¿Cuánto tiene esto de "progresista"?

En tiempo de la última campaña electoral uruguaya era evidente el favor que conquistaba entre los argentinos el ahora presidente uruguayo José Mujica. Curiosamente el aplauso venía tanto de quienes, provisoriamente, llamamos "de izquierda", como de los clasificados como "derecha". Por cierto que ello no era sólo producto de su innegable simpatía, sino mucho de sus ideas. Entre otras cosas, hablaba inteligentemente de inversión, reivindicaba la eficiencia y la ganancia, las mostraba como generadoras de empleo, prestigiaba la educación y el desarrollo científico y tecnológico. Conclusión: si se hace todo eso mejor, la sociedad estará también mucho mejor. ¿Toda la sociedad?, ¿Estamos seguros?
Algunas de esas buenas ideas fueron parte del armamento con que el neoliberalismo conmovió en décadas recientes los bastiones del ya endeble "progresismo" latinoamericano. Pero para buena parte de este último, cosas como la preocupación por la eficiencia eran sólo arbitrios del imperialismo para edificar sobre el cadáver de los pobres, y fueron banderas regaladas por impopulares. El enemigo nunca tiene razón, y sus enemigos son mis amigos; la lógica de los amigos que entre algunos de nosotros tiene el régimen reaccionario de Irán, porque confronta con los Estados Unidos. Pero lo embarazoso es que en América Latina esas ideas ¡fueron legitimadas por gobiernos populares exitosos, con amplia simpatía de pueblo, como el de Lula, Bachelet y Tabaré Vasquez !
Para peor, ninguno de esos gobiernos -y mucho menos otros, como el argentino actual, que apenas realizaron el simulacro del progresismo- desarrolló políticas que también revirtieran significativamente la sostenida tendencia a la desigualdad, a pesar de haber logrado achicar notablemente la pobreza con el crecimiento. Es que lograr eso plantea complejos desafíos adicionales. Ejemplo: la educación es reconocida como igualadora de oportunidades -idea que tiene los riesgos de las verdades parciales-, sin caer en la cuenta de que la educación sólo iguala a los ya igualados en determinadas condiciones básicas de vida, a lo que se agrega la falsa suposición de que todos la reciben de parecida calidad, y no con las diferencias profundas que existen en Argentina.
Otro ejemplo: el empleo de calidad se plantea como emergente natural de la inversión productiva. Pero a la verdad de esto se acopla que el sistema productivo requiere mucho menos trabajo de poca calificación que antes, y la amenaza de desempleo es permanente para muchos. A la par, crece el trabajo precario, en algunos casos para bajar costos y mantener ganancias que se achican, en otros por delito que se aprovecha de los trabajadores sin alternativa. ¿Cómo se hace cuando fracasan los inspectores del trabajo? En una política de justicia distributiva habrá que tomar varias decisiones, pero a lo mejor una de ellas es postergar alguna aspiración de los trabajadores en blanco para ayudar a la incorporación de los que están en negro. Escucho: "¡Ni se le ocurra, es solución neoliberal tabú, y además tengo elecciones cada dos años!".
Pensemos en los sistemas de protección social. ¿Había notado usted que cuando alguien abusa de un derecho social legítimo, hay siempre otro al que se le posterga su acceso al mismo? Contrariamente, ¿qué tal si universalizamos un ingreso básico, como construcción de ciudadanía, y lo independizamos de la condición laboral? Y además garantizamos a todos bienes públicos como el agua o el transporte de buena calidad, postergando otros más suntuarios que benefician a grupos más pudientes. Escucho: "¡Oiga, la picazón revolucionaria pasó hace tiempo!, bajemos a la realidad de la competencia globalizada, donde los negocios más jugosos son los consumos sofisticados de los sectores medios y altos". Tiene razón. Es indispensable que acordemos sin preconceptos una pauta productiva hacia el futuro, pero concédame que tan explícito y simultáneo debe ser el acuerdo sobre la pauta distributiva (de la que se escucha sólo el título), o sea, cómo se distribuirán los beneficios de la mayor productividad de la economía.
Ello excede el acuerdo tradicional entre capital y trabajo, aunque lo incluye. El mercado lo resuelve, pero excluyendo a muchos y cebando a otros. Sólo las políticas públicas pueden corregirlo. Esta sería la etapa futura a cumplir por los que se piensan progresistas en América Latina y en Argentina, alejados de la estéril ofuscación populista y del tramposo realismo de la derecha. 

Aldo Neri. Ex Ministro de Salud y ex Diputado Nacional.

Envenenamientos.

Funciona con contundencia silenciosa. No es un procedimiento estridente. Es un mecanismo discreto. Podría decirse que opera como el homicidio por almohada. La víctima es impedida de respirar, pero no se derrama sangre, ni se provocan estrépitos incómodos.

Es lo que pasa con este Congreso sin quórum, convertido en un vehículo con el tanque vacío: se lo ceba, pero no arranca. No hay tropas desplegadas en sus alrededores. No se divulgan proclamas patrióticas. En una Argentina donde ya fatigan apelaciones retóricas a pactos fundacionales (como el incontables veces mentado acuerdo español de la Moncloa), no sólo no se concreta tal entendimiento, que priorizaría las supremas razones de la nación, sino, por el contrario, el camino inverso.

No alcanza con que quienes gobiernan se sientan felices de hacerlo a solas, sino que, además, aman rociar con sal las heridas perpetuas. A diez meses de las elecciones de junio de 2009, el oficialismo admite ser minoría en el Congreso, pero les cierra el camino, con trabajoso esmero, a quienes tienen más votos en ambas cámaras.

No es un problema meramente político, ni tampoco el resultado de una pedestre tramoya al servicio de situaciones particulares, un berenjenal partidario. Es una tragedia cultural. Fríamente, se decide el choque. Deliberadamente, se apuesta al bloqueo. Se opta por un empate aparente, que en verdad constituye un sabotaje. Las atribuciones de mandar se aplican desde el Ejecutivo gracias al fenomenal uso combinado de astucia, amenazas, dineros públicos y los “aprietes” más soeces.

Pero, ¿es que acaso no funcionó el Congreso entre 1946 y 1955, en las primeras dos presidencias de Juan Perón? Claro que sí, pero quedó minuciosamente relegado a escenografía desprovista de sentido operativo, un armado supeditado a la conducción del líder.

Este Congreso, hoy taponado y encallado, expresa la blindada decisión del Poder Ejecutivo de conducir los asuntos públicos con profunda convicción unilateral, a partir de un credo ideológico duro: conducimos nosotros, sí o sí. No hubo ni hay la menor evidencia de que en estos siete años se haya procurado desde el Gobierno ganar batallas argumentales a partir de los fundamentos de la política.

Hay un puro ejercicio del poder. Esa foto tenebrosa del diputado Agustín Rossi sentado, él solo y su alma, en medio de la bancada desierta del kirchnerismo en Diputados, tiene potente elocuencia. La foto dice: o vienen al pie o este Congreso permanecerá atrancado todo lo que sea necesario.

¿Es exagerado desesperarse por estas situaciones? Puntualizar la gravedad indescriptible de una sociedad civil desprovista de una zona de acuerdos a los que se llegue desde la transacción, ¿es magnificar las cosas y envenenarse gratuitamente con un enojo que no corresponde?

La Argentina chapotea en un maximalismo ostentoso que hunde sus raíces en arcaicas e indomables concepciones verticales. Como gobierna un “Frente para la Victoria”, el ínclito capo-fila senatorial del Gobierno, Miguel A. Pichetto, declara sin pudor: “Nosotros no vamos a facilitar una derrota de nuestro gobierno”. Lo mismo decía y hacía en los años noventa, pero al servicio de Menem. Usa expresivas consignas: derrota es lo contrario a victoria y “nuestro” gobierno es diferente a “el gobierno”.

Más allá de las minucias irrelevantes de la crónica cotidiana, lo importante es que la política es para ellos la guerra, nada más. Por eso, algunas chapucerías de quienes adversan al Gobierno son subrayadas con el agregado agraviante de la humillación oficial. Es como en el fútbol, cuando la derrota de uno implica que el ganador lo humille, ofenda, menoscabe, ningunee.

El Gobierno se maneja con un argentinismo que es la quinta esencia nacional: “no existís”. ¿No es lo que gritan los lumpen de una barra brava futbolera a los derrotados de turno? Dicen: no te registro, no tenés identidad, no te reconozco, sos nadie, procedo como si no formaras parte de la realidad.

Este es, colijo, el mal argentino más profundo: el otro no me merece. Si no lo aniquilan, como proponía el peronismo gobernante de los años 70 de cara a un enemigo alzado en armas, al menos harán todo lo necesario para impedir que el rival de hoy, que no usa armas, tercie en algo.

¿Retroceso? Es curioso y deprimente: el dominante y ecuménico Perón de hace cuarenta años necesitaba y alentaba acuerdos, componendas, pactos, acuerdos públicos. Se involucró en La Hora del Pueblo, alentó un Frente Cívico, armó un Frente de Liberación, buscó aliados, compartió, abrió el juego. Replegado en Madrid, el caudillo tejía, entretejía, bordaba y zurcía.

¿Por qué los mandamás de 2010 no necesitan lo que el general, en cambio, precisaba en 1970? ¿De dónde viene esta soberbia prepotente de hoy que implica, en último análisis, gobernar imponiendo el vasallaje del rival? Tal vez del sempiterno autoritarismo argentino, que precede al Perón de los años cuarenta, pero que lo sucede y se magnifica en el siglo XXI.

Estos acontecimientos agravan aún más el vacío que produce un Congreso inutilizado acelera y consolida la despolitización civil, madre de las derivas antidemocráticas. Esos oficialistas escondidos tras los cortinados del Congreso regocijándose con el empantanamiento de un Legislativo al que le inyectaron pentotal, no parecen advertir que son los sepultureros del sistema.

Prematuramente saciados sus apetitos de supremacía, no divisan el siniestro cuadro final. Primitivismo de inimputables: hoy los destruimos, mañana ya veremos como sigue la película. No es una conjetura sólo reservada a las personas doloridas por la estolidez oficial.

Los otros días, en Le doy mi palabra, le pregunté al diputado Carlos Heller, alineado con el Gobierno, pero desde posiciones autónomas, por qué el matrimonio presidencial no procuraba gobernar ahora desde las leyes y evitaba imponer la prepotencia de los decretos y la desmesura de la falta de quórum. La respuesta de Heller fue devastadora: “Ah, ¡yo que sé! ¡Preguntáselo a ellos!”. Ahí supe que era la ahora del alacrán.

Pepe Eliaschev

La promesa que Alfonsín nos cumplió a cada uno.

