Jubilados: sumar a los excluidos.

Es difícil desvincular la decisión de estatizar el régimen previsional privado, de las necesidades de financiamiento de la deuda y de una política contracíclica de gasto primario en 2009. Siendo ésta probablemente la motivación principal, no deben, sin embargo, excluirse razones de tipo conceptual.

El anuncio de la reforma ha reabierto el debate sobre dos ejes: uno técnico, acerca de las fortalezas y debilidades de los sistemas de reparto y de capitalización, que es independiente del carácter público o privado de la gestión; otro, más ideológico y político, sobre los principios que los guían y el control -esta vez sí- estatal o privado de los fondos. Se añade a éstos un nuevo eje, como es si se están vulnerando o no los derechos de propiedad de los aportantes al sistema privado de capitalización.

Pero, hasta ahora casi sin excepciones, está quedando fuera del debate una cuestión esencial: ¿es éste un sistema de seguridad social, en cualquiera de ambas modalidades, que está en condiciones de cumplir sus fines para la mayoría de la población?

Si el examen se hace desde la cobertura del sistema, la respuesta es negativa: menos de la mitad de la población activa aporta regularmente en el sistema de capitalización o en el de reparto. El dato que quizás mejor ilustra la pobre cobertura de la seguridad social es que en cerca del 60% de los hogares el miembro ocupado que aporta la mayoría de los ingresos no cotiza de manera regular. Entre las familias pobres la proporción se eleva a 75%.

La causa generalmente aceptada de la baja cobertura es la informalidad laboral y en los últimos años (aunque afortunadamente ha descendido) el desempleo. La condición legal para acceder a la seguridad social es poseer un empleo registrado; hay también una condición funcional y es que la tasa de rotación no debe ser muy alta. En el sector privado más de 35% de los asalariados no posee un contrato registrado, y de ellos, más de la mitad tiene un trabajo intermitente. Sin mecanismos extraordinarios como las moratorias para los que no aportaron -muchas veces percibidos como inequitativos por los que aportan- la elevada informalidad hace difícil mejorar significativamente la cobertura de la seguridad social.

Esto lleva a situaciones de inclusión y exclusión. El hecho de que algunos estén cubiertos por la seguridad social y que otros dependan de los recursos asistenciales implica el reconocimiento social de la segmentación laboral. Esto tiene que ver, en medida apreciable, con el modelo de financiamiento.

Por ser un derecho restringido a la inserción formal en el mercado laboral, la seguridad social se financia con contribuciones sobre las remuneraciones de los trabajadores registrados.

Sin embargo, el financiamiento contributivo es insuficiente: no obstante el gran aumento de la recaudación por la mejora del empleo y los salarios formales, casi la mitad de los recursos que maneja la ANSeS son no contributivos, es decir, provienen de impuestos que abonan los ciudadanos con independencia de que tengan o no empleo, de que su ocupación sea formal o informal, o de que reciban o no beneficios.

Estos recursos incluyen el 15% de la masa coparticipable bruta; el 11% del producido del IVA; el 20% de la recaudación neta del impuesto a las ganancias; el 21% de los impuestos que gravan la nafta; el 100% de los impuestos específicos al gasoil, dieseloil, kerosene y gas natural comprimido; y el 90% del impuesto a los bienes personales.

De cada $ 1 de prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 32 centavos son pagados con recursos no contributivos. Esto lleva a situaciones de inequidad, en particular para los más pobres que no acceden a la seguridad social.

La transferencia al ANSeS de los aportes que ahora van a las AFJP difícilmente permita resolver la dependencia de los recursos no contributivos. Sin éstos, el haber promedio de los jubilados y pensionados sería de menos de $ 850, es decir un tercio del salario medio de los aportantes. Y todavía la mitad de la población seguiría sin cobertura.

La pregunta, por ende, es si hay que mantener sistemas paralelos de protección social (uno previsional y otro asistencial) dependiendo de la condición laboral, o si hay que avanzar hacia un sistema de dos pisos, con un seguro social universal desvinculado de la inserción en el mercado de trabajo, que proporcione una cobertura básica previsional y de salud, y unos seguros complementarios, estos sí contributivos, a través de la negociación colectiva o contratado de manera privada.

