Cualquiera sea la evolución del proceso, el daño ya está hecho. A esta altura puede asegurarse que en materia de credibilidad estamos peor que antes del decreto de creación del Fondo. Por otro lado, la discusión de la legalidad de los DNU termina siendo más importante que la discusión de los méritos o deméritos del Fondo. Y está bien que así sea, porque esa discusión envuelve aspectos cruciales de la gobernabilidad.
Pero no debe olvidarse el debate de política económica de la medida. Las medidas de política económica no son buenas o malas porque se ciñan o no a alguna doctrina (ni siquiera a una legislación vigente, porque ésta puede modificarse si se lo cree necesario) sino que su pertinencia y calidad deben apreciarse por sus efectos de corto plazo, que dependen de las circunstancias que atraviesa la economía, y también por sus consecuencias a mayor plazo.
¿Más allá de los procedimientos, la medida adoptada es buena o es mala? La medida ofrece una nueva garantía de pago de la deuda pública por la vía de habilitar legalmente el uso de reservas del Banco Central por parte de la Tesorería. Debía tener efectos beneficiosos sobre los precios de los bonos públicos y sobre las posibilidades y el precio del financiamiento al Gobierno. Esto es bueno. Sin embargo, esta apreciación del efecto de corto plazo tiene alguna ambigüedad, porque la medida no ataca el origen del problema sino que busca un atajo para aliviarlo.
Efectivamente, el aislamiento financiero y las enormes primas de riesgo no fueron motivadas por una situación difícil de las finanzas públicas que amenazara la capacidad de pago sino que resultaron principalmente de la manipulación de las estadísticas oficiales que comenzó en 2007 y arrojó al infierno la credibilidad del Gobierno. En lugar de ir al origen del problema, el Gobierno ofrece una señal alternativa a los tenedores y potenciales compradores de bonos: "déjenme seguir falsificando los datos de inflación y pobreza, pero ustedes quédense tranquilos porque les pagaremos en tiempo y forma. Lo del INDEC no es por ustedes".
Si la decisión de usar parte de las reservas no tiene costo, ¿por qué no se hizo antes, de modo de evitarnos el aislamiento financiero y las enormes primas de riesgo?
Previo a referirnos a los costos de la medida merece ser comentada la referencia al concepto de "reservas de libre disponibilidad" utilizado para fundamentarla. El concepto es un residuo arqueológico del régimen de convertibilidad. Un nivel de reservas que "cubra" la base monetaria (al tipo de cambio fijo) no sirvió en el pasado y la idea no tiene sentido en un régimen de flotación. En realidad no puede saberse cuál es el nivel óptimo de reservas. Es el necesario para que el público crea que el Banco Central puede determinar el precio del dólar. No sabemos precisamente cuánta reserva es necesario tener, pero es mejor tener bastante. Esto es, la medida tiene un costo, pero como el nivel óptimo de reservas es incierto, no podemos precisar su magnitud.
En las circunstancias vigentes cuando se emitió el DNU creímos, como muchos, que restar 6 500 millones del stock de reservas no amenazaba la estabilidad del mercado cambiario. Esas circunstancias ya cambiaron. No debemos olvidar que entre mediados de 2007 y pocos meses atrás se fugaron 46. 000 millones de dólares, incluyendo varios miles de las reservas del Banco Central.
Mi mayor insatisfacción con la medida es que se trata de un atajo para mejorar la valuación de los títulos públicos e intentar levantar la restricción de financiamiento internacional sin atacar los problemas fundamentales de la (falta de) conducción económica. En el año que termina la actividad recedió entre 4% y 5% mientras la tasa de inflación alcanzó 15%. La inflación tenderá a acelerarse con la reactivación que se inicia.
Es imprescindible definir un programa macroeconómico que se proponga a un tiempo reactivar la economía y reducir la tasa de inflación. El programa debería proveerle un ancla nominal a la economía, pero mal puede guiar las expectativas inflacionarias un Gobierno que miente con los datos.
Roberto Frenkel. Economista. Docente UBA. Investigador CEDES. Director Iniciativa para la Transparencia Financiera.