Recorrí durante horas la fila formada por miles de personas para entrar, por brevísimos segundos, a la capilla ardiente donde se velaba a Alfonsín. Era una vigilia despojada de intereses. Quienes no llegaban como políticos realizaban un acto personal, intransferible y completamente gratuito: el primer paso de un duelo y de la construcción de un recuerdo.
Pregunté muchas veces, sobre todo a los más jóvenes que no habían vivido la primavera de 1983, por qué estaban allí. Pero, en verdad, yo no había ido para indagar sobre los motivos de los otros. Acompañaba la fila porque quería saber cuál era mi motivo. No los motivos sobre los que podía hablar si me los preguntaban, ya que quien ha vivido durante los años de la transición en relación estrecha con la política es perfectamente capaz de esgrimir un stock de razones. Buscaba, en cambio, conocer más sobre el impulso que no me permitió, durante casi dos días, alejarme de las avenidas que rodean el Congreso y, luego, el camino que lleva a Recoleta. Probablemente mi motivo sea parecido al de los miles que esperaron para entrar al Congreso: en algún momento de estos veinticinco años Alfonsín cumplió una promesa. Ese momento puede ser diferente para muchos de nosotros y me limitaré a dar el mío.
Voté a Alfonsín en 1983 cortando la boleta. Es decir lo voté para presidente pero no voté a los diputados que lo acompañaban; elegí otra lista que, en mi opinión, podía asegurar mejor que se revisaran los crímenes de la dictadura militar. Hice eso porque no creí en la promesa que Alfonsín había realizado durante la campaña: que iba a enjuiciar a las Juntas Militares.
Pensé, como muchos otros, que eso se decía en campaña pero que las fuerzas contrarias a un juicio eran de tal magnitud que, una vez llegado a la presidencia, Alfonsín no iba a arriesgarlo todo para cumplir su promesa. Conocía su militancia en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero, incluso admirando lo que había hecho desde ella, simplemente desconfié. El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín, mediante dos decretos, ordenaba el juicio a los jefes de ERP y Montoneros y a los integrantes de las tres Juntas Militares. Ni siquiera tenía encolumnada detrás de esa medida a toda la Unión Cívica Radical, pero esa decisión buscaba apoyo en lo mejor de la sociedad argentina, es decir, en aquellos sectores que creían que la transición democrática significaba un corte nítido con la dictadura. En su partido y en muchas cabezas no estaba claro que la democracia argentina tenía como condición reparar, a través de la justicia, los crímenes de los militares: que no se trataba simplemente de un nuevo comienzo sino de un ajuste de cuentas con el pasado.
El juicio a las Juntas y el gran informe de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, a muchos sectores, los que más habían luchado por lo derechos humanos y también los oportunistas, les parecieron demasiado poco. Y quizás, desde el punto de vista de esos crímenes sin equivalencia, lo fueran. Pero Alfonsín no había prometido otra cosa. No había engañado a nadie prometiendo castigo para todos los implicados. Eso, si era posible, nos tocaba hacerlo a los que no teníamos que gobernar la Argentina en medio de una tempestad militar que parecía una incesante pesadilla.
Alfonsín sabía lo que podía y quería hacer. Como político fuertemente atado a la ética de la responsabilidad se atuvo a su promesa, no a los reclamos de algo que él no había prometido. La ética de la responsabilidad puede conducir a equivocaciones por más o por menos. Sobre ello se seguirá discutiendo.
Pasaron los años. El tribunal condenó a las Juntas Militares en un juicio donde se expuso lo que ya no podría borrarse nunca más de la historia argentina. Al cumplir su promesa, Alfonsín hizo posible que salieran a la luz más pública los crímenes de la dictadura en los más de 700 casos elegidos por el fiscal Julio Strassera. Eso ya no se podía ocultar, hiciera lo que hiciera el presidente que había encendido esa gigantesca explosión de las verdades más horrendas.
El juicio a las Juntas le da su rasgo original a la transición argentina: es el acto fundacional de una transición que nació sin pactos con los militares que, sin embargo, se retiraban con su poder casi intacto. No hubo otro país de América latina que tuviera una transición inaugurada con este acto justiciero. Sin duda, las víctimas tenían derecho a pedir más y lo ejercieron con toda legitimidad. Sin duda, la máquina de resentimiento y venganza dentro de las fuerzas armadas se puso en marcha para que el resultado de ese acto jurídico fundacional fuera borrado. Sin duda, Alfonsín firmó las leyes de punto final y obediencia debida. Sin duda, nos opusimos.
Pero, aun oponiéndome a esas leyes, hay algo que no confundí: en sus efectos no fueron equivalentes al juicio a las Juntas. No hay simetría ni se puede decir que Alfonsín realizó una ecuación de suma cero. Así lo creo desde entonces y volví a recordarlo durante la vigilia de Alfonsín, porque esas leyes de punto final y obediencia debida fueron anuladas y sus efectos fueron revertidos. Pero nada anuló ni revirtió el efecto del juicio a las Juntas, que sigue siendo la gran primera escena de verdad y el umbral desde el cual comenzó a construirse la transición.
Esas leyes tampoco anularon el hecho de que Alfonsín, el político que comenzó su ascenso contra todos los vientos, respetara su promesa de campaña. Probablemente muchos de los que estábamos rodeando el Congreso pensamos que, en medio de todos los errores, Alfonsín hizo honor a su palabra.

Beatriz Sarlo. Ensayista y Crítica Cultural.

Cuando la política no es un negocio personal.

Aunque, como tantos otros, nunca lo voté a Alfonsín, y estoy lejos de recordarlo sólo por las buenas razones, a la hora de escribir sobre él siento que me gana el cariño, y ese solo dato es ya revelador de mucho de lo que en mí (y me animaría a decir nosotros) ha dejado el viejo político fallecido hace un año.
De la diversidad de cosas que podrían decirse sobre Alfonsín escogeré sólo una, y es que él representa a la última gran figura de una generación de políticos que ya no está. A esa generación de políticos podríamos identificarla a partir de cantidad de detalles menores: el pantalón ajustado muy por encima de la cintura; el chaleco asomándose, elegante, por detrás del infaltable saco; el físico robusto delatando largas conversaciones de mesa y sobremesa.
Pero luego aparecen otros rasgos, menos pintorescos y más sustantivos, que son los que en verdad nos conmueven e importan. Ante todo, esta generación no concibió a la política como una continuación de sus negocios personales por otros medios. Se trata de una generación que vivió y murió en condiciones modestas, porque jamás concibió que la política podría servir para comprar más viviendas o mejores acciones, o para hacer negocios a cuenta de sus conexiones personales.
Piñera, Kirchner, Berlusconi, Macri, Duhalde, De Narváez, son algunos de los tantos políticos que, mejor o peor, expresan hoy a la "otra" generación. A pesar de sus diferencias, ellos se ven unidos al menos por un elemento común: el dinero que han hecho desde o durante la política, o a través de sus relaciones políticas. Todos ellos ejercen o han ejercido el poder en su carácter de personas ricas, de millonarios acaudalados.

En su defensa (porque requieren defensa) alguien podría decirnos que el no contar con dinero genera, en política, malos incentivos, capaces de convertir a un funcionario probo en otro corrupto. Sin embargo, esta proposición, penosa en su reduccionismo, es desmentida por la práctica y repudiada por el pensamiento: los políticos ricos quieren ser más ricos, y muchos de los políticos que no son ricos, no lo son porque simplemente no les interesa serlo. Alfonsín fue de los más dignos representantes de esta última camada.
Tres breves anotaciones al respecto. Primero, reivindicar por lo dicho a Alfonsín no implica hacer un culto de la austeridad o de la pobreza (aunque no veo por qué no deberíamos hacerlo), sino elogiar la presencia de ciertas ataduras morales, que resultan especialmente atractivas entre quienes se dedican a la vida pública.

Segundo, dicha reivindicación no necesita acompañarse de distorsión perceptiva alguna, que nos impida reconocer y juzgar críticamente la complejidad de los políticos y las políticas en juego (y no uso la palabra "complejidad" como se la usa hoy en día, es decir, para encubrir lo que resulta, en verdad, imperdonable).
Finalmente, celebrar al político al que no le interesa la riqueza no debiera inscribirnos en la liga de los que leen a la política con el único, valioso pero limitado lente de la anticorrupción. Lo que está en juego, en definitiva, es otra cosa: es muy difícil, según entiendo, que un empresario devenido en político no piense a la democracia como al mercado (en donde importan las ganancias, y molestan las quejas), no trate los problemas de la sociedad como a los de una empresa (la suya), no piense en las políticas públicas a partir del impacto de tales medidas sobre sus propios asuntos.
Seguramente, para mucha gente, estos rasgos que resaltamos en Alfonsín resultan insignificantes. "Así no se hace política" -nos dirán- "así no se gobierna un país". Deberían saberlo: fueron justamente esos detalles los que nos llenaron de emoción, el día que supimos que un ex presidente, viejo y solo, se había accidentado cuando iba a llevar su palabra al último confín de la Patagonia. Deberían saberlo: fueron exactamente esos rasgos de carácter los que nos empujaron masivamente, hace un año, a hacer fila en silencio, apuñados bajo la lluvia, ansiosos por darle un último y respetuoso adiós.

Roberto Gargarella. Constitucionalista (UBA, DI TELLA)

Los montoneros no fueron las principales víctimas del golpe.

El propósito fue logrado. Presentar los tiempos negros a partir del 24 de marzo de 1976 exclusivamente como un genocidio por parte del terrorismo de Estado, que tuvo como víctimas a jóvenes idealistas encuadrados en la guerrilla urbana, sobre todo Montoneros. Esa es la historia oficial que consiguieron imponer en el conocimiento de las nuevas generaciones, componiendo una interpretación parcializada e interesada que no deja otro matiz que el negro versus el blanco, y que deja afuera a exiliados, censurados, doblegados y otros victimizados.

Los gobiernos Kirchner han colaborado con este aspecto sesgado de la memoria, enfocado en la exclusiva exaltación de los integrantes de la guerrilla y dejando de lado a quienes se opusieron a la ominosa dictadura del Proceso sin coincidir con Montoneros, desde posiciones democráticas y progresistas. Fueron éstos, sin duda, la enorme mayoría de los desaparecidos y de los exiliados interiores y exteriores. Los montoneros no superaron el diez por ciento de las víctimas, pues el número de sus activistas llegó a ser sólo de algunos miles, por otra parte tenían organización y estructura de clandestinidad a diferencia de quienes se desempeñaban en superficie.
De lo que se trata es de sostener a ultranza el paradigma agobiantemente dominante en los últimos años que transforma en heroísmo sin autocrítica (la teoría de “la juventud maravillosa”) lo que debería ser la aceptación de que las propuestas y las acciones de la guerrilla urbana de los setenta se prestan a la polémica y a la revisión histórica pues tuvieron una elevada dosis de trágico error como el asesinato de José Rucci en democracia o la insensata “contraofensiva” que segó la vida de muchos jóvenes. Además, “la sangre derramada” fue negociada en los encuentros entre Firmenich y Massera en España –de lo que puedo dar cuenta pues estaba exiliado en Madrid–, en una de las tantas, sospechosamente desatinadas, decisiones de la cúpula dirigencial ‘montonera’.