Pensar cómo cubrir a una alta proporción de la población, hoy al margen del sistema de seguridad social, es tan importante como elegir cuál es el mejor modelo para los que ya están incluidos.

Ernesto Kritz.

Economista, Socio Director de SEL Consultores.

¿Reparto o capitalización?

Luego de 5 años de gobierno de una misma fuerza política, desarrollado en un contexto de crecimiento económico sin precedentes, súbitamente el gobierno nacional ha dado a conocer su visión de que el sistema de capitalización individual administrado por las AFJP posee una serie de falencias que hacen necesaria su abolición, justo en el momento que se produce una muy seria crisis financiera internacional y el país necesita asegurarse de financiamiento para cumplir con obligaciones, entre otras razones. De esta manera, los recursos acumulados irían a las arcas de la ANSES y el sistema público de reparto sería el encargado de garantizar un ingreso a los que se retiran de la fuerza de trabajo.
Efectivamente, los sistemas de capitalización están sujetos a recibir los impactos negativos de momentos de crisis nacional como en el 2001/2002 o internacional como el actual y crisis de esta envergadura pueden causar una erosión significativa o aun la licuación de los activos acumulados en las cuentas individuales dejando a los trabajadores desprotegidos en el momento que más lo necesitan, que es el momento en el que se jubilan o pensionan. Además, el modelo de capitalización adoptado por la Argentina ha demostrado ser caro ya que una porción sustancial del aporte no va a la cuenta de capitalización sino a comisiones destinadas a las Administradoras.
Ahora bien, ¿la solución es volver al sistema de reparto?. Un poco de memoria nos permitirá recordar que el sistema de reparto que precedió a la reforma de 1993 que introdujo la capitalización, venía de una crisis de 30 años, que no podía cumplir lo que la ley determinaba y que había generado una monumental cantidad de juicios que tuvo en jaque a los diversos gobiernos de aquellos tiempos.
¿Es la situación actual mejor que la del pasado para descansar en un sistema de reparto?. De ninguna manera. Por el contrario, la situación es aún más grave. En los sistemas de reparto hay dos elementos fundamentales que explican su viabilidad: por un lado la relación entre aportantes y beneficiarios y por otra parte el porcentaje del salario que se contribuye. Así, por ejemplo, si tenemos 10 trabajadores aportando por cada jubilado y cada uno de ellos cotiza el 10% de su sueldo, el jubilado podría recibir el 100% del salario que poseía cuando se jubiló.
Claramente, no estamos en esta situación. Como consecuencia del envejecimiento demográfico que afecta a nuestras sociedades y de la precarización del mercado de trabajo, hoy existen muchos más jubilados que en el pasado y son menos los trabajadores que aportan regularmente. O sea, con 5 millones y medio de beneficios que se pagan mensualmente de acuerdo a lo que nos informa el gobierno y con 6 millones de aportantes regulares, estamos en una situación donde prácticamente hay 1 trabajador aportante por cada jubilado, muy lejos del ejemplo anterior y por lo tanto, si este trabajador, y su empleador, aportan mensualmente el 20% del salario, la jubilación también será de un 20% del salario que tenía el jubilado.
Este monto es seguramente inaceptable para los jubilados y sus familias. Por ello el Estado continuará haciendo lo que ha hecho en las últimas décadas: tomar un monto elevadísimo de otros impuestos para volcarlos al sistema previsional y así elevar un poco más el haber jubilatorio.
La pregunta es sin duda, qué sucederá en etapas futuras en las que un crecimiento económico débil o situación de recesión, no permita que la recaudación pueda garantizar los haberes prometidos. La respuesta será nuevamente, queja masiva de los jubilados, deslegitimidad política y miles de juicios al Estado. En otras palabras: POR DESCONOCER O NO QUERER TOMAR EN CUENTA A LA HISTORIA, ESTAMOS CONDENADOS A REPETIRLA.
Por ello, constituye un acto de inmadurez inaceptable pensar que el retorno al pasado es la solución de los problemas previsionales. De avanzar en la dirección indicada por el gobierno, no sería extraño que vuelva a aparecer en el futuro algún iluminado que ante la segura crisis del “nuevo sistema de reparto” proponga que la solución sea volver a un régimen exclusivo de capitalización y además logre implementarlo, dando un impulso más al péndulo de fracasos.
No se trata solo de eliminar el sistema de capitalización, sino de producir una importante reforma previsional que nos brinde el mejor sistema posible para las próximas décadas.
Venimos sosteniendo desde hace dos décadas que no se trata de oponer el sistema público al privado y creer que la solución está en optar por uno o por otro. Ambos tienen riesgos y potencialidades. Por ello creemos que el sistema más adecuado a nuestra situación es aquel que los combine adecuadamente
Por ello sugerimos la adopción de un nuevo sistema que contemple en primer lugar un beneficio básico universal para todos los mayores, más allá de si pertenecieron o no al mercado formal de trabajo. El beneficio debería estar en torno al salario mínimo, debería ser financiado con recursos impositivos y debería constituir la única responsabilidad estatal en lo previsional.
Y este debería estar complementado por un sistema de capitalización voluntaria que podrá ser tanto de naturaleza individual como colectiva, que deberá basarse en los aportes salariales y las contribuciones patronales y que podría ser administrado tanto por empresas como por los propios interesados (sindicatos, universidades, etc.).
De esta manera se combinaría la responsabilidad estatal de garantizar un ingreso básico, con la responsabilidad individual o grupal de tener un complemento fruto del esfuerzo de ahorro que realicen los trabajadores y del aporte que hagan sus empleadores
Seguramente existirán ideas mejores que las expuestas Por ello, un cambio tan importante del sistema previsional no puede ser hecho entre gallos y medianoches. Precisa de un sustantivo debate que debe tener lugar en el Congreso de la Nación recabando también las opiniones de todos los sectores que tengan ideas para aportar.

