un ingreso básico, con la responsabilidad individual o grupal de tener un complemento fruto del esfuerzo de ahorro que realicen los trabajadores y del aporte que hagan sus empleadores
Seguramente existirán ideas mejores que las expuestas Por ello, un cambio tan importante del sistema previsional no puede ser hecho entre gallos y medianoches. Precisa de un sustantivo debate que debe tener lugar en el Congreso de la Nación recabando también las opiniones de todos los sectores que tengan ideas para aportar.
Aldo IsuaniEfectivamente, los sistemas de capitalización están sujetos a recibir los impactos negativos de momentos de crisis nacional como en el 2001/2002 o internacional como el actual y crisis de esta envergadura pueden causar una erosión significativa o aun la licuación de los activos acumulados en las cuentas individuales dejando a los trabajadores desprotegidos en el momento que más lo necesitan, que es el momento en el que se jubilan o pensionan. Además, el modelo de capitalización adoptado por la Argentina ha demostrado ser caro ya que una porción sustancial del aporte no va a la cuenta de capitalización sino a comisiones destinadas a las Administradoras.
Ahora bien, ¿la solución es volver al sistema de reparto?. Un poco de memoria nos permitirá recordar que el sistema de reparto que precedió a la reforma de 1993 que introdujo la capitalización, venía de una crisis de 30 años, que no podía cumplir lo que la ley determinaba y que había generado una monumental cantidad de juicios que tuvo en jaque a los diversos gobiernos de aquellos tiempos.
¿Es la situación actual mejor que la del pasado para descansar en un sistema de reparto?. De ninguna manera. Por el contrario, la situación es aún más grave. En los sistemas de reparto hay dos elementos fundamentales que explican su viabilidad: por un lado la relación entre aportantes y beneficiarios y por otra parte el porcentaje del salario que se contribuye. Así, por ejemplo, si tenemos 10 trabajadores aportando por cada jubilado y cada uno de ellos cotiza el 10% de su sueldo, el jubilado podría recibir el 100% del salario que poseía cuando se jubiló.
Claramente, no estamos en esta situación. Como consecuencia del envejecimiento demográfico que afecta a nuestras sociedades y de la precarización del mercado de trabajo, hoy existen muchos más jubilados que en el pasado y son menos los trabajadores que aportan regularmente. O sea, con 5 millones y medio de beneficios que se pagan mensualmente de acuerdo a lo que nos informa el gobierno y con 6 millones de aportantes regulares, estamos en una situación donde prácticamente hay 1 trabajador aportante por cada jubilado, muy lejos del ejemplo anterior y por lo tanto, si este trabajador, y su empleador, aportan mensualmente el 20% del salario, la jubilación también será de un 20% del salario que tenía el jubilado.
Este monto es seguramente inaceptable para los jubilados y sus familias. Por ello el Estado continuará haciendo lo que ha hecho en las últimas décadas: tomar un monto elevadísimo de otros impuestos para volcarlos al sistema previsional y así elevar un poco más el haber jubilatorio.
La pregunta es sin duda, qué sucederá en etapas futuras en las que un crecimiento económico débil o situación de recesión, no permita que la recaudación pueda garantizar los haberes prometidos. La respuesta será nuevamente, queja masiva de los jubilados, deslegitimidad política y miles de juicios al Estado. En otras palabras: POR DESCONOCER O NO QUERER TOMAR EN CUENTA A LA HISTORIA, ESTAMOS CONDENADOS A REPETIRLA.
Por ello, constituye un acto de inmadurez inaceptable pensar que el retorno al pasado es la solución de los problemas previsionales. De avanzar en la dirección indicada por el gobierno, no sería extraño que vuelva a aparecer en el futuro algún iluminado que ante la segura crisis del “nuevo sistema de reparto” proponga que la solución sea volver a un régimen exclusivo de capitalización y además logre implementarlo, dando un impulso más al péndulo de fracasos.
No se trata solo de eliminar el sistema de capitalización, sino de producir una importante reforma previsional que nos brinde el mejor sistema posible para las próximas décadas.
Venimos sosteniendo desde hace dos décadas que no se trata de oponer el sistema público al privado y creer que la solución está en optar por uno o por otro. Ambos tienen riesgos y potencialidades. Por ello creemos que el sistema más adecuado a nuestra situación es aquel que los combine adecuadamente
Por ello sugerimos la adopción de un nuevo sistema que contemple en primer lugar un beneficio básico universal para todos los mayores, más allá de si pertenecieron o no al mercado formal de trabajo. El beneficio debería estar en torno al salario mínimo, debería ser financiado con recursos impositivos y debería constituir la única responsabilidad estatal en lo previsional.
Y este debería estar complementado por un sistema de capitalización voluntaria que podrá ser tanto de naturaleza individual como colectiva, que deberá basarse en los aportes salariales y las contribuciones patronales y que podría ser administrado tanto por empresas como por los propios interesados (sindicatos, universidades, etc.).
De esta manera se combinaría la responsabilidad estatal de garantizar un ingreso básico, con la responsabilidad individual o grupal de tener un complemento fruto del esfuerzo de ahorro que realicen los trabajadores y del aporte que hagan sus empleadores
Seguramente existirán ideas mejores que las expuestas Por ello, un cambio tan importante del sistema previsional no puede ser hecho entre gallos y medianoches. Precisa de un sustantivo debate que debe tener lugar en el Congreso de la Nación recabando también las opiniones de todos los sectores que tengan ideas para aportar.
Sociólogo, Profesor-Investigador UBA/CONICET