Estos conceptos no desmerecen en absoluto la entrega de quienes creyeron que la vía de la guerrilla urbana era la más adecuada para terminar con el totalitarismo e ingresar en la democracia. Pero es hora ya de reconocer que ésta no era el objetivo de la cúpula montonera, como se reveló cuando ya con Perón en el gobierno, elegido en elecciones democráticas, continuaron con su violenta apuesta a una sociedad totalitaria que pretendían socialista. Esta fue una de las principales dificultades del gobierno de Perón, quizás también desencadenante de su muerte, y del debilitamiento y consiguiente caída del gobierno deficitario pero constitucional de la señora de Perón, envuelto en el caos de la violencia especular de la Triple A y de la guerrilla montonera que, sumada a la sospechable crisis económica, asfaltó la pista de aterrizaje del ominoso Proceso de Reconstrucción Nacional.
La obstinada y no ingenua reivindicación de la lucha armada deja de lado a la gran mayoría de quienes se opusieron a la dictadura cívico-militar por otros medios, por ejemplo a los dirigentes gremiales combativos, a los dirigentes estudiantiles y universitarios, a los profesionales e intelectuales progresistas, víctimas de la “guerra” contra una supuesta subversión marxista, las fuerzas represivas azuzadas y “justificadas” por acciones de guerrilla urbana en un mecanismo en que unas y otras se necesitaban para autojustificarse.

En el caso del terrorismo de Estado, una vez que la guerrilla fue aplastada y sus integrantes asesinados o escapados fuera del país, incapacitado de detener su bulimia de “subversivos” hizo víctimas a mujeres y hombres democráticos que no coincidían con la guerrilla y por ende no contaban con la protección de la entrenada clandestinidad de la “orga”. Fueron víctimas chupadas de sus hogares y de sus trabajos, no pocos por figurar en alguna agenda o por denuncias motivadas por odios privados. Otras acciones fueron iniciativas “comerciales” con el fin de apropiarse de capitales o propiedades de supuestos insurrectos al servicio del ‘trapo rojo”.
Es curioso pero la “historia oficial de los 70” es funcional a la versión de la “guerra” sostenida por los partidarios del Proceso pues al dar a entender que los treinta mil desaparecidos eran todos guerrilleros confirmarían que se trató de un verdadero ejército.
Dicha versión es impiadosamente injusta con quienes perdieron sus trabajos o sus estudios, quienes padecieron su inclusión en las denigrantes “listas negras” que impedían a artistas e intelectuales desarrollar sus vocaciones y talentos, quienes se “quebraron” por el terror y nunca fueron lo que pudieron haber sido. Tampoco se ha reconocido a las decenas de miles de quienes debieron marchar al exilio, por persecución, por temor o por prudencia. Son muchos los que aún viven lejos, imposibilitados de regresar a una patria que debería llamarlos y recibirlos, padeciendo el inevitable extrañamiento y melancolía, y a quienes debería reconocérseles una parte de la tragedia.

¿A quién sirve esta radicalización de la memoria? ¿Este exaltar la muerte como sinónimo de republicanismo democrático? Sirve a los ex partidarios de la lucha armada encaramados hoy en puestos de la política burguesa a la que antaño combatían, quienes de esa manera se convencen y tratan de convencer a los demás, en especial a los jóvenes post dictadura (y debemos reconocer que en gran medida lo han logrado), que ellos han sido exclusivos protagonistas de una supuesta página de gloria en nuestra historia.
También esa radicalización de la memoria en los extremos de “asesinos” y “asesinados” disuelve las culpas de los muchos, lamentablemente fueron muchos, que fueron colaboracionistas de la dictadura: los que se desempeñaron en cargos nacionales, provinciales y municipales, los que firmaron cesantías sin que les temblara la mano, los que censuraron libros y películas, los que escribieron listas de sospechosos, los que firmaron artículos que justificaban atrocidades, que no pertenecieron a ninguna de las dos categorías extremas señaladas pero que fueron funcionales al terror. Sin hablar de los que se dedicaron a la especulación financiera o a los viajes del “deme dos”, haciendo oídos sordos a los gemidos de los torturados.
Conclusión: al homenaje a las víctimas de la represión del Proceso le falta la confesión de que la lucha armada fue un proyecto equivocado que arrasó con la vida de muchos jóvenes valientes y bien intencionados y que no permitió, durante años, el desarrollo de estrategias alternativas y democráticas que fueron, a la postre, las que consiguieron derribar a la dictadura.

Le falta también el reconocimiento de que la inmensa mayoría de los desaparecidos y el grueso de la oposición a la dictadura no compartía las tesis ni la praxis de las organizaciones armadas, las que, con su accionar insensato, daban pretexto al genocidio de todos los que molestaban al Proceso bajo la calificación de “subversivos”.
Asimismo, le falta un saludo a quienes no merecen el demérito por haber sobrevivido a la represión pero que la padecieron como censurados, exiliados o acorralados.
Es hora ya de comenzar a cuestionar esa “historia oficial” hecha a la medida de algunos que así evitan la sinceridad de la autocrítica.

Pacho O’Donnell para Perfil

Confesiones.

Su confesión no debería haber alarmado tanto. En el fondo, era previsible. Ella no es una mujer particularmente asombrosa; lleva años exhibiendo con ruidosa desvergüenza una chatura conceptual que no le quita gravedad a su pasmosa adhesión a los totalitarismos más explícitos. Sin embargo, que lo proclame por televisión y, encima, se ufane de su desvergonzada adhesión al mal, consiguió impresionar.

Expresar simpatía por Stalin, 47 años después de la muerte del tirano soviético, demuestra una notable constante en la regurgitación “progresista”, como si en el fondo, nunca se hubieran divorciado de los totalitarismos más viejos y evidentes.

En esa fuga a un pasado obsoleto y abominable, Diana Conti reactualizó la noche del martes 2 de febrero en el penoso espectáculo que ofreció en Le doy mi palabra por Canal 26 (vea el video), un interrogante que, para mí, suscita las conclusiones más truculentas.

¿Cómo y en qué circunstancias se explica que admiradores desprejuiciados de los regímenes antidemocráticos respalden, a la vez, a quienes gobiernan la Argentina hace casi siete años? ¿Se puede ser stalinista y kirchnerista, como la diputada Conti, que encima se enorgullece de serlo? Lo dijo muy claramente aquella noche: “Yo soy oficialista y mi rol es defender a un oficialismo que está siendo (sic) revolucionario en este país”.

Representante por el oficialismo del Congreso ante el Consejo de la Magistratura, donde es peón de brega del Gobierno para controlar y manipular jueces, Conti verbalizó una definición inolvidable. Tras decir que quienes criticaban al gobierno “revolucionario” de los Kirchner, aunque lo hicieran desde la izquierda, trabajaban para la derecha y la oligarquía, le pregunté si ése no era el mismo mecanismo que durante décadas le permitió a Stalin que sus crímenes masivos no fueran denunciados por los comunistas, para quienes todo ataque a la Unión Soviética, y en ese caso a Stalin, “jugaba” objetivamente a favor de los enemigos del pueblo.

Conti me dejó, lo confieso, con la boca abierta. Me dijo: “Yo no tengo problemas en ser stalinista, a lo mejor los problemas los podés llegar a tener vos…”, cuando le recordé que el régimen de terror del dictador soviético imperó durante casi 30 años y dejó un saldo de varias decenas de millones de muertos en la colectivización forzada del campo, los lúgubres “gulags” donde languidecieron millones de presos políticos, los intelectuales fusilados en los años treinta por ser judíos (“burgueses sionistas”, en la jerga stalinista) y los seguidores de Trotsky, perseguidos y exterminados, como el propio Lev Davídovich Bronstein, asesinado por la policía política soviética en México en 1940.

El kirchnerismo consigue seducir a confesos enemigos de la democracia y de las libertades. En los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, el entonces secretario general de la Casa de Gobierno, Carlos Kunkel, despachaba de espaldas a un enorme retrato de Juan Manuel de Rosas, a quien Kunkel admira –sobre todo– por haber gobernado con la “suma del poder público”.

Pero en el armado kirchnerista, que los paladines principales se referencien en Stalin y Rosas no asombra mucho. Han reclutado en sus primeras líneas de acción a seguidores orgánicos del dictador fundamentalista iraní Majmud Ahmadinejad, como Luis D’Elía, y mantienen en Venezuela a la embajadora Alicia Castro, que jamás ocultó su seducida debilidad por Hugo Chávez.

En verdad, desde el peronismo de toda la vida, estas adhesiones generan sarpullidos intensos. Stalin, Ahmadinejad y Chávez no enamoran a quienes evocan con cariño a Juan y Eva Perón. Que Conti se enorgullezca de su debilidad por Stalin es un episodio sin precedentes, no por ella, pobre, que esa noche exhibió una conducta personal que suscitaba más piedad que ira.

Es un hecho político fuerte la potente realidad que de esas palabras se desprende. En siete años de gestión, el kirchnerismo se ha impregnado de profesiones de fe y definiciones temibles. Si durante varias décadas el peronismo coqueteó, en la doctrina y en los hechos, con la derecha troglodita más fascista, la etapa K lo retorna a los merodeos radicalizados de los años 70, cuando Perón profesaba una admiración ostentosa por la China de Mao y la Corea del Norte de Kim Il Sung, en la época del “socialismo nacional”.

Algo invariable y recurrente en un tramo decisivo de la praxis peronista es su innegable admiración por dictadores mesiánicos y regímenes hegemónicos. Con el agregado de una novedad muy siglo XXI, que puso en evidencia la diputada Conti, cuando dijo que la riqueza de los Kirchner se justifica porque “hay que tener un patrimonio muy grande, una vida ya hecha, saldada, que tus hijos y nietos no te van a poder reprochar por tu actividad política, peleándote con el establishment. Ser rico no es un delito”.

En la Argentina, la experiencia demuestra, por una parte, la trayectoria del peronismo de John W. Cooke, Alicia Eguren, Rodolfo Ortega Peña y Rodolfo J. Walsh. Por la otra, siempre emerge el modelo Galimberti, aquel agitador de los años setenta que pregonaba y militaba en pro de una revolución nacional socialista; pero ya en democracia concluyó sus días como operador de empresas, al calor de las cuales sólo procuraba forrarse de dólares, logrando por medios capitalistas las recaudaciones que años atrás conseguía con secuestros y pago de rescates.