Aldo Isuani
Sociólogo, Profesor-Investigador UBA/CONICET

¿Qué reforma previsional?

El retorno al pasado no es la solución al problema.

Súbitamente el Gobierno nacional ha dado a conocer su visión de que el sistema de capitalización individual administrado por las AFJP posee una serie de falencias que hacen necesaria su abolición. 'La solución es volver al sistema de reparto? 'Es la situación actual mejor que la del pasado para descansar en un sistema de reparto? De ninguna manera. En los sistemas de reparto hay dos elementos que explican su viabilidad: la relación entre aportantes y beneficiarios y el porcentaje del salario que se contribuye. Así, por ejemplo, si tenemos 10 trabajadores aportando por cada jubilado y cada uno de ellos cotiza el 10% de su sueldo, el jubilado podría recibir el 100% del salario que poseía cuando se jubiló.

Claramente, no estamos en esta situación. Como consecuencia del envejecimiento demográfico que afecta a nuestras sociedades y de la precarización del mercado de trabajo, hoy existen muchos más jubilados que en el pasado y son menos los trabajadores que aportan regularmente. O sea, con 5 millones y medio de beneficios que se pagan mensualmente de acuerdo a lo que nos informa el Gobierno y con 6 millones de aportantes regulares, estamos en una situación donde prácticamente hay 1 trabajador aportante por cada jubilado, muy lejos del ejemplo anterior y por lo tanto, si este trabajador, y su empleador, aportan mensualmente el 20% del salario, la jubilación también será de un 20% del salario que tenía el jubilado. Este monto es seguramente inaceptable para los jubilados y sus familias. Por ello el Estado continuará haciendo lo que ha hecho en las últimas décadas: tomar un monto elevadísimo de otros impuestos para volcarlos al sistema previsional y así elevar un poco más el haber jubilatorio.

La pregunta es qué sucederá en etapas futuras en las que un crecimiento económico débil o situación de recesión no permita que la recaudación pueda garantizar los haberes prometidos. La respuesta será nuevamente queja masiva de los jubilados, deslegitimidad política y miles de juicios al Estado. En otras palabras: por desconocer o no querer tomar en cuenta a la historia, estamos condenados a repetirla. Por ello, constituye un acto de inmadurez inaceptable pensar que el retorno al pasado es la solución de los problemas previsionales. De avanzar en la dirección indicada por el Gobierno, no sería extraño que vuelva a aparecer en el futuro algún iluminado que ante la segura crisis del "nuevo sistema de reparto" proponga que la solución sea volver a un régimen exclusivo de capitalización y además logre implementarlo, dando un impulso más al péndulo de fracasos.