Siempre se regresa a los dólares, la supuestamente detestada moneda yanqui, a la que reverencian desde el mismo altar en el que les encienden velas a Stalin y compañía. Pero, claro, ésa es una parte del asunto, no la totalidad, porque siempre en su ya larga historia, el peronismo ha tenido figuras y tendencias de probada convicción democrática y sistemática oposición a todos los totalitarismos.

Lo lamentable es que siempre termine prevaleciendo la moneda más innoble, como si en sus casi siete décadas de vida, el peronismo siguiera siendo “podido” desde adentro por los pertinaces epígonos del mal, ésos que facilitan que se lo denuncie por incurable.

Pepe Eliaschev, para Perfil.

Alfonsín y Perón, para la historia.

Cuando estas líneas se publiquen, ya se habrán enumerado todas las cualidades de Raúl Alfonsín: su honestidad como gobernante, una virtud que los sucesores han vuelto más evidente; su vocación republicana, que lo llevó a librar peleas sin tregua contra la injerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado, una de las cuales ganó al promover la ley de divorcio; su coraje para enjuiciar a los opresores que habían sido dueños del país y disponían aún de fuerza para proteger su impunidad.

Se habrán mencionado también sus errores: la claudicación ante los carapintadas amotinados la Semana Santa de 1987; su penosa relación con el poder económico que terminó adelantando su salida del gobierno; las torpezas del pacto de Olivos, que intentaba fundar una república parlamentaria y sólo consiguió reforzar la omnipotencia presidencial y erosionar las instituciones. Ya se habrá dicho muchas veces, pero nunca las suficientes, que en su brújula no existió otro norte que consolidar la democracia recuperada en 1983, para que esa vez fuera la definitiva luego de cinco décadas de golpes de Estado.

Quizá no se haya escrito tanto, en cambio, sobre las contradicciones íntimas que debió afrontar desde su participación en el nacimiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en 1975, que denunció la violencia paraestatal de la Triple A, hasta su papel como presidente en los días del delirante ataque armado al regimiento de La Tablada, donde hubo asaltantes del Movimiento Todos por la Patria que se entregaron con vida y luego aparecieron muertos.

Ninguno de los países del Cono Sur, igualmente asolados por las dictaduras del fin de la Guerra Fría, tuvo un juicio a los jefes militares como el que Alfonsín llevó adelante en la Argentina: una intervención ejemplar de los poderes del Estado para que nunca más se atropellaran los valores amparados por la Constitución. Ese gesto, y su terca resistencia a la adversidad, dieron esperanza a los pueblos de Uruguay, Brasil y Chile, que iban a recuperar sus libertades. Y al tiempo, amenazado el país por tres levantamientos militares, su presidencia promovió las leyes de punto final y obediencia debida que la Corte Suprema declaró inconstitucionales años después.

Mucho se habrán evocado también las emociones que Alfonsín despertó en octubre y diciembre de 1983, cuando el país se recuperó de sus largas y endémicas pesadillas mesiánicas luego de la trágica insensatez de la guerra de Malvinas, casi mil muertos con que la dictadura trató de prolongar una ilegitimidad que no había podido sostener con treinta mil desaparecidos. La arrebatadora campaña de Alfonsín fue acaso la última demostración espontánea de fe política, sin autobuses de alquiler cargados por rehenes de los punteros en busca de un viático, y sin la mediación decisiva de la televisión, hoy tan vinculada a intereses políticos.

Con esa campaña logró ganarle al peronismo por primera vez y por las buenas, allí donde años de torpe proscripción habían fallado. Tuvo entonces el maravilloso valor de llegar al corazón de los argentinos recordándoles cómo habían decidido formar una nación para buscar la paz y el progreso. Sólo bastó que en esos días recitara el preámbulo de la Constitución para que su voz se convirtiera en un recuerdo entrañable, para rescatar el Estado de Derecho que muchos habían despreciado ante los papelones grotescos de Isabel Perón o las utopías de socialismo, cuando todavía estaba en pie el muro de Berlín. Al repetir una y otra vez la letanía del preámbulo, reivindicó el respeto por la voz de los otros y por el diálogo civilizado con los adversarios.

Esas son las estampas que retendrá la historia. De ellas se han acordado muchos de los que hoy utilizan su muerte para legitimar sus propios intereses, actores políticos que se deshacen en panegíricos sobre las convicciones republicanas del difunto, así como en los años de su gobierno tejieron el lobby económico y el golpe de mercado que culminó en los saqueos y los muertos de la hiperinflación.

Debió entregar la presidencia seis meses antes de cumplir su mandato, pero al menos lo hizo a otro ciudadano elegido en comicios libres, adalid de un partido que no era el suyo. Alfonsín retrocedió pero no se rindió. Como él mismo decía, era un gallego duro. Los elogios a su capacidad de diálogo impiden ver la tenacidad y la firmeza con que llevaba adelante sus convicciones. Con frecuencia se olvida que encabezó el ala progresista del radicalismo desde que, en 1972, fundó el Movimiento de Renovación y Cambio, línea opuesta al balbinismo. Yo quiero contribuir a su memoria con otras estampas, episodios menores que reflejan, creo, el envés de esas medallas pero que, a la vez, lo retratan de cuerpo entero.

Lo conocí en Caracas a mediados de 1981. Se hospedaba en la casa de su amigo Adolfo Gass, quien sería elegido senador por el radicalismo cuando regresó del exilio. Estaba en la cama, postrado por una gripe tropical, y no advertí en él nada que me impresionara. Su aspecto y su lenguaje parecían los de un hombre cualquiera, sin señales que revelaran el futuro presidencial que le auguraban tanto Gass como el matemático Manuel Sadosky, quien me había llevado a conocerlo.

Quizá porque la gripe lo decaía, no vi en el Alfonsín de entonces el brillo político que hacía falta para que los argentinos decidieran seguirlo, arrostrando la indiferencia y el miedo infundidos por el yugo autoritario. Les confié esos reparos a Gass y a Sadosky, y ambos coincidieron en que el Alfonsín de pijama que yo acababa de conocer, de apariencia tan gris y modesta, se agigantaba en las tribunas, en el parlamento y en los discursos públicos. "Jamás se le olvida que la historia lo está mirando", me dijo Gass, "y que la historia lleva la cuenta de todo lo que dice y hace".

Volví a verlo en agosto de 1987, pocos meses después de las rebeliones carapintadas, ante las que había desoído el clamor de la multitud que lo apoyaba. Fui a visitarlo a la residencia de Olivos para anticiparle los temas generales de la entrevista que esa misma noche le haría por televisión. No puso el menor reparo a mis preguntas y me instó a interrogarlo con absoluta libertad. "Sólo le ruego", me dijo, "que si formula acusaciones contra mí o alguno de mis colaboradores esté seguro de que se apoyan en pruebas muy sólidas. Cuando se deslizan sospechas sobre la honestidad de un funcionario no hay defensa posible, porque la sospecha queda flotando en el aire y sigue manchando por mucho tiempo al más inocente de los inocentes." Nadie se atrevió a dudar jamás de su probidad, y así se fue, tan limpio como llegó.

Mientras nos despedíamos, le dije que seguía sin entender por qué había preferido parlamentar con los rebeldes carapintadas en vez de enfrentarlos acompañado por las cien mil personas que repudiaban el golpe en la Plaza de Mayo y se ofrecían a defender con sus vidas la democracia naciente. "Si aceptábamos esa apuesta habríamos podido perder todo: la democracia y muchas vidas", me replicó. "Pensé entonces cuál era mi deber ante la historia. Y no dudé."

"Algo parecido respondió Perón en 1970", le dije, "cuando le pregunté por qué, creyéndose más fuerte que los rebeldes en 1955, no había intentado defenderse". "No quise cargar sobre mi conciencia con un enorme derramamiento de sangre", me explicó Perón. "Esos son actos que no perdona la historia."

Al presidente se le ensombreció la sonrisa y dejó que la luz del mediodía se llevara la cordialidad que había guiado nuestro diálogo. Esa noche, en los estudios de la televisión, volvió a ser el de siempre: agudo, veloz para las réplicas, certero al citar los índices económicos sin desviarlos ni una décima. Cuando caminábamos por los pasillos hacia la salida me llevó aparte y me dijo con firmeza: "Me quedé pensando en su referencia de esta mañana. Quiero decirle que a mí Perón no me va a ganar la historia".

De modo que ahí estaba, entonces, la historia, la invisible madre de todas las batallas. Perón se había encolerizado en Puerta de Hierro cuando le hice notar que Evita estaba llevándole ventaja en ese duelo ante la posteridad. Y ahora Alfonsín, sin cólera pero con el mismo énfasis, vaticinaba que la historia iba a preferirlo a él, que devolvió a la conciencia civil la noción de respeto a los derechos humanos y a las instituciones republicanas, y no a Perón, quien permitió a la clase trabajadora integrarse a la vida política y económica, además de sumar el voto de la mujer.

Ahora que se van apagando las alabanzas y los reproches que suceden a las muertes, los grandes hombres se van quedando solos, a la espera de que la historia se pronuncie. A ella la eligieron como juez y le cedieron la última palabra. 

Tomás Eloy Martínez, para La Nación.

¿Qué aprendimos de 2001?

Pasaron casi nueve años desde aquellos sucesos que algunos caracterizaron como la crisis más grave del país desde su nacimiento. Voluptuosa expresión de cansancio moral, frustración y desesperanza colectiva que se alzó al grito de “que se vayan todos”. ¿Qué enseñanzas dejaron en el conjunto de la dirigencia aquellos días de ahorristas furiosos, supermercados saqueados y una represión policial que intentó –en vano–aquietar la rebeldía popular cobrándose más de 30 vidas? Como tantos otros hechos críticos de nuestra vida política, éste también tiene una cuenta pendiente con la historia y lamentablemente, muchos de los factores presentes en la crisis de 2001 siguen teniendo cierto “parecido de familia” con el presente. Estamos frente a una sociedad crispada, temerosa, con señales preocupantes de insatisfacción, intolerancia y agresividad en los múltiples planos de la vida cotidiana. Estamos también ante una dirigencia política que, salvo excepciones, aparece devaluada en la opinión pública. Una dirigencia que la gente percibe ajena a los problemas del ciudadano común, interesada en su propio beneficio personal o corporativo y sobre todo, una en la que la cooperación, la construcción de consensos y la institucionalidad importan menos que la satisfacción de su propio narcisismo. Al mismo tiempo, y como programados para la inestabilidad, la transgresión, como un estímulo que parece excitar nuestra autoestima social. Vivimos subvirtiendo el ordenamiento que imponen las normas. Un importante dirigente sostenía hace algún tiempo que los argentinos estábamos “condenados al éxito”. Sin embargo, creo que si profundizamos en el significado metafórico de esta frase, probablemente encontraríamos allí parte de la explicación de nuestros recurrentes fracasos como país: es porque estamos convencidos de que estamos condenados al éxito, que no vale la pena esforzarse demasiado para lograrlo.