Venimos sosteniendo desde hace dos décadas que no se trata de oponer el sistema público al privado y creer que la solución está en optar por uno o por otro. Ambos tienen riesgos y potencialidades. Por ello creemos que el sistema más adecuado a nuestra situación es aquel que los combine adecuadamente. Por ello sugerimos la adopción de un nuevo sistema que contemple en primer lugar un beneficio básico universal para todos los mayores, más allá de si pertenecieron o no al mercado formal de trabajo. El beneficio debería estar en torno al salario mínimo, debería ser financiado con recursos impositivos y debería constituir la única responsabilidad estatal en lo previsional. Y este debería estar complementado por un sistema de capitalización voluntaria que podrá ser tanto de naturaleza individual como colectiva, que deberá basarse en los aportes salariales y las contribuciones patronales y que podría ser administrado tanto por empresas como por los propios interesados (sindicatos, universidades, etc.). De esta manera se combinaría la responsabilidad estatal de garantizar un ingreso básico, con la responsabilidad individual o grupal de tener un complemento fruto del esfuerzo de ahorro que realicen los trabajadores y del aporte que hagan sus empleadores.

Aldo Isuani

Gracias.

Mirado desde afuera, se hacía cada vez más respetable, pero no abundaba para con él el afecto, ni la confianza total. El exilio había llevado a algunos radicales al exterior, pero en esencia los que nos habíamos ido del país proveníamos del peronismo, de la izquierda, o éramos independientes. En este ámbito, Raúl Alfonsín era considerado con distinción, sin arrebatos emocionales. Su figura se había catapultado cuando en 1982 fue el primer político de peso en oponerse a la escandalosa tragedia de Malvinas, pero esa mañana del 30 de octubre, cuando tomábamos café y cambiábamos impresiones en un Sanborn’s sobre el Paseo de la Reforma del Distrito Federal, nuestra pasión política estaba encorsetada y mascullábamos nostalgia, irritación y esperanzas. Habíamos ido al consulado argentino en Ciudad de México a que nos certificaran que estábamos a más de 500 km de nuestro lugar de votación. Imposible votar por Alfonsín ese día, pero sabíamos que el exilio terminaba y llegaba la hora de volver. Nosotros, los que nos habíamos ido del país un año y medio antes de que las Fuerzas Armadas ocuparan el poder, sabíamos que habíamos salido de una Argentina gobernada por los peronistas y que, en ese lúgubre 1974, cuando empezó nuestro alejamiento, ya eran decenas los asesinados a mansalva por fuerzas de tareas comandadas desde la Plaza de Mayo. Ahora el momento había llegado. Era hora de cerrar una época densa, significativa, formidable y a la vez trágica. La negritud se despejaba, lo siniestro retrocedía. Es sencillo demostrar que Alfonsín no hubiera significado lo que su figura y su proyección terminaron implicando sin la masiva y movilizada militancia que él supo motivar y que le dio sustancia y carnadura a su marcha a la Casa Rosada. Pero al final del día, la divisa rojiblanca de su partido, desde cuya identidad activó toda su vida como hombre político, cedió preeminencia a favor del RA, asociado con el país y con la república. Esa fue su fuerza y su mensaje, entonces imbatible. No sólo se asociaba con el mayor denominador común (sistema y patria), sino que ponía en acto una manera de vivir, experiencia democrática que pulverizaba a un justicialismo inadecuado, antiguo y ambiguo. Alfonsín era la posibilidad de soñar con lo que durante años había estado relegado e incluso oculto. El peronismo que había hecho implosión de manera sangrienta ya en 1973 no era opción una década más tarde. No lo era porque no se proponía serlo. El aparato político que presumía de monopolizar el favor de los pobres apoyaba en 1983 la autoamnistía que se habían regalado las Fuerzas Armadas al abandonar el poder. Alfonsín se convierte así, por definición y decisión, en conductor político de una era definida por