Me divierte ver la cara del auditorio cuando en alguna charla sobre el perfil del argentino medio digo que en realidad, los judíos están equivocados cuando sostienen ser “el pueblo elegido”, comparten ese destino con otro pueblo que piensa lo mismo de sí mismo, claro que con un significado bien diferente: si para el pueblo de Israel, la condición de ser el pueblo elegido conlleva la idea de un pacto de lealtad, sacrificio y sumisión a los preceptos bíblicos, para el argentino medio “ser el pueblo elegido” implica la certeza de un destino de gloria y por tanto, de excepcionalidades y no de pruebas de sacrificio y sumisión a la ley. Aquel gol excepcional de Maradona se logró –vox populi dixit– de la mano de Dios. No hubo vergüenza ni culpa.
A pesar de todo, los argentinos vamos avanzando pudiendo dejar atrás algunos miedos y comportamientos inmaduros. Miedos que en su momento fueron neutralizados con racionalizaciones y fugas hacia adelante para huir de la angustia. Así, al terrorismo de Estado lo acompañó “el por algo será”. Al temor por el regreso de la híper, la confianza ciega en una convertibilidad que nos convenció de que habíamos alcanzado el primer mundo. Al irrespeto por los principios básicos de orden republicano lo enmascaramos con la idea de los beneficios de la transgresión y le dimos entidad transformadora a un comportamiento perverso que siguió minando la ya débil institucionalidad de nuestro país.
Lo que parece haberse disparado hoy entre los argentinos es un sentimiento generalizado de mayor control ciudadano sobre las decisiones públicas. La misma crisis de representación política hace que los electores se arroguen el derecho de controlar y sobre todo de exigir de los funcionarios una mayor rendición de cuentas sin intermediación institucional alguna. Esa nueva sensibilidad social comienza a advertir que el desdén por lo institucional privilegiando la ética de resultados, en el largo plazo, termina privando al país de sustentabilidad en materia de inclusión social y desarrollo. Aún falta mucho para alcanzar la ciudanía plena, para hacernos responsables de nuestro propio destino. Destino que sólo escribiremos si logramos convertir la mirada sobre el otro en un nosotros, privilegiando el futuro del país.
Graciela Romer. Socióloga. Analista de opinión pública.

El apuro por actuar sin conocer.

Hace ya 45 años, Albert Hirschman, economista heterodoxo y conocedor profundo de la realidad latinoamericana, analizó brillantemente el desempeño de los gobiernos de Brasil, Colombia y Chile que se sucedieron en el poder durante más de medio siglo. Le interesaba a este notable analista el estilo de gestión de los gobernantes de la región, llegando a sostener la existencia de un patrón característico: un estilo decisorio en el que la motivación prevalece sobre la comprensión, es decir, una modalidad de actuación según la cual se privilegia la compulsión a actuar por sobre el debido conocimiento de la materia sobre la que se decide.
Luego de examinar algunas políticas centrales de la agenda estatal de esos países, Hirschman sugería como estilo característico de los gobiernos de América latina el apuro por actuar sin conocer. La experiencia argentina al respecto no se aparta mayormente de esta pauta general.
En nuestro país, la necesidad y la urgencia siempre han terminado justificando la adopción de decisiones basadas en criterios técnicos y políticos poco sólidos o insuficientemente analizados. Sería interminable enumerar las múltiples medidas que el Gobierno actual, y otros en el pasado, dispusieron de manera improvisada, inconsulta o contradictoria en sus consecuencias prácticas. La constitución del Fondo del Bicentenario es sólo una manifestación episódica de una tendencia que, lamentablemente, parece confirmar una regla. Por cierto, no se trata aquí de juzgar la razonabilidad de la decisión adoptada por el Gobierno, que probablemente haya estado bien inspirada. Ocurre que para producir los efectos buscados, una medida así debe cumplir además otras exigencias. Entre ellas, no debe dar lugar a interpretaciones equívocas sobre el destino de los fondos; debe asegurar que sus voceros comuniquen de manera consistente las razones que la fundamentan; debe prever las reacciones de quienes pueden verse afectados, anticipando sus posibles comportamientos; la decisión debería ajustarse a los procedimientos jurídicos establecidos y, obviamente, encuadrarse en las reglas de juego democráticas.
Estos "simples" recaudos consumen tiempos que las urgencias no respetan; pero garantizan que la decisión adoptada produzca mejores resultados y suelen generar legitimidad política. Soslayarlas, por el contrario, es fuente de fracaso, antagonismo y pérdida de calidad democrática.
Tal vez este estilo impulsivo y desinformado responde a ciertos rasgos propios de una cultura política cuyas raíces se hunden mucho más profundamente en la experiencia histórica de la Argentina y, hasta cierto punto, de América latina. Durante largos períodos de su vida política, nuestro país sufrió las consecuencias de la inestabilidad institucional, los abruptos cambios de rumbo, la falta de "políticas de Estado". El divisionismo permanente, las irrupciones autoritarias, el presidencialismo exacerbado, han sido propuestos como explicaciones alternativas a esa recurrente desunión y falta de consenso. Pero hay algo más. Este estilo expresa, sin duda, la deliberada supresión del futuro y del pasado como dimensiones temporales significativas de la gestión pública.
Adoptar decisiones políticas, tomar posición frente a cuestiones sociales significativas, implica no solamente accionar en el presente. También supone poner en juego la capacidad de prever el futuro y evaluar el pasado. La gestión pública en nuestro país tiende a privilegiar la ejecución de políticas por encima de su planificación o programación detallada (el "futuro") o de su evaluación y control de gestión (el "pasado"). Se tiende a minimizar el rol del Congreso, que es precisamente la institución fundamental de construcción de ese futuro a través de la legislación, y el rol de la Justicia y los órganos de control, que son los que evalúan y juzgan los actos pasados del Ejecutivo.
Si las decisiones de un día pueden modificarse sin costos aparentes al siguiente, sólo se genera incertidumbre sobre el futuro e impunidad sobre el pasado. Así, la gestión pública se convierte en la tediosa repetición de un presente continuo, sin futuro imaginable ni pasado revisable. Aquí radica, tal vez, el déficit de capacidad institucional más elemental, pero al mismo tiempo más crítico, de la acción estatal.
Aunque consuma más tiempo, la democracia exige que el poder administrador respete frenos y contrapesos institucionales, afrontando los costos de la imprevisión y los eventuales cargos de incompetencia. Sólo un profundo conocimiento de los problemas y sus posibles soluciones, así como la aplicación de reglas de juego claras, previsibles y estables en su implementación, pueden garantizar la convivencia civilizada de una sociedad y el desarrollo material y moral de sus miembros. 

Oscar Oszlak, Investigador CONICET, Director Maestría en Administración Pública (UBA)

El derrumbe de la credibilidad.

El objetivo manifiesto de la creación del Fondo del Bicentenario era mejorar la credibilidad del gobierno argentino para reducir la prima de riesgo de default que carga el mercado a los bonos nacionales y abrir el acceso al financiamiento. Escribo estas líneas cuando Redrado acaba de ser repuesto judicialmente en su función y el Gobierno se dispone a apelar la resolución de la jueza Sarmiento.

Cualquiera sea la evolución del proceso, el daño ya está hecho. A esta altura puede asegurarse que en materia de credibilidad estamos peor que antes del decreto de creación del Fondo. Por otro lado, la discusión de la legalidad de los DNU termina siendo más importante que la discusión de los méritos o deméritos del Fondo. Y está bien que así sea, porque esa discusión envuelve aspectos cruciales de la gobernabilidad.
Pero no debe olvidarse el debate de política económica de la medida. Las medidas de política económica no son buenas o malas porque se ciñan o no a alguna doctrina (ni siquiera a una legislación vigente, porque ésta puede modificarse si se lo cree necesario) sino que su pertinencia y calidad deben apreciarse por sus efectos de corto plazo, que dependen de las circunstancias que atraviesa la economía, y también por sus consecuencias a mayor plazo.
¿Más allá de los procedimientos, la medida adoptada es buena o es mala? La medida ofrece una nueva garantía de pago de la deuda pública por la vía de habilitar legalmente el uso de reservas del Banco Central por parte de la Tesorería. Debía tener efectos beneficiosos sobre los precios de los bonos públicos y sobre las posibilidades y el precio del financiamiento al Gobierno. Esto es bueno. Sin embargo, esta apreciación del efecto de corto plazo tiene alguna ambigüedad, porque la medida no ataca el origen del problema sino que busca un atajo para aliviarlo.
Efectivamente, el aislamiento financiero y las enormes primas de riesgo no fueron motivadas por una situación difícil de las finanzas públicas que amenazara la capacidad de pago sino que resultaron principalmente de la manipulación de las estadísticas oficiales que comenzó en 2007 y arrojó al infierno la credibilidad del Gobierno. En lugar de ir al origen del problema, el Gobierno ofrece una señal alternativa a los tenedores y potenciales compradores de bonos: "déjenme seguir falsificando los datos de inflación y pobreza, pero ustedes quédense tranquilos porque les pagaremos en tiempo y forma. Lo del INDEC no es por ustedes".
Si la decisión de usar parte de las reservas no tiene costo, ¿por qué no se hizo antes, de modo de evitarnos el aislamiento financiero y las enormes primas de riesgo?
Previo a referirnos a los costos de la medida merece ser comentada la referencia al concepto de "reservas de libre disponibilidad" utilizado para fundamentarla. El concepto es un residuo arqueológico del régimen de convertibilidad. Un nivel de reservas que "cubra" la base monetaria (al tipo de cambio fijo) no sirvió en el pasado y la idea no tiene sentido en un régimen de flotación. En realidad no puede saberse cuál es el nivel óptimo de reservas. Es el necesario para que el público crea que el Banco Central puede determinar el precio del dólar. No sabemos precisamente cuánta reserva es necesario tener, pero es mejor tener bastante. Esto es, la medida tiene un costo, pero como el nivel óptimo de reservas es incierto, no podemos precisar su magnitud.
En las circunstancias vigentes cuando se emitió el DNU creímos, como muchos, que restar 6 500 millones del stock de reservas no amenazaba la estabilidad del mercado cambiario. Esas circunstancias ya cambiaron. No debemos olvidar que entre mediados de 2007 y pocos meses atrás se fugaron 46. 000 millones de dólares, incluyendo varios miles de las reservas del Banco Central.
Mi mayor insatisfacción con la medida es que se trata de un atajo para mejorar la valuación de los títulos públicos e intentar levantar la restricción de financiamiento internacional sin atacar los problemas fundamentales de la (falta de) conducción económica. En el año que termina la actividad recedió entre 4% y 5% mientras la tasa de inflación alcanzó 15%. La inflación tenderá a acelerarse con la reactivación que se inicia.
Es imprescindible definir un programa macroeconómico que se proponga a un tiempo reactivar la economía y reducir la tasa de inflación. El programa debería proveerle un ancla nominal a la economía, pero mal puede guiar las expectativas inflacionarias un Gobierno que miente con los datos.