las rupturas. Quiere ser y será el ciudadano a cargo del Poder Ejecutivo que consume el fin de la impunidad. Firma el decreto de enjuiciamiento a las juntas militares del terror, pero no se olvida de las responsabilidades de los guerrilleros que desde el 25 de mayo de 1973 prosiguieron, impertérritos, secuestrando y asesinando. La guerrilla, que no quería ni pedía democracia alguna, no se lo perdonó. En 1989, últimos vástagos del ERP atacaron una unidad militar a sangre y fuego (La Tablada), mientras numerosos y calificados remanentes de Montoneros se alineaban con Carlos Menem, que los indultaría meses más tarde, tras mantener promiscuidad con los carapintadas. Pero Alfonsín venía de otro escenario de valores, configurado por la necesidad de estimular la diversidad y procurar a toda costa la convergencia entre culturas y prácticas diversas. Hay que recorrer el armado humano de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y el Consejo para la Consolidación de la Democracia para advertir y registrar claramente esa impronta democrática resistida por la fuerte marca autoritaria y corporativa que lo llevó a denunciar el pacto militar-sindical. Su figura terminaría siendo clave y determinante con los años, sobre todo si se considera la calamidad nacional que era la Argentina de 1983 y la colosal excepcionalidad de un país que, a diferencia de Chile, Brasil y Uruguay, tuvo que abocarse a una transición democrática inédita, sin salvaguardas ni garantías. La Argentina será en los ochenta el país donde el presidente Alfonsín zamarrea sin miramientos a un fascista párroco militar en medio de una misa, o le pone los puntos sobre las íes, y en la propia Casa Blanca, a un presidente norteamericano abocado al derrocamiento de legítimos gobiernos centroamericanos. No descuelga cuadros. Alfonsín juzga criminales en uniforme y se aguanta pagar el precio. Va a Cuba, habla con Castro, propicia romper con la Guerra Fría en el hemisferio, y sella el fin de las hipótesis demenciales de conflicto con Chile (Beagle), apostando todo a la apertura democrática en ese país, donde el estado de derecho arribaría sólo siete años después. Todo llega alguna vez. Este 30 de octubre, la persona a quien la actual farándula periodística denostaba con sarcasmos hace una década, pidiéndole que dejara de salvarnos, el viejo líder es hoy poderoso talismán de energías democráticas, al que ahora se acercan, para validarse, oportunistas que creyeron que se salvaban con los Kirchner, y hasta la propia Presidenta, cuyo homenaje en la Casa Rosada fue un monumental acto de hipocresía concebido para que ella resultara beneficiada del prestigio de un hombre que debe ser reconocido en la praxis política y no en los fuegos artificiales del carnaval mediático. Ahí está él. En su batalla acumula buena dosis de errores y gruesa cosecha de fallas. Nadie mejor para admitir su humana falibilidad. Siempre me impresionó eso en él, tras haber sido privilegiado por su afecto y su respeto sólo desde que perdió todo poder; ha vivido una vida respetuosa y considerada para con sus semejantes. Encarna aquellos valores de decoro, modestia, frugalidad y respeto que lo convierten en figura dolorosamente asincrónica en la Argentina. El ha sido piloto y camillero, estadista y socorrista, hombre de Estado y gestor de acuerdos que si bien no siempre fueron oportunos, revelaron de manera invariable una visión histórica amplia y generosa para superar los principales y más graves dilemas argentinos. Ha afrontado, sin embargo, problemas que fotografían de manera lapidaria rasgos aborrecibles del país que no termina de morir, territorio de hegemonías supremacistas y mezquindades insondables. No ha recibido los agradecimientos de una sociedad civilizada para un hombre que ha cumplido el papel que él quiso, supo y pudo cumplir, paradigma de una época mejor, más sana, más pacífica, superior. Por eso, yo, libreta de enrolamiento 4.530.522, le digo gracias. Su nombre, Alfonsín, me sabe a libertad.

Pepe Eliaschev