Roberto Frenkel. Economista. Docente UBA. Investigador CEDES. Director Iniciativa para la Transparencia Financiera.

Ingreso para la niñez: ni universal ni bien financiado.

Después de una década de intentos de ingresar en la agenda pública, la noción de un ingreso de naturaleza universal para las familias donde hay niños llegó a contar con proyectos legislativos de partidos diversos, con el aval de intelectuales y varias organizaciones de la sociedad civil y recientemente con un aporte propositivo de la Iglesia Católica.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández, como el de su esposo, que se mostraron reacios a la idea todos estos años, la ha hecho suya y firmado un decreto de necesidad y urgencia que la lleva a la práctica.
Esta súbita conversión debería ser celebrada, pero aunque la iniciativa tiene aspectos positivos, está acompañada de vicios profundos. Intentaré ilustrar el punto.
¿Cuál son las ventajas de que se adopte una política que garantice un ingreso en todas las familias con niños?
En primer lugar, generar recursos en el hogar y así reducir la indigencia y pobreza a la que están sujetos millones de compatriotas. En segundo término, borrar las diferencias entre ciudadanos de primera (trabajadores del sector formal) que reciben las asignaciones familiares y ciudadanos de segunda (informales y desocupados) que no la reciben y que están en condiciones de mayor vulnerabilidad que los primeros.
En tercer lugar, quebrar el espinazo de las prácticas clientelares que otorgan cosas pobres a algunos pobres entre los pobres, buscando sujeción y manipulación; la universalización de las asignaciones familiares hace que quienes las reciban no tengan pendientes sobre sus cabezas la espada que los obliga a cambiar apoyo político por continuidad del beneficio. Tal como es la situación hoy con las asignaciones que cobran los trabajadores formales, estos no tienen que agradecer a ningún funcionario o empleador el beneficio que reciben ni tienen temor de que se lo quiten. Simplemente les corresponde por ley.
La primera de las ventajas está contemplada en el decreto gubernamental. Habría por ende un significativo monto de recursos que deberá fluir a los bolsillos de quienes mucho lo necesitan ya que los hoy excluidos de las asignaciones familiares son en su inmensa mayoría los más pobres. Por otra parte, debe remarcarse que el monto de $ 180 mensuales por hijo, casi 50 dólares, está muy por encima de lo que pagan programas similares en América latina.
La segunda ventaja no aparece con claridad en el texto del decreto. Si el nuevo beneficio pertenece, como expresa el artículo 1, a un nuevo "subsistema no contributivo" del régimen de asignaciones familiares, el valor de éstas que hoy sería el mismo para trabajadores formales y nuevos beneficiarios podría diferir en el futuro con simples decisiones administrativas que reintroducirían la diferencia entre ciudadanos de primera y de segunda. Debería fijarse con claridad que el monto de la asignación familiar será siempre igualitaria, es decir, que tendrá el mismo criterio de actualización.
Pero sin duda, el aspecto más problemático refiere a la tercera ventaja, ya que la pretendida universalidad no es tal, sino que posibilita la práctica discrecional y por ende clientelista que el Gobierno suele imprimir a sus políticas sociales. Veamos: el decreto establece en su artículo 2 que "quedan excluidos del beneficio previsto (.) los trabajadores que se desempeñen en la economía informal percibiendo una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil". Suena bien: a los más pobres, ¿pero cómo se determina el ingreso de un trabajador informal? No hay otra forma que colocando un custodio junto a cada trabajador informal para que controle todos los ingresos que éste recibe o quizás colocando un "chip" en el bolsillo de cada papá o mamá que hoy no tiene asignaciones familiares para registrar los movimientos monetarios del bolsillo y enviarlos a una computadora central.
Como obviamente nada de esto es posible de llevar a la práctica, la conclusión es que será el Gobierno el que decida discrecionalmente a quién le da o niega el nuevo beneficio. La eliminación del requisito de dicho artículo 2 es la única garantía de que se erradicará la posibilidad del manejo clientelista.
Un aspecto no menor es el financiamiento: recurrir a la "joya de la abuela" de fondos previsionales es pan para hoy y hambre para mañana. Hemos sostenido en esta misma sección que se ha creado una bomba de tiempo con las decisiones tomadas por el gobierno en material previsional.
La relación entre aportantes al sistema y jubilaciones es de 1 a 1. Ello quiere decir que si el trabajador y su empleador aportan el 20% del salario, lo que puede pagarse al jubilado es precisamente un 20% del que era su salario. Como esto es inaceptable, el Estado tiene que colocar recursos obtenidos de rentas generales, es decir pagados por todos los argentinos. Y como aun así no se cumple con los jubilados, los juicios masivos serán seguramente parte del paisaje futuro.
A esta situación, se le agrega ahora el financiamiento del nuevo beneficio de asignaciones familiares. Cuando se acabe con los fondos que produjo el abolido sistema de capitalización, hoy sujetos a la discrecionalidad gubernamental, vendrán los lamentos, "pero, bueno, esto será problema para algún gobierno (y sociedad) en el futuro" parecen pensar los actuales decisores. La pelea adultos mayores vs. niños por fondos que los beneficien no es precisamente lo que el país más precisa en este momento.
Aldo Isuani.
Sociologo, Profesor UBA/UDESA, Investig. CONICET

Las sanciones previstas son tan caprichosas como autoritarias.

El gobierno nacional trata de simplificar el debate acerca de la ley de medios audiovisuales con una serie de declamaciones retóricas -"democracia-dictadura" o "monopolio-pluralidad"- con las que nadie puede discrepar.
En efecto, no hay duda acerca de que la sanción de la ley es necesaria, como tampoco que la concentración excesiva de medios de comunicación distorsiona la amplitud de puntos de vista que debe haber en una democracia.
Pero de allí no se sigue que cualquier ley que sancione, con una premura obsesiva, una mayoría obsecuente e irreflexiva, sea la mejor ley.
Por el contrario, a medida que pudo analizarse con mayor cuidado el texto del proyecto del Poder Ejecutivo han aparecido distintas cuestiones que necesariamente deben ser corregidas, si el verdadero propósito que anima al oficialismo es sancionar una buena ley.
De igual manera, tampoco puede obviarse que resulta imprescindible sancionar a la vez una ley que regule el uso de la publicidad oficial, toda vez que el financiamiento de las licenciatarias que sean personas de existencia visible o ideal sin fines de lucro recaerá seguramente sobre los fondos públicos y corresponde prevenir cualquier arbitrariedad en el uso que se hará de los dineros del pueblo.
Sólo puede justificarse la intervención del Estado en un tema tan sensible como el de la libertad de expresión, cuando lo hace para garantizar la existencia de "más expresión" o bien para distribuir equitativamente un ámbito finito por naturaleza, como es el espectro radioeléctrico.
Como toda regulación estatal en esta materia es altamente peligrosa, toda ley debería superar cuatro filtros fundamentales: cómo se integra el órgano que controla, cuáles son sus atribuciones, cuál es el régimen de sanciones y si no hay restricciones indebidas a una mayor pluralidad de voces.
La media sanción de Diputados es cuestionable en todos estos aspectos. Por ejemplo, no se satisface que la autoridad de aplicación sea autónoma e independiente del Gobierno para garantizar la no intromisión de éste, hay normas que suponen un inaceptable control de contenidos, y las limitaciones al mercado del cable no sólo son irrazonables sino que acallan innecesariamente voces. Además, el plazo de un año para que los actuales titulares de licencias se adecuen a la ley no sólo resulta abiertamente inconstitucional por violar derechos adquiridos, sino que despierta sospechas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno: que ese lapso sea aprovechado por empresarios amigos del poder para adquirir a precio de remate los medios que deban abandonarse.
Pero llama la atención que no se haya reparado mayormente en un título de la ley, nada menos que el régimen sancionatorio, que es el que permite a la Autoridad de Aplicación reprimir a los titulares de licencias. Este título resulta sencillamente intolerable a luz de las garantías mínimas que exigen nuestra Constitución y los Tratados de Derechos Humanos en materia de debido proceso, de legalidad, de culpabilidad y de inocencia.
Conviene tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya doctrina deben seguir nuestros tribunales, ha declarado que las sanciones administrativas deben observar los mismos principios que las de naturaleza penal. Nuestra propia Corte Suprema de Justicia tiene dicho también que las mencionadas garantías son de inexcusable observancia en la actuación sancionatoria estatal.
En efecto, increíblemente el proyecto no establece cómo es el procedimiento aplicable para imponer una sanción. El art. 102 "in fine" dispone que serán "los procedimientos vigentes en la Administración Pública", pero como hay muchos en materia de sanciones administrativas (aduanero, tributario, cambiario, etc), en definitiva la Autoridad de Aplicación podrá escoger el que se le antoje.
En cuanto a las conductas prohibidas, el modo en que están previstas autoriza la imposición indiscriminada de cualquier clase de sanción. Se puede aplicar la caducidad de la licencia por la simple reiteración de faltas leves, es decir, incumplimientos meramente ocasionales; se menciona curiosamente a la "reincidencia" cuando ésta se refiere a la pena privativa de libertad (art. 50 del Código Penal) y nada tiene que ver con las sanciones administrativas, sin efectuar diferenciación alguna con la reiteración. Se contempla un sistema irracional de sanciones, pues se prevé para conductas idénticas la sanción de multa, suspensión de publicidad y/o caducidad de licencia, sin que se indique en qué casos se aplica a cada una; la multa se establece del cero coma uno al diez por ciento de la facturación de publicidad del mes anterior al hecho que se sanciona, es decir, de 1 a 100 veces a total discreción de la Autoridad de Aplicación; la multa para los administradores estatales carece de todo monto, con lo que la Autoridad la puede fijar entre un peso y el infinito; la suspensión de publicidad no tiene graduación alguna ni límite temporal, con lo que esta sanción puede llegar a ser de tal magnitud que determine el cierre del medio; el modo de graduación de las sanciones permite el agravamiento por infracciones cometidas anteriormente o por pautas ambiguas como la "repercusión social" del hecho.
Es motivo de caducidad de la licencia la condena penal de cualquiera de los socios, directores, administradores o gerentes de las sociedades licenciatarias, sin especificar siquiera el delito motivo de la condena, con lo que se castiga por el hecho de un tercero distinto a la sociedad. La prescripción de cinco años es excesiva cuando el Código Penal prevé uno y dos años para las penas de inhabilitación y multa, respectivamente (art. 62 incisos 4 y 5). Para colmo, los recursos no tienen efecto suspensivo, con lo que se efectiviza el castigo antes de la sentencia judicial que declare la culpabilidad por el hecho cometido.
En suma, a través del régimen sancionatorio proyectado, la Autoridad de Aplicación acumula un conjunto de facultades que le permite castigar caprichosamente y a su solo arbitrio, vulnerando los principios y estándares constitucionales e internacionales que se han elaborado para hacer más justa la aplicación de una pena o de una sanción disciplinaria.
La muletilla del Gobierno es la sanción de una ley de la democracia que deje atrás las oscuras disposiciones de la ley de la dictadura, lo que no se habría logrado hasta el presente por la presión de los grupos de interés beneficiados por la aquella ley.
Pues bien, en punto al régimen sancionatorio, salvo la censura previa que afortunadamente se ha suprimido, junto a algunas otras cláusulas como las "maniobras de monopolio" como causal de caducidad (cuya aplicación jamás intentaron las autoridades), o la emisión de mensajes atribuibles a asociaciones terroristas, la "progresista" iniciativa oficial con media sanción de Diputados reproduce en líneas generales la denostada n° 22.285.
Un Congreso de la democracia, respetuoso del estado de derecho y de las garantías, no puede aprobar un sistema sancionatorio tan marcadamente autoritario.
Ricardo Gil Lavedra, profesor Derecho Penal (UBA) y Diputado Nacional electo (ACy S)

Espejismo.

Algo extravagante y desmesurado debe suceder en la Argentina para que ficciones exaltadas dejen de ser espejismos evidentes y se conviertan en razones de Estado.

El miércoles, a horas de que 146 diputados aprobaran la ley sobre medios, el Instituto de Cine y varias FM operaron en la Plaza del Congreso una radio “abierta”, a la espera de la victoria oficial. Pero a pocos metros, en Hipólito Yrigoyen y Solís, palpitaba la realidad verdadera: en esa esquina, numerosas familias iban acomodando colchones para pasar la noche al sereno. Estalactitas humanas, los pobres han vuelto a ser inexorablemente visibles por la ciudad. ¿Qué tienen que ver con los militantes mediáticos y sus interminables horas invertidas en respaldar planes oficiales?

Segmentos gruesos de la comunicación, la cultura y la izquierda han terminado, abierta o inconfesadamente, fascinados por la atropellada y supuestamente democratizadora Ley de Medios encarada como guerra santa por el Gobierno.

Nunca tuve nada que ver con Clarín. Desde mayo de 2003, mantuvo funcional silencio sobre el kirchnerismo. Lo comprobé en primera persona en 2005, cuando el látigo implacable de Kirchner se posó sobre Radio Nacional y Alberto Fernández ordenó que me echasen. Clarín se abstuvo de protestar o darle volumen a esa enormidad.

Al año siguiente, cuando presenté Lista negra. La vuelta de los setenta, en un acto multitudinario en el Colegio Nacional de Buenos Aires del que participó (Raúl Alfonsín incluido) la primera plana de la política nacional no manejada por Kirchner, Clarín se abstuvo de registrar el evento.

Radio Mitre me quiso contratar en 2007, pero a los pocos días el presidente del directorio de la radio decidió que yo era muy conflictivo, y que me había “victimizado” con el Gobierno. Naturalmente, ni Clarín ni Ñ reseñaron Lista negra.

El año pasado, Kirchner, el gran aliado que había prorrogado las concesiones y aprobado la compra de Cablevisión, se convirtió en enemigo número uno. Clarín se ha ganado el desdén, la desconfianza y hasta la hostilidad de mucha gente decente. Tampoco movieron un dedo cuando Perfil fue excluida de la pauta oficial.

¿Se puede ser, sin embargo, tan necio y primitivo como para alegrarse de esta ley oficial atropellada y repleta de trampas autoritarias, sólo porque puede complicarle mucho la vida a Clarín? ¿Puede ese odio cerril, provocado por un narcisismo desaforado, bastar para plegarse a un gobierno “progresista” que se maneja con criterios y filosofía de Menem?

Periodistas, universitarios y gente del ámbito académico muestran insólito fervor con esta promesa de democracia informativa. Que le pregunten a Miguel Bonasso. Con su libro Recuerdo de la muerte, Bonasso fue artífice de la educación presidencial en derechos humanos, porque de 1976 a 2003 los Kirchner nada hicieron y dijeron en la materia. Bonasso, hoy un alma en pena, se desgañita aclarando que los Kirchner nada tienen de progresistas, puesto que conciben y gobiernan desde y para el poder y la caja. ¿Es un gorila Bonasso? ¿O es un quebrado?

Con el gastado argumento de reemplazar una ley “de la dictadura” (con la que convivieron durante seis años sin chistar), ahora los Kirchner lanzaron la ofensiva final. Agustín Rossi admitió en el “debate” en Diputados que violentó las normas para que la votación se produjera a cualquier precio. Lo justificó el flexible Pino Solanas: “Postergarla podría ser una nueva trampa para no hacerlo jamás”.

En la izquierda y en varias celebridades mediáticas, que pese a haber amasado fortunas al servicio de radios y canales privados se muestran embriagadas de asombroso entusiasmo revolucionario, hay felicidad. Solanas declaró que el Gobierno demostró sensibilidad a las críticas, porque “corregir errores no es debilidad, sino una señal de sensatez política”, aunque de inmediato advirtió que se debe hacer lo que el kirchnerismo no hizo ni piensa hacer, porque esta ley “debe tratarse con los tiempos que exija un amplio y profundo debate”. Pese a que su socio Claudio Lozano votó con los Kirchner, admite sin embargo que “el kirchnerismo es adicto al apriete y el chantaje”.

Curioso y desesperante progresismo argentino. Hasta el Partido Socialista (cuya Casa del Pueblo fue quemada por el peronismo en 1953 y su periódico La Vanguardia fue prohibido) se plegó ahora a los Kirchner.

Eduardo Macaluse, ex ARI, se pregunta: “¿Cuál es la tentación del oficialismo?”. Responde: “Evitar que en la ley aparezcan controles que puedan limitar la pulsión de poder ilimitado de los gobernantes. Sobre esto nosotros, como oposición, tenemos la obligación de avanzar”. ¿Cómo? Votando la ley de los Kirchner, exótico revival del viejo “entrismo” trotskista del siglo XX, cuando mimetizarse en el peronismo equivalía a radicalizarlo.

Con candidez, Macaluse, cuyo bloque, como los seguidores de Solanas, converge con el kirchnerismo, se pregunta: “¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros?” Respuesta: “Evitar que quien está en el poder tenga un poder ilimitado. Debe aceptar ser limitado”.

Contradictoria, ingenua, hipócrita, mentirosa, ignorante o entusiasta a toda prueba, la izquierda entona melodías de hace medio siglo, aunque admite melancólicamente que los kirchneristas no dieron posibilidades de nada. Confiesa Macaluse: “Hemos trabajado en la iniciativa, pero creo que se podría haber trabajado más. Con una semana más habríamos llegado a sancionar un proyecto mejor”. No hubo tal semana más. El proyecto debía salir sí o sí, y ya mismo. Niegan o pretenden ignorar la verdadera y tétrica historia kirchnerista en materia de organismos regulatorios: desde 2003 permanecen intervenidos por el Ejecutivo la casi totalidad de los entes regulatorios.

¿Por qué el nuevo Comfer kirchnerista sería ahora portento de participación, pluralidad, transparencia y eficacia? De Lenin hasta hoy, pasando por Stalin, Mao y Fidel, la izquierda ha querido creer. En ese fatigoso intento de fe se incineró en realismos abyectos. Tampoco en esto la Argentina aporta alguna originalidad interesante.

Pepe Eliaschev

Cómo se puede garantizar la salida de la pobreza.

Así como en los períodos de crecimiento económico se suele olvidar que hay muchos pobres en el recibidor, los tiempos recesivos como los actuales los reponen en la vidriera y generan debates que giran principalmente alrededor de la magnitud de la pobreza, discusión que se hace más álgida en nuestro caso dada la ausencia de estadísticas oficiales confiables.
A este problema de medición se suman otros de conceptualización ya que existen diversas definiciones de pobreza; las hay simples, para las que es pobre aquel individuo o familia que gana menos de cierta cantidad de dinero o complejas, que incluyen hasta la incapacidad de participación política y social. Dentro de esta variedad conceptual existe una noción que me parece adecuada al propósito de esta nota y que sostiene que la pobreza es privación de ciertos consumos que se consideran básicos para una vida propiamente humana. Estos son básicamente: una alimentación que reúna los requisitos calóricos y proteicos necesarios para la vida; un lugar no precario para habitar que constituya el ámbito íntimo y el refugio frente a las inclemencias del tiempo; educación y atención a la salud; acceso a agua potable y saneamiento básico; enseres y mobiliarios; fuentes de energía que permitan preparar los alimentos y dotar de calefacción e iluminación al hogar; vestimenta y calzado; transporte; acceso a canales de información y comunicación; recreación.
Para erradicar la pobreza entonces, el consumo de individuos y familias no podría ser menor al indicado y constituyen el núcleo duro de necesidades cuya satisfacción debería constituir el objetivo central de la política pública. ¿Cómo garantizar este consumo básico? A través de políticas económicas que dinamicen la inserción de los adultos en el mercado de trabajo en condiciones dignas y de políticas sociales que provean ingresos por un lado y brinden servicios, por el otro.
Respecto de este último instrumento, las políticas sociales, deben existir transferencias de ingresos sin condiciones para aquellos que no pueden ni deben insertarse en el mercado de trabajo: los ancianos, por haber ya participado en él y los niños, por estar preparándose para ello. Y para la población adulta desocupada, en cambio, debe existir un ingreso condicionado a desarrollar actividades que promuevan sus capacidades (adquirir mayores conocimientos), signifiquen un aporte productivo o sean actividades útiles y relevantes para el individuo que la realiza y la comunidad donde se realiza.
Esta política social de transferencia de ingresos debe estar complementada con servicios públicamente financiados. En primer lugar me refiero a la educación, que debe alcanzar el nivel medio completo no sólo para los niños sino también para los adultos, especialmente si son jóvenes. En segundo lugar los servicios de atención a la salud con fuerte énfasis preventivo; la provisión de agua potable y redes de saneamiento básico son un componente importantísimo de una política sanitaria adecuada. En tercer lugar, el desarrollo de una política habitacional que erradique la vivienda precaria. Por último, es necesario poner en práctica una tarifa social, esto es, el subsidio para los sectores socialmente más vulnerables de un nivel básico de energía, acceso a la comunicación y transporte. Las políticas sociales de ingresos y servicios que propongo destinadas a garantizar un consumo básico constituyen un todo que no admite tratamiento parcial.
No se trata de actos de caridad destinados a dar respuesta a tal o cual carencia, por más que estos actos sean legítimos. Ello quiere decir que programas que provean alimentación pero no abrigo, vestimentas pero no iluminación, vivienda pero sin acceso a la educación o la salud no contribuyen a asegurar aquel consumo básico que está en la base de una sociedad civilizada. En consecuencia las políticas deben estar integradas. No sostengo que lo propuesto resuelva los problemas de desigualdad que exhibe nuestra sociedad. Pero sí afirmo que puede asegurar un nivel básico de bienestar para todos nuestros ciudadanos.
Una sociedad como la nuestra, cuyo sector público gasta 60.000 millones de dólares anuales (20% del PBI) en políticas sociales, no debería tener mayores problemas en abordar una estrategia de consumo básico. Más que recursos adicionales para este fin, se precisa de una importante reformulación de los actuales destinos de los recursos públicos, esto es, repensar la política social.
El problema no está en los recursos y sí en el grado de compromiso de las elites argentinas para lograrlo. Para empezar, en estos últimos meses ha avanzado la aceptación de la idea de extender la asignación familiar a los hijos de los trabajadores informales. Sin duda sería un avance parcial, pero muy importante en la dirección que apuntamos. Y como este beneficio tendría el mismo carácter que la actual asignación familiar que le corresponde al trabajador por propio derecho y no por la voluntad de alguien que puede otorgarla y quitarla, al mismo tiempo que ayudar en el combate a la pobreza lo haría también con el clientelismo político.
Sería muy importante que el Gobierno nacional lleve a cabo una iniciativa como la señalada y evite en un futuro cercano confesar que quedó preso de la "vieja política social".
Aunque frente a una eventual sordera oficial, el Congreso de la Nación siempre tiene la palabra.
Aldo Isuani
Sociólogo, Investigador del CONICET

El cesarismo democrático.

Hasta las vísperas mismas de su desenlace, la brevedad ha sido la única virtud de la campaña electoral argentina, dado que el peronismo gobernante adelantó los comicios. La opereta del armado de las listas, las peleas entre el candidato a diputado oficialista Néstor Kirchner y el vicepresidente Julio Cobos, las impugnaciones judiciales, la guerra de encuestas, la infinita publicidad de Francisco de Narváez y hasta un aspirante a diputado tras las rejas constituyeron un espectáculo penoso. Volvió así a confirmarse el escepticismo de generaciones ante el sentido de su voto, la urgencia de una reforma política que devuelva la fuerza original a los partidos tradicionales y el papel inagotable del cesarismo en las naciones jóvenes como la Argentina.
Si se toma la definición de Antonio Gramsci, "el cesarismo expresa siempre la solución arbitraria, confiada a una gran personalidad, de una situación histórico-política caracterizada por un equilibrio de fuerzas de perspectivas catastróficas". Para el marxista italiano, puede haber cesarismos progresistas -Julio César y Napoleón I- o regresivos -Napoleón III y Bismarck-, pero en todos los casos se trata de una salida encabezada por un caudillo militar, aunque no sólo militar, a una situación desesperada y excepcional. De ahí que la figura -llámese cesarismo, bonapartismo, bismarckismo- sea tan familiar en América latina, donde, desde las revoluciones independentistas, la mayor parte de las naciones, castigadas por sucesivas crisis políticas y escenarios de transición, conocieron más caudillos que soluciones institucionales. Estas tierras han sido fértiles en autócratas de gran popularidad que fueron expandiendo y afianzando su poder, en los tiempos modernos, mediante el control de la corrupción, de la policía y de la facultad para repartir los recursos del Estado como les conviene.
No hay mayor símbolo de cesarismo democrático que el régimen del venezolano Juan Vicente Gómez, uno de cuyos ministros, Laureano Vallenilla Lanz, estableció la validez del término en un libro de 1919.
Gómez inspiró a Gabriel García Márquez el personaje del dictador de su sexta novela, El otoño del patriarca , y es la encarnación favorita del hombre fuerte de las tierras pobres para artistas plásticos como Fernando Botero y Pedro León Zapata. Cuando llegué a Venezuela en 1975, la figura de Gómez seguía ocupando el centro de la imaginación nacional, y ahora, que ha encontrado en Hugo Chávez a su mejor discípulo, casi no pasa semana sin que la oposición invoque el término.
Gómez creció al lado de su predecesor, Cipriano Castro, quien inició el siglo XX enfrentando una poderosa amenaza internacional al no poder pagar la deuda contraída con empresas extranjeras expropiadas. Buques de bandera inglesa, italiana y alemana bloquearon el puerto de La Guaira en 1902 y Venezuela logró zafarse de la asfixia gracias a la providencial invocación de la doctrina Drago, obra del canciller argentino del segundo mandato de Roca, Luis María Drago, quien argumentó la ilegalidad del cobro violento de las deudas por parte de las grandes potencias en detrimento de la soberanía, estabilidad y dignidad de los Estados débiles. Su papel en la defensa de los intereses nacionales permitió a Gómez dar el salto hacia la vicepresidencia. Cuando Castro debió someterse a una cirugía delicada en Alemania, lo traicionó con un golpe que lo instaló en la jefatura del gobierno durante veintisiete años. Allí, en el sillón patriarcal, murió en 1935.
Su ideólogo Vallenilla Lanz, un sociólogo positivista, intentó argumentar que pueblos como el venezolano no estaban capacitados para respirar una atmósfera republicana; sólo "el gendarme necesario" -como definió a su modelo de césar- podía sacarlos de la miseria y de la anomia. Dictaminó que "el Caudillo constituye la única fuerza de conservación social" y que "el gendarme electivo o hereditario de ojo avizor" es una necesidad fatal "en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta".
Como eficaz vocero de la ideología oficial, Vallenilla Lanz no se refiere a Gómez en su ensayo de manera directa. Se ampara, en cambio, en la figura tutelar de Simón Bolívar, quien propuso la presidencia vitalicia. Escribe que Bolívar "nunca abrigó la más ligera esperanza" de que "aquellas constituciones de papel" pudieran establecer el orden. Sus críticos, como el exiliado Rómulo Betancourt, del Partido Revolucionario Venezolano -luego presidente constitucional-, lo llamó "Maquiavelo tropical empastado en papel higiénico".
Lejos de ofenderse, Vallenilla Lanz agradeció la comparación con el autor de El príncipe .
Chávez no es el único heredero de la idea de un césar avalado periódicamente por elecciones libres. Decidido a concentrar férreamente todo el poder en sus solas manos, lleva por ahora diez años en el gobierno, el mismo tiempo que Carlos Menem. Figuras como Alberto Fujimori y Alvaro Uribe, por distintas que sean, han visto en la perpetuación presidencial el vehículo para modelar sus países a la medida de sus deseos. Qué decir de Fidel Castro, quien no logró hallar un sucesor que no llevara su sangre. Si Brasil ha logrado superar, con los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva, la herencia del autoritarismo populista de Getulio Vargas, en la Argentina el ejemplo de Perón impregna demasiado al partido que él fundó y que ya se confunde con el Estado. Ayudan, y mucho, las torpezas de una oposición que muestra menos interés en la construcción de la democracia que en el asalto a los privilegios que confiere la cosa pública, así como parece tener menos convicción para reintegrar a los marginales al mundo de la ciudadanía que en reemplazar a un firmante de los decretos de necesidad y urgencia por otro que haga lo mismo.
Néstor Kirchner, como Gómez, ha intentado prolongar sus planes de hegemonía alternándose con sus parientes en el gobierno, tal como hizo al decidir la candidatura de la actual presidenta, su mujer. Ahora sale a defender el modelo agitando el fantasma de un conflicto de intereses entre grupos y clases que sólo una figura providencial, el césar, podría contener. "Tengan en claro -declaró el candidato y presidente del justicialismo-que el 28 de junio no es una elección más. O es la vuelta al pasado para tratar de imponer proyectos que no tienen nada que ver con el pueblo, o es la consolidación de un proyecto nacional y popular que devuelva la justicia social. Tengan mucha memoria cuando estén en la cola para votar. Sientan el ruido del helicóptero y recuerden cómo se escaparon de la Casa de Gobierno."
Ese juego al todo o nada fue explotado ya por Menem. Los sucesores de la Alianza, que continuaron su doctrina económica y sus métodos políticos, demostraron que, a veces, todo se parece demasiado a nada. Es, de alguna manera, el juego bonapartista, una de las formas del cesarismo. Luego de las revoluciones de 1848, Luis Bonaparte fue elegido -el primer voto universal en Europa- presidente de la Segunda República Francesa. Sus constantes convocatorias a referendos desnaturalizaron la representatividad republicana y cimentaron su popularidad. El 2 de diciembre de 1851 aplastó a la creciente oposición monárquica al llamar a un plebiscito con la pregunta: "¿Queréis ser gobernados por Bonaparte? ¿Sí o no?". Un año más tarde, previa reforma constitucional, se convirtió en emperador autoritario.
La presidenta Cristina Fernández conoce bien la historia de Napoleón III, pues ha citado la obra de Carlos Marx sobre su golpe de Estado, El 18 Brumario de Luis Bonaparte , repitiendo la famosa frase según la cual cuando la historia se repite primero lo hace como tragedia y luego como farsa. Sus reclamos sobre la calidad institucional se enfrentan con sus declaraciones sobre los peligros que corre la democracia si el partido gobernante no logra la mayoría en las elecciones de diputados y senadores. Avalar a candidatos que no piensan asumir sus responsabilidades -los testimoniales, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli-tampoco fortalece su compromiso ciudadano. La influencia del estilo cesarista de su marido, que no concibe el disenso sino como traición, amenaza la estabilidad institucional no menos que la falta de ideas de la oposición.
La Argentina no merece unas vísperas electorales tan desalentadoras, en las que no se proponen otros futuros que el caos o la continuidad del modelo impuesto por la voluntad del césar. Hay, quién lo duda, horizontes más luminosos, pero desde las alturas del poder nadie los ve.

Tomás Eloy Martínez